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Full text of "Informe SERPAJ 2004"

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Derechos Humanos 
en el Uruguay 


Informe 2004 



SERPAJ 


Servicio Paz y Justicia - Uruguay 





SERPAJ 

© Edición: diciembre de 2004 Serpaj 

Servicio Paz y Justicia 

Joaquín Requena 1642 
Tel. (+598 2) 408 53 01 
serpajuy@serpaj.com. uy 
www.serpaj.org.uy 
Montevideo - Uruguay 
CP 11200 

Impreso en Uruguay 

Derechos Humanos en el Uruguay: 

Informe 2004. Servicio Paz y Justicia-Uruguay. 
Montevideo: SERPAJ-URUGUAY, 2004. 

168 pág. 

ISBN 9974-564-26-3 

CDU 342.7(899) "2004" (047) 

CDD 323.4 


Consejo Editor 

Alicia Albornoz Arévalo 
Ana Juanche Molina 

Introducción 

Sandra Gadea 
José Rodríguez 

Derecho a la vida, seguridad, libertad e integridad física y sicológica 

Guillermo Payseé, Graciela Romero, Nathalie Ryan, María Eugenia Iglesias (Serpaj) 

Dr. Walter De León (Asociación de Familiares de Asesinados Políticos); Dr. Pablo Chargoñia 
(Comisión de Derechos Humanos, PIT-CNT) 

Derechos de niñas, niños y adolescentes 

Alicia Albornoz (Serpaj) 

Dr. Juan Faroppa (Unicef); Infancia y Adolescencia Ciudadana (IACI) 

Derechos civiles y políticos 

Raúl Martínez, Mariana Albistur, Viviana Benvenuto y Jesús Daza (Serpaj) 

Derecho a la información y libertad de expresión 

Dr. Edison Lanza (Asociación de la Prensa Uruguaya) 

Derechos económicos, sociales y culturales 

Fernando Willat, Graciela Romero, Luisa González (Serpaj) 

Dr. Pablo Guerra (Instituto Cuesta Duarte); Stella Soria y Ana Paula Della Santa (Escuela de Nutrición y 
Dietética); Antropólogo Carlos Santos (Redes Amigos de la Tierra); Mag. María Esther Mancebo (Unicef); 
Equipo de investigación del proyecto: Reconfiguración de espacios organizativos y participación ciudadana 
CSIC - Udelar; Leonardo de León (Rel-UITA); Soc. Fernando Borgia (Alames); Arq. Raúl Vallés; Ec. Gabriel 
Lagomarsino 

Colaboradores 

Artigas Pessio, Ana Magdalena Aguerre,Tania da Rosa, Elena Olivera, Luisa González (Serpaj) 

Apoyo bibliográfico y recopilación legislativa 

Lie. Laura Bálsamo y Lie. Sonia Kunatov, Centro de Documentación y Biblioteca Luis Pérez Aguirre 
(Serpaj) 

Edición y composición integral 

Walter Pernas 

Diagramación y Diseño 

Andrés Cribari 

Foto de tapa 

Artigas Pessio 


En memoria de dos entrañables compañeros, 
la Señora Ana Hlrsz (1923 - 2003) 
y el Profesor Fernando Sorondo (1945 - 2003) 
quienes, junto a muchos, destinaron su vida 
a la construcción de una sociedad 


donde todas y todos tengan su lugar. 



Uruguay 

Un país con el nombre de un río 


O 

o 

c 

n 

n 


O 

z: 


El territorio uruguayo está ubicado en 
la Banda Oriental del Río Uruguay, en la 
desembocadura de la cuenca platense, cu¬ 
yos límites naturales por el oeste, los ríos 
Uruguay y del Plata no han sido obstáculo 
sino camino de la relación entre las socie¬ 
dades que se forjaron en ambas riberas. 
No hay, en cambio, accidentes geográficos 
que lo separen de Brasil lo que explica la 
permanente influencia de este país en la 
evolución histórica uruguaya y los estre¬ 
chos contactos entre poblaciones que en el 
pasado estuvieron separadas jurídicamen¬ 
te sólo por límites imprecisos. 

Es un plano ondulado de relieve homo¬ 
géneo, de igual forma que el sur de Brasil 
y el litoral argentino; con sus 176.210 ki¬ 
lómetros cuadrados, tiene un 90 % de su 
superficie con alguna aptitud agronómica, 
y una disponibilidad de tierras de seis hec¬ 
táreas por habitante. Estos datos superan 
la media para América Latina que tiene un 
30% del territorio apto para el desarrollo 
agropecuario y una media de 2,5 hectáreas 
por habitante. 

El clima templado y húmedo, el suelo 
lo bastante feraz para la producción conti¬ 
nua de gramíneas y leguminosas que for¬ 
man la pradera natural, el agua abundante 
de numerosos ríos y arroyos, explica su 


“Vengo de un prado vacío 
un país con el nombre de un río 
un edén olvidado 
un campo al costado del mar 
Pocos caminos abiertos 
Todos los ojos en el aeropuerto 
Unos años dorados 
Un pueblo habituado a añorar... ” 

Jorge Drexler. 
Sea. 2001. 


El Estado 

Nombre: República Oriental del Uruguay. 

División administrativa: 19 departamentos. 
Capital: Montevideo. 

Gobierno: Sistema cuasi-parlamentario, con 
Poder Legislativo bicameral. Cámara de Re¬ 
presentantes con 99 miembros y la de Sena¬ 
dores con 30 miembros más el vicepresiden¬ 
te de la República que la preside. Ambas son 
elegidas por representación proporcional. 
Poder Ejecutivo compuesto por el presidente 
y el Consejo de Ministros. 

Constitución Vigente: 1967 con reformas 
posteriores (1989,1994,1996). 

Fiesta Nacional: 25 de agosto, Independen¬ 
cia (1825); 18 de julio, Constitución (1830). 


9 



“destino natural de productor de ganados” 
que a poco de su introducción en 1611 
y 1617 lo convirtieron en una reserva de 
varios millones de cabezas vacunas libres 
y sin dueño. Esto se complementó con el 
hecho de que sus costas oceánicas y fluvia¬ 
les albergaran buenos puertos naturales: 
Montevideo, Colonia, Maldonado, Fray 
Bentos, que marcaron después un futuro 
comercial y militar imposible de eludir. 

Fioy podemos concluir que Uruguay 
posee como base de su economía el sector 
agropecuario que ocupa de el 80% de su 
superficie. Esta riqueza pecuaria determi¬ 
nó muchos de los caracteres que asumió la 
sociedad hispano criolla en el Uruguay. 

La ganadería produjo la estancia, el 
gaucho, la montonera, el caudillo y en 
definitiva, un género de vida que contri¬ 
buyen al imaginario colectivo. El modo 
de colonización determinó también esta 
producción ganadera: para el desarrollo 
de la agricultura eran necesarios grandes 
contingentes de población. 

La forma libre de apropiación del ga¬ 
nado se trasladó a la tierra dando origen 
a un sistema de propiedad desordenado y 
propenso a generar interminables conflic¬ 
tos sociales y jurídicos. La implantación 
de un modelo de propiedad -“el latifun¬ 
dio”- marcó la herencia colonial española, 
que dio como resultado hasta hoy día una 
desigual distribución de la tierra y un sis¬ 
tema productivo ganadero extensivo que 
expulsa a la población del campo a la ciu¬ 
dad, determinando una población urbana 
del 90,9%. 

Con 3.399.438 habitantes reúne cier¬ 
tos rasgos a destacar. Los pocos indígenas 
existentes a la llegada del español y su pos¬ 
terior rechazo y exterminio, impidieron el 


nacimiento de una cultura mestiza como 
en el resto del continente latinoamerica¬ 
no; la implantación española fue casi pura 
en una región prácticamente despoblada. 

La tardía colonización, la modestia de 
los primeros centros poblados hicieron 
lento y difícil el desarrollo de una sociabi¬ 
lidad estable que tuvo poco refinamiento y 
escasa cultura, comparada con los centros 
coloniales de México y Lima, y aún con 
la emergente Buenos Aires de la otra ban¬ 
da del río. Montevideo fue una población 
secundaria y de poca importancia en sus 
comienzos. Sin embargo, el relativamente 
breve período colonial impidió el arraigo 
de fuertes tradiciones hispanas, y su con¬ 
dición de puerto abierto a las influencias 
europeas lo hicieron permeable a una 
modernidad que lo distanció temprana¬ 
mente de la campaña. Este fenómeno se 
traduce en la actualidad en el denominado 
macrocefalismo montevideano. La capital 
uruguaya y su área metropolitana reúne el 
54% de la población del país, concentran¬ 
do la mayor parte de las funciones políti¬ 
cas, económicas, culturales y sociales. 

“Finalmente todo el territorio de la Ban¬ 
da Oriental funcionó como ‘marca’fronteriza 
entre España y Portugal primero y luego entre 
sus herederos Argentina y Brasil. Largamente 
sufrió el territorio oriental las disputas por su 
posesión y varias guerras soportó en su suelo 
como reflejo de tal condición. Ella signó su 
período colonial (el ejemplo de la Colonia de 
Sacramento) que cambió de manos inconta¬ 
bles veces y todo el siglo XIX antes y después 
de la independencia, mezclándose sus conflic¬ 
tos internos con los de las regiones limítrofes 
aliándose sus partidos políticos con los vecinos 
y costando mucho ‘nacionalizar los destinos 
del Uruguay como país soberano’”. 1 


1 NAHUM, Benjamín. 1996. Manual de Historia del Uruguay 1830- 1903, tomol. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental. 



La idea de la independencia absoluta 
había ganado también a muchos de los 
orientales, los que “no eran ni serían jamás 
argentinos ni brasileños Esa solución fue 
la que se adoptó en definitiva por la Con¬ 
vención Preliminar de Paz del 27 de agosto 
de 1828, que tenía serios defectos porque 
no establecía los límites del nuevo Estado 
ni reconocía la “voluntad independentista 
del pueblo oriental ”, al que se le “concedía" 
su independencia. 

El Imperio del Brasil y las Provincias 
Argentinas ratificaron la Convención el 4 
de octubre de 1828, y el 22 de noviem¬ 
bre se instaló la Asamblea Legislativa y 
Constituyente del Estado Oriental que 
procedió a redactar una Constitución. La 
Carta Magna fue jurada el 18 de julio de 
1830 y así comenzó el Uruguay su vida 
independiente, según lo afirma la Historia 
Oficial. 

Todo el siglo XIX fue testigo de gue¬ 
rras civiles, y vio el afianzamiento de “dos 
partidos políticos”, el “Blanco” o Nacional 
vinculado al caudillo Manuel Oribe y el 
“Colorado” vinculado al caudillo Fructuo¬ 
so Rivera. A este período se lo reconoce 
como “pastoril y caudillesco”. 

Entre 1876 y 1879, bajo la dictadura 
del Coronel Lorenzo Latorre se completo 
el alambramiento de los campos y con ello 
la apropiación por un puñado de latifun¬ 
distas de la riqueza ganadera y el acceso al 
mercado mundial que dominaba Inglate¬ 
rra, inaugurándose el modelo agroexpor- 
tador de crecimiento hacia fuera. 

En 1903 asumió la presidencia el co¬ 
lorado José Batlle y Ordóñez que sentó las 
bases del Estado uruguayo moderno, re¬ 
cogiendo influencias europeas y el apoyo 
de los inmigrantes. A partir del excedente 
generado por la ganadería extensiva y sin 
tocar la estructura latifundista, el Estado 


“Batllista” pudo organizar servicios socia- z 
les y educativos, al tiempo que protegía = 
una incipiente industria orientada hacia o 
el consumo interno. Se desarrolló una <-> 

n 

clase media numerosa, liberal, y con un ¿ 
considerable nivel de educación en insti¬ 
tuciones estatales que difundía una línea 

Analfabetismo: 3,1% 

Desempleo (a setiembre de 2004): 13,3% 

Tasa de mortalidad: 9,35 cada mil 

Renta per capita: 3.500 dólares anuales (Aprox) 

Dependencia alimentaria: 11% 

de pensamiento europeizante. Todos estos 
cambios dieron al país la fama de ser la 
“Suiza de América”, estableciéndose el lla¬ 
mado Estado de bienestar social. 

Con la coyuntura externa favorable 
durante las dos guerras mundiales y la 
Guerra de Corea que permitieron colocar 
la carne uruguaya y sus derivados en el ex¬ 
terior, el país logró una sólida posición en 
divisas. 

Los subsidios estimularon el proyecto 
de industrialización por sustitución de 
importaciones, que contribuía a mante¬ 
ner una alta tasa de empleo. Pero la cría 
de ovejas y vacas (generadora de la mayor 
parte de las exportaciones) se mantuvo in¬ 
cambiada. En lugar de reinvertir en el me¬ 
joramiento de los medios de producción, -] -] 
los terratenientes y la burguesía nacional 
volcaron sus ganancias en la especulación 
financiera y en el consumo suntuario: 
a mediados de los cincuenta el modelo 
económico estaba agotado. La población 
creyó que la solución podía estar en un 
cambio en la conducción del Estado y se 
produjo la rotación de los Partidos tradi¬ 
cionales en el poder. 

El primer gobierno nacionalista del si- 


glo asumió funciones en 1959. Aceptando 
las recetas económicas del FMI, aceleran¬ 
do la recesión y generando respuestas en 
sectores de trabajadores afectados por esas 
medidas, se establece el modelo económi¬ 
co neoliberal. 

En el año 1968 con el gobierno colo¬ 
rado de Jorge Pacheco Areco, el conflicto 
se agravó, generándose un amplio movi¬ 
miento de masas encabezado por la Con¬ 
vención Nacional de Trabajadores (CNT) 
y los estudiantes. Paralelamente, el movi¬ 
miento guerrillero Tupamaros protagoni¬ 
zó acciones de impacto nacional. 

“Se fue haciendo normal que las distin¬ 
tas movilizaciones sociales fueran reprimidas 
con armas de fuego y que la pena por ma¬ 
nifestar contra el Gobierno pudiera llegar a 
ser la muerte. Allí, en la lenta aceptación de 
tales hechos por la población, impotente para 
resistirlos y doblegada por la violencia, em¬ 
pezó a perderse la democracia”. 1 

A principios de 1971 se funda el Fren¬ 
te Amplio, coalición de izquierda en torno 
a un programa progresista cuyo líder era 
el general retirado Líber Seregni que se 
postula a las elecciones presidenciales de 
ese año. 

En 1972 asume el gobierno Juan Ma¬ 
ría Bordaberry candidato del partido colo¬ 
rado. Legitimado por la declaración parla¬ 
mentaria del “Estado de Guerra Interno”, 
en 1972 los tupamaros fueron derrotados. 
En junio de 1973 Bordaberry y las Fuer¬ 
zas Armadas dieron un golpe de Estado. 
La dictadura se orientó por la Doctrina de 
la Seguridad Nacional estadounidense y la 
aplicación de las directivas económicas del 
FMI, generando la proscripción de parti¬ 
dos políticos, sindicatos, las detenciones 


arbitrarias, la desaparición de personas y 
la generalización de la tortura; aumentó la 
concentración de la riqueza en manos del 
gran capital. Desprestigiados por el dete¬ 
rioro de la situación económica y la derro¬ 
ta sufrida en el plebiscito constitucional 
del 1980 los generales uruguayos tuvieron 
que elaborar un “cronograma” que permi¬ 
tiera retornar a una legalidad civil. 

Luego de diferentes idas y venidas y la 
multiplicación de medidas de desobedien¬ 
cia civil se firma en 1984 el Pacto del Club 
Naval, y la celebración de elecciones en ese 
mismo año. 

Con la propuesta de “un cambio en 
paz”, el colorado Julio María Sanguinetti 
asume como presidente el 1 de marzo de 

1985. 

En el primer mes de su mandato se 
aprobó una Ley de Amnistía para los pre¬ 
sos políticos de la dictadura. En diciembre 
de 1986 el Parlamento aprobó la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del 
Estado que inhibe de castigar penalmente 
a los militares y policías acusados de viola¬ 
ciones a los derechos humanos durante el 
período dictatorial. La ley fue ratificada en 
1989 por un plebiscito popular, con el 56 
% de los votos. 

En noviembre de 1989 fue electo pre¬ 
sidente el doctor Luis Alberto Lacalle, 
candidato del Partido Nacional; y el Fren¬ 
te Amplio triunfa en Montevideo donde 
es elegido el doctor Tabaré Vázquez como 
Intendente de la capital del país. 

Lacalle continuó la política neoliberal; 
aumentó los impuestos y promovió la pri¬ 
vatización de las empresas estatales. 

En marzo de 1991, Uruguay aprobó, 
con Argentina, Brasil y Paraguay la creación 


2 NAHUM, B., et.al. 1990. El fin del Uruguay liberal, 1959-1973, tomo VIII de la Historia Uruguaya. Montevideo :Ediciones de la Banda 
Oriental. 



del Mercado Común del Sur (Mercosur). 

En noviembre de 1994 Sanguinetti fue 
reelecto presidente por escaso margen. Se 
siguió profundizando en el modelo eco¬ 
nómico anterior mediante la aprobación y 
puesta en práctica del sistema de seguridad 
social por fondos privados de ahorro. En 
1996 se aprobó una reforma constitucional 
que incorporó el balotaje en las elecciones 
presidenciales; la mayoría del Frente Am¬ 
plio votó en contra al considerar que se 
trataba de un artilugio para impedir que la 
izquierda llegara a la presidencia. 

En las elecciones de octubre de 1999 
el Encuentro Progresista Frente Amplio 
se impuso como la primera fuerza política 
del país, con el 40,1 % de los votos. Pero 
perdió el balotaje el 28 de noviembre. En 
segunda ronda el Partido Nacional -que 
quedó en tercer lugar- apoyó al candida¬ 
to colorado. Así, Jorge Batlle fue elegido 
presidente con el 52 % de los votos. 

A partir de junio de 2002 Uruguay su¬ 


frió la mayor crisis económica y financiera z 
de su historia, que disparó los índices de = 
pobreza y la exclusión, y provocó una im- a 
portante desarticulación del tejido social. n 

El 31 de octubre de 2004, se realiza- ¿ 
ron elecciones nacionales. Por primera vez 
en la historia del país accede al gobierno 
el Encuentro Progresista Frente Amplio 
Nueva Mayoría (coalición de izquierda) 
con el 50,45% de los votos emitidos, al¬ 
terando la rotación en el gobierno de los 
partidos políticos tradicionales (Partido 
Nacional y Partido Colorado). 

Ese día, también se aprobó un plebisci¬ 
to: la reforma constitucional que consagra 
como derecho humano el acceso al agua 
y deja en manos exclusivas del Estado la 
explotación del servicio. 

El 14 de febrero de 2005 se constituirá 
el nuevo Parlamento y el 1 de marzo asumi¬ 
rán funciones el presidente y vicepresidente 
de la República (electos), Tabaré Vázquez y 
Rodolfo Nin Novoa, respectivamente. 


13 




© Andrés Cribari 






DESC 


¿Por qué hablar de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales? 


Una alimentación adecuada, una vi¬ 
vienda digna, la educación imprescindible 
para estar integrado en una sociedad, un 
trabajo que nos permita sentirnos útiles y 
ganarnos el sustento, son necesidades hu¬ 
manas, es cierto. Pero nombrarlas como ne¬ 
cesidades no nos dice nada acerca de quién 
es responsable de que sean satisfechas. 
Decir en cambio que son derechos tiene 
un significado preciso en ese sentido. In¬ 
dica que el Estado tiene obligaciones res¬ 
pecto a su satisfacción. Pero además, no se 
trata sólo de una obligación ética. Decir 
que son derechos significa que el Estado 
tiene una obligación jurídica. 

Los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (DESC) están reconocidos 
como derechos en la Constitución. Esto 
ya podría ser fundamento para la presen¬ 
tación de un recurso ante tribunales por 
una situación de carencia respecto a algún 
derecho, por ejemplo a tener una vivienda 
digna. 

Sin embargo, con seguridad nos en¬ 
contraríamos con el argumento de que los 
DESC tienen una naturaleza diferente a la 
de los Derechos Civiles y Políticos (DCP). 
Nos dirán que estos últimos, pueden ser 
reclamados frente a un tribunal compe¬ 
tente ya que se trata de poner un límite 
a la acción del Estado. Alegarán que los 
DESC comprometerían a los Estados a 
implementar acciones en un contexto de 
recursos limitados y que el tipo de respues¬ 
ta posible no es único. Por lo tanto esas 


respuestas no podrían estar establecidas 
como obligaciones de carácter jurídico. 

Frente a este argumento, nuestra posi¬ 
ción es que muchas veces las violaciones de 
los DESC son el resultado de una acción 
del Estado y en consecuencia pueden ser 
reclamados del mismo modo que los DCP. 
Pero además, aún en los casos en que se 
trate de obligaciones respecto a la imple- 
mentación de medidas para la satisfacción 
progresiva de un derecho, hay formas de 
exigibilidad de otro tipo que también im¬ 
ponen al Estado obligaciones de carácter 
jurídico. 

Se habla en general de dos tipos de 
obligaciones del Estado: las negativas y las 
positivas. Las negativas son aquellas que 
implican la prohibición de una acción que 
provoque la violación del Derecho. Se sue¬ 
le llamar a ese tipo: “obligación de respe¬ 
tar”. Son las que tradicionalmente se han 
identificado con los DCP, pero que -como 
ya se argumentó- pueden instrumentarse 
también para los DESC. 

Las obligaciones positivas, también 
aplicables a ambos tipos de derechos, cons¬ 
tituyen el campo más novedoso en la con¬ 
cepción del derecho, que cobra relevancia 
a partir de la consideración de los DESC. 
Las obligaciones positivas, obligan a los 
Estados a actuar, y no sólo a abstenerse de 
hacerlo. Un tipo de obligación positiva es 
la obligación de proteger. Los Estados de¬ 
ben impedir la afectación de los derechos 
humanos por parte de terceros. Se obliga 


a los Estados a regular la conducta de los 
actores no gubernamentales, incluidas las 
empresas, para que no cometan actos que 
atenten contra la dignidad de las personas. 
El Estado no es culpable de los actos co¬ 
metidos por un actor privado, pero sí de 
no tomar medidas para impedir que dicho 
actor viole los derechos de los demás. 

Otra obligación positiva de los Estados 
es la obligación de satisfacer los estándares 
de derechos humanos; para ello debe to¬ 
mar medidas adecuadas. 

Ese tipo de obligaciones habilita un 
programa de acción que se está desarro¬ 
llando en la sociedad civil: consiste en ad¬ 
quirir la capacidad de monitorear, partici¬ 
par en la construcción de consensos res¬ 
pecto a las respuestas a dar a los problemas 
y exigir el cumplimiento del Estado de sus 
compromisos y responsabilidades. 

Los DESC han tenido un rezago res¬ 
pecto de los DCP en lo que refiere a su 
exigibilidad jurídica. Esto ocurre tanto 
con relación a las obligaciones negativas 
del Estado como a las positivas. Segura¬ 
mente la principal razón de este rezago es 
que el reclamo de estos derechos cuestiona 
el modo en que se distribuye la riqueza y 
el poder en la sociedad. 

Lo que nos proponemos, justamente, 
es contribuir a un cambio en las relacio¬ 
nes de poder en la sociedad que conduzca 
a una reorientación de las decisiones y la 
acción del Estado para que los efectos de 
su accionar produzcan una progresiva rea¬ 
lización de los DESC. 

Hablar de un cambio en las relaciones 
de poder de la sociedad puede parecer una 
declaración abstracta, desconectada de las 
posibilidades concretas de transformación. 
Sin embargo es precisamente allí donde 
aparece el mayor aporte del programa de 
acción que se está construyendo en torno 


a la temática de los DESC: operativizar los 
cambios en las relaciones de poder. 

Sin duda es un programa incipiente 
pero las líneas de investigación y acción 
que abre son muy prometedoras. Podría¬ 
mos identificar tres líneas programáticas 
que se articulan en una estrategia de con¬ 
junto: 

- Acciones relativas a las obligaciones 
negativas del Estado. 

- Acciones relativas a las obligaciones 
positivas del Estado. 

- Acciones de educación y promoción 
de la organización y el empoderamiento 
de la sociedad civil, y en particular de las 
víctimas de violación de sus DESC. 

Acciones relativas a las 
obligaciones negativas del Estado 

El Estado comete una violación a una 
obligación negativa con respecto a los 
DESC cuando provoca por su acción un 
retroceso en la satisfacción de esos dere¬ 
chos sin que medie una razón superior con 
fundamento jurídico que lo justifique. 

Las obligaciones negativas son el tipo 
de obligación que suele identificarse con 
los DCP. La privación de la libertad am¬ 
bulatoria más allá de los plazos y las condi¬ 
ciones que habilita la ley para la detención 
de una persona y sin que medie un fallo 
judicial que determine la reclusión es un 
caso típico. Sin embargo un desalojo de 
viviendas, por ejemplo, tiene algunas ca¬ 
racterísticas análogas. 

-En primer lugar el reconocimiento de 
que el goce del usufructo de una vivienda 
digna es un derecho al igual que lo es la 
libertad ambulatoria. 

-En segundo lugar, es la acción del Es¬ 
tado la que provoca tanto la supresión del 
goce del usufructo de la vivienda, como 


la supresión del goce de la libertad am¬ 
bulatoria. 

-En tercer lugar, la posibilidad de que 
este derecho entre en conflicto con los de¬ 
rechos de otras personas, requiere su tra¬ 
tamiento en el marco de un proceso que 
le dé garantías de respeto a su carácter de 
derecho. 

A pesar de estas analogías no existe una 
tradición en las organizaciones de dere¬ 
chos humanos de Uruguay de intervenir 
en defensa de las personas cuando la ac¬ 
ción del Estado afecta la situación de los 
DESC, mientras la defensa de los DCP sí 
ha sido un área fundamental de nuestro 
accionar. 

Cada DESC tiene características espe¬ 
cíficas que requieren tratamientos especí¬ 
ficos desde el derecho. En el caso de la vi¬ 
vienda, el eventual conflicto con respecto 
al derecho de propiedad que pudiera estar 
en juego plantea una situación muy des¬ 
igual respecto a la afectación de la digni¬ 
dad humana que está en juego para cada 
una de las partes. El derecho a la vivienda 
debe incluir una prerrogativa por la cual 
no pueda decretarse un desalojo a menos 
que se ofrezca una alternativa de vivienda 
digna para los desalojados. 

El desafío radica en establecer un me¬ 
canismo que impida que las responsabili¬ 
dades del Estado se transfieran a los ciuda¬ 
danos. En la medida en que éste no defina 
tal dispositivo comete una omisión respec¬ 
to a la obligación positiva de garantizar el 
derecho a la vivienda. 

Pero además este derecho debe reco¬ 
nocer que el carácter de vivienda digna 
no sólo alude a condiciones mínimas de 
calidad de la construcción y del entorno, 
sino fundamentalmente a la inserción en 
la trama de servicios y oportunidades que 
resultan de la ubicación geográfica den¬ 


tro de la ciudad. 

La inserción en la trama urbana está 
íntimamente vinculada a la integralidad 
de los DESC, con lo cual una medida 
de desalojo no sólo afecta el derecho a 
la vivienda, sino también al trabajo, a 
la educación, a la salud, entre otros. Los 
procesos de segregación residencial ope¬ 
rados en Uruguay en los últimos 20 años, 
que han desalojado grandes contingentes 
de población de bajos ingresos desde las 
zonas centrales de la ciudad hacia la pe¬ 
riferia, son un ejemplo de una violación 
sistemática de la integralidad de los dere¬ 
chos de las personas. Este fenómeno am¬ 
pliamente documentado por datos esta¬ 
dísticos se vuelve hoy una preocupación 
por las secuelas sumamente graves que 
acarrea en cuanto a la desintegración del 
tejido social y al deterioro de la calidad 
de vida y de la convivencia. Sin embar¬ 
go, este proceso ocurrió frente a nuestros 
ojos sin que nos percatáramos que estaba 
ocurriendo y mientras las víctimas de la 
violación de sus derechos no reclamaban 
por ello o no tenían el poder para hacerse 
oír. 

La defensa jurídica de quienes viven 
una situación de vulnerabilidad respecto a 
sus derechos es una de las líneas de acción 
que constituyen el programa de acción de 
los DESC. La importancia de este tipo de 
acción trasciende los resultados de la de¬ 
fensa del caso particular ya que va sentan¬ 
do una tradición en el quehacer jurídico 
y en el accionar de las organizaciones de 
derechos humanos. En este sentido resulta 
de especial relevancia la sistematización de 
casos paradigmáticos. Como ya señalára¬ 
mos la defensa jurídica frente a casos de 
violación de los DESC está enmarcada en 
una estrategia que articula las tres líneas 
de acción. 


Acciones relativas a las 
obligaciones positivas del Estado 

Las obligaciones positivas del Estado 
son las que lo comprometen a adoptar 
las medidas y realizar las acciones hasta el 
máximo de sus posibilidades para garan¬ 
tizar el progresivo goce pleno de los de¬ 
rechos. 

El Pacto Internacional de DESC, en 
su artículo 2, establece que cada Estado 
Parte se compromete a adoptar medidas 
“hasta el máximo de los recursos de que 
disponga, para lograr progresivamente” 
la plena efectividad de los derechos es¬ 
tablecidos en él. Este enfoque habilita 
un programa de acción que podríamos 
llamar “de construcción de ciudadanía”. 
Un programa que consiste en desarro¬ 
llar en la sociedad civil y especialmente 
en quienes padecen la violación de sus 
derechos, la capacidad de monitorear y 
exigir al Estado la implementación de 
políticas que generen una progresiva rea¬ 
lización de los DESC, empleando hasta 
el máximo de sus recursos para ello. Pero 
esto implica además exigirle al Estado 
que haga accesible la información sobre 
el gasto público y sobre los indicadores 
de la situación de los DESC para poder 
realizar el seguimiento. Exigirle que de¬ 
fina -previa consulta a la sociedad civil- 
planes de acción con metas precisas, que 
realice informes sobre el grado de cum¬ 
plimiento de dichos planes, y que dé las 
explicaciones correspondientes en caso 
de que no se cumplan. El seguimiento 
por parte de la sociedad civil incluiría la 
evaluación de las políticas recabando in¬ 
formación también de quienes sufren la 
violación de sus derechos. El artículo 2 
del Pacto da la pauta para realizar dicha 
evaluación pero se requiere un trabajo de 


relevamiento de pruebas y de producción 
de la argumentación que muestre que las 
políticas aplicadas han tenido como efec¬ 
to un retroceso o un estancamiento en el 
grado de realización de los DESC. 

La capacidad en la sociedad civil para 
llevar adelante este programa existe sólo 
parcialmente y se abre por lo tanto allí un 
importante proyecto a ser desarrollado. 

Acciones de educación y promoción de 
la organización y el empoderamiento de la 
sociedad civil y en particular de las vícti¬ 
mas de violación de sus DESC. 

El concepto de derecho tiene en su di¬ 
mensión jurídica un aspecto fundamental 
ya que en ese campo se juega buena parte 
de las posibilidades de exigibilidad. Pero 
posee otras dimensiones que importan al 
menos en igual medida. 

La subjetividad de alguien que asume 
una posibilidad relativa a sus condiciones 
de vida como un derecho, es radicalmente 
diferente a la de alguien que cree que sus 
condiciones de vida están determinadas 
fatalmente por el destino o a la de alguien 
que piensa que sus posibilidades depen¬ 
den de la voluntad legítima de otro y que 
cualquier concesión es expresión de la ge¬ 
nerosidad de ese. 

Pero también la subjetividad cambia 
radicalmente en correspondencia con el 
reconocimiento de los derechos de los 
otros. Las formas en que se establecen las 
relaciones interpersonales en los procesos 
organizativos para la conquista de los de¬ 
rechos deben procurar ser consecuentes 
con la perspectiva de los derechos huma¬ 
nos y prefigurar los modos de relación 
que se proyectan para la sociedad. En este 
sentido nos interesa la articulación entre la 
dimensión de la lucha por la exigibilidad 
de los DESC, en particular en el campo 
judicial, con la dimensión de la subjetivi- 


dad y la intersubjetividad que involucra la 
constitución del sujeto de derecho. Lograr 
esa articulación es uno de los principales 
desafíos para la educación en derechos hu¬ 
manos. 

Concebimos la educación en derechos 
humanos como una dimensión funda¬ 
mental en los procesos de empoderamien- 
to de la sociedad civil y en particular de 
las víctimas de la violación de sus DESC. 
Las acciones realizadas para exigir el cum¬ 
plimiento de las obligaciones del Estado 
se desarrollan en el marco de procesos or¬ 
ganizativos (creación y fortalecimiento de 
organizaciones de víctimas, creación de 


una plataforma de monitoreo, etc.). En 
estos procesos resulta imprescindible: 

La reflexión sobre las prácticas, su pla¬ 
nificación y evaluación y la redefinición de 
las estrategias y las tácticas. 

El desarrollo de capacidades y conoci¬ 
mientos técnicos que han estado relegados 
en ámbitos académicos y que deben ser 
transferidos a las organizaciones sociales. 

El trabajo de reelaboración de nosotros 
mismos y nuestras relaciones, partiendo 
de la reflexión sobre la subjetividad, las 
relaciones interpersonales y la articulación 
de esta dimensión con la construcción de 
proyectos colectivos. 


21 









Trabajo 

Condición de actividad de la población uruguaya para el año 2004 1 


La población total de Uruguay en 
2004 según los datos oficiales del Insti¬ 
tuto Nacional de Estadística (INE) 2 es de 
3.399.438 personas, mientras que en 2003 
era de 3.399.000. A su vez, la población 
en edad de trabajar (14 años o más) es de 
2.636.431. Como es característico del país, 
la mayoría de esa población es femenina, lo 
que se explica sobre todo por la mayor es¬ 
peranza de vida de las mujeres 3 . Nótese en 
el cuadro 1, por ejemplo, que de un total de 
452.698 mayores de 65 años, 271.734 son 
mujeres y sólo 180.964 son varones. 

De los más de 2.600.000 personas ma¬ 
yores a 14 años, sólo algo más de 1.500.000 
constituyen la fuerza de trabajo real en Uru¬ 
guay (Población Económicamente Activa, 
o PEA). El resto constituye la Población 
Económicamente Inactiva (PEI), consti¬ 


tuida básicamente por jubilados y pensio¬ 
nistas, quehaceres del hogar, estudiantes y 
rentistas, siempre y cuando no trabajen ni 
busquen activamente un empleo. 


Restricciones del relevamiento 
del INE 

Los datos estadísticos más importantes en 
lo relativo al comportamiento del mercado 
de trabajo son relevados por las Encuestas 
Continuas de Hogares, que sólo se ejecu¬ 
tan en el país urbano: se obtienen muestras 
sólo de ciudades con más de 5.000 habi¬ 
tantes, dejando fuera 1/6 parte del país. Los 
datos relativos a ocupados y desocupados 
que aquí se presentan constituyen proyec¬ 
ciones nacionales. 


Cuadro 1: Población del Uruguay según sexo y tramo etáreo. 2004 

Grupos etáreos Población Distribución porcentual 



Total 

Hombres 

Mujeres 

Total 

Hombres 

Mujeres 

Total 

3,399,438 

1,645,225 

1,754,213 

100.0 

100.0 

100.0 

Población en edad inactiva 

817,048 

416,056 

400,992 

24.0 

25.3 

22.9 

15-64 

2,129,692 

1,048,205 

1,081,487 

62.6 

63.7 

61.7 

65+ 

452,698 

180,964 

271,734 

13.3 

11.0 

15.5 

Población en edad de trabajar 

2,636,431 

1,256,635 

1,379,796 

77.6 

76.4 

78.7 


Fuente: INE 


23 


' Informe relatado por sociólogo Pablo Guerra. Instituto Cuesta Duarte. PIT-CNT. 

2 Estas cifras seguramente están sobrevaluadas: El INE realiza proyecciones de población basadas en la información generada por 
el Censo de 1996, y a partir de las tasas de nacimientos, mortalidad, y migración de años anteriores. A raíz de la más reciente 
crisis (2002), sin embargo, el número de emigrantes fue superior a lo previsto. Lamentablemente no se cuenta con información 
precisa en la materia. En este informe nos manejaremos, a pesar de la cautela que nos merecen estos números, siempre con 
los datos oficiales. 

3 La esperanza de vida promedio para el año 2003 era de 75,17 años. Entre los varones baja a 71,29 y entre las mujeres sube a 79,20 años. 







El comienzo del año 

Comenzábamos el año 2004, cifrando 
esperanzas de que el aumento en el núme¬ 
ro de turistas que se preveía llegarían al 
país, posibilitara la disminución de las ta¬ 
sas de desempleo que desde fines de 2002 
y principios de 2003 lograron batir récor¬ 
des históricos en el Uruguay. 

La temporada pasada fue un éxito en 
cuanto a ingresos de divisas. Además, se 
asistió a la mejoría de algunos indicadores 
laborales: mientras que la tasa promedio 
de desempleo durante el año 2003 fue del 
16,9%, la estación veraniega, que coincide 
con los tres primeros meses del año, lo¬ 
gró disminuirla al 13,9%, cifra casi cinco 
puntos menor que la de igual período en 
el año anterior. 

La tasa de actividad para el mismo pe¬ 
ríodo (Enero/Marzo de 2004) se ubicó en 
58,8% y la tasa de empleo en 50,6%. Para 
el año 2003 la Tasa de Actividad se situaba 
en 58,1% y la Tasa de Empleo en 48,3%. 
Si se compara los primeros meses del año 
pasado, la Tasa de Actividad se ubica tres 
décimas por encima de la del año anterior, 
en tanto que la de Empleo aumenta tres 
puntos porcentuales. 

Estos datos implican entonces, para el 
comienzo del año y en términos generales, 
un repunte respecto a 2003. Lo mismo se 
aprecia respecto a lo ocurrido específica¬ 
mente en la estación veraniega, un año 
atrás. La Tasa de Actividad comenzaba a 
mostrar signos de recuperación: mayor 
cantidad de personas se estaban volcando 
a los mercados de trabajo, algo esperable 
luego de más de cuatro años de recesión 
económica. Las variaciones se apreciaban 


también en la Tasa de Empleo -indicador 
de indudable peso para analizar la evolu¬ 
ción en el número de empleados en rela¬ 
ción a la población potencialmente em- 
pleable- y en la Tasa de Desempleo, que 
mide la incidencia de la población desem¬ 
pleada con relación a la PEA. 

Quedaba por ver si esa evolución fa¬ 
vorable se mantenía a lo largo del año, o 
más bien obedecía a la especial coyuntura 
veraniega, con crecimiento del empleo en 
la actividad turística en el país. 

Lamentablemente no se dispone de 
información acerca del nivel de calidad 
de estos puestos de trabajo generados. La 
información disponible mes a mes sobre 
mercado de trabajo, es mínima. 

Las cifras sobre calidad de empleo, por 
ejemplo, son difundidas por el INE una 
vez al año. Esto significa que a mediados 
de 2005 se sabrá cuál ha sido, entre otros 
aspectos, el porcentaje de empleos preca¬ 
rios o subempleos concernientes al año 
2004. Sólo a manera de hipótesis se podría 
adelantar que los empleos creados en alta 
temporada son de mala calidad, en virtud 
de la prácticamente inexistente organiza¬ 
ción sindical en el rubro hotelería, comer¬ 
cio y gastronomía, unido a las tradiciona¬ 
les bajas remuneraciones de ese sector y al 
carácter temporal de los contratos. 

Una forma indirecta de estimar el tipo 
de empleo que se está generando, surge de 
observar cómo evoluciona el ingreso me¬ 
dio de los hogares (el salario es el princi¬ 
pal componente de ingreso de los hogares 
uruguayos). El ingreso medio de los ho¬ 
gares se estimó para el primer trimestre 
de 2004, en $14.012 lo que marca en tér¬ 
minos reales, un aumento de sólo 0,3% 
respecto a similar período de 2003. Dicho 


en otros términos: a pesar de haberse au¬ 
mentado el número de puestos de trabajo 
a comienzos de 2004, el nivel de ingresos 
de los hogares fue casi el mismo que un 
año atrás. 

El resto del año 

Pasado el efecto de la industria del tu¬ 
rismo, las cifras de mercado de trabajo co¬ 
mienzan a mostrar otros comportamien¬ 
tos. 

La Tasa de Actividad llega a su pico 
máximo justamente en la temporada de 
verano (Ver cuadro 2). Los últimos datos, 
correspondientes al trimestre Junio/Se- 
timbre la sitúan en un nivel más parecido 
al del promedio anual. 

La Tasa de Empleo tuvo un comporta¬ 
miento más variable: llegó a su punto más 
alto en el trimestre Marzo/Mayo, luego 
comenzó a caer, y repuntó cinco décimas 
en el último trimestre. 

La Tasa de Desempleo tuvo su mayor 
pico en el trimestre Febrero/Abril, influi¬ 
do por la caída en el número de puestos 


de trabajo que sobreviene al finalizar la 
temporada turística. A partir de entonces 
cayó significativamente durante dos meses 
seguidos, y comenzó a repuntar. La última 
medición ubica el desempleo en 13,3%. 
Entre los varones la Tasa es de 11.2% y 
entre las mujeres es de 15,0% para el caso 
de Montevideo, y de 10,1% y 18,2% res¬ 
pectivamente para el interior urbano. 

En comparación con el año pasado, los 
sectores más afectados por el desempleo en 
Montevideo fueron: la industria manufac¬ 
turera, la banca y el sector de servicios. En 
el interior urbano el desempleo aumentó 
en el sector bancario y de servicios. 

La evolución en términos 
absolutos 

En el primer trimestre del año había 
en todo el país algo más de un millón y 
medio de personas que integraban la PEA 
(1.550.221), de las cuáles 1.334.034 esta¬ 
ban ocupadas y 215.480 desocupadas. De 
acuerdo a los últimos datos disponibles 
(trimestre Julio/Setiembre), la PEA suma 


Cuadro 2: evolución de tasa de actividad, tasa de empleo y tasa 
de desempleo, por trimestres móviles. Año 2004. País urbano 


TASA 

DE ACTIVIDAD 

TASA DE EMPLEO 

TASA DE DESEMPLEO 

Enero/04 - Marzo/04 

58,8 

50,6 

13,9 

Febrero/04 - Abril/04 

58,5 

50,2 

14,2 

Marzo/04 - Mayo/04 

58,7 

50,9 

13,3 

Abril/04-Junio/04 

58,3 

50,7 

13,1 

Mayo/04 - Julio/04 

58,5 

50,7 

13,3 

Junio/04 - Agosto/04 

58,2 

50,3 

13,6 

Julio/04 - Setiembre/04 

58,5 

50,8 

13,3 


Fuente: ECH,INE. 



1.542.313 personas, la población ocupa¬ 
da 1.339.307 y la población desocupada 
205.128. Por lo tanto, no tienen asidero 
las cifras que en el marco de la campaña 
electoral ha manejado el Gobierno, en el 
sentido de haber creado unos 90 mil pues¬ 
tos de trabajo en los últimos meses. En 
2004 el número de desempleados bajó en 
10.353 casos, pero existen hoy unos 5.273 
puestos de trabajo menos que a principios 
de año. 4 

Como se puede observar en el Cuadro 
3, sólo es posible afirmar -como lo hace 
el Gobierno- que hubo tal crecimiento 
del empleo, si se comparan las cifras pro¬ 
medio de 2004 con respecto a las cifras 
correspondientes a los primeros meses de 
2003. Tal comparación parece inadecuada 
si se tiene en cuenta que el primer semes¬ 
tre de 2003 tuvo los peores indicadores en 
materia de empleo (tomar como base de 
cálculo un período que se caracteriza por 
ser el piso estadístico, puede ser razonable 
desde el punto de vista de determinados 


intereses políticos, pero claramente inade¬ 
cuado desde el punto de vista ilustrativo 
que nos debemos en esta ocasión). 

Parecería más adecuado tomar como 
referencia todo el actual período de gobier¬ 
no. Existen hoy 41.768 puestos de traba¬ 
jo menos y 25.461 desocupados más que 
cuando asumiera el presidente, Jorge Bat- 
lle, en el año 2000. En efecto, en el último 
trimestre móvil anterior a la asunción del 
actual gobierno habían 1.381.075 ocupa¬ 
dos y 179.667 desocupados. Y según da¬ 
tos del último trimestre móvil, esa cifra es 
-como ya se dijo- de 1.339.307 y 205.128 
respectivamente 5 . 

El factor calidad 

En cuanto a la calidad de los empleos, 
la última información disponible correspon¬ 
diente al año 2003, señalaba que el 44.6% 
de los trabajadores ocupados eran subem¬ 
pleados, o trabajadores no registrados o con 
ambas características. En efecto, la Encues- 


Cuadro 3 : Evolución de la PEA, empleo y desempleo en el 
Gobierno de Batlle. Total del país. 


Trimestre 

Ocupados Desocupados 

PEA 

Dic/Feb.2000* 

1.381.075 

179.667 

1.562.325 

M/M2000** 

1.301.937 

206.694 

1.508.715 

M/M 2001 

1.328.011 

245.713 

1.575.083 

M/M 2002 

1.312.829 

242.443 

1.554.120 

M/M 2003 

1.237.098 

277.123 

1.514.334 

Junio/Agosto 2004*** 1.339.307 

Fuente: elaboración propia en base a INE. 

* Último trimestre antes de que asumiera el actual Gobierno 

205.128 

1.542.313 


** Primer trimestre completo luego de la asunción del actual Gobierno 
*** Último dato disponible 


4 Que haya menos desocupados y menos puestos de trabajo al mismo tiempo, se explica por la mayor caída sufrida por la PEA. 

5 Estos datos se realizan con proyecciones basándose en la información oficial. Dichas proyecciones parten del presupuesto que 
el Uruguay rural se comporta de igual manera que el Uruguay urbano en materia de tasas de actividad, empleo y desempleo. 




ta Continua de Hogares (ECH) de 2003 
muestra que el 25,3% de los ocupados no 
está registrado (no cotiza al BPS) aunque no 
se trata de subempleados. El 5,1% está su¬ 
bempleado pero cotiza al BPS, en tanto exis¬ 
te un 14,2% de trabajadores que además de 
estar subempleado, no cotiza al BPS. 

En otros términos, el 39,5% de los ocu¬ 
pados no aporta al BPS. Este porcentaje 
representa 407.000 personas sólo en el me¬ 
dio urbano. Por otro lado, el 19,3% de los 
trabajadores ocupados está en condiciones 
de subempleo (trabajan menos horas de las 
que querrían trabajar), lo que representa 
199 mil personas. La mayoría de las perso¬ 
nas subempleadas son mujeres. 

Una de las dimensiones de la calidad 
del empleo, es el nivel de los ingresos per¬ 
cibidos. En la jerga técnica recibe el nom¬ 
bre de subempleo invisible (ingresos). En 
Uruguay las estadísticas oficiales sólo mi¬ 
den el subempleo visible (o por número 
de horas trabajada). Es posible, sin embar¬ 
go, tener una aproximación a la calidad de 
los empleos por el nivel de ingresos, sólo 
que para ello es necesario contar con los 
micro datos de la ECH, a la que se accede 
varios meses después de terminado el año 
de referencia: en este caso, sólo se cuenta 
con información del año 2003. 

Según nuestras propias proyecciones 6 , 
existen en el Uruguay algo menos de 300 
mil personas mayores de 14 años de edad 
que aún trabajando, ganan menos de lo 
necesario para escapar de la línea de po¬ 
breza. La tasa de empleo entre los pobres 
es de 45,5%, en tanto la tasa de desempleo 
general es de 27,0% 7 . 

Este año, si bien hubo mejoras con 
respecto al año pasado en el número de 


Cuadro 4: evolución de los 
ingresos medios 
en los hogares. 2004 


TRIMESTRE 

INGRESO 

ENE-MAR 

14.250 

FEB-ABR 

13.633 

MAR-MAY 

13.637 

ABR-JUN 

13.575 

MAY-JUL 

14.271 

JUN-AGO 

14.493 

JUL-SET 

14.394 

Fuente: INE-ECH. 



puestos de trabajo creados, esa mejora no 
se tradujo en mayores aumentos en los 
montos ingresados a los hogares. De he¬ 
cho, a lo largo del año el ingreso prome¬ 
dio de los hogares fue oscilando hasta si¬ 
tuarse en el último trimestre en $ 14.394 
(Ver cuadro 3). 

Ese monto es similar al promedio re¬ 
gistrado en 2003, y es muy menor con 
respecto al promedio de los años anterio¬ 
res. Aún a la espera de datos más precisos, 
es posible inferir de esta información que 
los puestos de trabajo creados en 2004 
son de muy bajo nivel remunerativo. 

A similares conclusiones se puede lle¬ 
gar si se observa la evolución que ha teni¬ 
do el número de cotizantes y beneficiarios 
de DISSE del BPS durante 2003. A partir 
de finales de 2002 aumenta el número de 
cotizantes al BPS, sin embargo, el número 
de trabajadores con derecho a cuota mutual 
no crece hasta luego del tercer trimestre de 
2003, y aún está muy lejos de los estándares 
de años anteriores: sus beneficiarios caen 
entre 1998 y 2004, de 611 mil a 478 mil. 


6 Refiere al Instituto Cuesta Duarte. PIT-CNT. 

7 Cfr. INE: Estimaciones de pobreza por el método del ingreso. Año 2003, Montevideo, INE, 2004. 








El salario real, mientras tanto, ha te¬ 
nido una evolución negativa durante todo 
el año: cayó 1,2% entre Enero-Agosto de 
2003 e igual período de 2004, a pesar de 
las reducciones operadas en el Impuesto 
a las Retribuciones Personales (IRP) dis¬ 
puestas en enero, mayo y agosto y a las 
mejoras del salario público 8 9 . 

Conclusiones 

Visto desde el punto de vista del de¬ 
recho al trabajo, se puede concluir que 
el año 2004 muestra mejores indicado¬ 
res que 2003 en lo que refiere a empleo y 
desempleo, debido fundamentalmente al 
proceso de recuperación económica em¬ 
prendido desde entonces. Sin embargo, la 
durísima crisis social generada en medio 
de la recesión económica ha dejado serias 
heridas en el tejido social del país, con es¬ 
pecial énfasis en el mercado de trabajo. 

Por ejemplo, y a pesar de la expulsión 
de decenas de miles de trabajadores, por 
medio del exilio económico, las tasas de 
desempleo continúan en niveles muy su¬ 
periores a la media histórica de los últimos 
años. 

Los mejores indicadores tuvieron lugar 
a comienzos de 2004, en el marco de las 
externalidades’ positivas generadas por la 
industria del turismo. A partir de enton¬ 
ces, sin embargo, los indicadores comien¬ 
zan a empeorar. 

Una lectura totalmente correcta del 
derecho al trabajo, finalmente, no debe 


hacer hincapié solamente en el número de 
puestos de trabajo creados o en el menor 
número de desempleados (en ambas ma¬ 
terias el gobierno de Batlle tiene los nú¬ 
meros en rojo), sino además, en la calidad 
del empleo generado. En ese sentido, Uru¬ 
guay está muy lejos de generar empleos 
decentes, esto es, en la economía formal, 
con buenos niveles de remuneración y con 
las debidas garantías. Los datos disponi¬ 
bles más bien confirman la idea de que los 
puestos generados a partir de la reactiva¬ 
ción económica, no sólo son insuficientes 
para llevar la tasa de desempleo al nivel 
promedio de la década de los noventa, sino 
además son de inferior calidad respecto a 
los puestos de trabajo ya perdidos. 

Históricamente, los jóvenes y las mu¬ 
jeres son dos grupos especialmente vulne¬ 
rables al fenómeno del desempleo y de la 
mala calidad de los empleos, cuando lo¬ 
gran insertarse en los mercados de trabajo. 
Nótese que la Tasa de Desempleo de las 
mujeres jóvenes es de 38,6% en Montevi¬ 
deo, y 47,7% en el interior del país. 

De cara al futuro próximo: los desafíos 
más importantes en pro del cumplimien¬ 
to del derecho al trabajo digno pasan por 
hacer hincapié en la ejecución de políticas 
activas de empleo, regular el incremento 
sustancial del salario mínimo nacional, 
convocar a consejos de salarios, y apos¬ 
tar por un país productivo que genere los 
puestos de trabajo necesarios y adecuados 
para los niveles de cualificación exhibidos 
por la oferta de trabajo nacional. Q 


8 Cfr. Instituto de Economía: Tendencias y perspectivas de la economía uruguaya, Montevideo, FCEA, Octubre de 2004. 

9 El 72,5% de los desocupados del interior, y el 55% de los de Montevideo, no ponen condición alguna para obtener un puesto 
de trabajo. 



Seguridad Social 

Funcionamiento del sistema 
y desafíos en la materia* 


El presente informe se centra en los 
programas del Banco de Previsión Social 
(BPS), que abarcan una alta proporción 
de la seguridad social en el país. 

La trayectoria del financiamiento del 
BPS muestra una tendencia creciente del 
peso de los impuestos en relación con las 
cotizaciones sobre la nómina salarial. 

Los ingresos por cotizaciones cayeron 
casi un 40% en términos reales si se com¬ 
para el año 2003 con 1999. Un conjunto 
de factores se conjugaron para que ello 
ocurriera; fue determinante la situación 
del mercado laboral con caída de los sala¬ 


rios y de los cotizantes, y coadyuvaron las 
políticas de rebaja de aportes patronales. 

El gráfico 1 muestra que, en 1990 el 
80% de los recursos provenía de las cotiza¬ 
ciones, mientras que en 2003 los impues¬ 
tos afectados mas la asistencia financiera 
(que proviene de fuentes de impuestos ge¬ 
nerales) superaban el 50%. 

Según el Instituto Nacional de Estadís¬ 
tica (INE), en 2003 el 39,5% de los traba¬ 
jadores ocupados no estaba registrado en la 
seguridad social, con el panorama por rama 
de actividad que figura en el Cuadro 2. 

A las cifras anteriores hay que sumar 


Cuadro 1: Recursos del BPS. Expresado en valores constantes. 
Millones de US$ promedio. Año 2003 


AÑO 

Aportes e ingresos varios 

Asistencia financiera 

Impuestos afectados 

total 

1990 

869.2 

23.2 

172.8 

1,065.2 

1991 

990.9 

99.2 

159.4 

1,249.4 

1992 

1,084.5 

156.0 

171.8 

1,412.2 

1993 

1,020.2 

231.1 

233.4 

1,484.8 

1994 

1,033.4 

306.0 

245.4 

1,584.8 

1995 

993.1 

326.8 

244.9 

1,564.8 

1996 

992.6 

405.3 

255.4 

1,653.2 

1997 

1,007.2 

435.5 

280.8 

1,723.5 

1998 

1,043.5 

441.3 

299.2 

1,784.1 

1999 

1,070.6 

519.3 

283.7 

1,873.5 

2000 

1,028.6 

548.6 

259.5 

1,836.7 

2001 

937.2 

525.3 

308.2 

1,770.7 

2002 

793.1 

522.7 

298.6 

1,614.5 

2003 

679.2 

410.2 

317.9 

1,407.3 


Fuente: BPS 


* Autor: Ec. Gabriel Lagomarsino, integrante del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS. 








Gráfico 1: Peso de las cotizaciones y de los impuestos en el (mandamiento del BPS 



— Contribuciones 

-■— Impuestos + asist 
financiera 


los desocupados, que en su inmensa ma¬ 
yoría no tienen cobertura de seguro de 
desempleo. En efecto, según el INE el año 
pasado había, en promedio, 208.500 des¬ 
ocupados y según los registros del BPS sólo 
23.800 de ellos estuvieron cubiertos por el 
seguro. Por lo tanto, más de la mitad de la 
Población Económicamente Activa (PEA) 



Cuadro 2: 


Porcentaje de trabajadores no 

registrados por rama de actividad 

Rama No registrado 

Agrie., gan.y sivicultura 

44.6 

Pesca 

48.2 

Minas y canteras 

44.8 

Industria manufacturera 

44.6 

Construcción 

73.4 

Comercio 

50.5 

Hoteles y restoranes 

40.9 

Transporte, alcací comunicaciones 

26.3 

Intermediación financiera 

2.6 

Inmobiliarias 

36.2 

Enseñanza 

10.7 

Servicios sociales y de salud 

13.6 

Eliminación de desperdicios, otros 

52.3 

Servicio doméstico 

69.7 

Fuente: INE 



se encuentra fuera de la seguridad social. 

De lo anotado hasta ahora surge una 
clara contradicción: mientras que la segu¬ 
ridad social en el país se concibe principal¬ 
mente sobre la base de que los beneficios 
se brindan a partir del requisito de la per¬ 
tenencia al mercado formal de trabajo, su 
financiamiento se realiza en una alta pro¬ 
porción, sobre la base de impuestos que 
paga toda la población. De lo cual se infie¬ 
re que todos los trabajadores, aun los que 
no se ubiquen en el mercado formal del 
trabajo, contribuyen a su financiamiento, 
pero por el diseño en general de sus pro¬ 
gramas, no son candidatos a obtener los 
beneficios. 

Dicha contradicción se agrava al obser¬ 
var que nuestra estructura tributaria des¬ 
cansa principalmente en impuestos que 
gravan el consumo, lo que configura un 
sistema tributario regresivo: las personas 
de menores ingresos realizan un esfuerzo 
tributario mayor en proporción a sus ren¬ 
tas que las personas de mayores ingresos. 

Teniendo en cuenta que una de las 
funciones de la seguridad social es cum¬ 
plir un papel progresivo en la distribución 
del ingreso, lo señalado viene a cuestionar 
que tan efectivamente se esté cumpliendo 
la función distributiva en nuestro país. 








Veamos ahora el funcionamiento de 
algunos programas: 

Seguro de enfermedad 

La cantidad de trabajadores del sector 
privado, beneficiarios de la cuota mutual, 
viene decreciendo sin solución de conti¬ 
nuidad desde el año 1997 hasta el presen¬ 
te. La comparación del año móvil marzo 
2003/febrero 2004, con el respectivo mar¬ 
zo 97/febrero 98, da cuenta de 133 mil 
beneficiarios menos. 

Aún, cuando los cotizantes al BPS co¬ 
mienzan a recuperarse, a partir del último 
bimestre de 2002 hasta el presente, los be¬ 


cuadro 3: Beneficiarios del seguro 
de enfermedad 


Año desde... hasta... 

Beneficiarios 

Cuota mutual 

Marzo/1997-Feb./1998 

610,838 

Marzo/1998-Feb./1999 

606,394 

Marzo/1999-Feb./2000 

602,128 

Marzo/2000-Feb./2001 

570,622 

Marzo/2001 -Feb./2002 

535,021 

Marzo/2002-Feb./2003 

505,574 

Marzo/2003-Feb./2004 

477,684 


neficiarios a la cuota mutual siguen dismi¬ 
nuyendo. Esto supone que gran parte de 
los nuevos cotizantes al BPS, no estarían 
generando las condiciones para obtener el 
derecho a la cuota mutual 1 , lo cual estaría 
indicando la baja calidad de los empleos 
generados en este proceso de reactivación, 
tema al que nos referimos más adelante. 

Más allá de estos aspectos generales 
existe un factor concreto de incentivo a 
generar empleo precario o de baja calidad, 
dada la modalidad de financiamiento ac¬ 
tual del sistema DISSE. En efecto, el pro¬ 
blema estriba en que desde el año 1993 
la empresa debe abonar, mediante aporte 
patronal, el complemento de la cuota mu¬ 
tual hasta alcanzar la cifra del valor de to¬ 
das las cuotas mutuales que se generan en 
la empresa. 

En el Cuadro 4 se presenta el costo real, 
medido en tasa “real” de aporte patronal al 
sistema, por trabajador y según como sea 
el salario promedio pagado por la empre¬ 
sa. Así, para una empresa que paga un pro¬ 
medio salarial de 1.500 pesos uruguayos 
la tasa de aporte patronal a DISSE es del 
47%. Para una empresa que paga en pro¬ 
medio 5.000 pesos uruguayos dicha tasa 
será del 12%. Recién para un promedio 
salarial de 9.375 pesos uruguayos el 8% de 


Cuadro 4: Aporte patronal real al seguro de enfermedad, 
según promedio salarial en la empresa. 

Ejemplos de porcentajes de aportes patronales al seguro por enfermedad por trabajador 


Sueldo promedio nominal 

1,500 

3,000 

5,000 

10,000 

Aporte Obrero 3% 

45 

90 

150 

300 

Aporte Patronal 5% 

75 

150 

250 

500 

Complemento patronal cuota mutual 

630 

510 

350 

- 

Tasa "real" patronal 

47% 

22% 

12% 

5% 


1 Se requiere para dicho beneficio cumplir con alguno de los siguientes extremos: haber trabajado al menos 13 jornales en el 
mes; o tener una sueldo superior a 1,25 SMN (Salario Mínimo Nacional). 





Gráfico 2: Evolución de cotizantes y beneficiarios de DISSE del BPS 



aporte a DISSE (3% obrero + 5% patro¬ 
nal) equilibra el valor de la cuota mutual. 

Se ha divulgado que un indicio impor¬ 
tante de la reactivación económica es el 
crecimiento de los cotizantes en el BPS. 
La existencia de una reactivación econó¬ 
mica no está puesta en tela de juicio, pero 
también es importante obtener otros in¬ 
dicadores de las características de dicha 
reactivación, amén del tema más de fondo 
de las políticas necesarias para que dicha 
reactivación se transforme en crecimiento 
económico estable. 

En el Gráfico 2 surgen datos interesan¬ 
tes respecto a los comentarios anteriores 

Puede apreciarse que los cotizantes au¬ 
mentan en 17.695 si comparamos el últi¬ 
mo bimestre de la serie (nov-dic/03=6-03) 
respecto al primero (ene-feb/02=l-02). 
En tanto las personas con derecho a cuota 
mutual (sistema DISSE) caen en 48.920. 

La evolución de los cotizantes puede 
dividirse en dos tendencias: hasta el bi¬ 
mestre set-oct/02 (5-02) los cotizantes 
caen en una cifra de 58.942 y a partir de 
allí, segundo tramo de la serie, se encuen¬ 


tra una tendencia creciente aumentando 
en una cifra de 76.637. 

Sin embargo las personas con derecho 
a la cuota mutual muestran una tendencia 
decreciente más larga, hasta el tercer tri¬ 
mestre de 2003 (3-03) y luego una recupe¬ 
ración muy suave. Disminuyen en 27.752 
en el mismo primer tramo considerado 
para los cotizantes y también disminuyen 
en 21.169 en el segundo tramo. 

Dado que no todo cotizante tiene de¬ 
recho a la cuota mutual, se puede dedu¬ 
cir que la mayoría de los nuevos empleos 
creados por la reactivación, al menos los 
registrados en el BPS, son de baja calidad 
de acuerdo a la evolución de las series pre¬ 
sentadas en el Gráfico 2. 

Asignaciones Familiares 

En el año 1999 el Equipo de Repre¬ 
sentación de Trabajadores y la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad 
de la República realizaron una investiga¬ 
ción que demuestra que a la mayoría de 
los niños pobres no le llegaba la asigna¬ 
ción familiar, debido a que sus padres no 
pertenecían al mercado formal de trabajo. 








Las conclusiones de dicho estudio fueron 
enviadas a una comisión parlamentaria 
que se formó a los efectos de tratar el gra¬ 
ve problema de la pobreza en la niñez. 
Finalmente el Parlamento aprobó la Ley 
N° 17.139 que permitió ampliar el alcan¬ 
ce del beneficio a hogares de bajos recur¬ 
sos monoparentales con jefa de hogar, y a 
aquellos hijos de padres que hubieran ago¬ 
tado el tiempo del seguro de paro. 

El Cuadro 5 muestra la importante y cre¬ 
ciente cobertura que se logró por dicha ley. 


Cuadro 5: Beneficiarios 
de Asignaciones Familiares 


Ley 15.084 

Ley 17.139 

Total 

352,449 

52,795 

405,244 

295,330 

72,014 

367,344 

305,790 

77,950 

383,740 

300,955 

98,831 

399,786 


Fuente: BPS 


En el año 2004 se dio otro paso impor¬ 
tante que tiende a la universalización de 
ese derecho del niño. 

En la Ley 17.758 conceptualmente 
hay un avance mayor en tanto el centro 
del beneficio es el niño y, salvo lo relativo 
al ingreso del hogar que se mantiene como 
tope en tres Salarios Mínimos Nacionales 
(3.930 pesos uruguayos), no se requiere 
condición alguna de sus padres o tutores. 
A tal punto que se crea una figura para la 
persona que ejecute el cobro directo: el 
administrador, cuyo único requisito es ser 
responsable del niño. Esta ley no da dere¬ 
cho a la Atención Materno Infantil. 

Ai momento de escribir este informe 
se habían registrado 77.800 solicitudes 
del beneficio, de las cuales 57.600 estaban 


otorgadas al 3 de agosto. En julio se había 
pagado a 40.400 nuevos beneficiarios. 

Jubilaciones y pensiones 

La coyuntura está marcada por la fuerte 
caída del poder de compra de las pasivida¬ 
des, que acompaña la caída de los salarios. 
La pasividad promedio cayó un 25% en 
los últimos cuatro años: 3.500 pesos uru¬ 
guayos a fines de 2003. 

En perspectiva, se observa un crecien¬ 
te divorcio entre la realidad del mercado 
laboral uruguayo y el endurecimiento en 
las condiciones de acceso a las prestaciones 
que significó la reforma del sistema jubila- 
torio de 1996. La implantación del siste¬ 
ma mixto implicó, por un lado, la reforma 
del sistema solidario del BPS en el sentido 
anotado, y por otro la incorporación de 
un régimen privado de ahorro individual 
de carácter estrictamente actuarial gestio¬ 
nado por las Administradoras de Fondos 
de Ahorro Previsional (AFAPs). 

La principal preocupación es que el 
diseño del programa jubilatorio pone en 
serio riesgo el acceso a la prestaciones de 
vejez de una proporción importante de los 
actuales trabajadores. 

De un informe elaborado por el Equi¬ 
po de Representación de los Trabajadores 
en el BPS, extractamos los siguientes pa¬ 
sajes: 

El Banco Mundial, principal impul¬ 
sor de las AFAPs y similares, que pudie¬ 
ron imponerse sólo en unos 15 países (en 
América Latina y la Europa Central y del 
Este), parece revisar ahora algunas postu¬ 
ras en un reciente informe 2 . Allí estudia 
11 países de América Latina (incluido 


2 Manteniendo la promesa de seguridad de ingresos para los de edad avanzada en Latinoamérica. Banco Mundial. 240 páginas. 2004. 




Uruguay) y señala que “la seguridad so¬ 
cial tal vez haya sido la más importante 
ocurrencia de privatización de servicios 
gubernamentales”. 

Y concluye que tuvieron dos fallas claves: 

Ignoraron el papel del pilar público 
solidario en la lucha contra la pobreza y 
no lograron ampliar la cobertura a la gen¬ 
te, la protección, al dejar a “más de la mi¬ 
tad de los trabajadores latinoamericanos 
sin siquiera un vestigio de seguridad de 
ingresos en la edad avanzada”, lo que ge¬ 
nera “un considerable descontento”. 

En la 45 a Asamblea anual del BID se 
reconoce que las reformas que han impul¬ 
sado los organismos multilaterales (como 
el propio BID, el Banco Mundial, el FMI) 
, incluidas las de seguridad social, tienen 
un descrédito generalizado entre la po¬ 
blación, y que la deuda social acumu¬ 
lada durante la crisis, es una amenaza 
para la estabilidad de la región. 

Un reciente estudio de la Asociación In¬ 
ternacional de la Seguridad Social (AISS) 3 
sobre 15 países -que también incluyó a 
Uruguay-, concluye que “la cobertura 
aparentemente aumenta cuanto más se 
aleja el régimen de una equivalencia di¬ 
recta entre las cotizaciones individuales 
y las prestaciones, para orientarse hacia 
un régimen de seguridad social que re¬ 
distribuye los recursos”. Igual concluye 
otro estudio de la OIT 4 . Exactamente al 
revés de lo que se hizo en Uruguay con las 
AFAPs y las exigencias exclusivas de estar 
cotizando, aunque las empresas evadan 
para tener derecho a cualquier prestación 


de seguridad social. 

También cae la cantidad de pensionis¬ 
tas por vejez según datos oficiales del BPS: 
ni se jubilan ni llegan a tal pensión a los 70 
años (se exige además situación de pobreza 
familiar nacional). 

Un reciente boletín del Banco Central 
del Uruguay 5 confirma también la presen¬ 
te argumentación: 2/3 de los afiliados a 
AFAPs tienen salarios de menos de 3.000 
pesos uruguayos y sólo cotiza el 43 %. Así 
podrán obtener la jubilación común con 
100 años de edad. No son beneficiados 
los trabajadores de bajos ingresos, como 
se decía. 

Tres de cada cuatro afiliados tiene me¬ 
nos de 40 años, y sólo cotiza aproximada¬ 
mente la mitad de ellos. No son beneficia¬ 
dos los jóvenes. 

El informe citado del Banco Mundial, 
como otro del BID alertan sobre dos altos 
costos: para el trabajador/a a través de las 
altas comisiones y para toda la sociedad 
por la transición del sistema público al 
privado, y para sostener lo privado. 

La atención de las personas con disca¬ 
pacidad es otro aspecto que ha cambiado 
sustancialmente: los decretos relativos a la 
Ley 16.713 -que establecen cómo medir 
la discapacidad de una persona- por su ri¬ 
gidez, por la indebida contemplación de 
aspectos sociales, laborales, humanos (los 
llamados factores complementarios), ha¬ 
cen que la posibilidad de acceder a estas 
prestaciones se reduzca. 

Alcanzar el 66% del índice impuesto 
-mínimo para una jubilación definitiva o 


3 Evaluación de la falta de cobertura - AISS- 8//2002- ROBERT, S. STANFFORD, B, ASHWORTH, K. 

4 Pensiones no contributivas y aslstenciales: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. OIT, Editores: F.Bertranou, Carmen 
Solorio y W.van Ginneken. 2002 

5 Boletín BCU No. 30: Memoria trimestral del Régimen de Jubilación por Ahorro Individual Obligatorio, diciembre 2003. Incluso esta 
información es reconocida como sobredimensionada por el propio BCU, dado que cuando se dice cotizantes, no son personas 
sino transferencias, y una misma persona puede tener en un mismo mes, más de una transferencia. 



pensión invalidez-, es un requisito impo¬ 
sible para mucha gente: en unos casos por 
las exigencias legales como los seis meses 
previos de actividad continuos en la His¬ 
toria Laboral; en otros, por los bajísimos 
topes de ingresos familiares en el ámbito 
nacional que puede resolver el Directorio 
del BPS 6 ; en otros, por la escasa conside¬ 
ración de los factores complementarios, 
entre otros aspectos. 

Se había previsto que unos 90.000 ju¬ 
bilados de bajos ingresos tendrían cuota 
mutual: son sólo 48.000, la mitad, y mu¬ 
chos de ellos no pueden utilizar la mutua- 
lista por el alto costo de órdenes y tickets, 
y no los atiende el Ministerio de Salud Pú¬ 
blica porque tienen mutualista. 

Propuesta alternativa de reforma 
integral del sistema de seguridad 
social: gestión y estrategia 

Desde 1996, luego de asumir la derro¬ 
ta que significó la implantación de esta 
ley, nuestros errores y carencias, y tam¬ 
bién nuestras responsabilidades; desde el 
Equipo de Representación de los Tra¬ 
bajadores en el BPS estamos trabajando 
en la elaboración de una alternativa. Una 
propuesta discutida con la gente en cien¬ 
tos de reuniones y también con la mayor 
rigurosidad técnica. Es que damos mucha 


importancia a la información y formación: 
en dos años se realizaron unos 80 cursos 
en todo el país, a los que asistieron más 
de 5.000 personas; los centros locales fun¬ 
cionan en distintos rincones; ha crecido la 
Comisión de Seguridad Social sindical y 
es intensa la relación con las más diversas 
organizaciones e instituciones. 

La propuesta incluyendo también la 
necesaria reforma del sistema de Salud y 
el tributario. Una propuesta posible para 
cumplir nosotros y no para exigirle a 
otros. 

La resolución unánime del 8 o Congre¬ 
so del PIT-CNT, es un hito relevante en 
esta historia. 

En jubilaciones y pensiones, propone¬ 
mos un sistema mixto uruguayo nuevo, 

similar a los europeos o brasileño, inspira¬ 
do en los principios y convenios de OIT. 
Un mecanismo para incluir al 100% de la 
población dentro de un sistema público 
estatal solidario progresivo, con 60 años 
de edad y 30 de trabajo para hombres y 
mujeres en general; con 65 años para pres¬ 
taciones por edad avanzada o vejez; con 
elasticidad en determinados casos regula¬ 
dos; un régimen complementario no lu¬ 
crativo, de prestación no sustitutiva y con 
garantías, con participación de los intere¬ 
sados en su gestión. 


6 Cada vez que el representante de los trabajadores en el Directorio lo propuso, la votación fue desfavorable. 




© Artigas Pessio 


36 


Proyectos concretos e inmediatos 

• Rebaja de edad para la jubilación por edad avanzada de 70 a 65 años. 

• Rebaja de edad para la pensión por vejez de 70 a 65 años. 

• Rebajar los años de servicios para la causal jubilatoria de 35 a 30 años. 

• Asignaciones familiares: elevar el tope de 3 SMN ($U 3.930) a 24 unidades reajustables ($U 5.901), 
extendiéndolo a todos los hogares pobres, estableciendo el pago doble para los niños discapacitados 
y la atención médica del BPS sobre malformaciones congénitas para ellos. 

• Subsidio por enfermedad: elevar el tope de tres 3 SMN a 24 UR, eliminando la incompatibilidad entre 
el cobro del subsidio y el cobro de otro subsidio por empleo. 

• Compatibilidad entre trabajo y pensión por invalidez; elevar el actual tope de 2.000 a 6.000 pesos. 

• Cuota mutual para jubilados y subsidiados por incapacidad, extender el beneficio independiente¬ 
mente de ser patrón o dependiente, elevando el tope para los casos de jubilación común. 

• Derechos a los concubinos. 

• Facilidades para pequeños patrones con deudas. 

• Monotributo: mejora de la ley vigente en materia de fictos de aportación, derechos, fecha de inicio 
de la actividad, facilidad de pago de las deudas y extensión a otros sectores de actividad. 

• Seguro de paro y situación de los cincuentones, flexibilizar la jubilación para trabajadores de acuer¬ 
do a su edad si provienen de empresas cerradas o con reducción de más de la mitad del personal, 
seguro de paro a trabajadores desocupados no protegidos. 












a 


Alimentación 

De la necesidad al derecho* 


Una alimentación adecuada, una vi¬ 
vienda digna, la educación imprescindible 
para estar integrado a una sociedad, un 
trabajo que nos permita sentirnos útiles y 
ganarnos el sustento son necesidades hu¬ 
manas y derechos que determinan obliga¬ 
ciones para el Estado. 

El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales adop¬ 
tado por la ONU en 1966, establece que 
el Estado tiene la obligación de “iniciar ac¬ 
tividades con elfin de fortalecer el acceso y la 
utilización por parte de la población de los 
recursos y medios que aseguren sus medios de 
vida, incluida la seguridad alimentaria. Por 
último, cuando un individuo o un grupo sea 
incapaz, por razones que escapen a su con¬ 
trol, de disfrutar el derecho a una alimenta¬ 
ción adecuada por los medios a su alcance, 
los Estados tienen la obligación de realizar 
(hacer efectivo) ese derecho directamente. * 1 

El Pacto se viola “cuando un Estado no 
garantiza la satisfacción de, al menos, el ni¬ 
vel mínimo esencial necesario para estar pro¬ 
tegido contra el hambre” 2 

El hambre se vincula con la inseguri¬ 
dad alimentaria, la que definimos básica¬ 
mente como la incapacidad de las personas 
de acceder a los alimentos que necesitan 
para llevar en todo momento una vida 


sana y activa. Depende principalmente de h 
la disponibilidad de alimentos en el ámbi- n 
to nacional y de las posibilidades econó- ° 
micas de las familias de acceder a dichos 
alimentos. 

De acuerdo a los datos de la última 
Hoja de Balance de Alimentos (FAO, 

2001), Uruguay dispone de suficientes 
alimentos para todos sus habitantes. Pero 
a pesar de ello existen factores de índole 
económico y social que afectan el acceso 
a ciertos sectores de la población; y es la 
pobreza el hecho mayor y más notorio 
de transgresión del derecho a la alimen¬ 
tación. 


La causa principal de la inseguridad 
alimentaria de ciertos sectores de nuestra 
población no es la carencia de alimentos 
en el Uruguay, sino la situación de pobreza 
que determina la incapacidad de los hoga¬ 
res para adquirir los alimentos necesarios 
para alcanzar el bienestar nutricional. 

El mundo del trabajo cambió. Ahora 
se caracteriza por un aumento importante 
del desempleo y del incremento del em¬ 
pleo informal, con impacto principalmen¬ 
te en los sectores asalariados que vieron 
disminuido sus ingresos, lo que incide en 
la alimentación familiar. 


Pobreza e inseguridad alimentaria 


* Autores: nutricionistas Stella Soria y Ana Paula Della Santa (Escuela de Nutrición y Dietética). 

1 Comité DESC, OG N° 12; par.17. 

2 Comité DESC, OG N° 12; par.15. 




En el acceso a los alimentos también 
juega un rol importante el elevado precio 
y la variación de éste por la inflación. Los 
alimentos que componen la canasta básica 
están gravados con un IVA 3 del 14%. 

A partir de la crisis financiera de 2002 
los índices de pobreza e indigencia alcan¬ 
zaron niveles sorprendentes. 

Personas indigentes (o pobreza extre¬ 
ma): quienes con sus ingresos no cubren 
el costo de una canasta de alimentos que 
consideran básicos para su correcta nutri¬ 
ción en un mes. 

Personas pobres (incluidos los indi¬ 
gentes): quienes con sus ingresos no alcan¬ 
zan a cubrir las necesidades de alimenta¬ 
ción y de otros bienes y servicios. 

En términos absolutos la cantidad de per¬ 
sonas pobres estimadas en 2003 era de 850 
mil (aproximadamente 200 mil hogares), 
situación que afecta más a los niños que a los 
adultos: 57% de los menores de seis años y 
50% entre de seis años y doce años viven y 
crecen en condiciones de pobreza. 


El número de personas que vive en 
situación de pobreza e indigencia nos 
permite asumir que un amplio sector de 
la población no tiene asegurado el de¬ 
recho a alimentarse. 

Inseguridad Alimentaria: 
repercusiones en la salud y 
nutrición 

Esta situación de pobreza y de insegu¬ 
ridad alimentaria tuvo un impacto negati¬ 
vo en la calidad de vida de un importante 
número de habitantes, que se ha reflejado 
en el incremento de las tasas de desnutri¬ 
ción y mortalidad infantil. 

La crisis de 2002 provocó un aumen¬ 
to de la desnutrición, particularmente en 
los niños menores provenientes de hogares 
pobres o indigentes 4 . 

El Sistema de Vigilancia del Estado 
Nutricional (Sisven) realiza sus mediciones 
a partir de una muestra de la población de 
niños que fueron asistidos por el Ministe- 


3 Impuesto al Valor Agregado. 

4 Cifras sobre Desnutrición moderada y grave (porcentaje Inferior a menos 2 desvíos estándar respecto a la mediana de peso/ 
edad de la población de referencia). 






















a 


Tendencia de la prevalencia de desnutrición 
en menores de 5 años SISVEN MSP 


1U ■ 


O 

n _ 

——— 

u 

1992 - 93 

1994 - 95 

1996-97 

2002 

-menores de ; 

iño 3.9 

4 

2.9 

4.26 

-1 año 

5.4 

4.9 

4.05 

9.25 

2-4 años 

1.6 

0.9 

1.7 

2.7 


> 

> 


> 

n 

O' 


rio de Salud Pública (MSP). Por tanto, no 
incluye a un porcentaje de la población de 
alto riesgo, aquella “sin cobertura” (2,8% 
de los niños en el año 2002).^ 

El hambre y la desnutrición llegaron a 
situaciones dramáticas como la de una niña 
del barrio Las Láminas, en Bella Unión, 
departamento de Artigas, que bien puede 
ser el caso de otros niños uruguayos. Tenía 
6 meses cuando falleció en mayo de 2004. 
La madre la alimentaba sólo con el agua 
en la que hervía el zapallo que le daba al 
resto de sus hijos; murió por desnutrición 
El aumento de la tasa de mortalidad 
infantil registrado en el año 2003 (15 por 
mil nacidos vivos) con relación al año 2002 
(13,6 por mil nacidos vivos) es un ejemplo 
de esta grave situación. A fines de los ’90 
la tasa descendía lentamente, pero sufrió 
un estancamiento en los últimos 5 años y 
finalmente aumentó a partir de 2002. Este 
deterioro se produjo a expensas funda¬ 
mentalmente del aumento del número de 
muertes de niños menores de un año de al¬ 
gunos departamentos del país que duplica¬ 


ron o tuvieron un importante incremento 
de las cifras. Por ejemplo: Artigas pasó de 
13 muertes por cada mil en 2002 a 28,9 
muertes por cada mil en el año 20 03 5 6 . 


Una mirada a la seguridad alimentaria 
de nuestra población desde la perspectiva 
de los derechos humanos posibilita apre¬ 
ciar cuáles son las decisiones que toma el 
Estado para garantizar la alimentación. 

La reseña histórica de las estrategias 

alimentarias comienza en 1935 con los _ 

comedores públicos nacionales para aten- 39 
der la alimentación de los “desocupados y 
los menesterosos”, a cargo del Ministerio de 
Instrucción Pública y Prevención Social. 

A partir de entonces los programas se 
han ido estableciendo a lo largo del tiem¬ 
po en función de las demandas de la co¬ 
yuntura nacional y fueron involucrando a 


Respuestas del Estado: 
programas alimentarios 


5 Encuesta Continua de Hogares (ECH), Instituto Nacional de Estadística (INE). 

6 Instituto de Pediatría. Abril, 2004. 




















otras instituciones públicas. 

Las instituciones del Estado que ac¬ 
tualmente desarrollan Programas Alimen¬ 
tarios son: 

1) El Instituto Nacional de Alimenta¬ 
ción (INDA), que implementa estrategias 
alimentarias cuya línea programática bᬠ
sica se vincula a mejorar el consumo de 
alimentos de sus beneficiarios. 

Comprende a la población con necesi¬ 
dades básicas insatisfechas y dentro de ésta 
se prioriza a grupos con vulnerabilidad 
biológica: mujeres embarazadas, madres 
en lactancia, niños menores de seis años, 
adultos mayores y pacientes portadores de 
enfermedades crónicas en tratamiento. El 
criterio más determinante para la selección 
de la población beneficiaría es que la asis¬ 
tencia en salud sea a través de los servicios 
públicos 7 . 

Los tres programas alimentario-nutri- 
cionales son: 

* Sistema Nacional de Comedores 

* Complemento de Canasta Familiar y 
Específica (según patologías crónicas) 

* Red Alimentaria (apoyo a institucio¬ 
nes que incluyen la asistencia alimentaria 
entre sus cometidos: CAIF, instituciones 
públicas y privadas) 

2) La Administración Nacional de 
Educación Pública (Consejo de Educación 
Primaria), Instituto del Niño y Adolescen¬ 
te del Uruguay y la Intendencia Municipal 
de Montevideo desarrollan programas ali¬ 
mentarios complementarios y de apoyo a 
sus actividades específicas. 


Apreciaciones sobre los programas im- 
plementados: 

a) Se advierte desarticulación de los 
programas alimentarios con otros progra¬ 
mas sociales y descoordinación entre las 
distintas Instituciones. 

b) No se han desarrollado en todos los 
programas sistemas que permitan realizar 
el monitoreo y evaluación del impacto. 

c) Existe una alta probabilidad de du¬ 
plicación en la asistencia entre los progra¬ 
mas: las diversas modalidades de asistencia 
permiten que un mismo beneficiario pue¬ 
da ser atendido por más de un programa 
a la vez. 

El asistencialismo y el derecho 

Considerando los elementos evaluativos 
anteriores acerca de los programas del Es¬ 
tado podemos aseverar que ha tenido una 
visión asistencialista de la inseguridad ali¬ 
mentaria mas que un enfoque de derecho. 

Se han desarrollado iniciativas soli¬ 
darias tanto desde el Estado como de la 
sociedad civil que han buscado mitigar la 
inseguridad alimentaria. Esa es la respues¬ 
ta que el Gobierno tiene la obligación de 
priorizar, a corto plazo, pero a mediano y 
largo plazo deben desarrollarse estrategias 
centradas en la satisfacción de los derechos 
sociales y que promuevan una profunda 
redistribución del ingreso. 

El modelo asistencialista menoscaba la 
actitud de la persona de ganar su susten¬ 
to: se espera que otro dé y no habilita a la 
comprensión de que los alimentos se ob- 


7 Acciones y políticas implementadas por el INDA en el marco de los compromisos asumidos en 1996, en la Cumbre Mundial de 
la Alimentación; 2003. 



tienen a través de un esfuerzo en el mundo 
del trabajo. Además, se pierde el hábito de 
comer en familia teniendo como conse¬ 
cuencia un perjuicio vinculado al espacio 
de diálogo, relaciones afectivas y el apren¬ 
dizaje en valores. 

Caminando hacia la seguridad 
alimentaria como derecho 

La crisis económica del 2002 agudizó 
la situación de pobreza y de desnutrición 
infantil en el país. Pero esos problemas se 
manifestaban desde hace más tiempo y el 
Estado, en el marco de sus políticas, no 
supo dar respuestas eficaces. 

Se deben replantear los programas 
alimentario-nutricionales en el marco de 
políticas de desarrollo social. Las interven¬ 
ciones nutricionales deberán ajustarse y 


adecuarse a objetivos y estrategias especí¬ 
ficas, permitiendo a su vez que se comple¬ 
menten con otras explícitamente orienta¬ 
das a combatir la pobreza y a mejorar el 
bienestar de los hogares. 

Por lo tanto se hace necesario formular 
una Política Alimentario Nutricional de 
carácter multisectorial en función del per¬ 
fil nutricional del país, que permita definir 
líneas de acción programáticas que contri¬ 
buyan a prevenir y mejorar los problemas 
nutricionales existentes. 8 

Teniendo en cuenta la situación de in¬ 
seguridad alimentaria en la que viven ni¬ 
ños, hombres y mujeres del Uruguay, y las 
respuestas que el Estado históricamente ha 
dado, podemos concluir que: 

No se construye un ciudadano cuando 
se tiene privada la libertad de alimentarse 
por sí mismo. 


En 1994, desde el Estado se planteó la necesidad de formular una política pública de alimentación y nutrición que no se efecti- 
vizó. Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 1994. 



Salud 

Marco jurídico y constitucional* 


El segundo párrafo del artículo 44 de la 
Constitución de la República del Uruguay 
establece: “Todos los habitantes tienen el de¬ 
ber de cuidar su salud, así como de asistirse 
en caso de enfermedad. El Estado proporcio¬ 
nará gratuitamente los medios de prevención 
y asistencia tan sólo a los indigentes o caren¬ 
tes de recursos suficientes ”. 

Los más prestigiosos constituciona- 
listas uruguayos polemizan acerca de 
las posibles interpretaciones del artículo 
7: “Los habitantes de la República tienen 
derecho a ser protegidos en el goce de su 
vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y 
propiedad ”. Es materia opinable la inter¬ 
pretación de que “el derecho a ser protegi¬ 
do en el goce de la vida” suponga o no el 
derecho a la salud. 

Por otra parte, en cuanto al derecho a 
la salud, Uruguay ha suscrito diversas nor¬ 
mas y reglas internacionales o interameri¬ 
canas en materia de derechos humanos. 

Entre ellas se destaca: 

El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CES- 
CR), vigilado por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; ratifi¬ 
cado el 1 abril de 1970. 

El Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (CCPR), vigilado por el 


Comité de Derechos Humanos; ratificado 
el 1 de abril de 1970. 

El Protocolo Facultativo del Pacto In¬ 
ternacional de Derechos Civiles y Políticos 
(CCPR-OP1), vigilado por el Comité de 
Derechos Humanos; ratificado el 1 abril 
de 1970. 

El Segundo Protocolo Facultativo des¬ 
tinado a abolir la pena de muerte (CCPR- 
OP2-DP); ratificado el 21 de enero de 
1993. 

La Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Dis¬ 
criminación Racial (CERD), vigilada por 
el Comité para la Eliminación de Discri¬ 
minación Racial; ratificado el 30 de agosto 
de 1968. 

La Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Dis¬ 
criminación contra la Mujer (CEDAW), 
vigilada por el Comité para la Eliminación 
de Discriminación contra la Mujer; ratifi¬ 
cado el 9 de octubre de 1981. 

El Protocolo Facultativo de la Conven¬ 
ción sobre la Eliminación de todas las For¬ 
mas de Discriminación contra la Mujer 
CEDAW (CEDAW-OP); ratificado el 26 
de julio de 2001. 


* Autor: sociólogo Fernando Borgia (Aiames). 



La Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (CAT), vigilada por el Co¬ 
mité contra la Tortura; ratificado el 24 de 
octubre de 1986. 

La Convención sobre los Derechos del 
Niño (CRC), vigilada por el Comité de 
los Derechos del Niño (CRC); ratificado 
el 20 de noviembre de 1990. 

El Protocolo Facultativo de la Conven¬ 
ción sobre los Derechos del Niños (CRC) 
relativo a la participación en los conflictos 
armados (CRC-OP-AC); ratificado el 7 de 
setiembre de 2000. 

El Protocolo Facultativo de la Conven¬ 
ción sobre los Derechos del Niños (CRC) 
relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la por¬ 
nografía (CRC-OP-SC); ratificado el 7 de 
setiembre de 2000. 

La Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familia¬ 
res (MWC). La Convención entrará en 
vigor cuando sea ratificada por 20 estados; 
ratificada el 15 de febrero de 2001. 

El Protocolo Adicional a la Conven¬ 
ción Americana sobre Derechos Huma¬ 
nos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Protocolo de San 
Salvador, vigilado por la Comisión Inte- 
ramericana de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos; ra¬ 
tificado el 2 de abril de 1996. 

La mención en el artículo 44 de la 
Constitución coloca a la salud como un 


deber y no como un derecho de las per¬ 
sonas, lo reduce a la dimensión individual 
en el marco de una concepción asistencia- 
lista ante la presencia de la enfermedad, y 
limita la responsabilidad del Estado a la 
asistencia a los indigentes. 

Por el contrario, la observación general 
número 14 1 respecto del artículo 12 del 
Pacto Internacional de Derechos Econó¬ 
micos, Sociales y Culturales, establece lo 
siguiente: 

“El Comité interpreta el derecho a la sa¬ 
lud, definido en el apartado 1 del artículo 12, 
como un derecho inclusivo que no sólo abarca 
la atención de salud oportuna y apropiada 
sino también los principales factores deter¬ 
minantes de la salud, como el acceso al agua 
limpia potable y a condiciones sanitarias ade¬ 
cuadas, el suministro adecuado de alimentos 
sanos, una nutrición adecuada, una vivienda 
adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el 
medio ambiente, y acceso a la educación e in¬ 
formación sobre cuestiones relacionadas con la 
salud, incluida la salud sexual y reproductiva. 
Otro aspecto importante es la participación de 
la población en todo el proceso de adopción de 
decisiones sobre las cuestiones relacionadas con 
la salud en los planos comunitario, nacional e 
internacional”. 

Respecto de las limitaciones, en dicha 
observación se reconoce que “los Estados 
suelen utilizar las cuestiones relacionadas con 
la salud pública para justificar la limitación 
del ejercicio de otros derechos fundamenta¬ 
les”. En este sentido, en el artículo 4 o se 
establece la prohibición de la “imposición 
de limitaciones por parte de los Estados”; in¬ 
dica que deberán ser justificadas, legales, 
proporcionales, temporales y sujetas a re¬ 
visión. 


1 Dictada en mayo de 2000. 



Los Estados tienen obligaciones de 
efecto inmediato “como la garantía de que 
ese derecho será ejercido sin discriminación 
alguna (párrafo 2 del artículo 2) y la obli¬ 
gación de adoptar medidas (párrafo 1 del 
artículo 2) en aras de la plena realización 
del artículo 12. Esas medidas deberán ser de¬ 
liberadas y concretas e ir dirigidas a la plena 
realización del derecho a la salud 2 3 . 

Al mismo tiempo, el derecho a la salud 
implica que los Estados Partes tendrán: “la 
obligación de respetar, proteger y cumplir. A 
su vez, la obligación de cumplir comprende 
la obligación de facilitar, proporcionar y pro¬ 
moved. La obligación de respetar exige que 
los Estados se abstengan de injerir directa o 
indirectamente en el disfrute del derecho a 
la salud. La obligación de proteger requiere 
que los Estados adopten medidas para impe¬ 
dir que terceros interfieran en la aplicación 
de las garantías prevista en el artículo 12. 
Por último, la obligación de cumplir requie¬ 
re que los Estados adopten medidas apropia¬ 
das de carácter legislativo, administrativo, 
presupuestario, judicial o de otra índole para 
dar plena efectividad al derecho a la salud”. 

Pregunta obligada, ¿existe un mínimo? 
¿Cuáles son los niveles esenciales que de¬ 
ben cumplir los Estados Parte? 

El Comité establece que entre esas 
obligaciones básicas figuran, como míni¬ 
mo, las siguientes: 

a) Garantizar el derecho de acceso a los 
centros, bienes y servicios de salud sobre 
una base no discriminatoria. 

b) Asegurar el acceso a una alimenta¬ 
ción esencial mínima que sea nutritiva, 


adecuada y segura y garantice que nadie 
padezca hambre. 

c) Garantizar el acceso a un hogar, una 
vivienda y unas condiciones sanitarias bᬠ
sicas, así como a un suministro adecuado 
de agua limpia potable. 

d) Facilitar medicamentos esenciales. 

e) Velar por una distribución equitati¬ 
va de todas las instalaciones, bienes y ser¬ 
vicios de salud. 

f) Adoptar y aplicar, sobre la base de 
las pruebas epidemiológicas, una estra¬ 
tegia y un plan de acción nacionales de 
salud pública para hacer frente a las pre¬ 
ocupaciones en materia de salud de toda 
la población. 

Adicionalmente, corresponde precisar 
que “un Estado que no esté dispuesto a utili¬ 
zar el máximo de los recursos de que dispon¬ 
ga para dar efectividad al derecho a la salud 
viola las obligaciones que ha contraído en 
virtud del artículo 12. (...) un Estado Parte 
no puede nunca ni en ninguna circunstan¬ 
cia justificar su incumplimiento de las de las 
obligaciones básicas enunciadas (...,) que son 
inderogables”. 

En suma, se interpreta a la salud como 
un derecho inclusivo que no sólo abarca 
la atención de la salud en forma oportuna 
y apropiada, sino también los principales 
factores determinantes de la salud, como 
el acceso al agua potable y saneamiento, 
alimentación y nutrición adecuada, vi¬ 
vienda, medioambiente y condiciones de 
trabajo saludables y acceso a la educación 
e información sobre cuestiones relaciona¬ 
das con la salud (incluida la salud sexual y 
reproductiva). 


2 Véase la observación general N° 13 (Párr. 43). 

3 Según las observaciones generales N° 12 y N° 13, la obligación de cumplir Incorpora la de facilitar y la de proporcionar. En la pre¬ 
sente observación general, también incorpora una obligación de promover en virtud de la importancia crítica de la promoción 
de la salud en la labor realizada por la QMS y otros organismos. 



Asimismo, se establecen cuatro criterios 
para evaluar el respeto del derecho a la sa¬ 
lud: disponibilidad, accesibilidad (no dis¬ 
criminación, accesibilidad física, accesibili¬ 
dad económica y acceso a la información), 
aceptabilidad y calidad. Resulta evidente 
entonces, que la responsabilidad del Estado 
uruguayo, en materia de salud, no se limita 
a la asistencia a los indigentes. 

El cumplimento de las 
obligaciones básicas 

a) Garantizar el derecho de acceso a los 
centros, bienes y servicios de salud sobre 
una base no discriminatoria 

El Sistema de Salud en Uruguay 

Está compuesto por un conjunto de 
instituciones con orígenes, estructura y 
objetivos distintos, que ha promovido y 
establecido un sistema complejo, frag¬ 
mentado, segmentado, inequitativo y des¬ 
coordinado. La modalidad de atención sa¬ 
nitaria es médico-céntrica, asistencialista, 
biologicista, esporádica, episódica; consi¬ 
dera a la persona por órganos y sistemas 
sin un enfoque holístico y de promoción 
de salud. 

En la estructura de la organización 
sanitaria se reconocen dos subsectores: el 
subsector público integrado por el Minis¬ 
terio de Salud Pública (MSP), el Banco 
de Previsión Social (BPS), Sanidad de las 
Fuerzas Armadas, Sanidad Policial, Comi¬ 
siones Honorarias, Hospital de Clínicas, 
Banco de Seguros del Estado (BSE), Ins¬ 


tituto del Niño y el Adolescente (INAU), 
Intendencias Municipales. El subsector 
privado está constituido por: Instituciones 
de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), 
Sanatorios Privados, Seguros Parciales e 
Intermediadoras, Institutos de Medicina 
Altamente Especializada (IMAE), Clíni¬ 
cas Preventivas, Empresas de Diagnóstico 
y Tratamiento, Farmacias y atención es¬ 
trictamente privada. 

En el año 2001 4 , Uruguay gastaba en 
salud el 10,9% del Producto Bruto Inter¬ 
no (PBI), con un 46,3% de gasto público 
y 53,7% de gasto del subsector privado. 
Sin embargo, esos datos deben ser mira¬ 
dos con precaución: en primer término no 
consideran la caída del PBI como conse¬ 
cuencia de la crisis del 2002 (aproxima¬ 
damente 45%) y no contabiliza las ma¬ 
sivas desafiliaciones del sistema LAMC 
(180.000 personas) 5 . 

Por estos cambios en la cobertura de 
salud de la población el MSP dio cober¬ 
tura (teórica 6 ) a una población que era el 
28,8% en 1991, 33,7% en 2000 y 41,7% 
en 2002. Ai mismo tiempo, la reducción 
del porcentaje de población con cobertura 
IAMC es de un 7,2% (de 54.5% en 1991 
pasa a 47.3% en 2002). Si bien existen 
varios estudios anteriores que analizan las 
diferencias entre el gasto per cápita en el 
sector público y en el privado, se verifican 
también fuertes inequidades en el gasto 
interno de ambos subsectores. 

Por otra parte, “la asistencia de la salud 
de los pobres e indigentes se realiza a través del 
Ministerio de Salud Pública en porcentajes 
que se encuentran en el entorno del 80% en 


4 Organización Mundial de la Salud (OMS) - Estado de la Salud en el Mundo 2004 -, Ginebra, 2004. 

5 Centro de Estudios Estratégico 1815 - Documento de Trabajo - (Bagnulo, H; Dibarboure.H., Haretche, A., Lorenzo, J., Petruccelli, 
D.& Serra, J.), Montevideo, Noviembre, 2003. 

6 En general, se asume que quienes no tienen una cobertura específica (IAMC, BPS, etc.) tienen de hecho cobertura por el MSP; 
esto implica una cobertura "teórica" de un porcentaje mayor de población que la que "efectivamente" recurre a los servicios 
asistenciales del MSP. 



Gráfico 1 



□ PENTA 3 
OV0P3 

□ SRP 

□ VARICELA 


las zonas rurales dispersas y las localidades de 
menos de 5.000 habitantes. En otros trabajos 
realizados a partir de la Encuesta de Hogares 
relevada por el INE se han obtenido porcen¬ 
tajes del 70% para los pobres y del 87% para 
los indigentes en aquellos centros poblados de 
5.000y más habitantes”. 1 La inequidad tie¬ 
ne entonces una expresión múltiple que in¬ 
cluye aspectos culturales, locales, socioeco¬ 
nómicos, demográficos y de género. 

La inequidad en los logros sanitarios 

A efectos de dar cuenta de dicha in¬ 
equidad, podrían considerarse varios in¬ 
dicadores, aquí por razones de espacio, se 
han elegido dos: las inmunizaciones y la 
mortalidad infantil. 

En el Gráfico 1, se puede apreciar la in¬ 
volución de la cobertura de inmunizacio¬ 
nes, (para algunos departamentos seleccio¬ 
nados), situación que alcanza a todos los 
departamentos del país, sin excepciones. 

Los datos más elocuentes, indican que 
tan sólo cuatro departamentos (Artigas, 
Colonia, Flores y Lavalleja) tienen cobertu¬ 
ra de la Penta3 8 y VOP3 9 superior al 94%; 
dos departamentos (Artigas y Flores) de la 


SRP 10 ; y el departamento de Flores para 
la Varicela. En promedio se obtiene una 
cobertura del 99% para la BCG (tanto en 
Montevideo como en el interior). 

Se destaca entonces que Montevideo es 
el departamento con peores porcentajes de 
cobertura, seguido en general por los de¬ 
partamentos con mayor población. 

Pero al mismo tiempo, la cobertura 
dentro de Montevideo no es homogénea: 
en 8 de las 24 seccionales policiales" de 
la capital reside el 52% de niños y niñas 
de la cohorte, el 70% de los nacidos en el 
Píospital Pereira Rossell, 63% de los naci¬ 
dos en el Hospital de Clínicas, 71% de los 
nacidos en el Banco de Previsión Social, 
72% de los nacidos en el Hospital Policial, 
y 52% de los nacidos en el Hospital de las 
Fuerzas Armadas. 

También puede apreciarse la inequi¬ 
dad en la cobertura inmunológica, te¬ 
niendo en cuenta el tipo de cobertura 
asistencial, constatándose que en todos 
los casos, el porcentaje de inmuniza¬ 
ciones alcanzado en el sector público es 
significativamente menor al logrado en 
las Instituciones de Asistencia Médica 
Colectiva (IAMC). 


7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Oficina de Planeación y Política Agropecuaria (OPYPA), Encuesta sobre 
el empleo, los ingresos y las condiciones de vida de los hogares rurales, Montevideo, 2000. 

8 Difteria,Tos convulsa, Tétanos, Hepatitis B, Hemófilus Influenza. 

9 Vacuna Oral Poliomelitis (Polio). 

10 Sarampión, Rubéola y Parotiditis (Paperas). 

11 División territorial a efectos de la cobertura asignada a cada sede policial. 















































































Gráfico 2 


a 


Clínicas 

HPR 
Evangélico 
Española 
Cas mu 

75 80 85 90 95 100 



□ Varicela 

□ SRP 

□ Vop 3 

□ Penta 3 


X 

m 

n 

x 

O 

> 

i - 

> 

en 

> 

r~ 

C 

o 


La mortalidad infantil era en 2003 12 de 
15,02 por mil, cifra que revela un aumen¬ 
to de 1,4 por mil respecto del año anterior 
(13,62 por mil). Paralelamente, la distri¬ 
bución del crecimiento de la tasa, si bien 
se constata en todo el país, en Montevideo 
tiene particularidades específicas. 

En el análisis del trienio 2001-2003 13 , 
se verifica que “en las regiones donde las ta¬ 
sas de mortalidad infantil son más bajas, la 
variación es mínima en el trienio o tiende 
a descender —compárese lo que ocurre en el 
2001 y en el 2003-, en las regiones prome¬ 
díales y, sobretodo en la región donde se ob¬ 
servan las tasas más altas, las tasas aumentan 
comparando el 2001 vs 2003 

El análisis de los datos permite afirmar 
que en 2003 las cifras de mortalidad in¬ 
fantil aumentaron donde ya eran elevadas, 
y se estancan o disminuyen en las regiones 
con valores previos más bajos. En suma, 


la ganancia de vidas alcanzada en 2002, 
se pierde de manera inequitativa, llevando 
los valores promedio a valores similares a 
los del inicio del período. 

Esto se desarrolla en un contexto en 
que los escasos y tibios logros sanitarios se 
esfuman, es decir, en circunstancias en que 
no se logra siquiera mantenerse la cobertu¬ 
ra de inmunizaciones ni la leve tendencia a 
la baja de la mortalidad infantil. 

La moribi-mortalidad infantil, es expli¬ 
cable de manera significativa por la impo¬ 
sibilidad de miles de familias de acceder a 

una vivienda y unas condiciones sanitarias _ 

básicas, así como al suministro adecuado 47 
de agua limpia potable. 14 

Las dificultades de acceso a medica¬ 
mentos esenciales 15 , se constituyen como 
un correlato de la segmentación, super¬ 
posición y exclusión del sistema sanitario. 

Las que vimos también conllevan a una 


12 Fuente: Instituto Nacional de Estadística con información de la División Estadística del Ministerio de Salud Pública. Disponible 
en Internet: <http//:www.ine.gub.uy> 

13 Unidad de Estadística de la Intendencia Municipal de Montevideo - Evolución de la Pobreza en Montevideo. Montevideo. Agosto 
2003. 

14 Ibid. Apartado c. 

15 Ibid. d. 
















































distribución fuertemente inequitativa de 
todas las instalaciones, bienes y servicios 
de salud 16 ; y que se consagran ante la au¬ 
sencia de una estrategia y un plan de ac¬ 
ción nacionales de salud pública para ha¬ 
cer frente a las preocupaciones en materia 
de salud de toda la población. 17 

La actual reforma constitucional apro¬ 
bada el 31 de octubre de 2004, consagra el 
derecho al agua como un derecho humano 
fundamental, y establece las competencias 
del Estado en materia de explotación de 
los recursos acuíferos y de aprovisiona¬ 
miento de agua potable y saneamiento. El 
cumplimiento de este nuevo (o fortaleci¬ 
do) mandato constitucional será determi¬ 
nante a la hora de evaluar los avances en 
materia de derecho a la salud. 

Sin embargo, conjuntamente con la 
crisis del subsector de las IMAC y la con¬ 
secuente demanda agregada sobre el sector 
público (que ya se encontraba desbordada), 
el impacto más fuerte sobre la salud y la ca¬ 
lidad de vida de las personas es sin lugar 
a dudas, la emergencia alimentaria, que se 
encuentra fuertemente asociada al empo¬ 
brecimiento, y compromete de manera im¬ 


portante el desarrollo de la infancia. 

b) Asegurar el acceso a una alimenta¬ 
ción esencial mínima que sea nutritiva, 
adecuada y segura y garantice que nadie 
padezca hambre 

Hambre y desnutrición 

Quizás el dato que más conmueve a la 
ciudadanía, a la identidad uruguaya, tiene 
que ver con el acceso a la alimentación. 
Pese a lo escaso de la información -ya que 
hasta hace poco tiempo no se consideraba 
“un problema” de salud pública- accedi¬ 
mos a una sistematización que se hiciera 
para Montevideo, a partir del Censo Esco¬ 
lar de Peso y Talla de 2002. Corresponde 
precisar que dicho estudio debe ser con¬ 
siderado como “una aproximación” a la 
situación de desnutrición en edades tem¬ 
pranas, provocadas por la falta de acceso a 
una alimentación esencial mínima nutriti¬ 
va o, dicho de otro modo, al padecimiento 
de hambre en los niños y las niñas. 

Por otra parte, ya en el año 2000, en 
poblaciones de menos de 5.000 habitan¬ 
tes (y población rural dispersa) se esta- 



PORCENTAJE DE RETRASO 
DE TALLA MODERADO 2002 


PORCENTAJE DE RETRASO 
DE TALLA GRAVE 2002 


Fuente: Observatorio de Inclusión Social - IMM - Ei Abrojo - Red Urbal (2004). 


16 Ibid. e. 

17 Ibid. f. 









blecía de manera contundente que “los 
bogares del primer decil apenas satisfacen 
los requerimientos energéticos, dependen 
para ello del apoyo de transferencias del res¬ 
to de la sociedad y el aporte de nutrientes de 
los alimentos que logran adquirir presenta 
ciertas deficiencias” 18 . 

El apoyo de transferencias del resto 
de la sociedad, al que se hace referencia 
en el párrafo anterior, se encuentra orga¬ 
nizado, básicamente por cuatro vías: las 
organizaciones sociales y comunitarias; 
los establecimientos públicos de ense¬ 
ñanza (fundamentalmente las escuelas); 
los programas municipales; los progra¬ 
mas nacionales del Instituto Nacional de 
Alimentación (INDA). Pese a que las res¬ 
puestas continúan siendo insuficientes, a 


modo de ejemplo, se seleccionó un mapa 
que describe el actual desarrollo de la red 
de apoyo alimentario en Montevideo. En 
esta escueta revisión de la situación ali¬ 
mentaria y nutricional, es importante dar 
cuenta de la evolución de la situación de 
los hogares. En este sentido, puede ver¬ 
se en los siguientes dos mapas, como se 
ha “hambreado” Montevideo (véase la 
disminución del múmero de barrios mar¬ 
cados con un punto y el aumento de los 
barrios en gris oscuro sin punto). En un 
marco de empeoramiento general de la 
situación, el sureste se mantiene incam¬ 
biado, las zonas centrales tienen un leve 
deteriodo (pero dentro de valores bajos) 
y los barrios ubicados al oeste y noreste 
concentran las peores situaciones. 


Porcentaje de personas con ingreso menor a 1,5 
canasta básica de alimentación (2001-2003) 



□ Entre 15 y 19,9 X 
■ Entre 20 y 34 t 


Fuente: Observatorio de Inclusión Social - IMM - El Abrojo - Red Urbal (2004). 


18 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Oficina de Planeación y Política Agropecuaria (OPYPA), Op. cit. 






Alimentos seguros y saludables 

A modo de ejemplo, sobre la actual 
vulnerabilidad del derecho a alimentos 
seguros y saludables, pueden considerar¬ 
se los hechos ocurridos durante los pri¬ 
meros meses del año, que sacudieron a la 
opinión pública, ante la noticia del riesgo 
de desarrollar cáncer como consecuencia 
de consumir, por períodos prolongados 
de tiempo, pan elaborado con bromato 
de potasio. Las altas temperaturas en el 
horneado transforma el bromato en bro¬ 
muro, la sustancia que tiene efectos ne- 
frotóxicos, cancerígenos y mutágenicos 19 , 
que a la larga pueden producir cáncer y 
daños renales. 

La gran pregunta es: ¿por qué una sus¬ 
tancia que fue prohibida para el uso ali¬ 


mentario, se continua utilizando en las 
panaderías uruguayas?, ¿por qué si se im¬ 
porta para “destapar cañerías”, luego ter¬ 
mina como “mejorador” del pan francés?, 
¿a quién corresponde controlar para que 
esto no ocurra? 

En Uruguay, al conocerse en 1993 los 
estudios que determinaron los peligros 
para la salud humana, fue prohibida su 
utilización en el rubro alimentario, pero 
la importación continuó. Al parecer, nadie 
le preguntó a las empresas C.Vaz y Cía, 
Galintor SA, ni a Odatur SA ¿a quién le 
vendía?, ¿en qué cantidad? y ¿de qué for¬ 
ma era utilizado dicho producto? 20 

Entonces, ¿por qué la alarma públi¬ 
ca ahora, luego de 11 años? Ai parecer, 
todo surge a partir de que la IMM rea¬ 
lizara inspecciones de rutina a panaderías 


Porcentaje de personas con ingreso menor a 1,5 
canasta básica de alimentación (1996-1998) 



19 Clausuras por elaboración de pan con aditivos tóxicos - Hoy la IMM cierra cuatro panaderías. En: El País. 13 ene. 2004. Salud 
Pública prohibirá la importación de formato de potasio - La empresa que trae la sustancia tóxica al país aduce que es para 
destapar cañerías. La Dirección de Aduana comenzó una investigación. En: El País. 14 ene. 2004. 

20 MSP incautó 3.000 kilos del tóxico utilizado para el pan. En: El País. 15 ene. 2004. 






de Montevideo y se detectara la existencia 
de esta sustancia prohibida e insalubre. La 
reacción municipal implicó, de acuerdo 
con la normativa bromatológica, la clau¬ 
sura 21 temporal de los establecimientos y 
la aplicación de multas. Sin embargo, la 
propia IMM considera que las medidas 
de control adoptadas por el MSP 22 son 
“buenas pero insuficientes” 23 . Quizás la 
prueba más elocuente de la insuficiencia 
de los controles es que el 70% de las pana¬ 
derías de Canelones 24 utilizan el bromato 
de potasio. Lo más triste de la situación es 
el uso político-partidario que le quisieron 
dar algunos ediles 25 . 

Sin embargo, la situación de Cane¬ 
lones no es la excepción; en realidad, el 
intendente de Treinta y Tres Wilson Elso 
Goñi, como los responsables de broma- 
tología de Artigas y Salto, reconocen no 
tener idea de la situación 26 , y no haber 
controlado nunca; por lo que la estima¬ 
ción de Fernández Galeano de que “el 
60% del pan consumido en Uruguay los 
últimos 8 años pudo contener bromato 
de potasio” no parece descabellada. 

Entonces ¿queda alguna duda razona¬ 
ble de la absoluta indefensión que tienen 


los y las uruguayas respecto de la violación 
por omisión en materia del derecho a ali¬ 
mentos saludables? La norma que prohíbe 
su importación reduce sensiblemente las 
posibilidades de su uso en la futura elabo¬ 
ración de alimentos, pero aún resta poder 
evaluar el impacto negativo en la salud por 
su consumo durante el período de “laissez 
faire”. 

Igualmente, claro está, ésta no ha sido 
la única violación a la seguridad alimenta¬ 
ria, ya que la brutal crisis económica que 
ha sufrido el país aumentó el número de 
personas que se ven obligadas a recolec¬ 
tar “alimentos de entre los residuos”, y 
fomentó el emprendimiento-alimentario/ 
gastronómico-casero. En otras palabras, el 
desarrollo de una “industria alimentaria/ 
manufacturera informal”, coadyuvada por 
la urgida búsqueda de “precios bajos” por 
muchas familias. 

En este sentido, en los momentos de 
mayor agudización de la crisis, proliferaron 
en comercios barriales y ferias vecinales, 
ofertas de ravioles que hacían imposible 
“que los rellenos fueran lo que debían ser”. 
Las regulaciones de mercado, promovieron 
una especie de “ensayo cuasi-experimen- 


21 La IMM sancionará a más panaderías por usar un producto cancerígeno. En: La República. 15 ene. 2004. 

Clausuraron las cuatro panaderías que utilizaban bromato de potasio - IMM aguarda resultados de otros análisis. En: Ultimas 
Noticias. 

Otras tres panaderías serán clausuradas por IMM - Al Igual que en los casos anteriores se constató el uso del aditivo prohibido en la 
elaboración del pan. En: El País. 21 ene. 2004. 

Clausuran otras tres panaderías por utilizar bromato de potasio en la elaboración del pan -Arana dijo que la comuna puede cerrar 
los conflictos en caso de reincidencia. En: La República. 21 ene. 2004. 

IMM reitera inspecciones a panaderías - Bromato de Potasio. En: El País. 18 feb. 2004. 

22 El MSP analiza prohibir por decreto importación de producto cancerígeno. En: La República. 14 ene. 2004. 

Salud Pública estableció obligatoriedad de declarar utilización del bromato de potasio - Deberá presentarse todos los meses decla¬ 
ración jurada de su comercialización. En: Ultimas Noticias. 16 ene. 2004. 

23 Para IMM las medidas de control no son suficientes - Formato de Potasio. En: El País. 16 ene. 2004. 

24 Prohibirán importación de bromato de potasio - IMM Clausuró panaderías que usaban esta sustancia. En: El Observador. 14 ene. 2004. 

25 Piden a Arana nombres de empresas infractoras - El Partido Nacional quiere saber quiénes atenían contra la salud. 

En: La República. 19 ene. 2004. 

Presentan denuncia penal contra panaderías - Colorados contra quienes usan Bromato de Potasio. 

En: La República. 19 ene. 2004. 

Jueza citó a responsables de 19 panaderías de la capital -Se investiga empleo de Bromato de Potasio, una sustancia prohibida. 

En: El Observador. 20 feb. 2004. 

26 Un año después de la harina contaminada con FOSARIUM - El bromato nuestro de cada día. En: El País. 6 mar.2004. 




Hospital de Clínicas. 


© Andrés Cribari 


tal” en la que los más pobres “continuaron 
consumiendo en tanto no tuvieran (a pos- 
teriori) evidencias inmediatas de un daño a 
su salud”. Empero, los daños y riesgos po¬ 
tenciales en el consumo de alimentos ela¬ 
borados sin los controles bromatológicos 
correspondientes, son inestimables. 


La venta de carne, chacinados y embu¬ 
tidos “clandestinos”, la comercialización 
de miel adulterada, la proliferación de be¬ 
bidas tipo cola sin habilitar, son algunos 
ejemplos, de las violaciones a la seguridad 
alimentaria que se hicieron evidentes en el 
año que pasó 27 . 


52 


27 IMM procura incautar equipamientos de las fábricas ilegales de alimentos. En: La República. 25 mar. 2004. 


















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Caso Maykol Cardozo 

¿Sólo falta de recursos? 


El adolescente Maykol Cardozo falleció 
el 8 de noviembre de 2003 en el Hospital 
Maciel. Había recorrido durante varios 
días, diversos centros asistenciales de Sa¬ 
lud Pública, mientras su salud se agravaba 
cada vez más. Su situación clínica cuando 
ingresó al Hospital Maciel -según el infor¬ 
me de la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (ASSE)-, era de un 
fallo multisistémico grave. 

La bacteriología que se le realizó reveló 
un estafilococo meticilino resistente, que 
según posteriores comunicados del Minis¬ 
terio de Salud Pública (MSP), es sensible al 
antibiótico suministrado adecuadamente. 

Mientras la denuncia judicial por mala 
praxis iniciada por su madre, Deivi Cardo¬ 
zo, sigue su curso entendemos pertinente 
exponer una síntesis de los hechos más 
relevantes, y también del resultado de la 
investigación administrativa realizada por 
ASSE a solicitud de la señora Cardozo, y 
canalizada a través de la Asociación de 
Usuarios del Sistema de Salud (ADUSS). 

Los hechos y el resultado de la 
investigación realizada por ASSE 
a solicitud de ADUSS 

Maykol concurre el 3 de noviembre a 
la Policlínica de la Intendencia Municipal 
de Montevideo Parque Bellán. Dos pro¬ 
fesionales médicos están en la asistencia. 
Una de las doctoras admite no haber pres¬ 
tado asistencia ya que no era un caso de 


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urgencia. La otra médica asiste al paciente 
en forma correcta e instruye a la madre. 

En definitiva ASSE advierte: “incum¬ 
plimiento a la normativa vigente en lo que 
hace a una omisión en cuanto a la no confec¬ 
ción de la historia clínica (Decreto 258192 
y 202 del Marco Regulatorio)”. Pero no 
señala incumplimiento respecto a la asis¬ 
tencia prestada por las dos profesionales 
médicas. 

Maykol y su madre concurren a la 
Emergencia del Hospital de Clínicas el 5 
de Noviembre de 2003. 

En la ficha que se llena a su ingreso, 
llama la atención -según copia que obtu¬ 
vo Serpaj- cómo algunos datos personales, 
que pueden llegar a ser muy importantes, 
se ingresan erróneamente: concretamente 
el sexo (se coloca ‘sexo femenino’) y el do¬ 
micilio (se inscribe un número de puerta 
de cinco dígitos cuando corresponde uno 
de cuatro). 

Del Clínicas es derivado al Instituto 
de Traumatología donde recibe atención 
orientada exclusivamente al traumatismo 5 : 
del miembro inferior. Consta en la histo¬ 
ria clínica, pero ésta no tiene firma. El Ins¬ 
tituto informa quiénes estaban de guardia 
el 5 de noviembre y los médicos admiten 
haber estado ese día, pero informan por 
escrito no estar en condiciones de reali¬ 
zar un informe médico atento al tiempo 
transcurrido y al alto número de consultas 
realizadas en la emergencia. 

Interrogados sobre los hechos, ninguno 





de los profesionales identifica como propia 
la letra de la historia clínica de Maykol. 

En definitiva: “De la actuación del 
Instituto de Traumatología se destaca que 
la historia clínica no fue suscrita por el o 
los profesionales actuantes. Esto constituye 
una irregularidad administrativa relevan¬ 
te... En este sentido se entiende que corres¬ 
ponde, llevar adelante una investigación 
administrativa que permita determinar 
quién o quiénes fueron los profesionales que 
asistieron a MC, quién escribió la historia 
clínica, así como las eventuales responsabi¬ 
lidades en el caso por las omisiones admi¬ 
nistrativas detectadas”. 

Impericia 

También se realizaron varias consultas 
telefónicas al Servicio de Salud de Asisten¬ 
cia Externa (SSAE), evacuadas por esa vía 
sin envío de un médico. En este caso no se 
cuenta con registro de audio, ni medio in¬ 
formático, ni formato escrito “lo que hace 
imposible analizar la pertinencia de la con¬ 
ducta recomendada”, dice el informe de la 
investigación. 

Las emergencias no están obligadas a 
llevar un archivo de las consultas que se 
les realizan. Entonces, se concluye que “no 
existe en el hecho una omisión administrati¬ 
va registrable”. Y se recomienda iniciar el 
empleo de archivos para registrar las aten¬ 
ciones solicitadas. 

Luego de ser atendido en el Instituto 
ingresa de nuevo a la Emergencia del Hos¬ 
pital del Clínicas. Según ASSE, surgen 
“aspectos contradictorios” con relación a los 
profesionales actuantes en ese momento, 
de acuerdo a las notas y declaraciones de 
la madre, la historia clínica, informes y de¬ 
claraciones de los profesionales. 

En la investigación se toma en cuenta 


la actitud de la madre y “se descarta que 
su relato en el interrogatorio no hubiera per¬ 
mitido a los médicos conocer aspectos pato¬ 
lógicos relevantes para el caso. Asimismo, la 
actitud diligente y aplicada al cuidado de su 
hijo aleja, y prácticamente descarta, que pu¬ 
diera negar u ocultar hechos... ” 

En cuanto a los médicos actuantes - 
uno de ellos en calidad de docente, según 
el informe- se señala: “ostentan en su for¬ 
mación canicular un nivel de conocimientos 
que supera la media médica habitual. En 
este aspecto debe considerarse especialmente 
que contaban en el centro asistencial con to¬ 
dos los medios a su alcance, así como otras 
jerarquías científicas para emitir intercon¬ 
sultas (grado 3 de guardia)”. 

Según el informe, tanto un médico 
como otro declaran que interrogaron al 
paciente y le destinaron el tiempo nece¬ 
sario; pero en las conclusiones de ASSE se 
descarta que la cadena interrogatorio-tras- 
misión se hubiera interrumpido o defor¬ 
mado, por tanto: “Ambos profesionales no 
actuaron con la pericia media exigible que 
les hubiera permitido acceder a datos de vital 
importancia”. Y añade que las “contradic¬ 
ciones surgidas del actuar médico tanto en 
el interrogatorio como en el examen físico, 
reafirman el concepto de impericia ... ” 

Argumenta que “esta división coincide 
con el criterio sustentado a fs.307 de la in¬ 
vestigación administrativa del Hospital de 
Clínicas, en el sentido de que resulta alta¬ 
mente probable que los aspectos centrales de 
la historia clínica y el interrogatorio le fuera 
aportado por los médicos actuantes, lo que 
en el caso reforzaría el concepto de diligencia 
deficiente de los médicos actuantes” . 

Respecto al diagnóstico y al alta del pa¬ 
ciente, el informe concluye que: “la histo¬ 
ria clínica (...) no menciona ningún aspecto 
que permita orientarse al punto”. 





“Error diagnóstico inexcusable” 

En cuanto a los informes escritos pre¬ 
sentados por el practicante (que fue exo¬ 
nerado de responsabilidad en razón de su 
condición de estudiante) y uno de los mé¬ 
dicos actuantes, a ASSE le surgen algunas 
dudas. 

La investigación consideró “lo largo, 
minucioso y detallado ” de los informes, que 
fueron realizados luego de conocido el 
desenlace final, transcurrido cierto tiem¬ 
po; consideró el volumen de pacientes que 
cada uno de los médicos reconoce asistir 
en cada guardia. 

Así, concluyó que sobre tales infor¬ 
mes, “existe una duda razonable en rela¬ 
ción a su contenido ”. “También existe una 
duda razonable en relación a quién otorgó 
el alta al paciente, aspecto no menor... ”. La 
madre de Maykol sostiene que lo hizo 
una persona de sexo femenino, mientras 
que el doctor actuante dice haberlo he¬ 
cho personalmente. También “llama la 
atención que al momento del alta el pa¬ 
ciente requirió un certificado médico, el 
cual está suscrito por un profesional que no 
es el doctor xx”. 

Según la investigación de ASSE, “nos 
encontramos con una historia clínica pobre 
e incompleta (donde se destacan omisiones, 
defectos y falta de anotaciones asistenciales), 
y que siendo el documento más idóneo para 
evaluar la asistencia médica cuestionada y 
denunciada en el caso, la misma trasunta un 
claro descuido y omisión. Los mismos actuan¬ 
tes que suscribieron con su firma la misma, 


son responsables de su correcto llenado, por lo 
tanto existe en el caso una clara negligencia 
de los participantes al respecto. 

En suma: “surge que los médicos no ac¬ 
tuaron con la diligencia médica exigible, 
siendo responsables de un error diagnóstico 
inexcusable ... ” 

Empero, ASSE sostiene qu e“el error 
diagnóstico de los médicos antes mencionado, 
no tiene vinculación directa con el desenlace 
final del paciente, en virtud de que el agente 
causal identificado no estaba al alcance del 
conocimiento médico medio... ” 

“En suma, la asistencia médica brindada 
configura a priori a juicio de esta División, 
aspectos de impericia y negligencia, sin que el 
desenlace final sea una agravante de ésta. ” 

Como conclusión final respecto a las 
carencias de infraestructura de planta fí¬ 
sica y organización del servicio de emer¬ 
gencia del Hospital de Clínicas, el informe 
de ASSE transcribe las conclusiones de la 
Comisión Investigadora del referido cen¬ 
tro de Salud Pública: “...necesariamente se 
deberá comenzar a recorrer un camino que 
nos dirija a una mejora sustancial y pro¬ 
funda del Departamento de Emergencia del 
Hospital de Clínicas. De otro modo no será 
posible garantizar que no se produzcan he¬ 
chos tan lamentables como éste”. 

Finalmente ordena el envío de las ac¬ 
tuaciones a la Comisión Honoraria de 
Salud Pública -conforme al artículo 26 de 
la Ley 9.202- y solicita una consulta a la 
División Jurídico Notarial para saber si 
corresponde dar cuenta de la investigación 
y sus resultados al Juzgado Penal. 










Soy Maykol, tengo 15 años.* 

Hoy hace 6 meses que fallecí. 


Seis días antes mi mamá me desinfectó 
una picadura sin importancia en mi brazo 
derecho. 

A la mañana siguiente fuimos a la Policlí¬ 
nica Entre Vecinos porque mi brazo estaba 
hinchado y tenía fiebre: no me atendieron; 
no había médico. 

Fuimos a la Policlínica Parque Bellán: no me 
atendieron; hicimos 4 horas de cola pero 
los números se acabaron con la persona 
que estaba justo delante de mí. 

Volvimos de tarde: un analgésico, un anti¬ 
biótico y hielo. 

A las 24 horas comencé con vómitos y dolor 
en mi pierna derecha. Me ahogaba al respi¬ 
rar y tenía manchas rojas en mi espalda. 
Llamamos pidiendo ambulancia del Minis¬ 
terio de Salud Pública: me la negaron. 

Nos diagnosticaron por teléfono: reacción 
alérgica al antibiótico. 

Fuimos al Hospital de Clínicas. 

La fiebre subió a 40° C, mi cuerpo se llenó 
de manchas rojas, mi brazo seguía infecta¬ 
do, el dolor en mi pierna era insoportable, 
tuve convulsiones. Mi madre corría inten¬ 
tando conseguir un médico que me exami¬ 
nara, obteniendo únicamente más recetas 
para analgésicos y antialérgicos. 

Me dieron el alta. 

Al día siguiente insistimos con el M.S.P. y 
ellos insistieron con los analgésicos y antia¬ 
lérgicos. 

De madrugada ya fue tarde... tuve vómitos 
de materia negra que denotaban la infec¬ 
ción generalizada. 

Quedé paralizado, hice un paro respirato¬ 
rio y me internaron en el C.T.I. del Hospital 
Maciel. 

El cóctel de antibióticos llegó tarde. 


¿Mala praxis y negligencia? 

Tuve mil proyectos: fui muy estudioso por¬ 
que quería ser abogado. Fui deportista por¬ 
que soñé con representar a mi país en un 
mundial de fútbol. 

Amaba a mi familia, amaba a mis amigos 
y sobre todas las cosas era muy feliz. 

Quienes extrañamos a Maykol pedimos 
justicia: una investigación justa, objetiva y 
responsable. 

El Hospital de Clínicas "perdió" la historia 
clínica... 

Emergencia del M.S.P "perdió" el registro de 
llamadas en solicitud de asistencia... 

Ayúdanos a exigir justicia retransmitiendo 
este mail en señal de apoyo a todos tus con¬ 
tactos nacionales o en el extranjero y a 

ministro@msp.gub.uy 

subsecretario@msp.gub.uy 

Ayúdanos a no dejar que el sistema y los 
médicos sin vocación maten a nuestros 
hijos. 

SI ESTUVISTE EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2003 
EN LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE CLI¬ 
NICAS, O SABES DE ALGUIEN QUE HAYA ES¬ 
TADO POR FAVOR COMUNICATE CONMIGO 
PORQUE NECESITO TU AYUDA. 

Deyvi Rut Cardozo 
devi_dge@hotmail.com 

* Hemos decidido incorporar el contenido 
del mail que ha hecho circular la madre de 
Maykol como testimonio de vida y de lucha 
por sus derechos, que nos convoca a la re¬ 
flexión. 




© Andrés Cribari 

Niños contaminados* 


En julio de este año fueron realojadas 
las familias que vivían en el asentamiento 
Rodolfo Rincón. Estaban contaminadas 
por plomo, y los niños son los más vul¬ 
nerables por esa causa. El realojamiento, 
positivo en sí mismo, merece ser mirado 
en perspectiva, repasando el proceso y te¬ 
niendo en cuenta que aún continúan sin 
solución muchos otros casos. 

El primer caso de contaminación por 
plomo en la zona de La Teja (Montevideo), 
se diagnosticó en el segundo semestre del 
año 2000 cuando a Joaquín, un niño de 
nueve años, se le realizó una plombemia 
(análisis de cantidad de plomo en san¬ 


gre). Presentaba síntomas que podían ser 
producto de una contaminación por plo¬ 
mo, pues no se encontraban otras causas 
posibles a sus problemas de salud. Varios 
fueron los casos diagnosticados luego, en 
2001, en la zona 14 de Montevideo * 1 y en 57 
la ciudad de Canelones. Tal circunstancia 
determinó que, en abril el Hospital Perei- 
ra Rossell abriera una policlínica especial 
para atender a niños menores de 14 años 
con niveles de 20 o más microgramos de 
plomo por decilitro de sangre que no tu¬ 
vieran cobertura médica pública o priva¬ 
da: “la policlínica del plomo”. 

Uruguay considera aceptable una can- 


* Autor: Equipo de investigación del proyecto: Reconfiguración de espacios organizativos y participación ciudadana CSIC - Udelar 

1 Barrios La Teja, Tres Ombúes, Pueblo Victoria, Nuevo París, Belvedere. 




rielad menor a diez microgramos de plomo 
por decilitro de sangre en los niños, pero 
en algunos países desarrollados no puede 
llegar a siete microgramos por decilitro de 
sangre. 

Durante 2001 se realizaron mediciones 
en asentamientos, terrenos y escuelas del 
zonal 14 y se encontró un grado impor¬ 
tante de contaminación en varios lugares. 
El valor considerado aceptable en terrenos 
a escala internacional es de 140 micro- 
gramos de plomo por kilo de suelo. En el 
asentamiento de INLASA, ubicado -en La 
Teja sur- en los terrenos y construcciones 
de la ex metalúrgica Industria Laminada 
SA, los valores oscilaron entre 1.000 y 
3.000 microgramos por kilo de suelo. 

En el asentamiento Rodolfo Rincón 
-en La Teja norte- los valores oscilaron 
entre 800 y 1000 microgramos por kilo 
de suelo. También se encontraron escuelas 
cuyos suelos presentaban hasta 290 micro- 
gramos de plomo. 

Los vecinos de la zona afectada se mo¬ 
vilizaron formando comisiones a fin de 
exigir al Estado soluciones para las familias 
con niños contaminados y la necesidad de 


abandonar los terrenos contaminados. 

Así se iniciaron juicios contra la Admi¬ 
nistración Nacional de Combustibles, Al¬ 
cohol y Pórtland (Ancap); el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Me¬ 
dio Ambiente (Mvotma) y la Intendencia 
Municipal de Montevideo (IMM); consi¬ 
derados por los vecinos como responsables 
de la contaminación. 

Una pieza fundamental en el proceso 
de soluciones para esta problemática fue 
el entonces fiscal de Corte, Dr. Oscar Peri 
Valdez, quien realizó la mediación entre 
las comisiones barriales y el Estado. Se 
conformó entonces un grupo de trabajo 
integrado por ocho vecinos, asesores del 
fiscal de Corte, docentes y estudiantes de 
la Facultad de Ciencias. 

Peri se convirtió en representante de los 
vecinos en la Comisión Interinstitucional 
integrada por delegados del Mvotma, del 
Ministerio de Salud Pública (MSP), de la 
IMM y de Ancap. 

La intermediación del fiscal de Corte 
logró que el Ministerio de Defensa a través 
de la Brigada de Ingenieros N°1 del Ejér¬ 
cito Nacional, en conjunto con la IMM, 


Datos ambientales 

Los alimentos, el aire, el agua y el suelo/polvo son las principales vías potenciales de exposición 
a este metal. 

Los niveles de plomo presentes en el ambiente varían ampliamente en el mundo y dependen 
del grado de desarrollo industrial y urbanización. 

Las áreas de mayor contaminación son en general peri-industriales y/o de alta densidad del 
tránsito automotor cuando se utiliza nafta con plomo. 

Las construcciones antiguas contribuyen a la contaminación cuando tienen cañerías de agua 
plomadas y/o pinturas con alto contenido de plomo. 

Las principales vías de ingreso son la respiratoria y la ingestión. 

Los niños son especialmente vulnerables porque sus organismos absorben mayor cantidad 
de plomo, están en etapa de desarrollo neurológico, tienen menor capacidad de almacena¬ 
miento y están en mayor contacto con el suelo y el polvo. 



Niveles en Sangre 

Los niveles de plomo en sangre se utilizan 
para conocer la dosis absorbida. 

Si bien el plomo no es necesario para el or¬ 
ganismo humano, la mayoría de la pobla¬ 
ción tiene cierto grado de contaminación. 
Estudios internacionales permiten esta¬ 
blecer Niveles Admisibles por debajo de 
los cuales no cabe esperar efecto tóxico. 
En los niños se admiten valores de hasta 
10 mcg% (microgramos por decilitro de 
sangre) y en adultos de hasta 25 mcg%. 


el Ministerio de Transporte y Obras Pú¬ 
blicas (MTOP) y los vecinos, limpiaran la 
cañada Victoria en todo su trayecto y el 
colector Alaska. El Ejército a su vez realizó 
trabajos de hormigonado en tres escuelas 
de la zona donde se había detectado con¬ 
taminación de suelos. 

La IMM y el Mvotma acordaron realo¬ 
jar a las familias cuyos niños tuviesen alto 
grado de contaminación, porque sanita¬ 
riamente no es suficiente la atención y tra¬ 
tamiento: deben ser alejados de la fuente 
de contaminación. Pero los traslados su¬ 
frieron varios aplazamientos y los plazos 
prometidos no se cumplieron: uno de los 
terrenos comprados por la IMM para que 
el Mvotma construyera casas resultó estar 
contaminado. Así, los realojos se produ¬ 
jeron a través de un programa ministerial 
por el cual el Estado alquila viviendas para 
las familias afectadas. 

En febrero de 2002 tres trabajadores de 
la fábrica de baterías Radesca, ubicada en 
el barrio Peñarol (Montevideo), fueron in¬ 
ternados en el sanatorio del Banco de Se¬ 
guros del Estado al detectarse que su san¬ 


Efectos Tóxicos 

Entre 10 y 19 mcg%, algunas investiga¬ 
ciones muestran una disminución del 
desarrollo intelectual con mayor inciden¬ 
cia de trastornos del comportamiento y 
del aprendizaje en el niño. Entre 20 y 44 
mcg% pueden aparecer trastornos bioquí¬ 
micos (sin síntomas) y alteraciones neuro- 
comportamentales. Los primeros efectos 
tóxicos detectables clínicamente (sínto¬ 
mas) se observan con valores mayores a 
45 mcg%. Las intoxicaciones severas ocu¬ 
rren con valores mayores a 70 mcg%. 


gre contenía entre 50 y 76 microgramos 
de plomo por decilitro de sangre, cuando 
lo aceptable para los adultos es hasta 25 
microgramos. 

Entre 2001 y 2002 varios fueron los 
casos de contaminación con plomo de¬ 
nunciados en otros barrios de la capital 
e interior del país. Por ello, los afectados 
conformaron el Movimiento Nacional por 
la Vida y contra la Contaminación con 
Plomo: vecinos de La Teja, La Blanquea¬ 
da, Peñarol, Colón, Camino Maldonado, 
Aduana, Malvín, Belvedere, Paso Molino, 
Rodolfo Rincón, Nuevo París; de los de¬ 
partamentos de Canelones, Soriano, Co¬ 
lonia; obreros y jubilados de Radesca y del 
sindicato de metalúrgicos. 

Una causa importante de la contami¬ 
nación con plomo en el país se le adjudica 
a Ancap, por la utilización del tetraetilo 
de plomo como antidetonante en la nafta 
súper. 

La empresa estatal se había comprome¬ 
tido a dejar de producir nafta con plomo 
antes de 2004. En noviembre de 2003 
cumplió: sustituyó el tetraetilo de plomo 




Tratamiento 


El tratamiento con antídotos quelantes, se plantea a partir de valores superiores a 25 mcg% 
cuando este valor se asocia con alteraciones bioquímicas o clínicas. 

El tratamiento antidótico puede movilizar en forma masiva el plomo, de los sitios de reserva 
hacia el sistema nervioso, y ocasionar mayor daño. Tiene además efectos colaterales, por eso 
cada decisión terapéutica debe ser estrictamente evaluada. 


por el Metil Terbutil Eter (MTBE). Pero 
fue una buena noticia que duró poco 
tiempo: se denunció que el MTBE es un 
peligroso contaminante químico, prohibi¬ 
do en varios países por cancerígeno. 

El sábado 3 de julio de 2004 se produ¬ 
jo un hecho de importancia significativa 
para las familias afectadas por la contami¬ 
nación con plomo: el Mvotma y la IMM 
inauguraron un complejo habitacional de 
92 viviendas en las calles Ariel y Confe¬ 
derada (zona 13 de Montevideo), para 
familias con niños que presentaban altos 
grados de contaminación. Procedían fun¬ 
damentalmente del asentamiento Rodolfo 
Rincón, aunque también de otras partes 
de Montevideo. 

Las viviendas (denominadas Núcleos 
Básicos Evolutivos) tienen un ambiente que 
funciona como sala y cocina, un dormitorio 
y un baño. Cuentan con jardín, patio y espa¬ 
cio para construir dos habitaciones más. 

El Mvotma se comprometió a brindar 
asesoramiento técnico y, a las familias más 
numerosas, bloques, arena, portland, ti¬ 
rantes y chapas para la construcción. 

Cada familia debió entregar, como 
pago inicial, cinco unidades reajustables 
(UR) 2 . Luego, una cuota mensual de una 
UR 3 durante cinco años. 


En caso de no poder pagar con dinero 
-verificación mediante- los beneficiarios 
pueden saldar la cuenta con trabajo co¬ 
munitario. 

El complejo cuenta con un dúplex 
destinado a un consultorio del MSP para 
atención por contaminación con plomo. 

El barrio lleva el nombre de Carlos 
Pilo. Los vecinos reconocieron así, el día 
de la inauguración, el trabajo realizado 
por ese hombre -militante y vocero de 
las familias afectadas- durante casi cuatro 
años, desde que se descubrió el primer 
caso de contaminación con plomo en La 
Teja. La Comisión del Premio Ambiental 
de Montevideo también distinguió a Pilo 
y a la Comisión Vive sin Plomo. 

Dos días después de la inauguración 
del complejo y luego que los vecinos se 
mudaran, sus antiguas casas del asenta¬ 
miento Rodolfo Rincón fueron destruidas 
por el Estado, que también se hizo cargo 
de limpiar el terreno a fin de que nadie 
más pueda vivir en ese lugar. 

Si bien con esa inauguración se alcanzó 
un logro importante por el cual los vecinos 
lucharon durante varios años, todavía les 
queda mucho por hacer: el asentamiento 
de INLASA aún se encuentra en territorio 
altamente contaminado. 4 


2 Unos 1.185 pesos uruguayos (41 dólares), en julio de 2004. 

3 Julio de 2004:237 pesos uruguayos (8 dólares). Noviembre de 2004:245 pesos uruguayos (9 dólares). 

4 Fuentes: Periódico zonal El Tejano (2000/ 2004) y entrevistas a protagonistas en el marco de la investigación "Reconfiguración 
de espacios organizativos y participación ciudadana” CSIC, Universidad de ia República. 








Medidas Preventivas 

Para controlar la contaminación es necesario conocer cuál es su origen, identificar la o las fuen¬ 
tes y actuar sobre ellas. 

Podemos contribuir a controlar la contaminación en el hogar mediante las siguientes medidas: 
Realizar la limpieza con paños húmedos o agua, evitando levantar polvo. 

Frecuente lavado de manos. Siempre antes de ingerir alimentos. 

Lavado frecuente de juguetes infantiles, sobre todo aquellos que se llevan directamente a la 
boca. 

Estar atento y evitar que el niño se lleve a la boca restos de pinturas descascaradas. 

No utilizar agua caliente directamente de la canilla para beber o cocinar. 

Lavado de frutas y verduras crudas. 

Dieta con aporte de hierro y calcio. 


© Andrés Criban 


Fuente: Departamento deToxicología de la Facultad de Medicina y Centro de Información y AsesoramientoToxicológico. 






Transgénicos 

Nuestra soberanía alimentaria en riesgo 


Con la liberación para su siembra de la 
soja transgénica RR y posteriormente de 
los eventos de maíz (Mon 810 y Bt 11) se 
pone en riesgo aún más, la soberanía ali¬ 
mentaria y se echa por tierra los esfuerzos 
por posicionar al país en el mercado in¬ 
ternacional como país natural, justamente 
bajo el eslogan: “Uruguay Natural”. 1 

A partir de la liberación de los cultivos 
transgénicos, surgen planteos de oposi¬ 
ción desde diversos ámbitos de la socie¬ 
dad: optar por el uso o no de los cultivos 
transgénicos en el Uruguay es estratégica¬ 
mente vital para un país que tiene al sector 
agropecuario como uno de los principales 
soportes de su economía. 

En nuestro país como en toda la región 
del cono sur latinoamericano, se está afec¬ 
tando la soberanía alimentaria, o sea el de¬ 
recho de cada pueblo a definir sus propias 
políticas agrarias, decidiendo en forma 
soberana: qué, para qué, cuándo y cómo 
producir. 

Tierras uruguayas, 
extensas y fértiles 

En los últimos 30 años ha desaparecido 
casi la mitad de los productores familiares 
uruguayos. Algunos se han transformado 
en asalariados rurales, otros han emigrado 
hacia las ciudades 2 , con la consiguiente 
concentración en la propiedad de la tierra. 


En 1970 había 77.163 explotaciones 
rurales que en 2000 descendieron a 57.131. 
Su tamaño aumentó debido al avance de la 
forestación y de la soja con más de 650 mil 
hectáreas y 280 mil respectivamente. Esas 
tierras, en su mayoría están en manos de 
extranjeros, que las arriendan o las com¬ 
pran beneficiados por la ley de sociedades 
anónimas. 

La decisión de esta apertura indiscri¬ 
minada a la utilización de transgénicos es 
además, una demostración más de la au¬ 
sencia de políticas que favorezcan la ins¬ 
trumentación de una política comercial 
coherente para el sector agroexportador. 

El Uruguay es un país que cuenta con 
un gran potencial económico, basado en 
los 16 millones de hectáreas de tierra fér¬ 
til, uno de los niveles más altos por habi¬ 
tante en el mundo, aumentado esto por 
los valores agroecológicos que aún se con¬ 
servan en nuestros ecosistemas. Es decir, 
que cuenta con enormes ventajas para po- 
sicionarse como destacado productor de 
alimentos de calidad sanos y abundantes, 
para nuestros ciudadanos y los de países 
importadores. 

Para dar un marco adecuado a las po¬ 
sibilidades potenciales del país se legisló, 
en el año 2000 (Ley N° 17.283), sobre la 
Protección del Medio Ambiente. Entre los 
aspectos salientes de esa normativa, en su 
Artículo 6, inciso a), señala: 


1 Autor: Leonardo de León. Rel-UITA. 

2 PIÑEIRO, D. Detrás de los números. En: semanario Brecha 17/09/03. 



“La distinción de la República en el con¬ 
texto de las naciones como “País Natural”, 
desde una perspectiva económica, cultural y 
social del desarrollo sostenible”. Aspecto que 
se complementa con el inciso b) de ese 
mismo artículo: 

“La prevención y previsión son criterios 
prioritarios frente a cualquier otro en la ges¬ 
tión ambiental y, cuando hubiere peligro de 
daño grave o irreversible, no podrá alegarse 
la falta de certeza técnica o científica abso¬ 
luta como razón para no adoptar medidas 
preventivas”. 

Por otro lado, organismos como “Uru¬ 
guay XXI”, Ministerio de Turismo, Institu¬ 
to Nacional de Carnes (INAC), además de 
distintas empresas del sector agropecuario 
(por ejemplo: frigoríficos PUL y Tacuar¬ 
embó), intentan desarrollar sus productos 
bajo el estatus de “Uruguay Natural”. 

Un comunicado internacional del Ins¬ 
tituto Nacional de Carnes titulado: “La 
carne uruguaya proviene de animales que no 
consumen organismos genéticamente modi¬ 
ficados”, trata de demostrar que nuestros 
ganados consumen pasto y que no hay 
especies forrajeras transgénicas en el país, 
cosa que es cierta. En realidad el comuni¬ 
cado está reafirmando que no es indiferen¬ 
te el tema de los transgénicos al mercado 
mundial de la carne y hay que salir a hacer 
propaganda de nuestra condición de car¬ 
nes naturales. 

Sumado a esta propuesta comercial, en 
el año 2000, Uruguay fue calificado como 
el sexto país más natural del mundo en el 
ranking de Sustentabilidad Ambiental del 
World Economic Forum. 

Como ya señalamos, optar por el uso o 
no de los cultivos transgénicos en el Uru¬ 
guay es estratégicamente vital para un país 
que tiene al sector agropecuario como uno 


de los principales soportes de su econo¬ 
mía. Pero no lo han interpretado así, quie¬ 
nes introdujeron y comprometieron al 
Uruguay en este tema, ya que el mismo no 
ha sido discutido para tomar una decisión 
por parte de la sociedad civil: las gremiales 
de productores, las organizaciones de con¬ 
sumidores, la Universidad, las organiza¬ 
ciones no gubernamentales. Tampoco fue 
discutido ampliamente por el Parlamento 
Nacional. Ahora, después de la insistencia 
de varias organizaciones civiles, y cuan¬ 
do en la zafra 2003/2004 el área de soja 
resistente a glifosato alcanzó las 260.000 
hectáreas y las 1.200 de maíz Bt, el país 
comienza a vislumbrar esta situación. 

La comunidad científica, a través de 
la Facultad de Agronomía ha cuestionado 
fuertemente la autorización del maíz trans- 
génico Bt Mon 810. También los sectores 
productivos uruguayos han marcado una 
posición contraria al uso de los transgéni¬ 
cos en general; y el rechazo ha sido mayor 
para el caso del evento Mon810. Así lo de¬ 
muestran las posiciones tomadas por algu¬ 
nas de sus gremiales, como por ejemplo: 
Federación Rural (FR), Comisión Na¬ 
cional de Fomento Rural (CNFR), Aso¬ 
ciación de Cultivadores de Arroz (ACA), 
Movimiento Agropecuario del Uruguay 
(MADUR), y la Asociación de Produc¬ 
tores Orgánicos del Uruguay (APODU); 
También se han hecho públicas las posi¬ 
ciones de connotados dirigentes de la Aso¬ 
ciación Rural (ARU). 

Algunas reflexiones 

El uso de cultivos transgénicos en 
nuestro país será el golpe de gracia para el 
sector agropecuario que enfrenta una cri¬ 
sis inédita que abarca a la mayoría de los 
productores. 


64 


Esa tecnología agudizará las adversida¬ 
des para los pequeños y medianos produc¬ 
tores; profundizará el proceso de concen¬ 
tración y tenencia de la tierra, ya que es 
una tecnología que requiere de escala, lo 
que está pasando en Argentina lo demues¬ 
tra; generará una dependencia mayor con 
las transnacionales; perderemos un sitial 
donde la calidad nos caracteriza, y con ello 
limitaremos nuestra actividad comercial. 

La Unión Europea ve con buenos ojos 
la opción que ha tomado Uruguay por lo 
natural, y así lo expresaron recientemente 
alguno de sus representantes: “El Uruguay 
maneja una política de identificación y co¬ 
mercialización innovadora, agresiva tratan¬ 
do de implantar la marca Uruguay (...) El 
país está tratando de implantar la marca 
Uruguay, Carne Natural y Carne Orgánica 
en los mercados internacionales”? 

Por lo tanto reafirmamos que el Uru¬ 
guay recién comienza a desarrollar una 
imagen de “País Natural”, una marca. 
Nada aporta la utilización de una tecnolo¬ 
gía como la de los transgénicos. Esta estra¬ 
tegia de país permitirá diferenciar nuestros 
productos, y posicionarnos como líderes 
en la producción de alimentos naturales y 
orgánicos. 

El sector agropecuario debe concebirse 
desde una perspectiva integradora, tenien¬ 
do en cuenta al menos tres dimensiones: 
ambiental, social y económica. De este 
modo, es posible visualizar en qué medi¬ 
da la expansión de un rubro productivo 
resultará positiva o negativa, no sólo con 


relación al impacto económico que provo¬ 
cará sobre el sector, sino también los efec¬ 
tos sociales y ambientales que generará. 
En algunos casos, la producción y el cre¬ 
cimiento económico se contradicen con el 
bienestar de la gente y la conservación de 
los recursos naturales. 

En consecuencia, según el modelo al 
que se apuesta, es legítimo dudar de la sus- 
tentabilidad del crecimiento del agro uru¬ 
guayo. La creciente concentración de los 
recursos y del capital, la continua pérdida 
de autonomía de los productores familia¬ 
res y la emigración rural, afectan negativa¬ 
mente la equidad social en el campo. 

Para plantear soluciones capaces de 
revertir esta situación es necesario reco¬ 
nocer que las principales demandas de los 
productores familiares -responsables de la 
mayor parte de la producción de alimen¬ 
tos- no apuntan a la difusión de las plantas 
transgénicas, sino que reclaman la imple- 
mentación de políticas agrarias que vayan 
más allá de lo productivo, adecuadas a sus 
necesidades y a las del resto de la ciuda¬ 
danía. 

Un último párrafo para diferenciar 
“crecimiento económico” de “desarrollo”. 
El aumento de las hectáreas sembradas 
de soja significa una expansión económi¬ 
ca que genera ganancias para unos pocos, 
que las trasladan al exterior. Simultánea¬ 
mente, la calidad de vida de los habitantes 
del interior del país -Nueva Palmira es un 
ejemplo- se deteriora aceleradamente y las 
zonas rurales se siguen despoblando. 


3 Embajadora Stella Zervoudaki, jefa de la Delegación de la Comisión Europea en Uruguay y Paraguay. En: diario El País (Uruguay) 
11 abr. 2003. 




© Artigas Pessio 


Nuevo marco jurídico a partir 
del plebiscito constitucional 


A través de los mecanismos de demo¬ 
cracia directa, organizaciones sociales nu- 
cleadas en la Comisión Nacional en De¬ 
fensa del Agua y de la Vida (CNDAV), 
respaldadas por el 64,6% de la ciudadanía, 
lograron incluir en la Constitución de Uru¬ 
guay la consideración del agua como un 
derecho humando fundamental, sentando 
las bases para que la gestión de los recur¬ 
sos hídricos sea pública y atienda criterios 
de participación social y sustentabilidad. 


Además de modificar sustancialmente la 
situación en Uruguay, este hecho marca 
un importante precedente internacional, 
por tratarse de una de las primeras expe¬ 
riencias de incluir un derecho ambiental 
en la constitución de un país a través de la 
democracia directa. 1 

El pasado 31 de octubre, junto a las 
elecciones nacionales, el pueblo urugua¬ 
yo respaldó una iniciativa de la CNDAV 
y modificó la Constitución: “El agua es 


1 Autor: Carlos Santos, de la ONG REDES-Amigos de la Tierra 



un recurso natural esencial para la vida. El 
acceso al agua potable y el acceso al sanea¬ 
miento, constituyen derechos humanos fun¬ 
damentales” , señala ahora el Artículo 47 de 
la Constitución, en la sección Derechos, 
deberes y garantías. 

Establece además, que esos servicios 
serán prestados “ exclusiva y directamente ” 
por el Estado, y que los criterios de ges¬ 
tión de los recursos hídricos deberán estar 
basados en la participación ciudadana y la 
sustentabilidad. 

El mecanismo de democracia directa 
fue puesto en marcha por la CNDAV. Esa 
comisión se conformó en 2002 como res¬ 
puesta a la firma de la Carta de Intención 
entre el Gobierno uruguayo y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) que com¬ 
prometía la extensión de la privatización 
de los servicios de agua potable y sanea¬ 
miento a todo el país. 

Esta privatización comenzó en el de¬ 
partamento de Maldonado, con la pre¬ 
sencia de la multinacional francesa Suez 
Lyonnese Des Aux en primer lugar; lue¬ 
go continuó con la española Aguas de 
Bilbao. 

Ai igual que en la mayoría de los ca¬ 
sos de privatización de agua registrados en 
el último año a lo largo del planeta, tales 
privatizaciones tuvieron consecuencias ne¬ 
gativas. 

Desde el punto de vista social, se ex¬ 
cluyó a amplios sectores del acceso al agua 
potable por no poder cubrir el costo de la 
conexión al servicio. Servicio que por otra 
parte se degradó considerablemente en su 
calidad, con respecto al que prestaba la 
empresa estatal. Tanto, que los organismos 
de contralor recomendaron que el agua no 
se consumiera directamente ya que no 
presentaba condiciones de potabilidad. 

Desde el punto de vista económi¬ 


co, el “negocio” fue pésimo para el Es¬ 
tado uruguayo. No sólo las empresas no 
cumplieron con los cronogramas de obras 
previstos en los contratos, sino que no 
hicieron efectivo el pago de los cánones 
previstos, acudiendo a una serie de recon¬ 
sideraciones contractuales con el Estado, 
que asumió las pérdidas ocasionadas en 
cada caso. 

Desde el punto de vista ambiental, la 

empresa Aguas de la Costa (subsidiaria de 
Suez) fue responsable de la desecación de 
la Laguna Blanca, la que utilizaba como 
fuente para la potabilización. Precisamen¬ 
te por esta causa, los vecinos del depar¬ 
tamento de Maldonado han iniciado un 
juicio por daño ambiental a la empresa. 

Resistiendo a la privatización 

Las reacciones a la privatización del 
agua fueron diferentes de acuerdo a las 
particularidades de cada uno de los lugares 
donde se ha aplicado en Uruguay. 

Los reclamos de la zona balnearia estu¬ 
vieron centrados en la calidad del agua y 
el precio de los servicios: “Agua Si, robo, 
No” es el lema de la Liga de Fomento de 
Manantiales, una de las organizaciones de 
vecinos de la zona. 

En las zonas carenciadas de Maldona¬ 
do la acción de las organizaciones barriales 
ha centrado su lucha en la defensa de las 
“canillas populares” (postes surtidores). 

Estas canillas fueron instaladas en dife¬ 
rentes zonas del país por la administración 
pública, para asegurar el abastecimiento 
de agua potable a las poblaciones que no 
tienen acceso al servicio. El costo de esta 
prestación así como su instalación corre 
por cuenta de la OSE (Obras Sanitarias del 
Estado, la empresa estatal encargada de la 
gestión del agua potable y el saneamiento). 


En las dos zonas concesionadas de 
Maldonado, las empresas privadas toma¬ 
ron como una de sus primeras acciones 
la eliminación de estas canillas popula¬ 
res, como estrategia de presión para lo¬ 
grar ampliar el número de conexiones a 
la red. 

En el caso de la zona de Manantiales, a 
pesar de que la empresa logró retirar las ca¬ 
nillas populares, los sectores de menos re¬ 
cursos continuaron fuera de la red de agua 
potable, debido al alto costo de conexión 
exigido por la concesionaria. 

Las soluciones de los habitantes de 
la zona han respondido a las diferencias 
socioeconómicas: algunos han excavado 
sus propios pozos semisurgentes, con 
cierto grado de inseguridad, ya que exis¬ 
te un vacío legal en cuanto al autoabas- 
tecimiento de agua en zonas en donde 
se haya concesionado a terceros el abas¬ 
tecimiento de agua; otros han optado 
por desarrollar sistema de recolección 
de aguas pluviales como único medio de 
abastecimiento. 

Esta última estrategia ha sido la adop¬ 
tada por un grupo de familias que ocupan 
terrenos ubicados a pocos metros de la 
zona turístico-residencial. 

Estas opciones han sido válidas por las 
características naturales del entorno, que 
permite este tipo de estrategias: los pre¬ 
dios cuentan con espacio suficiente para 
realización de pozos o para instalar estos 
drenajes pluviales. 

Las reacciones en la ciudad de Maldo¬ 
nado fueron diferentes. Si bien la conce¬ 
sionaria privada comenzó con la elimina¬ 
ción de las canillas populares en muchas 
de las denominadas zonas carenciadas, en 
algunas de ellas se le presentaron fuertes 
resistencias. 

En el barrio San Antonio III, en el 


momento de pasaje del servicio privado 
al público, la empresa anunció la elimi¬ 
nación de la canilla, y tuvo suspendido 
su funcionamiento por un día. Pero la 
comisión barrial de San Antonio, con 
cerca de diez años de trabajo comuni¬ 
tario, logró que las autoridades locales 
intercedieran ante el concesionario por 
el mantenimiento de la canilla que abas¬ 
tece al barrio, aún cuando el costo del 
servicio corre por cuenta de la propia 
municipalidad. 

Hacia una visión social del agua 

El trabajo de la CNDAV partió de una 
visión del agua opuesta a la visión que pro¬ 
mueven las multinacionales. Enfrentada a 
la visión mercantilista del agua, la reforma 
constitucional promueve la consideración 
del agua como un bien común y su acceso 
como un derecho humano. 

El sistema electoral uruguayo prevé que 
una reforma constitucional de iniciativa 
ciudadana deba contar con el apoyo del 
10 % del electorado para ser elevada luego 
a la consideración de toda la ciudadanía, 
en conjunto con las elecciones nacionales 
(legislativas y presidenciales). 

En Uruguay, los plebiscitos han sido el 
mecanismo tradicional de los movimien¬ 
tos populares para resistir primero al auto¬ 
ritarismo de la dictadura militar y luego a 
las “reformas” privatizadoras de los gobier¬ 
nos neoliberales. 

En octubre de 2003, un año después 
de conformada, la CNDAV presentó 
ante el Parlamento las 283 mil firmas ne¬ 
cesarias para la realización del plebiscito 
de reforma constitucional, poniendo en 
marcha el mecanismo de plebiscito que 
se realizó un año después junto a las elec¬ 
ciones nacionales. 



El agua contra todo 

La resultado del plebiscito del agua el 
pasado 31 de octubre fue una verdadera 
victoria social. La CNDAV constituye un 
amplio abanico de organizaciones socia¬ 
les y políticas enfrentadas a la concepción 
mercantilista del agua. 

Entre sus fundadores se cuentan orga¬ 
nizaciones como la Comisión de Defensa 
del Agua y Saneamiento de Costa de Oro 
y Pando, la Federación de Funcionarios 
de OSE, REDES-AT (Red de Ecología 
Social, Amigos de la Tierra, Uruguay) y 
el Programa Uruguay Sustentable. Luego 
de conformada se amplió, incluyendo a la 
coalición de izquierda (el Frente Amplio, 
ganador de las elecciones realizadas el mis¬ 


mo 31 de octubre) y a uno de los sectores 
mayoritarios del Partido Nacional. 

Sin embargo, a pesar de este respaldo 
político, el tema del plebiscito por el agua 
fue secundario en la agenda política y me¬ 
diática. A esto se agregó que tanto las em¬ 
presas privatizadoras, como las empresas 
de agua de otros sectores (por ejemplo, las 
embotelladoras) así como sectores empre¬ 
sariales conservadores (latifundistas, fores¬ 
tales, arroceros) realizaron un fuerte lobby 
político y mediático contra la reforma. 

En los meses previos a la campaña, el 
FMI polemizó públicamente con la CN¬ 
DAV. El organismo internacional negó 
que “impusiera” condiciones al Gobier¬ 
no uruguayo y rechazó la responsabilidad 
atribuida por la CNDAV al contenido de 









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© Artigas Pessio 


la Carta Intención de 2002. 

Los intereses de las multinacionales de 
agua instaladas en el país están afectados 
además por la disposición especial Z” esta¬ 
blecida en el texto de la reforma, según la 
cual: “la reparación que correspondiere, por 
la entrada en vigencia de ésta reforma, no 
generará indemnización por lucro cesante, 
reembolsándose únicamente las inversiones 
no amortizadas 

Esto, en opinión de la CNDAV, elimina 
la posibilidad de que las empresas recurran 
al mecanismo de apelación a Tribunales Ar¬ 
bitrales internacionales -generalmente en 
la órbita de la Organización Mundial del 
Comercio-, para demandar al Estado uru¬ 
guayo por el “lucro cesante” afectado. 

El trabajo que permitió el triunfo de la 


propuesta de reforma constitucional estu¬ 
vo basado en un trabajo social de base, que 
logro transmitir el espíritu y el contenido 
del articulado. 

El auspicioso resultado del plebiscito 
abre las puertas para la elaboración de una 

política de aguas que parta de una visión _ 

de este recurso como bien común, y lo 69 
gestione públicamente, en base a criterios 
de participación social y sustentabilidad. 

Ai mismo tiempo, la reforma implica 
un antecedente internacional -hasta aho¬ 
ra inédito- en la defensa del agua a través 
de una norma constitucional, asegurando 
además la consideración de los recursos 
hídricos como un derecho humano funda¬ 
mental, su gestión pública y participativa, 
desde la perspectiva de la sustentabilidad. 


70 



Organizaciones que integran la Comisión Nacional 
en Defensa del Agua y de la Vida 


Asociación de Remitentes 

Casa Bertolt Brecht 

Centro de Viticultores de Uruguay 

Comisión Barrial Zona Oeste 

Comisión de Defensa del Agua y 

Saneamiento de Costa de Oro y Pando 

Comisión Nacionalista en Defensa del Agua 

Conosur 

Convergencia Socialista 

Coordinadora del Barrio Sur y Adyacencias 

CUA - Consumidores del Uruguay Asociados 

Docentes de la Facultad de Ciencias y 

Facultad de Ingeniería 

ECOS - Coordinadora de Radios 

Comunitarias 

Federación de ANCAP (Administración 
Nacional de Combustibles, Alcohol y 
Portland) 

Frente Amplio - Encuentro Progresista 
- Nueva Mayoría 

FENAPES (Federación Nacional de 
Profesores de Enseñanza Secundaria) 

FEUU (Federación de Estudiantes 


Universitarios del Uruguay) 

FFOSE (Federación de Funcionarios de 
Obras Sanitarias del Estado) 

FUCVAM (Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua) 

Liga de Fomento de Manantiales 
MADUR (Movimiento Agropecuario del 
Uruguay) 

Movimiento por la Utopía 
Partido Nacional -Todo por el Pueblo 
Partido por la Seguridad Social 
Partido Verde Ecologista 
PIT-CNT (Plenario Intersindical de 
Trabajadores - Central Nacional de 
Trabajadores) 

Proyecto Solidario Cultural Sayago - 
SODEC 

REDES - Amigos de la Tierra Uruguay 
UITA - Unión Internacional de 
Trabajadores de la Alimentación 
Unión de Mujeres del Uruguay 
Uruguay Sustentable 



a 


Texto de la Reforma Constitucional 
aprobado el 31 de octubre de 2004 


"ARTÍCULO 47. 

Agréguese: 

El agua es un recurso natural esencial 
para la vida. 

El acceso al agua potable y el acceso al 
saneamiento, constituyen derechos hu¬ 
manos fundamentales. 

1) La política nacional de Aguas y Sanea¬ 
miento estará basada en: 

a) el ordenamiento del territorio, conser¬ 
vación y protección del Medio Ambiente 
y la restauración de la naturaleza. 

b) la gestión sustentable, solidaria con 
las generaciones futuras, de los recursos 
hídricos y la preservación del ciclo hidro¬ 
lógico que constituyen asuntos de interés 
general. Los usuarios y la sociedad civil, 
participarán en todas las instancias de 
planificación, gestión y control de recur¬ 
sos hídricos; estableciéndose las cuencas 
hidrográficas como unidades básicas. 

c) el establecimiento de prioridades para 
el uso del agua por regiones, cuencas o 
partes de ellas, siendo la primera priori¬ 
dad el abastecimiento de agua potable a 
poblaciones. 

d) el principio por el cual la prestación 
del servicio de agua potable y sanea¬ 
miento, deberá hacerse anteponiéndose 
las razones de orden social a las de orden 
económico. 

Toda autorización, concesión o permiso 
que de cualquier manera vulnere estos 


principios deberá ser dejada sin efecto. 

2) Las aguas superficiales, así como las 
subterráneas, con excepción de las plu¬ 
viales, integradas en el ciclo hidrológico, 
constituyen un recurso unitario, subordi¬ 
nado al interés general, que forma parte 
del dominio público estatal, como domi¬ 
nio público hidráulico. 

3) El servicio público de saneamiento y 
el servicio público de abastecimiento 
de agua para el consumo humano serán 
prestados exclusiva y directamente por 
personas jurídicas estatales. 

4) La ley, por los tres quintos de votos del 
total de componentes de cada Cámara, 
podrá autorizar el suministro de agua, a 
otro país, cuando éste se encuentre des¬ 
abastecido y por motivos de solidaridad. 

ARTÍCULO 188.- Agréguese: 

Las disposiciones de este artículo (referi¬ 
das a las asociaciones de economía mixta) 
no serán aplicables a los servicios esencia¬ 
les de agua potable y saneamiento. 
Disposiciones Transitorias y Especiales 
Agréguese la siguiente: 

Z") La reparación que correspondiere, 
por la entrada en vigencia de ésta refor¬ 
ma, no generará indemnización por lu¬ 
cro cesante, reembolsándose únicamen¬ 
te las inversiones no amortizadas. 


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Peripecias de un derecho humano 

Situación actual y perspectivas* 


Reconocido en la Declaración Univer¬ 
sal de Derechos Humanos así como en la 
legislación nacional al respecto, el derecho 
a la vivienda hoy en el Uruguay dista mu¬ 
cho de ser una realidad. 

Pasaron más de 30 años de promul¬ 
gación de la excelente Ley de Vivienda 
(N° 13.728) -por citar el último gran es¬ 
fuerzo legislativo en la materia-, que se 
mantiene vigente con algunos decretos 
modificativos. 

Los gobiernos posteriores no han he¬ 


cho un uso adecuado de tal normativa, ni 
se han instrumentado acciones en la direc¬ 
ción correcta, para abordar el problema: 
con los programas ejecutados apenas se ha 
mitigado el déficit histórico de vivienda. 

El fenómeno más visible por la grave¬ 
dad que reviste, aunque no el único, es el 
de la explosiva formación y crecimiento 
de los “asentamientos” (cercano al 10% 
anual acumulativo en los últimos años), 
que provoca una situación de extrema gra¬ 
vedad socio-urbana. 


* Autor: arquitecto Raúl Vallés, docente de la Facultad de Arquitectura, asesor de la Federación de Cooperativas de Vivienda 
de Ahorro Previo. Fue integrante del equipo de coordinación y redacción del Plan Quinquenal de Viviendas 2006-2010 de la 
Cosoco. 





















Si consideramos el derecho a la vivien¬ 
da como el acceso a un hábitat adecuado 
a las necesidades materiales y culturales de 
cada individuo o grupo familiar, vemos 
que el fenómeno es de tal complejidad que 
no se agota ni se resuelve con la construc¬ 
ción material de una “casa”; necesita de un 
abordaje integral. 

Podemos decir que la “solución habita- 
cional” es un problema fundamentalmen¬ 
te de “acceso” y “permanencia” Con ese 
marco es necesario abordar el problema 
desde varios temas relacionados: el sistema 
de tenencia, el de producción, de financia- 
miento; la vivienda aislada o asociada, el 
tipo de vivienda, su costo, su capacidad de 
adaptación, de mantenimiento, su estado 
de conservación, los aspectos tecnológicos 
y de diseño y su relación con el sistema 
urbano y territorial, constituyen todos as¬ 
pectos a considerar en forma integral. 

El “déficit” entonces no es sólo “cuan¬ 
titativo” sino también “cualitativo”. 

Aportes recientes: 

La Comisión Social Consultiva de la 
Universidad de la República (Cosoco) 

La Universidad de la República (Ude- 
lar) se propuso en 2003, un espacio de 
discusión, investigación y propuestas so¬ 
bre una agenda muy extensa de temas, 
con una base amplia de participantes de la 
sociedad civil, tanto de las organizaciones 
sociales como empresariales o institucio¬ 
nales. 

La Lacultad de Arquitectura propuso la 
realización de una “Mesa de Vivienda y Li- 
nanciamiento” cuyo resultado fue un Plan 
de Vivienda elaborado de acuerdo a pau¬ 
tas enunciadas a principio de 2003, con 


el aporte activo de diversas organizaciones. 
Sus resultados y los acuerdos alcanzados se 
hicieron públicos en octubre de 2004. 

Este hecho tiene un enorme signifi¬ 
cado: por primera vez se confrontó la di¬ 
versidad de opiniones e intereses -incluso 
contrapuestos- en la búsqueda de acuerdos 
en torno al tema. 

Durante muchos meses se actuó en ré¬ 
gimen de mesa de trabajo y sección ple- 
naria continua, y las propuestas fueron 
discutidas pormenorizadamente por un 
grupo de representantes de las siguientes 
organizaciones: 

Asociación de Empleados Bancarios 
del Uruguay (sector Banco Hipotecario), 
Cámara de la Construcción del Uruguay, 
Coordinadora de asentamientos irregula¬ 
res de la zona 9, Movimiento Tacurú, Fe¬ 
deración de Cooperativas de Vivienda de 
Ahorro y Crédito, Federación Uruguaya 
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua, Sindicato Único de Trabajadores 
de la Construcción y Ramas Afines, So¬ 
ciedad de Arquitectos del Uruguay. 

Se consultó también a: Organización 
Nacional de Jubilados y Pensionistas, y a 
Frente de Inquilinos. El equipo universi¬ 
tario estuvo formado por los responsables 
del informe, un equipo técnico de trabajo, 
otro de apoyo, y asesores técnicos especia¬ 
lizados. 1 2 

Diagnóstico: 

La consideración de déficit cuantitati¬ 
vo y cualitativo para evaluar la situación 
actual y la formulación de propuestas 
plantea desde el principio una modalidad 
de “Diagnóstico propositivo”. 

Para la elaboración del diagnóstico 


1 Mesa de Vivienda y Financiamiento. 

2 En este trabajo se citan parte de las conclusiones y propuestas realizadas. 



se han manejado datos de diversas fuen¬ 
tes, fundamentalmente del último Censo 
de Población y Vivienda del año 1996 y 
proyecciones a 2003 en algunos casos, la 
Encuesta Continua de Hogares (ECH), 
investigaciones de la Unidad Permanente 
de Vivienda y del Instituto de Teoría y Ur¬ 
banismo de la Facultad de Arquitectura, 
Universidad de la República; aportes de 
investigaciones específicas como las desa¬ 
rrolladas por el Ing. Benjamín Nahoum, el 
Arq. Jorge Di Paula y el Instituto Intec. 

Entre los datos manejados pueden 
anotarse: 

La conformación de los hogares; los cam¬ 
bios en las estructuras etáreas; porcentajes de 
adultos mayores por departamento y pobla¬ 
ción joven; condiciones de actividad e índi¬ 
ces de desocupación; cambios en el papel de 
la mujer en el hogar; jefes de hogar por sexo 
y por grupos de edades; situación de los in¬ 
gresos en los hogares por tramos; número de 
hogares por vivienda, entre otros. 

Entre las familias por debajo de la línea 
de pobreza hay una tendencia al crecimien¬ 
to de los hogares monoparentales con je¬ 
fatura femenina y al embarazo adolescente 
en hogares en general extendidos 3 . 

Se ha evaluado el tema de los arrenda¬ 
mientos, su afectación en las familias con 
ingresos más bajos así como la informa¬ 
ción sobre desalojos y lanzamientos. 

En este tema surge claramente que 
mientras la incidencia de los alquileres so¬ 
bre el ingreso promedio de los hogares, ex¬ 
perimentó un descenso en términos por¬ 
centuales del orden del 25% desde 1987 
a la fecha, se registró un aumento de su 
incidencia de casi un 30 % en el 20% más 


pobre en igual período 4 . 

Eso tuvo dramáticas consecuencias 
para los sectores más vulnerables. Según 
datos de la Suprema Corte de Justicia, 
entre 1987 y 1997 se produjeron 100 mil 
desalojos por malos pagadores, y se incre¬ 
mentó un 500% el promedio anual entre 
1998 y 1999 5 . 

El aumento explosivo de los asenta¬ 
mientos en ese período deja claro el víncu¬ 
lo que existe entre ambos fenómenos. 

La llamada “infantilización de la pobre¬ 
za” es un fenómeno nuevo en Uruguay con 
el mayor guarismo de niños pobres respecto 
al porcentaje de pobreza total, en América 
Latina. La pobreza infantil es seis veces ma¬ 
yor que la pobreza de la tercera edad 6 . 

La posibilidad de acceso a una vivienda 
decorosa es cada vez más incierta para es¬ 
tos sectores; tampoco se resuelve el acceso 
al trabajo, a la salud y a la educación. 

Se diagnosticó también sobre las nece¬ 
sidades emergentes del stock construido de 
viviendas. 

Se han agravado las situaciones de ha¬ 
cinamiento y promiscuidad, al disminuir 
el m 2 de vivienda por habitante y el núme¬ 
ro de habitantes por habitación. 

La construcción casi exclusiva de Nú¬ 
cleos Básicos Evolutivos (NBE, de 30 m 2 ) 
como utilización del Fondo Nacional de 
Vivienda y Urbanización ha agravado esta 
situación ya que la “evolución” posterior, 
ni se financia ni se gestiona. 

Con la autoconstrucción en asenta¬ 
mientos aumenta la precariedad al tiempo 
que se verifica un incremento de viviendas 
vacías en áreas bien servidas por efecto de 
la especulación y falta de estímulos desde 


3 Hogares urbanos en Montevideo, según tipo de familias. 1996: nuclear con hijos: 36%, nuclear sin hijos, 16,5%; monoparen¬ 
tales: 9,7%; unipersonales, 16%; extendido 20.3 % v compuesto. 2%. Cifras mu y similares se dan en el interior urbano. Fuente: 
AGUIRRE, R. 1998. Sociología y Genero. 

4 En: Revista Propiedades (172). 

5 Ibid. (163) p. 44. 

6 KAZTMAN, R.; FILGUEIRA, F. 2001. Panorama déla infancia y la familia en Uruguay. 




el Estado o del mercado para su ingreso al 
circuito del arrendamiento o venta. 

Se ha constatado también un alto 
porcentaje de viviendas tanto de origen 
privado como producidas por el sistema 
público, que presentan gran variedad de 
patologías. Así se aumenta el porcentaje 
de viviendas no recuperables. 

El fenómeno más notorio a nivel so¬ 
cio-urbano, diagnosticado hace ya varios 
años por el ITU de la Facultad de Arqui¬ 
tectura -citado en varios estudios, artícu¬ 
los e investigaciones sobre el tema-, es el 
Despoblamiento de las Áreas Centrales y 
simultáneamente la gran Expansión Peri¬ 
férica y Metropolitana de Montevideo. 

Se manejan datos del período intercen¬ 
sos (1985-1996) que en su mayoría se han 
agravado en años recientes. 

En ese período, los 62 barrios más cén¬ 
tricos pierden más del 10% de su población 
(la Ciudad Vieja perdió 20%). Se produce 
así una disminución del peso relativo de la 
vivienda (del 29,9 al 22,4%) y del número 
promedio de habitantes por hogar. 

Pero las áreas periféricas aumentan un 
13% su población, y en el cinturón metro¬ 
politano -fuera del departamento- llega a 
un 35% . Se dieron fenómenos explosivos 
como la Ciudad de la Costa con un 97% 
de crecimiento 7 . 

Algunos factores que combinados 
contribuyeron a la conformación 
del déficit cualitativo y 
cuantitativo de viviendas: 

-La citada expansión periférica desre¬ 
gulada contribuye a la segregación urbana 
y falta de accesibilidad y conectividad de 
amplios sectores de población. 


-En el período intercensos crece el nú¬ 
mero de viviendas no conectadas a siste¬ 
mas de evacuación por red general. 

-Se han priorizado programas de alcance 
físico y social limitado como la acción direc¬ 
ta a través de los Núcleos Básicos y Credimat 
(prestamos para materiales) que no lograron 
llegar a la población más pobre. 

-No hubo apoyo para los sistemas que 
han demostrado mayor eficiencia en la re¬ 
lación inversión-producto obtenido, como 
el sistema cooperativo ya sea de ayuda mu¬ 
tua o de ahorro previo. 

-Falta de adecuación de la tipología de 
vivienda a los cambios en la conformación 
de los núcleos familiares. 

-Tanto la homogeneidad funcional 
como tipológica en los conjuntos habi- 
tacionales genera limitaciones a la ocupa¬ 
ción de diversos grupos de población, y 
a la posibilidad de incorporar otras áreas 
como activos económicos (locales para de¬ 
sarrollo de actividad laboral, etc.). 

-El Ministerio de Vivienda Ordena¬ 
miento Territorial y Medio Ambiente 
(Mvotma) no ha logrado mitigar el défi¬ 
cit actual. En doce años de gestión (hasta 
2002 ) esa cartera había construido unas 
29 mil viviendas, cuando la demanda en 
el sector de 0 a 60 UR 8 de ingreso se sitúa 
en 15 mil anuales. 

Respondió en forma ambigua e insu¬ 
ficiente al tema de los asentamientos pre¬ 
carios; no logró evitar su crecimiento ni 
reducir los niveles de marginalidad. 

Tuvo altos costos de construcción. En- 


7 DI PAULA, J. Los impactos de las políticas habitacionales de la última década en la forma urbanometropolitana de Montevideo. 
En: Revista Vivienda Popular (8): p. 42. 

8 Entre 0 (cero) y 14.700 pesos uruguayos (535 dólares al 26/11/04) 



tre 1999 y 2002 para construir un NBE 
(de 32 m 2 ) gastó de 15 mil a 20 mil dó¬ 
lares. Y cada vivienda para pasivos (de 42 
m 2 ) le costó entre 45 mil y 50 mil dólares. 

- Con respecto al Banco Hipotecario 
del Uruguay (BHU), si bien su situación se 
agravó a partir de la crisis de 2002, su gestión 
anterior estuvo muy lejos de una administra¬ 
ción adecuada: falta de eficiencia, clientelis- 
mo endémico, promoción de programas in¬ 
adecuados para la demanda, alta morosidad 
de su cartera (55%), entre otros aspectos. 

El manejo de altos costos en los pro¬ 
gramas ha generado buena parte de la dis¬ 
torsión en la producción de la vivienda de 
interés social. 

La Ley de Fortalecimiento Financiero 
(17.596) limita su actuación a 50 millones 
de dólares, y le prescribe otorgar présta¬ 
mos sólo a personas físicas lo que deja sin 
financiación a las cooperativas, fondos so¬ 
ciales, entre otros 9 . 

El BHU no tiene hoy capacidad ni res¬ 
puesta para atender a decenas de miles de 
ahorristas. 

Cuantificación del Déficit 

En función de la dinámica poblado- 
nal -con particularidad en la fuerte emi¬ 
gración-, la falta de un censo reciente y 
diversas formas de estimar la cantidad y 


calidad del stock construido, existen inter¬ 
pretaciones diversas con respecto al déficit 
cuantitativo habitacional. 

Nos basaremos aquí en el citado tra¬ 
bajo reciente de la Cosoco por tratarse de 
una investigación basta y consensuada por 
actores diversos. 

El déficit absoluto se conforma con el 
déficit acumulado al año 1996 (último 
censo), la cantidad de viviendas produci¬ 
das tanto por el sector público como pri¬ 
vado, la formación de nuevos hogares y la 
obsolescencia del stock construido. 

El siguiente cuadro forma parte de la 
información de diagnóstico de la Coso¬ 
co y la estimación de estos valores se ha 
realizado sobre la base de cálculos de B. 
Nahoum, datos del BHU y Mvotma y el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

A su vez podemos mencionar que la 
demanda primaria es la cantidad de vi¬ 
viendas que es necesario proveer para no 
aumentar el déficit. Se ha estimado, toma¬ 
do la formación de nuevos hogares (6.237) 
y la obsolescencia (7.473). El resultado es 
de unas 14 mil viviendas anuales 10 . 

Para abatir el déficit en 20 años se esti¬ 
man en 17.736 * 11 las unidades nuevas, sin 
considerar acciones sobre lo ya construi¬ 
do. Esto requiere de una inversión anual 
de 30 millones de unidades reajustables 
(270 millones de dólares) 12 . Pero la recau- 


Estimación déficit habitacional a diciembre 2003 


COSOCO Mesa de Vivienda y Financiamiento 

Déficit acumulado a 1996 64,000 

Construcción públicas de viviendas -45,169 

Construcción privada de viviendas -48,000 

Déficit por formación de nuevos hogares 49,896 

Déficit por obsolescencia 59,784 

Total 80,511 


9 Cosoco. Basado en información de AEBU (Banco Hipotecario). 

10 Grupo de trabajo, Cosoco, Mesa de Vivienda y Financiamiento. 

11 Ibid. 

12 Según cálculos al 26/11/04. 




dación anual por el impuesto a las retribu¬ 
ciones personales (IRP) apenas supera los 
10 millones de unidades reajustables. 

Hemos mencionado la importancia 
del déficit cualitativo que básicamente re¬ 
fiere al stock existente y sus carencias tanto 
en lo constructivo (en particular la falta de 
servicios higiénicos adecuados) como en 
lo funcional (los índices de hacinamiento, 
promiscuidad y falta de otros servicios que 
se verifican). 

Se debe considerar tanto la ampliación 
necesaria por carencia de espacio, como 
el mantenimiento o acciones de comple- 
mentación y refacción. 

La Encuesta Continua de Hogares 
(ECH) y el último Censo son las fuentes 
que se toman para su cuantificación. 

De un total de 775.499 hogares en 
todo el país se ha determinado que unos 
149.683 (casi un 20%) están en situación 
de hacinamiento 13 , según la definición de 
la Ley de Vivienda que estima el número 
de ocupantes por habitación en relación 
con la edad y el sexo. 

Se ha cuantificado que en función del 
hacinamiento, la cantidad de dormitorios 
adicionales necesarios sería de 152.753 14 . 

En cuanto al mantenimiento del par¬ 
que habitacional construido (959.116 
viviendas permanentes de un total de 
1.028.925) y según las estimaciones del 
tipo de reparación (pequeña, mediana o 
importante y por franja de ingresos) sería 
necesario intervenir en el mantenimiento 
unas 37.000 viviendas al año. 

El otro factor a considerar en el défi¬ 
cit cualitativo es la ubicación relativa en la 
ciudad, su accesibilidad a los servicios, y 
otros aspectos relacionados. 


Objetivos de un Plan de Vivienda 

Un capítulo fundamental del acuerdo 
alcanzado en el marco de la Mesa de Vi¬ 
vienda y Financiamiento de la Cosoco lo 
constituye el cuerpo de objetivos generales 
y particulares. Los mismos abarcan una vi¬ 
sión amplia e inclusiva del tema. 

Intentaremos en apretado resumen in¬ 
formar sobre sus principales aspectos. 

En los objetivos generales se resalta 
el carácter “integral” debiendo abarcar al 
conjunto de la población con énfasis en 
las situaciones de mayor carencia; deberá 
ser “participativo” afirmando el manejo 
democrático del problema; estará “inte¬ 
grado” a los planes de desarrollo general; 
deberá tener “continuidad” para asegurar 
la evolución y la permanencia de la pro¬ 
ducción. 

Será “multimodal” ofreciendo soluciones 
diferentes para problemas diversos. Y final¬ 
mente deberá ser “sustentable” y “eficiente”. 

En cuanto a los objetivos particulares, 
éstos se desarrollan en relación con distin¬ 
tos tipos de necesidades: 

“Cuantitativas” en términos de abati¬ 
miento del déficit y los plazos. 

“Físicas y espaciales”, reconociendo 
no sólo los mínimos habitables sino tam¬ 
bién las modalidades cambiantes en el uso 
del espacio habitado, los diferentes tipos 
de intervención posibles según sea obra 
nueva o actuación sobre el stock, reciclajes, 
etc., el rol del diseño en la búsqueda de un 
hábitat estimulante, entre otros. 

En cuanto a las necesidades “sociales” 
se recomienda la aplicación de políticas 
diferenciadas y selectivas, favorecer la he- 


13 Datos elaborados por la Soc. Mariana Cabrera. 

14 Según el Ing. B. Nahoum. 



terogeneidad y la cohesión social contem¬ 
plando la perspectiva de género y el pro¬ 
blema del hacinamiento. 

Establecer pagos diferenciados según 
los “ingresos” de la población y relacionar 
el Plan con la “economía en su conjunto”, 
utilizando la política de vivienda como di- 
namizadora de la economía y distributiva 
de ingresos, racionalizando y controlando 
costos en los emprendimientos. 

También se vincula con el “desarrollo 
urbano y el acondicionamiento territorial” 
proponiendo su coordinación y articula¬ 
ción con el planeamiento urbano, buscan¬ 
do una adecuada relación de la vivienda con 
los lugares de trabajo, el aprovechamiento 
de las áreas con mejores servicios, las áreas 
vacantes centrales e intermedias; abordar el 
tema de los asentamientos irregulares com¬ 
batiendo el desarraigo, la segregación y el 
tema de la marginalidad en forma integral. 

Se plantean objetivos con relación al 
“régimen de tenencia” y las “modalidades 
de producción”: se enfatiza priorizar aqué¬ 
llas que han demostrado mayor eficiencia 
desde el punto de vista económico, social, 
habitacional y urbano. 

Con relación al “sistema productivo” y a 
la “tecnología”: se plantea utilizar las más ade¬ 
cuadas a los recursos y necesidades del país, 
incentivar la investigación y la evaluación. 

Finalmente, con relación a la “gestión” 
los objetivos plantean un manejo demo¬ 
crático y participativo de los recursos, en¬ 
fatizando la importancia de consolidar el 
Fondo Nacional de Vivienda y Urbaniza¬ 
ción y su formación con ahorro público y 
privado, y en general la planificación de la 
política habitacional. 

Propuestas 

El conjunto de “líneas de acción” que 
se proponen en el marco del Plan mencio¬ 


nado básicamente responde al cuerpo de 
objetivos enumerados y deberá estar apoya¬ 
do en instrumentos jurídicos, financieros o 
técnicos, algunos ya planteados y otros que 
tendrán que elaborarse a tales efectos. 

Vivienda Nueva. Implica considerar 
distintas modalidades que respondan a 
las nuevas necesidades, de nueva planta o 
reciclaje, la vivienda completa o de desa¬ 
rrollo progresivo y los distintos modos de 
producción y tenencia. 

Densificación de Áreas Consolida¬ 
das. Aprovechamiento y ocupación de 
estructuras edilicias y lotes baldíos con di¬ 
versas modalidades de intervención. 

Asentamientos Irregulares. Conside¬ 
rar las diversas situaciones para su regulari- 
zación, consolidación o mejora de su infra¬ 
estructura o realojo, con la participación de 
los actores institucionales y sociales. 

Arrendamiento de Interés Social. He¬ 
rramienta de reinserción de sectores margi¬ 
nados e incorporación al sistema en condi¬ 
ciones seguras de buena parte del stock. 

Mantenimiento y Mejora del stock 
Existente. Acciones orientadas a la cuali- 
ficación de lo existente y ocupación de la 
construcción a través del pequeño o me¬ 
diano constructor. 

Formación de una Cartera Inmobilia¬ 
ria. Herramienta fundamental en el manejo 
del valor de la tierra urbana. Incorporación 
de terrenos y fincas al desarrollo de progra¬ 
mas y pautas para su adjudicación. 

Urbanización e Infraestructura. Cri¬ 
terios de formación de ciudad, dotación 
de lotes con servicios. 


Vivienda y Producción. Desarrollo 
de programas que incorporen actividades 
complementarias a las residenciales. 

Conclusiones 

El tema de la vivienda o el “derecho 
a la Vivienda” no se reduce a una mera 
cuantificación, carencia o estado de situa¬ 
ción. Su abordaje está en relación con una 
mirada integral que defina el problema en 
forma amplia pero reconociendo su com¬ 
plejidad. 

Esa mirada debería ubicar el tema defi¬ 
nitivamente como un problema de “hábi¬ 
tat”, concepto integrador que lo sitúa no 
como la “construcción” de viviendas sino 
como un problema “habitacional”. 

Como lo dice la Cosoco, es un tema 
de “acceso “ y “permanencia” más que de 
solución . 

Como queda expresado, la estimación 
de la necesidad o déficit, las carencias en lo 
cualitativo forman parte del universo de la 
insatisfacción. 

El abordaje del tema en los próximos 
años deberá tener en cuenta aquellas si¬ 
tuaciones de emergencia que no admiten 
demora como primera medida paliativa, 
pero tendrá que orientar la política general 
de vivienda dentro de una visión esencial¬ 
mente socio-urbana. 

Este concepto encierra una fuerte idea 
en lo económico ya que las políticas habi- 
tacionales conjugan un doble valor en las 
inversiones: la dinamización del mercado 
laboral y de insumos y el ahorro futuro 
que significa accionar en forma racional 
y planificada. 

Las situaciones emergentes de expan¬ 
sión periférica con altos costos en servicios 
y accesibilidad, el fenómeno de la urba¬ 
nización precaria, los asentamientos y sus 


consecuencias de segregación y marginali- 
dad tienen y tendrán altísimos costos para 
el Uruguay de los próximos años. 

Propuestas como la densificación de las 
áreas centrales, el apoyo a través de subsi¬ 
dio para el arrendamiento de interés so¬ 
cial en aquellos sectores más vulnerables 
o el manejo de una cartera de tierras y de 
fincas como herramienta de planificación, 
entre otras, apuntan no sólo a la raciona¬ 
lización de los recursos sino también a la 
construcción de un tejido social y urbano 
más justo y democrático. 

El país tiene experiencias de autoges¬ 
tión de los procesos de producción de 
vivienda con resultados notables, en per¬ 
manente autoevaluación a través de la 
práctica. Las cooperativas de viviendas o 
los fondos sociales han producido la mejor 
calidad y cantidad de vivienda por unidad 
reajustable invertida desde la creación de 
la Ley de Vivienda. 

La clase política dominante ha poster¬ 
gado estos procesos a nuestro juicio por 
dos motivos: 

1) No son programas que admitan el 
clientelismo en los destinatarios o en las 
adjudicaciones a empresas. 

2) Por tratarse de procesos participati- 
vos y democráticos que generan una dinᬠ
mica de crecimiento y madurez en los coo¬ 
perativistas -pasando de receptores pasivos 
a encargaos de tomar decisiones-, quienes 
construyen su habitar como opción y no 
como condición. 

Será necesario entonces una búsqueda 
de recursos con decisión y creatividad para 
enfrentar el derecho a la vivienda, enten¬ 
diendo que no se trata de un “gasto” sino 
de una “inversión” cuyo retorno se mide 
en beneficio social, equidad y economía 
urbana. 






^ © Artigas Pessio 

en Uruguay 


La conceptualización de la equidad 
educativa como “igualdad de oportunida¬ 
des educativas” remite a la ya clásica dis¬ 
tinción entre “el punto de partida” y “el 
punto de llegada”. Cuando el énfasis se 
pone en el “punto de partida” la cobertura 
del sistema educativo resulta fundamental, 
mientras que cuando el centro es el “punto 
de llegada”, el concepto de equidad queda 
íntimamente ligado al de calidad educati¬ 
va puesto que la realización de aquel prin¬ 
cipio no es posible sin el logro de éste. En 
palabras de García Huidobro: 

“Los afectados por un proceso educativo 


de mala calidad enfrentan una modalidad 
primaria de desigualdad social que, por es¬ 
tar ligada al equipamiento de las personas 
(y por lo tanto a la posibilidad de generar 
acciones efectivas en los dominios ligados a la 
calidad de la vida), se comporta como una 
desigualdad generadora de mayor desigual¬ 
dad” (1996:7) r 

En esta línea, Reimers distingue cinco 
niveles de “oportunidad educativa” y es¬ 
tablece las condiciones en las que se basa 
cada uno de ellos: 

(i) La oportunidad de matricularse en 


* Autora: Magister Esther Mancebo 

** GARCÍA HUIDOBRO, J.E. (1996). Equidad y educación en Chile. Santiago: mimeo. 




el primer grado de la escuela primaria, lo 
que demanda tres condiciones: buena sa¬ 
lud del niño, una escuela a distancia razo¬ 
nable del hogar del niño y la disposición 
de los padres para matricularlo. 

(ii) La oportunidad de aprender lo 
suficiente en ese primer grado para com¬ 
pletarlo con un dominio suficiente de las 
destrezas pre-académicas que permita con¬ 
tinuar aprendiendo en la escuela. Las con¬ 
diciones de este nivel son: la matriculación 
en la escuela, la asistencia con regularidad, 
la madurez y buena salud del niño, maes¬ 
tros competentes, tiempo y recursos peda¬ 
gógicos. 

(iii) La oportunidad de completar 
cada ciclo educativo. Este nivel de oportu¬ 
nidad es una función de los dos anteriores 
y también de la matrícula y asistencia por 
parte del niño, pesando mucho los fraca¬ 
sos escolares tempranos. 

(iv) La oportunidad de que, habiendo 
completado el ciclo, los graduados tengan 
las destrezas y los conocimientos compa¬ 


rables a los de otros graduados del mismo 
ciclo. Para este nivel de oportunidad edu¬ 
cativa, las condiciones son los tres niveles 
previos y también que las escuelas puedan 
dar “valor agregado” al desarrollo de cada 
niño en proporciones iguales a las necesi¬ 
dades de los niños y en función del nivel 
sociocultural de origen. Este cuarto nivel 
requiere entonces políticas compensato¬ 
rias, políticas de discriminación positiva a 
favor de los grupos de más bajos ingresos 
y menor capital cultural. 

(v) La oportunidad de que lo aprendido 
en el ciclo sirva al graduado para acceder 
a otro tipo de oportunidades económicas 
y sociales, para expandir sus opciones de 
vida. La existencia de mercados laborales 
y sociedades que sean meritocráticas y de¬ 
mocráticas constituyen las condiciones de 
este nivel de oportunidad educativa. 

Si se entiende “equidad educativa” 
como “igualdad de oportunidades” y se 
combina la distinción clásica entre “punto 
de partida” y “punto de llegada” con esta 


Tabla 1: Esquema analítico de la igualdad de oportunidades educativas 

Ciclo educativo Punto de partida Punto de llegada* 

Educación Inicial Matricularse Completar el ciclo 

Primaria Adquisición de destrezas 

y conocimientos del ciclo 

Ciclo Básico de 
Educación Media 

Segundo Ciclo de 

Educación Media 

Educación Terciaria 

Fuente: Elaboración propia basada en conceptos de Reimers (2000a). 

No se incluye el segundo nivel de oportunidades educativas que plantea Reimers -oportunidad de aprender 
lo suficiente en el primer grado- por estar referido específicamente al ciclo primario. 


Acceso a oportunidades 
económicas y sociales del ciclo 





reciente diferenciación de “niveles de opor¬ 
tunidad educativa” hecha por Reimers 1 , se 
llega al siguiente esquema analítico: 

El grado de equidad-inequidad de 
oportunidades educativas vigente en un 
país debe ser pues evaluado en función del 
momento histórico y el nivel escolar; esto 
es, la igualdad de oportunidades educati¬ 
vas difiere entre un país y otro, entre un 
momento del tiempo y otro punto en la 
historia del mismo país, y entre el nivel 
educativo primario, medio y el superior. 
Tal el esquema de análisis que se sigue 
en este artículo en relación al panorama 
general de la igualdad de oportunidades 
educativas en Uruguay a comienzos del 
siglo XXI. 

Considerando estrictamente la di¬ 
mensión del acceso al sistema educativo, 
Uruguay ocupa un lugar destacado en la 
región aún cuando mantiene una brecha 
importante con el mundo desarrollado 2 : 

(i) De acuerdo al Indice de Desarrollo 
Humano (IDH) elaborado por el Progra¬ 
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD, 1999) Uruguay alcanza el lugar 
45 en términos de su Producto Interno 
Bruto per cápita, pero si sólo se conside¬ 
ra el componente de educación del IDH, 
Uruguay se ubica en el lugar 29; en la 
misma dirección, Uruguay integra, junto 
a Argentina, Chile y Costa Rica, un grupo 
de “países de desarrollo educativo avanza¬ 
do” que claramente se despega del resto de 
la región latinoamericana. 

(ii) No obstante lo anterior, si se com¬ 
para el capital humano de Uruguay con el 
del conjunto de los países y, especialmen¬ 
te, con los de mayor desarrollo, se constata 


que la brecha es muy amplia ya que mien¬ 
tras un 37% de la población de 25 a 34 
años ha finalizado el ciclo secundario en 
cuatro países latinoamericanos (Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay), en los países de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) esta pro¬ 
porción asciende a 72%. A su vez, cuando 
se consideran los niveles educativos más 
avanzados (como el terciario o aún el se¬ 
gundo ciclo secundario) la posición del 
país desciende sustantivamente, en tanto 
la proporción de la población de 35 a 44 
años que ha finalizado la educación tercia¬ 
ria es de 10% en Uruguay, prácticamente 
los mismos valores que en Argentina, Bra¬ 
sil, Chile y aún Paraguay, y sustancialmen¬ 
te por debajo del promedio de la OCDE, 
que es de 22%. 

En cuanto a la cobertura y completi- 
tud de los distintos ciclos educativos pue¬ 
de señalarse que: 

(i) En la educación inicial, Uruguay 
avanzó enormemente en los últimos años 
tanto en relación a sus antecedentes his¬ 
tóricos como a los niveles alcanzados en 
otros países, incluso desarrollados. La co¬ 
bertura era de 84,5% en 1998 al tiempo 
que estimaciones del año 2000 la ubicaron 
en 93% 3 . 

(ii) La Educación Primaria tiene una 
cobertura universal, lo que se verifica tan¬ 
to en las altas tasas brutas de escolarización 
(TBE) como en las tasas netas (TNE). 

(iii) En el Ciclo Básico de la Educa¬ 
ción Media el país no ha conseguido aún 
una cobertura satisfactoria debido a la 
existencia de una brecha muy significati¬ 
va entre una TBE de 85% y una TNE de 


1 REIMERS, F. (2000a). Unequal schools, unequal chances. Cambridge, MA: David Rockefeller Center for Latin American Studies- 
Harvard University Press. 

2 MANCEBO, M. E. -TORELLO, M. et al (2000). El sistema educativo uruguayo: estudio de diagnóstico y propuesta de políticas públicas 
para el sector. Washington DC: BID. 

3 Datos dei Programa MECAEP de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 



55%. Esto es, el Ciclo Básico recibe a algo 
más del 90% de cada generación de estu¬ 
diantes, pero las altas tasas de deserción, 
repetición y rezago hacen que de él egrese 
solamente un 55%. 

(iv) Este fenómeno se agudiza en el Se¬ 
gundo Ciclo de la Enseñanza Media, en 
el cual las TBE y TNE son del orden de 
50% y 30%, respectivamente. A lo largo 
de la enseñanza primaria y media hay así 
dos momentos clave en términos de salida 
del sistema: el comienzo del primer ciclo 
y el inicio del segundo. La suma de estas 
sucesivas camadas de estudiantes que van 
dejando la educación determina, final¬ 
mente, que sólo uno de cada tres jóvenes 
de 20 años de edad haya logrado culminar 
la educación media 4 . 

(v) En la enseñanza terciaria se ha esti¬ 
mado la TBE 5 en 27,3% 6 , lo que significa 
que apenas uno de cada tres jóvenes uru¬ 
guayos en edad de cursar estudios tercia¬ 
rios lo estaba haciendo en 1995. El país se 
ubica 10 puntos porcentuales por encima 
del promedio latinoamericano pero en un 
nivel muy inferior al del mundo desarro¬ 
llado, que se acerca al 60%. Por otra parte, 
el análisis del acceso a la educación tercia¬ 
ria en Uruguay muestra que entre los jóve¬ 
nes que acceden al ciclo terciario hay una 
notoria subrepresentación de los sectores 
sociales menos educados y más desfavore¬ 
cidos 7 . 

En cuanto a la adquisición de destre¬ 
zas y conocimientos del ciclo las evalua¬ 
ciones desarrolladas a lo largo de los años 
1990 en primaria y la enseñanza media 
han revelado resultados de aprendizaje 


poco alentadores. A título de ejemplo, en 
el Censo de aprendizaje en terceros Años 
del Ciclo Básico de 1999, presentaron un 
rendimiento bajo o medio-bajo en Ma¬ 
temática el 43,7% de los estudiantes, en 
Idioma Español el 39,2%, en Ciencias 
Experimentales el 47,8% y en Ciencias 
Sociales el 20,7%. Además, entre los jó¬ 
venes que consiguen llegar al noveno año 
de escolaridad obligatoria hay una clara 
estratificación de aprendizajes: hicieron 
una prueba de Matemática insuficiente 
el 68,8% de los estudiantes de las escue¬ 
las técnicas, el 47,0% de los estudiantes 
liceales y el 20,4% de quienes asisten a 
liceos privados. Similarmente, las tasas de 
aprobación de los exámenes en el segundo 
ciclo son muy bajas: en 5 o año aprueban 
Matemática un 34% de los alumnos de 
Humanística y algo más del 40% de las 
orientaciones científicas; en 6 o salvan Físi¬ 
ca el 64% de los estudiantes de la opción 
Ingeniería y aprueban Derecho el 68% de 
la opción Derecho. Estas tasas de reproba¬ 
ción indican un mal aprovechamiento de 
los cursos por parte de los estudiantes y 
también reflejan desfasajes importantes en 
los procesos de evaluación y enseñanza. 

Finalmente, en materia de acceso a 
oportunidades económicas y sociales del 
ciclo, se requiere la realización de estudios 
de panel que permitan seguir las trayecto¬ 
rias individuales a lo largo de varias déca¬ 
das para medir con precisión en qué grado 
la educación permite a los individuos una 
mejora de su potencial productivo, el lo¬ 
gro de mejores ingresos y el tránsito por 
canales de movilidad social ascendente. Se 


4 MANCEBO, M.E. - DE ARMAS, G. (2003). La educación media en Uruguay al inicio del siglo XXI. Una mirada desde la perspectiva 
de derechos: acceso, calidad y equidad. En: Unicef Oficina en Uruguay, Educación, derechos y participación. Aportes para la 
reflexión sobre la enseñanza media en Uruguay. Montevideo: Unicef. 

5 Para el cálculo de la Tasa Bruta de Escolarización del ciclo terciario se considera como grupo de edad en condiciones de asistir a 
dicho nivel, a las personas que tienen hasta cinco años más que el correspondiente a la conclusión de los estudios secundarios. 

6 Unesco. Informe Mundial de la Educación 1998. En: UDELAR. 2000, 7 Documento N° 2. 

7 Estas investigaciones han tomado como fuente la Encuesta Continua de Hogares (ECH) realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 



a 



© Artigas Pessio 


trata, en definitiva, del tipo de análisis que 
realizó Boudon en su obra Education, op- 
portunity and social inequality. Changing 
prospects in Western Society (1974), en la 
que vinculó la inequidad de oportunida¬ 
des educativas (IOE) con la inequidad de 
oportunidades sociales (IOS). 

En Uruguay no existen antecedentes de 
este tipo de estudios, por lo que el aborda¬ 
je de este punto deba ser hecho con indi¬ 
cadores indirectos al fenómeno. Diversos 
estudios muestran que la educación es el 
factor que más incide en la desigualdad 
de ingresos entre los hogares y que dicha 
incidencia aumentó en la última década 8 . 
Para el caso de los egresados universita¬ 


rios, Torello y Casacuberta 9 han estimado 
que la diferencia de ingresos a favor de un 
egresado universitario debidas a la diferen¬ 
cia de su nivel educativo es de alrededor de 
tres veces y media el ingreso de un traba¬ 
jador con primaria incompleta. En la mis¬ 
ma dirección, en un análisis del empleo de 
acuerdo a los niveles educativos de los tra¬ 
bajadores, Bucheli 10 encontró que la tasa 
de desempleo tiende a ser mayor cuanto 
menor el nivel educativo de los trabaja¬ 
dores, el crecimiento de la desocupación 
en el país a partir de 1995 no afectó a los 
trabajadores con educación terciaria com¬ 
pleta * 11 sino a quienes no alcanzaron tal 
nivel educativo, y el empeoramiento de la 


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85 


8 KAZTMAN,R.- FILGUEIRA, F.- FURTADO, M. (2000). Nuevos desafíos para la equidad en Uruguay. En: Revista de la Cepal nro. 72. 

9 TORELLO, M. - CASACUBERTA, C. (2000). U DELAR (2000). Las características socioeconómicas de la matrícula universitaria. 
Documentos de Trabajo del Rectorado N°4. Montevideo: Udelar, mimeo. 

10 BUCHELI, M. (2000). El empleo délos trabajadores con estudios universitarios y su prima salarial. Documentos de Trabajo del 
Rectorado N°8. Montevideo: Udelar, mimeo. 

11 Para estos trabajadores el crecimiento de la desocupación se mantuvo en valores relativamente similares a lo largo del período 
que Bucheli estudia (1991-1998) (2000:7). 





calidad del empleo a partir de 1994 afectó 
fundamentalmente a los trabajadores con 
menores calificaciones educativas. 

Además de estos análisis de rentabili¬ 
dad de la educación, CEPAL ha mostrado 
para América Latina la importancia del 
“umbral educativo”, es decir el número 
de años de educación que deben cursar¬ 
se como mínimo, en cada momento de¬ 
terminado, para obtener una ocupación 
que asegure una alta probabilidad (90%) 
de evitar la pobreza a lo largo del ciclo de 
vida. Con una mirada global sobre la re¬ 
gión, Franco y Sáinz afirman: 

“Quienes tienen menos de 8 años de es¬ 
tudio, sólo podrán acceder a ocupaciones que 
les proporcionarán ingresos que se sitúan en 
torno a dos y media líneas de pobreza, que 
resultan insuficientes para un bienestar mí¬ 
nimo. En el otro extremo, quienes obtienen 
12 o más años de estudio, se desempeñarán 
como técnicos, gerentes o propietarios y, en 
esas ocupaciones, obtendrán ingresos superio¬ 
res a las cuatro líneas de pobreza. Quienes 
se encuentren en una posición intermedia 
(9-11 años de estudio) trabajarán como ven¬ 
dedores en general o profesiones similares, re¬ 
cibiendo un ingreso que, en ciertas etapas de 
su ciclo de vida —cuando hayan constituido 
una familia y sus hijos lleguen a la adoles¬ 
cencia—, puede no proporcionales un nivel de 
bienestar adecuado” 12 . 

En la mayoría de los países latinoame¬ 


ricanos dicho umbral se sitúa en 12 años, 
pero en el caso de Uruguay el mismo es 
de 13 años. Más aún, se podría hipotetizar 
que si la matrícula de la educación supe¬ 
rior continúa su expansión -tal como ha 
sido previsto a través de recientes estima¬ 
ciones sobre la evolución de la matrícula 
universitaria en el período 2000-2030 13 -, 
hay una alta probabilidad que se produzca 
un fenómeno de “devaluación educacio¬ 
nal” por el cual la sociedad exija cada vez 
más años de educación para los trabajos 
calificados. En este escenario, en el me¬ 
diano plazo, probablemente se requerirán 
más de trece años de educación para evitar 
la situación de pobreza. 

En suma: Uruguay ha logrado un im¬ 
portantísimo grado de equidad en el acce¬ 
so a la educación básica y media así como 
también en la completitud de la educa¬ 
ción primaria. Ello constituye una base 
imprescindible para la intervención en 
las restante dimensiones del concepto de 
equidad educativa. Sin embargo, en ma¬ 
teria de completitud, aprendizajes y opor¬ 
tunidades económicas y sociales, los datos 
revelan déficit importantes. Estos déficit 
atenían contra el ejercicio pleno del dere¬ 
cho a la educación de todos los uruguayos 
pero, además, suponen un inmenso riesgo 
para un país pequeño que no puede más 
que apostar a la educación de sus recursos 
humanos para lograr una inserción favo¬ 
rable en el complejo y cambiante mundo 
globalizado del siglo XXI. 


12 FRANCO, R. - SAINZ, P. (2000). La agenda social latinoamericana de 2000. En: Revista de la Cepal N° 37. Santiago. 

13 FERNÁNDEZ, A. - FIRPO, C.-PERERA, M. (2000). Proyección de la matrícula universitaria. Período 2000-2030. Documentos de Tra¬ 
bajo del Rectorado N° 3. Montevideo: Udelar, mimeo. 



Decenio 


Decenio de las NACIONES UNIDAS 
para la Educación en la esfera de los De¬ 
rechos Humanos (1995 - 2004). Resolu¬ 
ción aprobada por la Asamblea General 
N° 49/184 (en relación con el informe de 
la Tercera Comisión -A/49/610/Add.2). 

Este año es el último correspondiente 
al Decenio aprobado por ONU para que 
los Estados partes realicen actividades, 
proyectos, materiales y tomen iniciativas 
específicas a favor de una educación de 
los derechos humanos. Por tal motivo, la 
Red Latinoamericana de Educación para 
la Paz y los Derechos Humanos diseñó 
una encuesta para que sus organizaciones 
integrantes evaluaran las acciones realiza¬ 
das por los Gobiernos latinoamericanos 
en cumplimiento de estas disposiciones 
aprobadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

El Serpaj-Uruguay, integrante de esta 
Red distribuyó la encuesta a lo largo del 
año pasado entre las dependencias esta¬ 
tales con competencias educativas, a sa¬ 
ber: todas las intendencias municipales, 
los Ministerios de Educación y Cultura, 
del Interior y de Defensa Nacional, la 
Administración Nacional de Educación 
Pública, la Universidad de la República, 
las Comisiones de Educación y Cultura 
de ambas Cámaras. Como fecha límite de 
respuesta se planteó el 20 de noviembre 
de 2003. 

Las respuestas recibidas fueron las de: 
la Comisión de Educación y Cultura de la 
Cámara de Representantes, del Ministerio 
de Defensa Nacional, la Intendencia Mu¬ 
nicipal de Montevideo y la Intendencia 
Municipal de Soriano. 


Todas ellas tienen en común el seña¬ 
lamiento de actividades educativas con¬ 
cretas realizadas en torno a los derechos 
humanos, sin embargo, ninguna lo hizo 
en el marco del Decenio aprobado por la 
ONU. De lo que se desprende que el go¬ 
bierno uruguayo nunca puso en práctica 
el Plan de Acción aprobado por la Con¬ 
ferencia General de la Unesco en su 28 a 
reunión, en París en el mes de noviembre 

de 1995. 

Dicho Plan de Acción “ofrece un pun¬ 
to de vista contemporáneo de los problemas 
relacionados con la educación para la paz, 
los derechos humanos y la democracia. Fija 
los objetivos de esta educación, las estrategias 
y políticas para la acción y diversas orien¬ 
taciones en el plano institucional, nacional 
e internacional”. Para instrumentarlo, el 
gobierno nacional debía conformar una 
comisión integrada por representantes es¬ 
tatales y de la sociedad civil. Dicha comi¬ 
sión nunca fue formalmente constituida a 
lo largo del Decenio. 

Asimismo, entre el 28 de noviembre 
y el 1 de diciembre de 2001, convocados 
por Unesco se reunieron en México repre¬ 
sentantes de la sociedad civil y de los go¬ 
biernos latinoamericanos, para realizar un 
avance respecto a la implementación del 
Plan de Acción en los países en el marco 
del Decenio. 

En la oportunidad asistieron por Uru¬ 
guay la Dra. Mariana Blengio por la Uni¬ 
versidad de la República, el Ing. Jorge Bro- 
vetto a título personal y nuestra compañe¬ 
ra Ana Juanche por Serpaj. No concurrió 
ningún representante oficial del Gobierno 
uruguayo. 


Educación y Memoria 

La importancia de integrar en las aulas, la enseñanza 
acerca de las violaciones a los derechos humanos 

durante la dictadura 


El presente documento es un avance 
en la elaboración más colectiva de una 
fundamentación cuya finalidad es de¬ 
mostrar por qué es necesario incorporar 
a los programas de la educación Prima¬ 
ria, Secundaria, UTU y en particular en 
Formación Docente, la enseñanza acerca 
de las violaciones a los derechos huma¬ 
nos cometidas a la población durante la 
dictadura cívico-militar y sus efectos en 
la vida democrática actual. 

Este material fue elaborado por un 
grupo de trabajo integrado por docen¬ 
tes y sicólogos, en sucesivas reuniones 
realizadas en el correr del año 2004, a 
instancias de Serpaj y Madres y Fami¬ 
liares de Uruguayos Detenidos Desapa¬ 
recidos. 1 

La experiencia de la sociedad uruguaya 
tras doce años de autoritarismo ejercido 
por la dictadura cívico militar entre 1973 
y 1985 -que aplicó el terrorismo de Estado 
como política, con desapariciones de per¬ 
sonas, torturas masivas, encarcelamientos, 
asesinatos, amenazas, persecuciones, desti¬ 
tuciones, exilios, entre otros- no sólo per¬ 
mitió a sus titulares imponer sus políticas 
en ese período, prácticamente en todos los 
órdenes (economía, política, educación, 
salud, cultura, periodismo, en las institu¬ 
ciones...), sino que tenía como objetivos 
fundar una nueva sociedad que permane¬ 


ciera en el tiempo más allá de la propia 
dictadura. 

La resistencia de la sociedad uruguaya, 
expresada en numerosas formas, impidió 
que ese proyecto pudiera continuar y fi¬ 
nalmente se recuperaron las libertades de¬ 
mocráticas. 

Sin embargo, con el alejamiento de los 
responsables de la dictadura no se resolvie¬ 
ron ni superaron las consecuencias de sus 
acciones. Lejos de ello, a casi veinte años 
de la recuperación institucional, perma¬ 
necen sin resolver temas de gran impor¬ 
tancia, que abarcan desde los más graves, 
relacionados con el derecho a la vida y a la 
justicia, hasta muchos otros que afectan la 
vida individual, colectiva e institucional. 
Se constituyen así, fuertes frenos para el 
desarrollo pleno de los derechos humanos 
en su sentido integral y para la profundi- 
zación del sistema democrático. 

Todos los gobiernos posteriores a la dic¬ 
tadura sostuvieron que el olvido debía ser 
la forma de resolver estos temas, hasta que 
se produjo un cambio en agosto de 2000, 
cuando se creó la Comisión para la Paz. 

Con anterioridad, el argumento prin¬ 
cipal para reforzar el olvido como so¬ 
lución, consistió en alimentar una falsa 
opción entre la paz y la justicia, ante una 
población profundamente marcada por el 
miedo y el silencio. 

Pero las demandas de verdad y justicia, 


1 Documento redactado en noviembre de 2004. 



su necesidad de conocer y superar las se¬ 
cuelas, no han dejado de generar numero¬ 
sas iniciativas destinadas a conocer, recu¬ 
perar y elaborar ese pasado y comprender 
y superar sus expresiones actuales. 

Por otra parte, los aportes de organiza¬ 
ciones e investigadores en diversas áreas, 
así como el conocimiento de las experien¬ 
cias de otras sociedades que sufrieron pro¬ 
cesos de dictaduras, han proporcionado 
argumentos abundantes para impulsar ac¬ 
tividades de recuperación de las memorias 
y para reclamar la enseñanza del pasado 
reciente, especialmente la que se imparte 
desde el Estado. 

En este sentido, las conclusiones de la 
Comisión para la Paz en su Informe Fi¬ 
nal, adquieren particular importancia, por 
cuanto es la primera vez que desde el Es¬ 
tado, se reconoce la sistemática violación 
a los derechos humanos cometidas desde 
esta institución que tiene como deber, ve¬ 
lar por su protección. Consecuente con 
ese reconocimiento, en ciertas partes del 
documento, como por ejemplo en la que 
refiere a la educación en el Capítulo C, 
numeral 81, sugiere: 

“Se promueva y fomente a todo nivel, con 
especial énfasis en los planes de estudio en ge¬ 
neral y en los procesos de formación de docen¬ 
tes y educadores en particular, un análisis ob¬ 
jetivo y global de la triste realidad que vivió el 
país desde la década de los años sesenta y hasta 
mediados de los años ochenta, que rescate y 
valore una realidad completa y veraz y per¬ 
mita entender, asumir y reconocer, en toda su 
dimensión, las causas y los factores complejos 
y múltiples que incidieron para generar uno 
de los períodos más duros y trágicos de nuestra 
historia nacional. Se enseñe y estimule tam¬ 
bién a todo nivel, a partir del análisis crítico 
que se sugiere en el literal anterior, la plena 
vigencia de conceptos, valores y principios que 


hacen a nuestra garantía contra toda forma de 
violencia y arbitrariedades, tales como, entre 
otros, los siguientes: la democracia como ins¬ 
trumento formal, sustancial y único de convi¬ 
vencia; el diálogo y la solución no violenta de 
los conflictos y las divergencias; la tolerancia y 
el respeto por los derechos de los demás como 
vehículo para definir objetivos nacionales co¬ 
munes, sin perjuicio de la diversidad que nos 
distingue como sociedad libre y pluralista; la 
consolidación plena del Estado de Derecho; la 
absoluta sujeción del Estado y sus agentes al 
marco de más estricta legalidad, y, en defini¬ 
tiva, la promoción y protección genuina de los 
derechos fundamentales del hombre”. 

Síntesis de intercambios en el 
grupo de trabajo 

Entendemos que estas sugerencias están 
dirigidas al Estado, a las autoridades de la 
Enseñanza y también a cada docente. Ha¬ 
bitualmente “el pasado” se relaciona con 
la enseñanza de la Historia, sin embargo 
el actual desarrollo del conocimiento, per¬ 
mite visualizar una diversidad de efectos 
que están presentes en la vida cotidiana 
individual, grupal, institucional, etc. 

Es un tema que está vinculado a la eco¬ 
nomía (neoliberalismo), a la filosofía, a la 
moral, a la ética, a la enseñanza en valores. 
Tendrían que trabajarse los derechos huma¬ 
nos desde la escuela y para todos los niveles. 

En nuestro país muchas cosas siguen 
igual, la sociedad continúa fracturada des¬ 
de lo económico; la crisis manifiesta sus 
síntomas a través del desempleo, el exilio, 
la pobreza, la marginación social y cultu¬ 
ral, la deuda externa...; culpas y responsa¬ 
bilidades que no se asumen ni se trabajan. 

Entendemos que la enseñanza es uno 
de los medios de acceso a las verdades y 
uno de los medios de acceso al conoci- 


miento porque permite interactuar con 
acontecimientos, interpretaciones y valo¬ 
raciones en un espacio intergeneracional. 

La educación, desarrollada en los cri¬ 
terios de una pedagogía crítica, permite 
hacer opciones diferentes y plantea posi¬ 
bilidades de cambiar la forma de pararse 
frente a la vida. Sin conocimiento no hay 
libertad posible. 

La oficialidad de los hechos, de los da¬ 
tos ayuda al acceso a los conocimientos. 
La verdad oficializada da lugar a preguntas 
que van variando en los procesos de bús¬ 
queda por conocer la lógica de los hechos 
y el origen de las cosas. Estamos pensando 
en la enseñanza como instrumento para 
dialogar con las verdades en conflicto, 
despolarizar sociedades y específicamente 
aulas, donde por momentos se ven enfren¬ 
tadas visiones y prácticas opuestas y apa¬ 
rentemente irreductibles. 

Pensamos que el sistema democrático 
se construye democratizando el conoci¬ 
miento, desarrollando el ejercicio del “sa¬ 
ber” en el ejercicio de la “interpelación de 
las Verdades”, para encontrar y entender 
aspectos de nuestra identidad. 

La construcción de la democracia es 
legal, institucional y ética. Entendién¬ 
dola en su carácter histórico, dinámico, 
abierto, permeable y perfectible, necesita 
de los ciudadanos, una actitud atenta a 
los cambios que se están produciendo en 
ella, sintiéndose parte en la construcción, 
entendiendo los valores que estamos pro¬ 
moviendo en el desarrollo de la conviven¬ 
cia, interpelándolos, participando crítica¬ 
mente. 

La democracia se fortalece en la atención 
y la alerta ante valores antidemocráticos y 
autoritarios. La educación cumple un rol 
fundamental para el conocimiento de los 
mecanismos por la defensa de valores demo¬ 


cráticos, enseñando también las construc¬ 
ciones institucionales antidemocráticas. 

El tratamiento del tema en la 
enseñanza pública 

El tema violaciones a los derechos hu¬ 
manos cometidas a la población durante 
la última dictadura y las marcas en el rela- 
cionamiento y la vida democrática actual, 
es para nosotros un tema tanto del Estado 
como de la sociedad civil. 

Entendemos a la democracia como 
una construcción social en la cual el Esta¬ 
do tiene entre otras, la responsabilidad de 
construir políticas públicas, que fortalez¬ 
can lo democrático del sistema. 

Con respecto a la dictadura, el Esta¬ 
do post dictadura tiene responsabilidades 
ante la sociedad que debe asumir. No es 
aceptable su pretensión de ignorar la expe¬ 
riencia vivida durante doce años y además, 
promover políticas de olvido. 

Los gobernantes tienen como función, 
gestionar el poder del Estado organizado 
según la Constitución, que es el acuerdo 
más general y deben promover la partici¬ 
pación en la construcción legal, institucio¬ 
nal y ética de la democracia. La democracia 
anterior a la dictadura del ‘73, no resolvía 
los problemas de los ciudadanos, y cuando 
la población avanzó en sus demandas aun 
dentro de los marcos institucionales, las 
respuestas gubernamentales se caracteriza¬ 
ron por la aplicación de medidas autorita¬ 
rias, hasta desembocar en la dictadura. 

En este estadio de desarrollo, la demo¬ 
cracia tiene que afirmar y desarrollar aque¬ 
llas conquistas. 

En nuestros talleres se plantea que no 
hay democracia sin saber y trabajamos el sa¬ 
ber como un derecho político, un derecho 
y una obligación a tener conocimiento y a 


ejercer un rol participativo responsable. El 
saber para tener información y el saber para 
tener acceso a formas de estar en la sociedad. 
“Conocer cambia la manera de pararsefrente a 
la vida”, expresó una docente en un taller. 

Este derecho a saber da paso a hablar de 
la verdad, las verdades en conflicto en nues¬ 
tros talleres y en nuestras clases. Las verda¬ 
des aportan a la construcción de identidad 
y una vez sobre la mesa, obligan al debate 
y a actuar. El no- conflicto da cuenta de 
cuánto nos cuesta compartir y expresar lo 
que nos pasó, lo que nos pasa. 

Hay muchos temas en la memoria que 
no tocamos y eso impide asumir la expe¬ 
riencia vivida, procesarla, elaborarla como 
sociedad y liberarnos de los anti-valores de 
nuestra convivencia, que afectan la vida 
democrática. Saltearnos la experiencia del 
terrorismo de Estado, las vivencias, las me¬ 
morias, los hechos históricos, así como de¬ 
jar de tomar en cuenta las decisiones polí¬ 
ticas de olvido, de impunidad, de desinte¬ 
rés del Estado por conocer la verdad y que 
cada cuál asuma sus responsabilidades, in¬ 
tegrar los impactos sociales del terrorismo 
de Estado a nuestra identidad actual; son 
mensajes que culturalmente identifican 
nuestra sociedad y que “podrían”, (habría 
que investigarlo), estar enseñando en las 
generaciones jóvenes, iguales actitudes de 
vida en la construcción democrática (por 
aquello de que aprendemos con el ejemplo 
y con los hábitos, o sea las acciones que 
reiteramos permanentemente). 

Trabajar el conflicto entre “verdades” 
nos permite construirnos en la tolerancia 
que necesitamos aprender para crecer en el 
cruce de “verdades”. La educación pública 
cumple un rol esencial en la enseñanza del 
encuentro con la diversidad de ideologías 
y decisiones, desarrollando en los estu¬ 
diantes capacidades críticas y de autono¬ 


mía en la acción. 

Entendemos que la oficialidad de los da¬ 
tos que son hechos históricos, sociales, psico¬ 
lógicos, culturales, económicos, biológicos, 
etc., promueven el acceso al conocimiento y 
que el conocimiento, la investigación y el de¬ 
bate de estos hechos, junto a otras condicio¬ 
nantes sociales, colabora con la posibilidad 
de mejorar la situación actual. 

A través de amplio debate 

Este documento aspira a continuar 
promoviendo el debate y el estudio sobre 
estos temas y su enseñanza, no sólo en las 
aulas que pudieran considerarse más espe¬ 
cíficas como Historia, Literatura, Filoso¬ 
fía, Sociología. Desde las diversas dimen¬ 
siones y a través de sus lógicas, cada rama 
del conocimiento tiene la posibilidad de 
hacer su valioso e imprescindible aporte. 

En su elaboración se pretende continuar 
contando con una gran diversidad de aportes 
y se aspira a culminar con la inclusión explícita 
de estos temas en los programas de estudio. 


El día 15 de octubre de 2004, Serpaj organi¬ 
zó un Seminario con el título "Presencias del 
pasado. Memorias, Democracia y Derechos 
Humanos", que se realizó en la Facultad de Hu¬ 
manidades y Ciencias de la Educación. 

Sus dos objetivos fueron: 1) Apoyar el rol do¬ 
cente, acercando información e intercambio 
sobre el estado actual de los conocimientos 
elaborados por organizaciones de la sociedad 
civil, investigadores y docentes y 2) Contribuir 
en el proceso de cambios a realizar en la curri¬ 
cula oficial de Educación Pública sobre la ense¬ 
ñanza de estos temas. 

Participaron veintitrés panelistas representan¬ 
tes de organizaciones, investigadores y docen¬ 
tes, que pueden considerarse entre los más 
representativos que sobre estas actividades 
existen en el país, quienes realizaron aportes 
muy diversos y coincidieron en la imperiosa 
necesidad de tratar el tema en la educación. 





Derechos 
Civiles y Políticos 





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© SERPAJ 


Violación de los derechos 
humanos de los detenidos 


El Programa de Derechos Civiles y Po¬ 
líticos (DCP) de Serpaj, responsable del 
tema carcelario destaca que desde la actual 
gestión de la Dirección Nacional de Cárce¬ 
les (DNC), a cargo del inspector retirado, 
Enrique Navas, se han evidenciado esfuer¬ 
zos por humanizar el sistema, enfrentar la 
corrupción interna, realizar unos primeros 
cursos de capacitación al personal, denun¬ 


ciar el importante número de funcionarios 
de la DNC que se encuentran en comisión 
en otras dependencias del Ministerio del 
Interior, así como dar apertura a las orga¬ 
nizaciones y los medios de comunicación 
para el ingreso a las cárceles, situación ésta 
que también se constató en las distintas 
jefaturas del interior como también en 
Cárcel Central. 








Número de reclusos bajo la órbita de la Dirección Nacional de Cárceles 1 


Población privada de libertad Complejo Carcelario Santiago Vázquez 


Año Cantidad 


(Comear) 



1984 1.890 


Reclusos: 

2.901 


1994 3.200 


Procesados: 

1.762 


2003 6.883 (marzo) 

Penados: 

1.139 


2004 7.149 (julio) 

Primarios: 

1.234 




Reincidentes: 

1.667 


Penal de Libertad: 




Reclusos: 

548 

Establecimiento La Tablada 

Procesados: 

196 

Reclusos: 

177 


Penados: 

352 

Procesados: 

55 


Primarios: 

183 

Penados: 

122 


Reincidentes: 

365 

Primarios: 

65 




Reincidentes: 

112 


Centros de Recuperación 




Reclusos: 

75 

Hospital Saint Bois 


Procesados: 

10 

Reclusos: 

2 


Penados: 

65 

Procesados: 

2 


Primarios: 

39 

Penados: 

0 


Reincidentes: 

36 

Primarios: 

0 




Reincidentes: 

2 


Correccional y Detención Mujeres 



Reclusas: 

213 

Totales 



Procesadas: 

163 

Reclusos: 

3.916 


Penadas: 

50 

Procesados: 

2.188 

(55.87%) 

Primarias: 

145 

Penados: 

1.728 

(44.13%) 

Reincidentes: 

68 

Primario: 

1.666 

(42.54%) 



Reincidentes: 

2.250 

(57.46%) 


Fuera del ámbito de la DNC se en¬ 
cuentran las Jefaturas del Interior 2 del país 
de las que dependen el o los establecimien¬ 
tos carcelarios de los departamentos; es el 


caso también de la Cárcel Central que está 
bajo la órbita de la Jefatura de Policía de 
Montevideo, además del Centro Nacional 
de Rehabilitación. 


1 Información brindada por la Dirección Nacional de Cárceles, según parte diario de población reclusa N° 163 de 09/09/04. 











Establecimiento 

Procesados 

Penados 

Total 

Artigas 

96 

56 

152 

Canelones 

572 

189 

761 

Cerro Largo 

68 

49 

117 

Colonia 

72 

34 

106 

Durazno 

41 

50 

91 

Flores 

18 

17 

35 

Florida 

36 

57 

93 

Lavalleja 

53 

24 

77 

Maldonado 

262 

103 

365 

Cárcel Central 

79 

23 

102 

Paysandú 

183 

59 

242 

Rivera 

195 

56 

251 

Río Negro 

41 

37 

78 

Rocha 

82 

79 

161 

Salto 

112 

69 

181 

San José 

77 

56 

133 

Soriano 

70 

55 

125 

Tacuarembó 

121 

37 

158 

Treinta yTres 

56 

26 

82 

Total 

2234 

1076 

3310 


(67%) 

(33%) 



Si consideramos que la capacidad de 
los establecimientos referidos es de unos 
1.800 cupos aproximadamente, el núme¬ 
ro de reclusos excede en 1.510 los lugares 
para la capacidad referida. 

Representantes de Serpaj presentaron 
ante la Comisión Tripartita, integrada 
por los tres poderes del Estado y que se¬ 
siona dentro del ámbito de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Cámara de 
Representantes, un proyecto de ley a fin 
de que fuera estudiado, pero no fue tra¬ 
tado en el Parlamento. El proyecto -que 
contó con la importante colaboración de 


la representante de la Fiscalía de Corte 
en la Comisión, Dra. Claudia Arriaga, 
planteaba disminuir para ciertos casos 
privaciones de libertad sumamente pro¬ 
longadas, al transformar el mínimo legal 
de 2 años de penitenciaría en 24 meses 
de prisión. Por tanto, en un mínimo que 
permita solicitar la libertad provisional 
en los delitos previstos en el artículo 341 
del Código Penal: hurto con penetración 
en un edificio, sustracción con destreza 
(punga) o por sorpresa (arrebato). 2 3 

No se comparte, el agravamiento de las 
penas que formulara la Ley de Urgencia 
(N° 17.243 del 29/06/2000), ya que no es 
razonable que la pena de hurto se castigue 
con mínimo de penitenciaría. 

Otra reforma legal urgente debería 
darse con relación a disminuir el núme¬ 
ro de reclusos. Esto tendría, a su vez, un 
efecto importante para garantizar el res¬ 
peto de los derechos humanos de aquellos 
que padecen enfermedades incurables en 
período terminal o bien que por su edad 
no deben permanecer en una cárcel, aún 
menos con las características de las uru¬ 
guayas. Se plantea como solución alter¬ 
nativa, la prisión domiciliaria. 

Comisionado Parlamentario para 
el sistema carcelario 

Por Ley N° 17.684 de 29 de agosto de 
2003 se creó la figura del Comisionado 
Parlamentario con “el cometido principal 
de asesorar al Poder Legislativo en su función 
de control del cumplimiento de la normativa 
constitucional, legal o reglamentaria vigente, 
de los convenios internacionales ratificados 
por la República, supervisión de la actividad 


2 La información de las Jefaturas Departamentales corresponde al Instituto Nacional de Criminología, Centro Nacional de Censo 
y Estadística Criminal, a julio de 2004. 

3 El proceso penal uruguayo no habilita el beneficio de la excarcelación provisional para delitos con pena mínima de "penitencia¬ 
ría" (dos años de privación de libertad ambulatoria). El derecho asistiría -para ciertos delitos- si ese período fuera considerado 
"prisión" y no "penitenciaría". 



de los organismos encargados de la adminis¬ 
tración de los establecimientos carcelarios y 
de la reinserción social del recluso o liberado”. 
(Artículo 1). 

Agotados los plazos legales establecidos 
en la ley, la Comisión Especial de nueve 
miembros conformada por todos los par¬ 
tidos políticos de acuerdo al mandato legal 
(Artículo 19), no elevó la propuesta del can¬ 
didato a decisión de la Asamblea General. 

Frente a tal incumplimiento, Serpaj 
reclamó por nota ante el presidente de 
la Asamblea General, senador Luis Hie¬ 
rro, la designación del Comisionado Par¬ 
lamentario. Tras la misiva se procedió al 
nombramiento de la Comisión Especial 
ante la que ya se formularon propuestas 
de candidatos. La designación quedó para 
el año próximo. 

Se tratará de una figura muy impor¬ 
tante para velar por los derechos de los 
reclusos. Tiene como cometido recibir 
denuncias, formular recomendaciones a 
las autoridades carcelarias, realizar inspec¬ 
ciones a los establecimientos, promover el 
respeto a los derechos humanos de quienes 
se encuentran privados de libertad, inter¬ 
poner recursos de “habeas corpus” o am¬ 
paro cuando considere que existen delitos 
o la denuncia penal cuando se presuma su 
existencia. (Artículo 2). 

Ai carecer Uruguay de un defensor del 
pueblo y de jueces de ejecución en el ám¬ 
bito del Poder Judicial, la etapa del cumpli¬ 
miento de la pena es totalmente deficitaria 
en lo que respecta a la violación permanen¬ 
te de los derechos de quienes están privados 
de libertad. Por ello, el Comisionado Par¬ 
lamentario -funcionario independiente que 
ejercerá su tarea con plena autonomía y no 
recibirá instrucciones de ninguna autori¬ 
dad- está llamado a cumplir una función 
relevante en cuanto al respeto de los dere¬ 
chos de los más desprotegidos dada la pér¬ 


dida de su libertad y la falta, muchas veces, 
de defensa y garantías ante arbitrariedades 
de la autoridad administrativa. 

Visitas realizadas en 2004 a 
establecimientos de Montevideo 
y del interior del país 

Se realizaron visitas al Complejo Car¬ 
celario de Santiago Vázquez, al penal de 
Libertad, a Cárcel Central y a las cárceles 
de Rocha y Maldonado. 

Las cárceles visitadas alojan a un 55% 
de la población reclusa. 

Se destaca la muy buena disposición de 
las autoridades al brindar material de in¬ 
formación, acompañamiento, al franquear 
los lugares que solicitamos visitar, y al per¬ 
mitir entrevistas individuales y de carácter 
reservado con los internos. 

Principales conclusiones de la 
visita al Penal de Libertad: 

Escasez de agua corriente que obliga a 
acudir a la disponible en los inodoros para 
su consumo, falta de electricidad en las cel¬ 
das de acero lo cual impide calentar agua 
para el mate, templar el ambiente que es 
de por sí extremadamente frío, acceder a la 
información a través de aparatos eléctricos 
(radios y televisores), entre otras. 

• Escasa y mala alimentación. 

• Falta de dietas específicas para los 
portadores de HIV. 

• Falta de técnicos y estrategias para 
realizar propuestas alternativas al encierro 
y a las insuficientes “horas de patio”. 

• Carencia de preparación específica 
por parte de las autoridades y de funciona¬ 
rios de menor jerarquía, falta de instruc¬ 
ción sobre derecho penitenciario y trato a 
personas privadas de libertad; los funcio¬ 
narios policías se encuentran desgastados 


producto del trabajo cotidiano con reclu¬ 
sos que viven en malas condiciones. 

• Ausencia de actividades de enseñan¬ 
za, recreativas y culturales que involucren 
al grueso de la población carcelaria. Un 
porcentaje muy pequeño accede por ejem¬ 
plo, al trabajo de cultivos en quintas. 

• Las condiciones de vida deben ser al¬ 
teradas en forma urgente ya que se viola 
el trato humanitario que se debe dar a las 
personas privadas de libertad por resolu¬ 
ción judicial, agregando un sufrimiento 
importante al recluso, lo que genera de 
parte del Estado uruguayo una violación 
de las normas legales vigentes en cuanto a 
las condiciones de reclusión y tratamiento 
de quienes las sufren. 

• Como hecho positivo se destaca la 
refacción que se está realizando en el edifi¬ 
cio principal, lo que generaría de acuerdo 
a lo observado mejores condiciones vida 
para la población carcelaria. 

De las conclusiones de la visita 
al módulo 3 y 4 del Complejo 
Carcelario Santiago Vázquez 
(Comear) se destaca: 

• El estado de deterioro en el interior 
de los módulos visitados, a pesar de ser un 
edificio que fue habilitado parcialmente 
hace 18 años, por lo cual sugerimos la clau¬ 
sura inmediata de los mismos a los efectos 
de darles nuevamente las condiciones de 
habitabilidad de las que hoy carecen: falta 
de agua caliente, zonas sin luz eléctrica y 
otras con instalaciones precarias, falta de 
vidrios en las ventanas, sanitaria en malas 
condiciones, pisos empapados por cañe¬ 
rías tapadas, roturas en paredes, falta de 
camas, falta de artículos para el aseo, falta 
de cisternas y de canillas. 

• Problemas de hacinamiento gene¬ 
rados por la presencia de cuatro internos 


en celdas individuales y hasta ocho en las 
colectivas, durmiendo muchas veces en el 
suelo en colchones de escasa densidad; la 
tasa de densidad carcelaria es de 202,92 
%; esta superpoblación implica la impo¬ 
sibilidad de atender en categorías a los re¬ 
clusos a la vez que genera violencia, abusos 
y tensiones permanentes. 

• Un porcentaje importante de la po¬ 
blación carcelaria -aproximadamente el 
80%- sometida al ocio compulsivo dada 
la total inexistencia de actividades recrea¬ 
tivas, culturales, etc. 

• Escasez de funcionarios policiales 
sumado a que los existentes ejercen sus 
funciones con enormes carencias debido a 
la falta de una preparación adecuada para 
el trato con reclusos y a las pésimas con¬ 
diciones en las que deben realizar su tra¬ 
bajo, citando como ejemplo que hay zo¬ 
nas donde deben alumbrarse con focos y 
linternas por no disponer de luz eléctrica, 
con la consiguiente inseguridad que ello 
les genera. 

• Alimentación totalmente insuficien¬ 
te que provoca que la población carcelaria 
pase hambre; cabe puntualizar que los mu¬ 
chos reclusos que no tienen visita no dispo¬ 
nen por tanto de “paquete” que los ayude a 
compensar las carencias del sistema. 

• Enfermedades contagiosas sin con¬ 
trol o insuficientemente controladas. 

Conclusiones de la visita a Cárcel 
Central: 

• Buen estado de conservación de las 
instalaciones lo que evidencia una aten¬ 
ción acerca de las condiciones necesarias 
que aseguren la habitabilidad del lugar; el 
perfil de las personas recluidas en ese cen¬ 
tro así como el establecimiento de reglas 
claras (sintetizadas en un reglamento in¬ 
terno que es de conocimiento de toda la 


100 


población carcelaria) facilitan el manteni¬ 
miento de las instalaciones. 

• El número de la población reclusa es 
levemente superior a la capacidad del esta¬ 
blecimiento, situación excepcional dentro 
de los lugares de reclusión de todo el país. 

• Los lugares de reclusión no son am¬ 
plios; la televisión, juegos de mesa, la lectura 
y la preparación de la comida son las prin¬ 
cipales actividades desarrolladas durante el 
día; a estas se suman los ejercicios físicos y los 
cursos a los que concurren algunos reclusos. 

• El piso destinado a visitas de las fami¬ 
lias es muy adecuado para ese fin: cuenta 
con un parrillero externo y está equipado 
correctamente como producto de las dona¬ 
ciones realizadas por los propios reclusos. 

• No se perciben privilegios de algunos 
reclusos sobre otros en cuanto a las condi¬ 
ciones de vida diaria. 

• Se debe mejorar las condiciones de 
reclusión de quienes permanecen en “la 
reja” antes de su traslado a otro estableci¬ 
miento, ya que su permanencia en dicho 
sitio puede llegar a ser de tres días. 4 

Conclusiones de la vista a la 
Cárcel Departamental de Rocha: 

• Se trata de un edificio que fue cons¬ 
truido en el año 1878 por lo que sus con¬ 
diciones de conservación son deficitarias, 
sus espacios resultan insuficientes ya que 
tiene capacidad para albergar entre 55 y 
60 reclusos, pero aloja actualmente a 165 
personas, entre ellas 12 mujeres. Estas úl¬ 
timas están separadas por una reja del lu¬ 
gar destinado a los hombres; se evidencia 
un importante hacinamiento y las condi¬ 
ciones de vida de los y las reclusas violan 
en forma flagrante los derechos humanos 


de los privados de libertad. 

• Falta de actividades laborales, cultu¬ 
rales, deportivas, etc. Esto constituye en 
un escollo a la preparación de los dete¬ 
nidos para su posterior integración a la 
sociedad. 

• El hacinamiento y el ocio compul¬ 
sivo a que está sometida la mayoría de la 
población reclusa son factores de perma¬ 
nente tensión que generan deterioro físico 
y mental. 

• Es urgente la construcción de un 
nuevo establecimiento; se nos mostró el 
predio fuera de la ciudad donde eventual¬ 
mente se construiría el edificio en virtud 
de la disponibilidad de algunos fondos 
para comenzar las obras. 

Conclusiones de la visita a 
la Cárcel de Las Rosas en 
Maldonado: 

• Pésimo estado de mantenimiento de 
un edificio de aproximadamente 30 años; 
sin dudas la importante superpoblación 
juega un rol importante para este deterioro 
sumado a la falta de inversión en reparacio¬ 
nes; el estado del establecimiento hace que 
las condiciones de vida violen los derechos 
humanos de las personas privadas de liber¬ 
tad, no respetándose las normas constitu¬ 
cionales y legales vigentes. 5 A ello se debe 
sumar la falta de aseo del lugar. 

• Falta de agua, lo cual constituye una 
grave carencia que atenta contra la salud 
de los reclusos, la visita y el personal poli¬ 
cial y técnico que trabaja en la cárcel. 

• Importante superpoblación: 337 
personas alojadas en un establecimiento 
con capacidad para 170, lo que genera ha¬ 
cinamiento. 


4 La Cárcel Central es utilizada como centro de reclusión provisorio en tanto se completan los trámites administrativos pertinen¬ 

tes que fijan ei lugar en que el recluso cumplirá su sanción. 



• El grueso de la población se encuen¬ 
tra sin actividades laborales, culturales, 
recreativas, deportivas ni de ninguna espe¬ 
cie. Es escaso el número de reclusos ocu¬ 
pados en una quinta. 

• Las 14 reclusas que habitan el esta¬ 
blecimiento -entre las cuales hay una ma¬ 
dre con una niña de pocos meses- están en 
condiciones de encierro más severas que 
los hombres. 

Situaciones destacadas por la 
prensa 

• Ayuno de protesta de reclusos salte- 
ños logró que se aislara a un portador de 
hepatitis. (Febrero) 

• En Colonia en comparación con 
otros años, bajan los delitos, pero aumen¬ 
tan los presos. En la cárcel de Piedra de los 
Indios, departamento de Colonia, en 2001 
había 103 reclusos, en el 2002 eran 120, el 
año pasado se elevó a 146. (Febrero) 

• El diputado Guillermo Chifflet denun¬ 
ció casos de furunculosis y HIV en las cárce¬ 
les que están sin tratamiento. (Febrero) 

• Dos reclusos muertos al intentar fugar¬ 
se de la Cárcel Central de Rivera. (Marzo) 

• Internos amotinados. Sesenta meno¬ 
res de la Colonia Berro fueron trasladados 
al Penal de Libertad. (Marzo) 

• Fugas en la Cárcel de Salto y hacina¬ 
miento en la de Rocha, donde se registran 
obstrucciones con pocos reclusos ocupa¬ 
dos en una quinta en la cañería de trata¬ 
miento de aguas residuales. (Marzo) 

• El Ministerio del Interior ofreció pa¬ 
sar el Instituto Nacional de Criminología 
a la órbita del Poder Judicial. (Marzo) 

• La ONG “Médicos del Mundo” cues¬ 


tionó el sistema carcelario, manifestando 
sus dos representantes “la inexistencia de 
una política carcelaria correcta y que prio- 
rice el aspecto de la salubridad”. (Abril) 

• Explosivo aumento de reclusos: sólo 
en Montevideo 21 personas procesadas 
por día. (Junio) 

• Diez peligrosos reclusos se fugaron del 
Elospital Psiquiátrico Vilardebó. (junio) 

• Ombudsman carcelario. El Parla¬ 
mento no respeta la ley. (Junio) 

• Sancionan al Director Nacional de 
Cárceles Inspector retirado, Enrique Na¬ 
vas, con cinco días de arresto a rigor por 
declaraciones en ámbito académico sobre 
sistema carcelario y policía. (Junio) 

• Venció el plazo para nombrar Co¬ 
misionado Parlamentario. Serpaj reclamó 
por la situación al vicepresidente Hierro. 
(Julio) 

• Guardias “condenaron” a muerte a 
tres reclusos por denunciar a un oñcial que 
practicaba aberrantes hechos en el estable¬ 
cimiento y que finalmente fue procesado 
por abuso de autoridad. (Julio) 

• El senador José Mujica promueve 
una “amnistía” para “presos primarios” a 
partir de 2005 si la izquierda gana las elec¬ 
ciones. (Agosto) 

• El inspector retirado, Enrique Navas: 
la miseria en las cárceles impide cambiar 
una bombita de luz. (Agosto) 

• El subsecretario del Interior, Dr. Fer¬ 
nández Chávez, se reunirá con el ministro 
de Salud Pública por pacientes carcelarios. 
(Setiembre) 

• Falleció el recluso W.A.G.M de 21 
años de edad, que se encontraba en Com¬ 
ear luego de ser agredido en su celda. (Oc¬ 
tubre) 


5 Constitución de la República, Pacto de San José de Costa Rica, Reglas Mínimas de ONU para el tratamiento de los reclusos, 
Decreto Ley N° 14.470 (que regula la reclusión). 



102 


Comisión de Seguimiento 
del Sistema Carcelario 
Juvenil Uruguayo 


Con el objetivo de realizar un moni- 
toreo sobre el funcionamiento del sistema 
de privación de libertad para adolescentes 
en Uruguay, y del cumplimiento de las 
normas de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño en la materia, 
comenzó a funcionar en setiembre, la Co¬ 
misión de Seguimiento del Sistema Carce¬ 
lario Juvenil Uruguayo. 

Se trata de un grupo de trabajo del Co¬ 
mité de los Derechos del Niño integrado 
por representantes de distintas organizacio¬ 
nes de la sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales y expertos en la temática. 
Una de las misiones principales es efectuar 
el seguimiento de las recomendaciones 
realizadas por la Organización Mundial 
Contra la Tortura (OMCT), tras su visita a 
Uruguay a fines del año pasado. 

La comisión está integrada por: Dr. 
Carlos Uriarte, Asistente social, Eduardo 
Pirotto, Dra. Graciela Berro, Dr. Fran¬ 
cisco Ottonelli (Ielsur), Dra. Rita Pérez 
(Colegio de Abogados), Dra. Susana 
Falca (Vida y Educación y CEP), Prof. 
Alicia Albornoz (Serpaj), Luis Pedernera, 
y Ed.Soc. Diego Silva Balerio (Comité 
De los Derechos del Niño). Cuenta con 
el asesoramiento del Dr. Juan Faroppa 


(Unicef) y la Dra. Mary Beloff (experta 
argentina en derechos de la infancia y 
adolescencia). 

El grupo asevera que la privación de li¬ 
bertad de adolescente es crítica: malos tra¬ 
tos y torturas, motines generados por los 
funcionarios. Y el extremo expresado por 
la muerte de un adolescente que, según in¬ 
formación oficial, se trata de un suicidio. 
Ai cierre del presente Informe, el hecho 
aún se encontraba bajo investigación. 

Esta situación no es novedosa, o co- 
yuntural, responde a los ciclos propios de 
una institución estructuralmente inviable: 
funcionarios sin la formación adecuada; 
directores de centros impuestos a dedo, 
sin ningún concurso que avale su idonei¬ 
dad para el cargo; concentración de cen¬ 
tros en el complejo carcelario Berro y con¬ 
siguientemente centralización de poder en 
los funcionarios; ausencia de un proyecto 
reductor de la privación de libertad; y un 
largo etcétera explican esta situación. 

La Comisión elaborará un informe 
que contendrá las líneas generales para la 
transformación del sistema carcelario ju¬ 
venil lo que implica hacerlo más eficiente 
y respetuoso de los derechos de los niños y 
adolescentes que recluye. 


Maltrato y tortura 

Informe sobre hechos registrados 
en la Colonia Berro* 


o 

> 


Este año el sistema de encierro en Uru¬ 
guay se vio seriamente cuestionado por 
denuncias de malos tratos y torturas de 
parte de adolescentes privados de libertad 
en el Complejo Berro. 

La situación se conoció públicamente 
a través de un informe realizado por tres 
organizaciones no gubernamentales -Ofi¬ 
cina Católica para la Infancia (BICE), 
Vida y Educación e Infancia Adolescencia 
Ciudadana- tras una larga investigación 
sobre denuncias presentadas en distintas 
sedes judiciales de Menores en Montevi¬ 
deo y de la órbita Penal en la ciudad de 
Pando, departamento de Canelones. 

El informe fue presentado a las auto¬ 
ridades de la Suprema Corte de Justicia 
(SCJ) y del Instituto del Niño y Adoles¬ 
cente del Uruguay (INAU), para que ac¬ 
tivaran los mecanismos pertinentes ante 
hechos de tanta gravedad: había pasado 
demasiado tiempo desde la denuncia de 
algunos casos sin que, en el ámbito admi¬ 
nistrativo ni judicial, se adoptaran medi¬ 
das de protección a las víctimas. 

Las denuncias, si bien refiere a uno de 
los establecimientos de la Colonia Berro 
(el SER) cuestiona a todo el complejo, 
porque no debemos olvidar que el sistema 
es uno sólo. 

Más tarde o más temprano todos los 
adolescentes que ingresan a los centros de 
la Colonia tienen la posibilidad de pasar 
por el SER: está previsto que las sanciones 
que se aplican a los adolescentes y que im¬ 


plican separación del grupo de conviven¬ 
cia, se cumplen en ese lugar. 

Por tanto, conocidas las condiciones de 
encierro en este cuestionable centro, nin¬ 
guna autoridad de la Colonia Berro puede 
permanecer ajena a la responsabilidad por 
tales hechos. 

Las prácticas que constituyen malos 
tratos, denunciadas por los adolescen¬ 
tes en varios expedientes judiciales, son 
consecuencias del sistema impuesto por 
las autoridades desde hace diez años. En 
aquel momento se resolvió de manera ex¬ 
presa, privilegiar la “seguridad” edilicia 
de los centros de privación de libertad - 
que tienen una estructura carcelaria- para 
evitar que los adolescentes recluidos se 
fugaran. 

Ese es el argumento que siempre han 
manejado públicamente las autoridades 
del Instituto Técnico de Rehabilitación 
Juvenil (Interj) para justificar el sistema 
impuesto, colocando a salvo y en primer 
lugar, su responsabilidad funcional de 
acatar y hacer acatar un fallo judicial por 
encima de su obligación de proteger los 
derechos de las personas que están bajo su 
custodia. 

La Constitución de la República, la 
Convención de los Derechos del Niño y 
las Reglas de Naciones Unidas para la Pro¬ 
tección de los Menores Privados de Liber¬ 
tad, marcan a las autoridades las pautas a 
seguir en el trato que deben dispensar a 
los adolescentes privados de su libertad: el 


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103 


* Autor: Infancia y Adolescencia Ciudadana (IACI). 



104 


rincipio rector de toda su actuación debe 
ser el interés superior del niño y el adoles¬ 
cente, quienes deben ser respetados en de 
sus derechos. 

Una institución cerrada a esas carac¬ 
terísticas, que responde a la descripción 
panóptica de la cárcel de Foucault, pro¬ 
duce la anulación del sujeto, al invadir la 
privacidad de los adolescentes en todos los 
aspectos de su vida: siempre y en cada mo¬ 
mento la mirada de los funcionarios está 
presente. Si a eso le agregamos situaciones 
como las denunciadas por algunos adoles¬ 
centes en causas judiciales e investigacio¬ 
nes administrativas llevadas a cabo por el 
INAU, no hay duda que se han producido 
hechos de tortura. Definamos esta palabra 
tan polémica que sólo su mención provoca 
las más encendidas reacciones defensivas 
del sistema: 

La Convención Contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu¬ 
manos o Degradantes define a la tortura 

como “ todo acto por el cual se inflija inten¬ 
cionalmente a una persona dolores o sufri¬ 
mientos graves, ya sean físicos o mentales, con 
el fin de obtener de ella o de un tercero in¬ 
formación o una confesión, de castigarla por 
un acto que haya cometido o se sospeche que 
haya cometido, o de intimidar o coaccionar 
a esa persona o a otras, o por cualquier razón 
basada en cualquier tipo de discriminación, 
cuando dichos dolores o sufrimientos sean 
infligidos por un funcionario público u otra 
persona en el ejercicio de funciones públicas, 
a instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia, (...) 

En tanto la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño (CDN) en su 
artículo 37 literal a, dice que “ ningún niño 
será sometido a torturas ni a otros tratos o pe¬ 


nas crueles, inhumanos o degradantes”. El li¬ 
teral b, establece que “ todo niño privado de 
su libertad será tratado con la humanidad y 
el respeto que merece la dignidad inherente a 
la persona humana(...)”. 

Desde 1998 las autoridades de Interj 
conocen cuál es la situación de maltrato 
soportada por decenas de adolescentes que 
han pasado por el encierro. Así lo han he¬ 
cho conocer distintas organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos 
desde las cuáles participamos sistemática¬ 
mente -desde hace varios años- en diversas 
actividades de control y seguimiento de las 
condiciones de la privación de libertad de 
los adolescentes. 

El informe que el Comité de los De¬ 
rechos del Niño de Uruguay entregó a 
la dirección del Interj, con el resulta¬ 
do de las visitas a los establecimientos 
en 1999, manifiesta -en el capítulo de 
observaciones- nuestra preocupación 
respecto a que se priorizaba el aspecto 
de custodia y de seguridad por sobre el 
educativo: “se han observado ciertas prác¬ 
ticas por parte de funcionarios que aten- 
tan contra la integridad psico- física de 
los adolescentes en aquellos centros donde 
dependen de la voluntad del funcionario 
para ir a los gabinetes higiénicos, sobre 
todo en horas de la noche-, si no pueden 
aguantar sus necesidades, si las hacen en 
sus celdas, son sancionados”. 

Estas conductas de los funcionarios 
atentan contra la dignidad humana y sin 
ninguna duda pueden incluirse en lo que 
se define como tortura. 

Las prácticas degradantes aplicadas por 
algunos funcionarios y toleradas por otros, 
se fueron agravando con el paso del tiempo 
y la pasividad de las autoridades, llegando 
a extremos tales como , por ejemplo: 


Someter a las víctimas a “cinco mi¬ 
nutos” de peleas autorizadas. Así, los 
adolescentes se agreden entre sí y/o 
agreden a otro, especialmente cuando 
se trata de alguno de los denominados 
“violeta” 1 . Todo ello en presencia de al¬ 
gún funcionario. 

Tales prácticas se encuentran denun¬ 
ciadas en expedientes judiciales. ¿Cómo 
calificar esta conducta de los funcionarios 
sino como tortura? 

El ministro de Educación y Cultura, Dr. 
Leonardo Guzmán, realizó una visita intem¬ 
pestiva al complejo Berro; al ver las condicio¬ 
nes en las que convivían los recluidos, dijo 
no querer eso para ningún niño del país. 

El aislamiento en celdas en las peo¬ 
res condiciones físicas, castigo al que son 
sometidos adolescentes sancionados de 
acuerdo con el reglamento vigente, ¿no 
constituye un trato cruel e inhumano? 

Además de aislarlo, se le saca la ropa, 
no se le proporciona cama, colchón ni 
abrigo para pasar la noche, y en esas con¬ 
diciones se lo mantiene 24 horas: si no es 
tortura, trato cruel o inhumano, ¿de qué 
se trata entonces? 

Las consideraciones de estas prácticas 
degradantes deben superar el plano de la 
mezquindad de los actores involucrados y 
centrarnos en el único aspecto posible a 
tratar: los derechos humanos de los ado¬ 
lescentes privados de libertad y el rol del 
Estado como garante de los mismos. 

El hecho que los adolescentes estén 
sometidos a un proceso judicial por la 
comisión de un hecho antijurídico de na¬ 
turaleza penal y que tengan restringido su 
derecho a la libertad ambulatoria, no sig¬ 
nifica que se les deba privar de los demás 
derechos que tienen, como personas y su¬ 
jetos de derecho. 


Es deber del Estado proteger el ejerci¬ 
cio efectivo de esos derechos de todos los 
niños, niñas y adolescentes del país, pero 
especialmente de aquellos que están bajo 
su custodia. 

Esta obligación del Estado uruguayo 
surge en tanto forma parte del Sistema 
Universal de Protección y Promoción de 
los Derechos Humanos y del Sistema Inte- 
ramericano de Protección de los Derechos 
Humanos. 

Tanto en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos como en los Pac¬ 
tos de Derechos Civiles y Políticos, surge la 
obligación del Estado uruguayo de tratar a 
las personas privadas de su libertad con el 
respeto inherente a la dignidad humana y 
tratándose de niños, debe brindarle la pro¬ 
tección que “su condición” justamente de 
niño o adolescente “requiere”. 

En ese mismo sentido, la Convención 
Americana de Derechos Humanos, en su 
artículo 19, establece la obligación del 
Estado Parte de proteger especialmente a 
niños y adolescentes, y dentro de esas obli¬ 
gaciones está la de tomar medidas cautela¬ 
res o preventivas que protejan a la víctima 
ante la denuncia de malos tratos y/o de 
irregularidades por parte del agente del 
Estado que ejerce su custodia directa. 

El Estado uruguayo tiene una especial 
función de garantía en la protección de los 
derechos de las víctimas de abuso y maltrato. 

Cabe preguntarse ahora: 

¿Qué hizo el Estado uruguayo en es¬ 
tos últimos cinco años, que conociendo 
las condiciones de encierro y las denun¬ 
cias de maltrato, no ha tomado medi¬ 
das disciplinarias en muchos casos, y 
cuando las tomó fueron insuficientes en 
términos de prevención de abusos pos¬ 
teriores? 


1 Término utilizado en la jerga de los establecimiento de privación de libertad para designar a un adolescente acusado de co¬ 
meter delitos sexuales 



Tampoco se adoptaron medidas a nivel 
judicial para restaurar derechos vulnerados 
en el encierro: 

¿Quién repara el daño causado a los 
adolescentes que pasaron por el sistema 
de privación de libertad y debieron so¬ 
portar estas condiciones del encierro? 
¿No debería el Estado uruguayo pedir 
disculpas públicamente por esto, como 
forma de reparación simbólica al daño 
sufrido por las víctimas y por sus fami¬ 
liares? 

La Organización Mundial contra la 
Tortura en el informe sobre la situación 
de Uruguay, mostró su preocupación por 
la ausencia de políticas de prevención de 
torturas. Cuando se producen hechos de 
esta naturaleza el Estado debe proteger a la 
víctima que denuncia y separar del cargo 
al o a los funcionarios denunciados; pro¬ 
ceder a realizar una pronta investigación 


administrativa y judicial de los hechos, 
asegurándole además a la víctima y a sus 
familiares su plena participación en ambos 
procedimientos. 

Las medidas de protección a la víctima, 
la investigación y sanción a los culpables 
-en caso de comprobarse la responsabili¬ 
dad de los funcionarios denunciados- en 
un plazo razonable, constituyen tres obli¬ 
gaciones mínimas que el Estado debe 
cumplir y garantizar a las víctimas de ma¬ 
los tratos, especialmente si son niños o 
adolescentes. Si ello no ocurre, el Estado 
incumple sus obligaciones internacional¬ 
mente asumidas. 

Los agentes del Estado que ocupan 
cargos en el sistema de encierro (especial¬ 
mente de dirección) no debieran descono¬ 
cer esa normativa internacional vigente en 
el país, porque con esta actitud en contra¬ 
rio están comprometiendo seriamente la 
responsabilidad del Estado uruguayo en el 
ámbito interno e internacional. 


106 


Casos de violencia policial 


En Montevideo 

Un adolescente recapturado luego de ha¬ 
berse fugado de la Colonia Berro se presentó 
ante la Seccional 16 a y denunció que había 
sido golpeado brutalmente por un funcio¬ 
nario del entonces Instituto Nacional del 
Menor (Iname) y por otro de la Policía al ser 
capturado cuando intentaba fugarse. 

A raíz de esta denuncia comenzó una 
investigación en la cual un uniformado 
que se encontraba en la Unidad de Guar¬ 
dia en el momento de la frustrada fuga, 
confirmó lo declarado por el adolescente. 

Fueron procesados sin prisión el fun¬ 
cionario del Iname y el policía, ambos por 
un delito de lesiones especialmente agra¬ 
vado. (La República, 01/03/04) 

Noemí Loreley Santos Ramón, denun¬ 
ció que el viernes 13 de febrero de 2004, 


Al cierre de este informe, el juez penal de 
7 o turno, Pedro Hackenbruch, procesó con 
prisión a un agente policial -de iniciales 
C.R.C.T. y 31 años de edad- por seis delitos 
de homicidio, cinco de ellos en grado de 
tentativa. 

El joven que murió se llamaba Santiago 
Yerle; tenía 18 años. Cinco de sus amigos 
resultaron heridos de bala. 

Los hechos se produjeron en el complejo 
de viviendas Euskal Erría 70, donde los jó¬ 
venes festejaban un cumpleaños. El policía 
prestaba Servicio 222* en el lugar. 

El abogado defensor del procesado alegó 
que éste había actuado en legítima defensa. 
Tras dictar el procesamiento, el magistrado 
dijo que resta mucho por investigar. 

Información basada en diarios: 

El País, El Observador, La República. 

* Servicio de vigilancia policial (estatal) contratado por 
particulares, empresas u organismos públicos y privados. 


alrededor de las seis de la mañana, una 
partida policial de la Seccional 11 a se hizo 
presente en una vivienda de la zona de 
unidades habitacionales del Plan “Aquiles 
Lanza”, e irrumpió en busca de dos su¬ 
puestos delincuentes. 

Ai pedir la orden de allanamiento a 
quien suponía era un subcomisario, fue 
arrestada con brutalidad y llevada a la Sec¬ 
cional 11 a : recibió golpes, insultos y agre¬ 
siones verbales, y la mantuvieron en una 
“piecita chica donde había un pozo con 
excrementos con un olor horrible y tenía 
una ventanita chiquitita arriba; había un 
charco de orín”. 

Fue trasladada al Fiospital Pasteur, y 
al llegar a la emergencia el agente que la 
acompañó dijo que la mujer tenía algunos 
moretones porque se había golpeado sola 
contra la camioneta, lo cual fue desmenti¬ 
do por ella ante el médico tratante. 

Luego fue trasladada nuevamente a la 
seccional policial, donde la encerraron en 
la misma pieza inhóspita. Entró el subco¬ 
misario, le dio un golpe fortísimo y con¬ 
tinuó agrediéndola verbalmente. Luego, le 
devolvieron sus pertenencias y la dejaron 
en libertad. 

La señora Santos efectuó la denuncia 
correspondiente en la División I a de la 
Dirección de Seguridad y en el Minis¬ 
terio del Interior; fue reconocida por el 
médico forense. Ahora, según dijo, ini¬ 
ciará una demanda judicial por malos 
tratos y violencia policial. (La República, 
15/02/04) 

Un adolescente denunció ante el diario 
La República, haber sido golpeado en la 
puerta de un local bailable por dos poli- 



108 


cías, uno vestido de particular, y un guar¬ 
dia de seguridad del local. 

Acompañado por algunos amigos, el 
joven se presentó en la Seccional 5 a de 
Policía, donde le dijeron que no iban a 
recibir la denuncia si antes no pasaba por 
el médico forense; empero, a esa instancia 
se llega sólo por orden judicial. El adoles¬ 
cente fue acompañado al Hospital Filtro, 
donde comprobaron las lesiones sufridas. 

La víctima, acompañada por su padre, 
presentó denuncia penal en el Juzgado 
Letrado en lo Penal de tercer turno. (La 
República, 04/06/04) 

En Canelones 

La comisión de padres y personal do¬ 
cente del Liceo Médanos de Solymar, en el 
departamento de Canelones, denunció que 
cada vez que se realiza una manifestación 
por las problemáticas del centro de estudio, 
se hace presente el grupo GEO de la Poli¬ 
cía de Canelones, con palos, escudos y otro 
tipo de armas. “Se nos vienen encima, pegan 
y empujan hasta que nos encierran entre ellos 
y quedamos sin posibilidad de escapar de los 
golpes”, dijo uno de los integrantes de la co¬ 
misión. (La República, 10/05/04) 

En Maldonado 

La justicia de Maldonado inició una in¬ 
vestigación tras la denuncia presentada por 
los padres de un adolescente de 15 años, 
quien fue golpeado por un funcionario po¬ 
licial y resultó con lesiones en un ojo. El 
joven reside en el barrio Cerro Pelado. 

La madre del adolescente relató que 
una noche, cerca de las 22 horas, su hijo 
se encontraba junto a unos amigos senta¬ 
dos en el cordón de la vereda frente a su 
casa, cuando pasó una patrulla de a pie 
integrada por tres policías, quienes orde¬ 
naron a los jóvenes irse para su casa, pues 


de lo contrario los llevarían a la Seccional 
I a . Cuando el joven contestó, los policías 
los “encararon” en forma violenta; lo gol¬ 
pearon en el hombro y después uno de los 
tres le pegó un puñetazo en el ojo. 

Su madre declaró también que en el 
barrio pobre en el que viven, los policías 
ven un delincuente potencial en cada mu¬ 
chacho que está sentado en la esquina. 

Se instruyó también una denuncia 
presentada por familiares de un joven 
detenido en la calle, quien después de es¬ 
posado intentó huir. En esa circunstancia 
un policía efectuó un disparo -dijo que al 
aire- hiriendo al joven en un glúteo. (La 
República, 13/11/03) 

Un oñcial de Radiopatrulla fue procesa¬ 
do sin prisión por violación de domicilio, 
luego que efectivos de ese cuerpo apoyados 
por comandos del grupo GEO realizaran 
un operativo en el barrio Maldonado Nue¬ 
vo. Los policías habrían irrumpido en una 
vivienda, por la fuerza y sin orden de alla¬ 
namiento, con el pretexto de capturar a dos 
menores. (La República, 08/07/04) 

En Salto 

El viernes 26 de diciembre de 2003 el 
corresponsal salteño del diario El País pre¬ 
sentó denuncia escrita ante la Dirección 
de Investigaciones de la Jefatura de Policía 
de Salto, haciendo constar los apremios 
físicos que recibiera en un calabozo de la 
Seccional 5 a de ese departamento. Sostuvo 
que los golpes le provocaron lesiones en el 
cuello, espalda, tórax y brazos. 

El Jefe de Policía de Salto dio noticia 
de esta denuncia a la justicia Penal, que 
ordenó la intervención del médico foren¬ 
se: así se constataron las lesiones recibidas 
por el periodista. 


Por su parte, en sede policial e inde¬ 
pendientemente de lo que sucediese en el 
Juzgado, se dispuso un sumario adminis¬ 
trativo con separación del cargo de los in¬ 
volucrados. (La República, 29/12/03) 

Juan Carlos Da Rosa presentó denun¬ 
cia penal por las agresiones recibidas al ser 
detenido por disparar al aire con un arma 
de fuego. La Policía ingresó a su propiedad 
sin orden de allanamiento y al proceder al 
arresto lo golpearon con el fusil en la es¬ 
palda, causándole severas lesiones que lo 
obligaron a permanecer hospitalizado. 

El Jefe de Policía de Salto confirmó la 
existencia de una investigación adminis¬ 
trativa sobre un caso de arresto y presunto 
castigo físico a un hombre mayor de edad, 
quien dice haber sido golpeado en su casa 
por funcionarios del Agrupamiento Tácti¬ 
co de Apoyo de la Jefatura de Policía de 
Salto, luego trasladado a la Seccional 2 a y 
finalmente llevado al Hospital Regional 
Salto, con graves lesiones en la columna 
vertebral, que le han dejado parcialmente 
inválido. A su vez se declara haber dado 
participación al Juzgado competente. (La 
República, 08/03/04) 

En Mercedes 

En abril de 2004, tres policías fueron 
procesados sin prisión por abuso de auto¬ 
ridad. En julio, otro fue procesado por 
lesiones personales especialmente agrava¬ 
das, también sin prisión. Tales enjuicia¬ 
mientos derivaron de hechos registrados 
en la Fiesta de la Primavera de Dolores del 
año 2003. 

Ante el procesamiento inicial de tres 
efectivos, el jefe de Policía de Soriano, 
inspector principal Rodolfo Etcheverry, 
dijo que una vez conocidos los hechos, 
los funcionarios fueron trasladados a otras 


dependencias policiales del departamen¬ 
to. Agregó que tras la resolución judicial 
se dispuso inmediatamente un sumario 
administrativo a fin de determinar las res¬ 
ponsabilidades. 

Posteriormente, ante el nuevo proce¬ 
samiento, el Comando de la Jefatura de 
Policía de Soriano dispuso la iniciación de 
un sumario administrativo con separación 
del cargo, para el funcionario involucrado 
en los hechos. (La República, 15/04/04 y 
01/07/04) 

En Durazno 

Carmen Dinardi denunció en el diario 
La República los métodos policiales em¬ 
pleados contra ella, su hija y su domici¬ 
lio por parte de integrantes de la Brigada 
Especial de Prevención y Represión del 
Abigeato. 

“Una noche habían robado la Coca 
Cola y a las 12 de la noche paraban a to¬ 
dos contra el piso, dándoles palo y palo”, 
declaró la mujer. Dijo que el día del hur¬ 
to, su hijo pasó por el lugar del operativo 
policial y se negó a parar; lo siguieron y 
“el comisario le tiró la camioneta encima” 
en dos oportunidades. Ese hecho se pro¬ 
dujo en la puerta de su casa. Llegaron al 
lugar refuerzos policiales, un funcionario 
bajó de la camioneta, desenfundó el arma 
de reglamento, apuntó al hijo de la de¬ 
nunciante y lo amenazó de muerte, según 
Dinardi. 

Días después, la Policía entró en la 
casa de la denunciante por la fuerza, con 
una orden de allanamiento destinada a su 
hijo, quien vive en una pieza a los costa¬ 
dos de la vivienda de Dinardi. Los poli¬ 
cías tiraron y rompieron bienes de la casa 
y empujaron a la mujer contra la pared, 
provocándole contusiones. (La Repúbli¬ 
ca, 06/05/04) 


Protocolo Facultativo de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes* 


La Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó el 18 de diciembre de 2002 
el Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. El 
objetivo de este instrumento es prevenir 
la tortura y los malos tratos mediante un 
sistema de visitas regulares a lugares de 
detención por parte de organizaciones in¬ 
dependientes en el ámbito internacional y 
nacional. (Artículo 1). 

Los Estados que hayan ratificado o 
adherido a la Convención contra la tor¬ 
tura podrán ratificar o adherir al Protoco¬ 
lo, tal es el caso de Uruguay que por Ley 
N° 15.798, de 17 de diciembre de 1985, 
aprobó la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes. Pero Uruguay ha incum¬ 
plido la disposición del artículo 4 de la 
Convención que establece: “ Todo Estado 
Parte velará porque todos los actos de tortura 
constituyan delitos conforme a su legislación 
penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa 
de cometer tortura y a todo acto de cualquier 
persona que constituya complicidad o par¬ 
ticipación en la tortura. Todo Estado Parte 
castigará esos delitos con penas adecuadas en 


las que se tenga en cuenta su gravedad”. 

Uruguay no ha tipificado en el Códi¬ 
go Penal el delito de tortura, por lo que 
hace casi 20 años que incumple frente a la 
comunidad internacional con el mandato 
de la Convención que, al haber sido apro¬ 
bada por ley, integra la legislación interna 
del país. 

El derecho internacional de los dere¬ 
chos humanos y el derecho internacional 
humanitario prohíben de manera absolu¬ 
ta la tortura y los malos tratos, pero esta 
práctica sigue siendo frecuente a través del 
mundo. El Protocolo Facultativo es el pri¬ 
mer instrumento de Naciones Unidas que 
en forma innovadora prevé medidas con¬ 
cretas para prevenir las violaciones dentro 
de los lugares de detención, considerando 
que las personas privadas de libertad son 
las más vulnerables a ser objeto de estos 
abusos, al encontrarse aisladas del mundo 
exterior. 

Se prevé la creación de un Subcomité 
para la Prevención que estará compuesto 
por 10 miembros, que realizará visitas a los 
lugares de detención haciendo recomenda¬ 
ciones a los Estados Partes para la protec¬ 
ción de las personas privadas de libertad, y 


* El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) presentaron el 
02/09/2004 simultáneamente en 20 países de América el libro Protocolo Facultativo. Convención de las Naciones Unidas contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Un manual para la prevención. En Uruguay delegaron en 
Serpaj la presentación que se realizó en la sala Luisa Luisi del Palacio Legislativo, realizándose un panel con la presencia de un 
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Representantes, autoridades del IIDH y Amnistía Internacional. 



mantendrá contacto y asesorará a los meca¬ 
nismos nacionales a los efectos de fortalecer 
su capacidad. (Artículos 2, 5 y 11). 

El Protocolo tiene 37 artículos. En el 
3 y 17 establece que cada Estado designa¬ 
rá o creará a escala nacional uno o varios 
órganos de visitas para la prevención de la 
tortura, es decir que se contará con me¬ 
canismos nacionales que realizarán visitas 
periódicas a los lugares de detención. El 
plazo que se establece para la designación 
o creación no podrá exceder de un año a 
partir de la entrada en vigencia del Pro¬ 
tocolo. Empero, el artículo 24 habilita a 
que los países ratificantes realicen una de¬ 
claración para aplazar la aplicación de sus 
obligaciones por un plazo de tres años, pu- 
diendo llegar a prorrogarse por dos años 
más. 

Facultades de los mecanismos 
nacionales contra la tortura 

Se establece que esos mecanismos 
nacionales tendrán como mínimo las si¬ 
guientes facultades: 

a) Examinar periódicamente el trato de 
las personas privadas de libertad en lugares 
de detención. 

b) Hacer recomendaciones a las autori¬ 
dades competentes con objeto de mejorar el 
trato y las condiciones de las personas pri¬ 
vadas de libertad y de prevenir la tortura. 

c) Hacer propuestas y observaciones 
acerca de la legislación existente o de los 
proyectos de ley en la materia. (Artículo 
19). 

El concepto de lugares de detención 
debe considerarse en un sentido amplio 
y no quedar limitado sólo a los estable¬ 
cimientos de reclusión de mayores o de 
adolescentes, e incluir las seccionales po¬ 
liciales, jefatura, instituciones siquiátricas, 


asilos, carcelajes de juzgados, etc. 

Para ser eficaces las visitas a los centros 
de detención deben ser frecuentes, y se 
deberá tener acceso a cualquier lugar de 
detención en todo momento. 

La práctica ha demostrado que las vi¬ 
sitas a los lugares de detención son uno 
de los medios efectivos para prevenir la 
tortura y mejorar las condiciones de de¬ 
tención. 

El artículo 18 establece: 

“1) Los Estados Partes deberán garanti¬ 
zar la independencia funcional de los meca¬ 
nismos nacionales de prevención, así como la 
independencia de su personal. 

2) Los Estados Partes tomarán las medi¬ 
das necesarias a fin de que los expertos del 
mecanismo nacional tengan las capacidades 
y los conocimientos profesionales requeridos. 
Se tendrá igualmente en cuenta el equilibrio 
de género y la adecuada representación de los 
grupos étnicos y minoritarios del país. 

3) Los Estados Partes se comprometen a 
facilitar los recursos necesarios para el fun¬ 
cionamiento de los mecanismos nacionales 
de prevención. 

4) Al establecer los mecanismos nacio¬ 
nales de prevención los Estados Partes ten¬ 
drán debidamente en cuenta los Principios 
relativos al estatuto y funcionamiento de las 
instituciones nacionales de promoción y pro¬ 
tección de los derechos humanos”. 

La independencia de los mecanismos 
nacionales de visitas es fundamental para 
garantizar la eficacia de tales entes a fin 
de prevenir la tortura y los malos tratos, 
el artículo trascripto es la disposición que 
garantiza la independencia funcional de 
los organismos nacionales. Deben actuar 
con independencia y sin interferencia por 
parte de cualquier autoridad del Estado, y 
en particular de las autoridades peniten- 


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ciarías y policiales, siendo importante que 
sean percibidos por la población como in¬ 
dependientes de las autoridades estatales. 

La Asociación para la Prevención de la 
Tortura (APT), organización internacional 
no gubernamental que se dedica a prevenir 
la tortura y los malos tratos en el mundo, 
recomienda en cuanto a la independencia 
funcional de los mecanismos nacionales 
que se debe tomar en consideración: 

a) Independencia en su constitución. 
Deben estar separados de alguna forma 
del Poder Ejecutivo y del Judicial a fin de 
mantener tanto el fondo como la forma de 
su independencia. Su constitución debe 
definirse apropiadamente para garantizar 
que el Estado no pueda disolverlos ni mo¬ 
dificar su mandato, de darse un cambio de 
gobierno, por ejemplo. 

b) Independencia del personal. Los 
mecanismos nacionales deben estar inte¬ 
grados por expertos, independientes de las 
autoridades estatales y capaces de nombrar 
a su propio personal. 


c) Independencia en el proceso de 
nombramiento. El mismo debe ser trans¬ 
parente, e involucrar consultas efectivas 
con organismos de la sociedad civil, como 
organizaciones no gubernamentales, aso¬ 
ciaciones profesionales y sociales, el sector 
académico y otros expertos, para identifi¬ 
car candidatos apropiados. 

d) Independencia financiera. Es fun¬ 
damental ya que sin ella el mecanismo 
nacional no podrá operar ni tomar deci¬ 
siones independientemente. 

e) Transparencia. La divulgación pú¬ 
blica de su trabajo y su funcionamiento 
contribuirán no sólo a la independencia 
de los mecanismos nacionales sino tam¬ 
bién a la percepción de su independencia. 

El Protocolo entrará en vigor el trigési¬ 
mo día a partir de la fecha en que se haya 
depositado el vigésimo instrumento de ra¬ 
tificación o adhesión en poder del Secreta¬ 
rio General de Naciones Unidas (Artículo 
28), no pudiendo los Estados realizar nin¬ 
guna reserva (Artículo 30). 


112 


Resolución del caso del ciudadano 
vasco Jesús María Lariz Iriondo 


Luego de haber sido expulsado a Buenos Aires en noviembre de 2002 por 
el presidente, Jorge Batlle, y el entonces ministro del Interior, Guillermo 
Stirling, y de haber estado recluido en Argentina durante un año y siete 
i meses, el 18 de junio de 2004 el ciudadano vasco Jesús María Lariz Iriondo i 

i fue puesto en libertad. i 

i El juez Federal Claudio Bonadío resolvió, el 17 de junio, denegar la solici- i 

1 tud de extradición realizada por el juez español Baltasar Garzón. El magis- 1 

1 trado a cargo del caso en Buenos Aires, consideró que todos los cargos 
que se le imputaban Lariz Iriondo están prescriptos para la legislación 
argentina. Fundamentó además que la solicitud de Garzón era confusa y 
, dispar, y contenía contradicciones al detallar los delitos. 

i En las dos primeras audiencias realizadas en el juicio oral y público, que i 

i comenzó el 8 de junio, Lariz detalló cómo el Gobierno uruguayo lo se- i 

i cuestró en noviembre de 2002 y en una operación montada con agentes ' 

1 secretos españoles, lo expulsó a Buenos Aires en forma ilegal, fraguando ! 

incluso documentos. El fiscal argentino Eduardo Freiler, atento a las de¬ 
nuncias del ciudadano vasco solicitó iniciar una pieza aparte del expe¬ 
diente principal, para investigar si la gestión del Gobierno uruguayo hizo 
i incurrir a las autoridades argentinas en la comisión de delitos* ( 

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J 


Redacción basada en información de los semanarios Brecha (18/06/04) y Búsqueda (24/06/04). 





Rodrigo López 


El nuevo Código 


Niñez y 


Sin perjuicio de los comentarios y ob¬ 
servaciones particulares que serán desarro¬ 
llados más adelante, se debe destacar que 
en términos generales, el Código de la Ni¬ 
ñez y la Adolescencia aprobado por el Par¬ 
lamento el 26 de agosto de 2004 incorporó 
algunos avances respecto al marco jurídico 
anterior vigente en Uruguay. Se destaca 
especialmente el contenido del Capítulo 
I del Código (Principios Generales), que 
atienden algunas de las observaciones que 
realizó al país el Comité de los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas 1 . En este 
sentido, el artículo 2 (Sujetos de derechos 
deberes y garantías), reconoce expresa¬ 


mente: “Todos los niños y adolescentes son 
titulares de derechos, deberes y garantías in¬ 
herentes a su calidad de personas humanas”. 
Esta disposición se complementa con el 
Principio de Protección de Derechos in¬ 
cluido en el artículo 3, donde se establece 
que: “Todo niño y adolescente tiene derecho 
a las medidas especiales de protección que su 
condición de sujeto en desarrollo exige, por 
parte de la familia, la sociedad y el Estado”. 

El artículo 4 del Código adopta ade¬ 
cuadamente como criterio de interpreta¬ 
ción que: se deberá tener en cuenta “las 
disposiciones y principios generales que in¬ 
forman la Constitución de la República, la 


* Autor: Dr. Juan Faroppa (Asesor de Unicef) 

' Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño, 13er. Período de Sesiones: Uruguay. 30/10/96. CRC/C/15/Add.62). 



Convención sobre los Derechos del Niño, 
leyes nacionales y demás instrumentos in¬ 
ternacionales que obligan al país”. El con¬ 
tenido de esta disposición está reforzado 
por lo dispuesto en el artículo 6 que pre¬ 
vé como criterio específico de integración 
e interpretación el “ tener en cuenta el in¬ 
terés superior del niño y el adolescente”. Se 
define como tal “el reconocimiento y res¬ 
peto de los derechos inherentes a su calidad 
de persona humana. En consecuencia, este 
principio no se podrá invocar para menos¬ 
cabo de tales derechos”. 

También se subraya como un avan¬ 
ce frente al marco jurídico anterior el 
contenido del Capítulo II del Código, 
cuando, al enumerar los Derechos de los 
Niños y los Adolescentes, consagra como 
principio general que los mismos “serán 
ejercidos de acuerdo a la evolución de sus 
facultades, y en la forma establecida por la 
Constitución de la República, los instru¬ 
mentos internacionales, este Código y las 
leyes especiales”. En este marco conceptual 
se incorpora el derecho de todo niño o 
adolescente “a ser oído y obtener respuestas 
cuando se tomen decisiones que afecten su 
vida (artículo 8). Este principio también 
es recogido en los artículos 30, 34, 39 y 
68, entre otros. 

En otro sentido, el Código refuerza el 
marco de garantías que ampara a niños, 
niñas y adolescentes, a quienes reconoce el 
derecho a la asistencia letrada preceptiva 
bajo pena de nulidad de todas las actua¬ 
ciones. Esto es reafirmado por el principio 
de inviolabilidad de la defensa previsto en 
el artículo 74 literal (E). 

El artículo 9 declara los derechos esen¬ 
ciales de los niños, niñas y adolescentes. 
Constituye un claro ejemplo de la protec¬ 
ción complementaria que se debe recono¬ 
cer a este sector de la población. Se con¬ 


sagra el principio de no discriminación, 
y el derecho a “ser tratado en igualdad de 
condiciones cualquiera sea su sexo, su reli¬ 
gión, etnia o condición social”. Esta norma 
se complementa con el principio general 
establecido en el artículo 14. 

Se destaca también el contenido del 
artículo 12, que establece el derecho del 
niño, niña o adolescente de vivir con su 
familia. De esta manera, se reconoce que 
éstos tienen derecho a no ser separados 
de su familia por razones económicas y 
a mantener contacto con ésta “ salvo si es 
contrario a su interés superior”. 

Otro aspecto a relevar positivamente 
surge del contenido de las disposiciones 
del Capítulo X (Derechos y Garantías 
del procedimiento). Cabe destacar espe¬ 
cialmente el artículo 74 que consagra las 
garantías del debido proceso para niños, 
niñas y adolescentes. Este preceptúa ex¬ 
presamente que “se asegurará (...) la vigen¬ 
cia de las normas constitucionales, legales e 
instrumentos internacionales, especialmente 
la Convención sobre los Derechos del Niño”, 
además de las garantías enumeradas en el 
artículo. 

Más adelante, y fortificando la nor¬ 
mativa de rango constitucional vigente en 
Uruguay, en el artículo 74, literal C se re¬ 
conoce que solamente puede procederse a 
la detención de un adolescente “en casos de 
infracciones flagrantes o existiendo elementos 
de convicción suficientes sobre la comisión de 
una infracción. En este último caso, median¬ 
te orden escrita de Juez competente. artí¬ 
culo 74, literal C). Se consagra así el prin¬ 
cipio de excepcionalidad de la detención. 

Finalmente, el literal D establece clara¬ 
mente que “ningún adolescente será someti¬ 
do a torturas ni tratos o penas crueles, inhu¬ 
manos o degradantes... ”. Si bien el delito de 
tortura aún no se encuentra tipificado en 



Uruguay conforme a como se lo concep- 
tualiza en los instrumentos internaciona¬ 
les, existe un proyecto de ley a estudio del 
Parlamento que trata sobre esta temática 
y que, una vez aprobado, dará contenido 
específico a este artículo 74 del Código. 
Sin perjuicio de lo anterior, se debe seña¬ 
lar que Uruguay ratificó la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura mediante ley 16.294. A su vez, 
el artículo 76 define los cometidos de la 
autoridad policial en los casos que proceda 
la detención de un adolescente. 

Ahora bien: sin perjuicio de los avan¬ 
ces reseñados, el Código incorpora tam¬ 
bién varias disposiciones que hacen que en 
los hechos, la efectividad de los derechos 
enunciados siga dependiendo de la deci¬ 
sión discrecional de un adulto (sea el juez, 
sea el funcionario administrativo) y afecta 
de esa manera el principio de legalidad de 
rango constitucional. 

Esta es la crítica principal que se puede 
hacer al nuevo Código. En el fondo, en 
los aspectos sustanciales, no se ha logra¬ 
do dar el paso que implica pasar del vie¬ 
jo paradigma tutelar, al nuevo paradigma 
de la protección integral. Se declara que 
los niños y los adolescentes son sujetos de 
derecho, pero, al mismo tiempo, se esta¬ 
blecen cláusulas que constituyen “vías de 
escape” para que el poder de decisión siga 
quedando en manos de los adultos, y que 
éstos puedan ejercer ese poder sin más lí¬ 
mite que su “criterio”. 

A título de ejemplo pueden 
citarse las siguientes 
disposiciones: 

a) El artículo 74 literal (A) del Código 
establece el principio de legalidad. Asegura 
la vigencia de las normas constitucionales, 


legales e instrumentos internacionales, en 
especial la Convención sobre los Derechos 
del Niño. 

Sin embargo, el artículo 69 otorga al 
Juez la facultad de determinar qué tipo de 
medida tomará en relación con un adoles¬ 
cente no a partir de lo que la ley le mande, 
sino sobre la base de “elementos de convic¬ 
ción suficientes, fundados exclusivamente en 
el desarrollo de la personalidad psicosocial 
del infractor \ 

Esta referencia al concepto de “ perso¬ 
nalidad psicosociaF viola el principio de 
legalidad; no se encuentra definido en el 
texto del Código y queda librado a la ab¬ 
soluta interpretación subjetiva por parte 
del Juez. 

En el mismo sentido, el artículo 84 
literal (A) no establece cuál será la dura¬ 
ción mínima ni máxima de las medidas de 
libertad asistida o vigilada, dejando este 
aspecto nuevamente a criterio del Juez. Se 
dispone que éste “determinará la duración 
de la medida ’. 

b) El artículo 72 numeral (12) y el ar¬ 
tículo 87 recogen como principio que la 
privación de libertad es la excepción y no 
la regla, tal como se establece en la Con¬ 
vención sobre los Derechos del Niño. 

Sin embargo, el artículo 72, no dis¬ 
tingue las consecuencias que tendrá sobre 
el tipo de sanción a aplicar la circunstan¬ 
cia de que se imputen infracciones “gra¬ 
vísimas” o “graves”. Por ello, deja abierta 
la posibilidad que frente a cualquier tipo 
de infracción (desde un homicidio hasta 
un pequeño hurto), el juez pueda decidir 
la medida de privación de libertad. 

Queda aún todavía más clara esta ten¬ 
dencia si se atiende al artículo 86, don¬ 
de se dice que: “Las medidas privativas de 
libertad sólo se aplicarán a los adolescentes 


declarados por sentencia ejecutoriada, res¬ 
ponsables de infracción, que ajuicio del Juez 
justifique las mismas \ 

Como se pude observar, nuevamen¬ 
te la justificación de la aplicación de una 
medida tan seria sigue dependiendo del 
“juicio del juez”, y no de criterios objetivos 
incorporados al texto del Código. 

c) El inciso primero del artículo 91 
dispone que la duración máxima de la 
sanción de privación de libertad será de 
cinco años. 

No obstante, en el inciso tercero se 
establece que esa duración máxima pue¬ 
de excederse “en situaciones de peligrosi¬ 
dad manifiesta ”, en las que “se adoptarán 
las medidas que fueren compatibles con la 
seguridad de la población y los propósitos de 
recuperación del infractor”. 

Queda a criterio del juez determinar 
que considera “peligrosidad manifiesta” y 
qué tipo de medida adoptará. Se afecta 
de esa manera los principios clásicos del 
Derecho Penal Liberal, en función de los 
cuales no se persigue a nadie penalmente 
por lo que es, sino por lo que hace. 

d) Los artículos 8 y 74 literal (L) esta¬ 
blecen el Principio de inviolabilidad de la 
defensa, según el cuál toda persona menor 
de 18 años tiene derecho a contar en forma 
permanente con asistencia jurídica gratuita, 
especializada, pública o privada, a partir de 
la detención, durante el proceso y hasta la 
ejecución completa de las medidas. 

Sin perjuicio de ello, el artículo 76 li¬ 
teral (E) deja abierta la posibilidad de que 
el adolescente pueda ser interrogado por 
la policía sin que esté presente su abogado 
defensor. En el mismo sentido, el artículo 
118 establece que en casos de “imposibili¬ 
dad ’, el Juez puede tomar declaración al 


adolescente también sin que esté presente 
su abogado defensor. Será el Juez quién 
decida en qué casos de presenta dicha “im¬ 
posibilidad'. 

e) El artículo 74 literal (A) también 
consagra el principio de judicialidad, 
que implica la intervención obligatoria 
de un Juez en todos aquellos casos que 
puedan afectar derechos de un niño o 
adolescente. 

No obstante, los artículos 120 y 121 
admiten que el Instituto Nacional del Me¬ 
nor (ahora Instituto del Niño y Adolescen¬ 
te del Uruguay) pueda privar de libertad 
“directamente” a una persona menor de 18 
años de edad, esto es, sin intervención de 
un Juez y sin ninguna de las garantías pro¬ 
cesales que el mismo Código consagra. 

f) El artículo 74 literal (C) establece 
el “Principio que condiciona la detención , 
según el cual un niño o adolescente “sólo 
puede ser detenido en casos de infracciones 
flagrantes o existiendo elementos de convic¬ 
ción suficientes sobre la comisión de una 
infracción. En este último caso, mediante 
orden escrita de Juez competente comunica¬ 
da por medios fehacientes. La detención será 
una medida excepcional'. 

Sin embargo, los artículos 117 y 126 
permiten a la policía conducir a menores 
de 18 años ante la presencia del Juez, sin 
que exista orden escrita de éste y sin que 
se configure una situación de infracción 
flagrante, en las hipótesis difusas en que 
sus derechos se encuentren “amenaza¬ 
dos o vulnerados” o se trate de “situacio¬ 
nes especiales”. Tampoco en este caso el 
Código incluye una definición de estas 
expresiones, por lo que la intervención 
quedará librada al juicio discrecional de 
la autoridad policial. 


g) El artículo 12 dispone que: “ Todo 
niño y adolescente tiene derecho a vivir y a 
crecer junto a su familia y a no ser separado 
de ella por razones económicas. Sólo puede 
ser separado de su familia cuando, en su 
interés superior y en el curso de un debido 
proceso, las autoridades determinen otra re¬ 
lación personal sustitutiva . 

No obstante, el artículo 188 establece 
que un niño o adolescente “ encontrado en 
situación de riesgo” puede ser directamente 
“entregado al Instituto Nacional del Menor”, 
sin que se defina taxativamente qué se en¬ 
tiende por “situación de riesgo ” y sin que se 
haga referencia a ningún tipo de garantías 
procesales mínimas para el niño o adoles¬ 
cente involucrado. 

h) El artículo 9 consagra el derecho 
a la identidad, y el artículo 23 establece 
que: “ Todo niño y adolescente tiene derecho 
a conocer quiénes son sus padres”. 

Sin perjuicio de ello, el artículo 142 
condiciona el goce efectivo de ese dere¬ 
cho, ya que será el Juez quién decidirá si 
la información puede darse o no al ado¬ 
lescente. Se podrá otorgar la informa¬ 
ción al menor de 18 años “ siempre que 
ello no lo perjudique ” y “ atendiendo a las 
características” del mismo. Estas circuns¬ 
tancias también quedan sometidas a la 


decisión discrecional del Juez actuante. 

i) El artículo 166 establece la obliga¬ 
ción del Estado de promover acciones para 
“desalentar y eliminar paulatinamente” el 
trabajo infantil y adolescente. En la misma 
línea, se prohíbe el trabajo de menores de 
15 años ( artículo 162), y se prevé que en 
estos casos la jornada laboral no exceda las 
seis horas diarias o treinta y seis semanales 
( artículo 169). El trabajo nocturno queda 
prohibido ( artículo 172). 

Sin embargo, a continuación se esta¬ 
blece que el Instituto Nacional del Menor 
podrá autorizar “ las excepciones especial¬ 
mente establecidas ” respecto a todas las 
prohibiciones enunciadas. Dichas excep¬ 
ciones no se establecen en ninguna dispo¬ 
sición del Código, lo que deja abierta a la 
discrecionalidad de la autoridad adminis¬ 
trativa la decisión de autorizar formas de 
trabajo infantil y adolescente, en principio 
“prohibidas” por el nuevo Código. 

Es de esperar que en el correr de la 
próxima legislatura puedan incorporarse 
al Código de la Niñez y la Adolescencia 
las modificaciones necesarias para que esta 
norma se ajuste totalmente a las disposi¬ 
ciones constitucionales y a las obligaciones 
asumidas por Uruguay al ratificar la Con¬ 
vención sobre los Derechos del Niño. 



Caso Elena Quinteros 

El ex canciller de la dictadura y el Batallón 13 
en el centro de las investigaciones* 


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119 


A fines del año 2003, el Juzgado Le¬ 
trado de Primera Instancia en lo Penal de 
primer turno impulsó el expediente por la 


desaparición en 1976 de la maestra Elena 
Quinteros. 

El Juez titular de la sede hacía uso de 


Autor: Dr. Pablo Chargoñia (Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT) 











120 


licencia por enfermedad; fue suplido por 
el Dr. Alejandro Recarey. 

Los denunciantes -Raúl Olivera y Mil- 
ton Romani de la Comisión de Derechos 
Humanos del PIT-CNT con el patrocinio 
del abogado Pablo Chargoñia-, habían so¬ 
licitado que se decretara una medida de 
no innovar sobre los fondos del Batallón 
de Infantería Mecanizada N° 13 de Mon¬ 
tevideo. La medida se fundamentó en los 
testimonios e investigaciones periodísticas 
que daban cuenta de enterramientos hu¬ 
manos en ese lugar y en las noticias relati¬ 
vas a trabajos que formaban parte del plan 
municipal de saneamiento. 

El Dr. Recarey dispuso la medida cau¬ 
telar solicitada por los denunciantes, a la 
que adhirió la Dra. Mirtha Guianze, fis¬ 
cal penal que es parte en el proceso contra 
el canciller de la dictadura cívico-militar, 
Juan Carlos Blanco. 

El 6 de noviembre de 2003 el juez orde¬ 
nó “(...) la prohibición de innovar, consistente 
en la orden de suspensión y orden de no iniciar 
o continuar, cualquier tipo de obra que alte¬ 
re el terreno de las dependencias del Batallón 
de Infantería N° 13; muy especialmente en 
orden a impedir tareas que impliquen exca¬ 
vación, remoción de tierra o similares, según 
reza textualmente el temperamento fiscal. La 
ordenanza se hace tanto a la IMM como a 
las Fuerzas Armadas; y con efecto de impedir 
perturbaciones a cargo de personal dependien¬ 
te de ambos organismos; como contratados o 
terceros en la forma que fuere (...)”. 

Como forma de acotar espacialmente 
el lugar que debe cuidarse de cualquier ac¬ 
ción que pueda poner en riesgo la locali¬ 
zación del cuerpo de la víctima, el Dr. Re¬ 
carey comenzó una importante actividad 
indagatoria. Se citaron a los denunciantes, 
a periodistas, a ex presos políticos y a mi¬ 
litares. Mientras algunos militares compa¬ 


recieron (por ejemplo, los marinos retira¬ 
dos Alex Lebel y Jorge Tróccoli) otros, en 
cambio, no se presentaron. 

El Poder Ejecutivo solicitó a la Supre¬ 
ma Corte de Justicia (SCJ) que ordenara la 
suspensión de las actuaciones, solicitud a la 
que la Corte no accedió aunque tampoco 
rechazó formalmente la improcedente soli¬ 
citud. En consecuencia el gobierno se pre¬ 
sentó ante el juez con varios recursos que 
fueron desestimados por el Dr. Recarey. 

El juez sostuvo que no correspondía 
suspender la indagatoria porque no existía 
fundamento jurídico para ello, en tanto 
el Poder Ejecutivo carece de legitimación 
para presentarse en el proceso y porque ac¬ 
ceder a lo solicitado por el Gobierno, “po¬ 
dría ser visto por la opinión pública como 
una especie de amoldamiento a una estrate¬ 
gia de gestión política por completo ajena al 
deber de aplicar las leyes en orden de hacer 
justicia 

Si bien la prensa informó que el coronel 
retirado, Jorge Silveira Quesada, se habría 
refugiado en una unidad militar para des¬ 
acatar la orden judicial que lo citaba como 
testigo, el ministro de Defensa Nacional, 
Yamandú Fau, no adoptó ninguna acción 
al respecto. La noticia tampoco generó re¬ 
acción alguna del Parlamento. 

Informe clave 

Finalmente, el juez titular de la sede 
Eduardo Cavalli, interrumpió sorpresiva¬ 
mente su licencia, y firmó un decreto que 
acogió la pretensión del gobierno: detener 
la citación de los militares. 

Ai referirse a la actitud del juez Cava¬ 
lli, el presidente de la SCJ, Dr. Leslie Van 
Rompaey, hipotetizó: “en alguna reunión 
social, o en algún encuentro entre magistra¬ 
dos o integrantes del Poder Ejecutivo (...) se 


puede haber conversado, y es lógico que el 
Poder Ejecutivo haya transmitido por algu¬ 
na vía su preocupación *. 

A pesar de esta suposición el máximo 
órgano judicial no dispuso ninguna in¬ 
vestigación al respecto y luego que Cavalli 
reinició su licencia, designó mediante sor¬ 
teo a un nuevo suplente. 

Y a pesar de esa operación contra el im¬ 
pulso que le imprimió Recarey a la investi¬ 
gación, se produjo un avance histórico. 

El 2 de febrero de 2004 un equipo 
multidisciplinario formado por los profe¬ 
sores de la Universidad de la República, 
Daniel Panario, Ofelia Gutiérrez y Eliza- 
beth Onega y por el antropólogo Horacio 
Solía, del Instituto Técnico Forense del 
Poder Judicial, entregó a la Justicia un va¬ 
lioso informe. 

El equipo analizó una serie de fotos 
aéreas, cartografía y otros materiales rela¬ 
tivos al Batallón N° 13. El informe señala 
que se procedió a la “revisión del material 
documental existente a los efectos de contras¬ 
tar los indicios visibles en las fotografías con 
los datos aportados por militares presunta¬ 
mente participantes en los hechos investiga¬ 
dos ’. El documento concluye que: “elárea 
en el cuál se emplaza el Batallón N° 13 por 
sus dimensiones (m 2 ) es totalmente aborda¬ 
ble desde el punto de vista de una investiga¬ 
ción arqueológica. Se determinaron las áreas 
prioritarias de interés para una prospección 
arqueológica, las que dividimos metodoló¬ 
gicamente en cinco sitios claramente de- 
terminables, dos zonas de remoción y una 
zona con estructuras que no tienen explica¬ 
ción aparente”. 

El informe del equipo técnico 
puntualizó que “en caso de realizarse una 
intervención directa sobre el terreno, es un 


área que no presenta dificultades de acceso, 
dado que tiene una caminería bien definida. 
En cuanto a la ubicación de los posibles sitios 
de enterramientos, se determinó la coinci¬ 
dencia entre los resultados del análisis de las 
fotos aéreas con los relatos de informantes y 
la tradición oral que fueron cuidadosamente 
analizados y decodificados”. 

“(...) La segunda etapa consiste en la 
prospección directa en el terreno, mediante 
su recorrida a pie con el fin de contrastar las 
evidencias recabadas indirectamente y regis¬ 
trar nuevas evidencias ”. 

Y finalmente, “La tercera etapa consis¬ 
tiría, una vez recabada toda la información 
disponible en el campo a través de todos los 
estudios propuestos, en evaluar qué sitios jus¬ 
tifican una excavación arqueológica y cuáles 
se desechan . 

Discrepancias jurídicas 

En tanto, el expediente principal se 
bailaba en etapa de apelación. Las dos 
partes -el Ministerio Público (Fiscalía) y el 
procesado- habían apelado la decisión del 
Dr. Cavalli de reformar el primer auto de 
procesamiento: fue modificado en cuanto 
a la imputación original por privación de 
libertad. 

La nueva imputación fue homicidio 
muy especialmente agravado. Y se dispu¬ 
so que el proceso continuara sin prisión 
preventiva. 

La fiscal Mirtha Guianze discrepó 
con esta última resolución y la defensa 
de Blanco discrepó en cuanto reclamaba 
que se clausurara el proceso. El Tribunal 
de Apelaciones en lo Penal de tercer tur¬ 
no, sería el encargado de resolver ambos 
recursos. 


1 Diario La República. 10 dic. 2003. 



122 


Al alegar razones formales, ese Tribu¬ 
nal había anulado las actuaciones de Re¬ 
carey, excepto la medida de no innovar 
en el Regimiento N° 13, la que consideró 
“legítima”. El órgano de alzada entendió 
que no era la oportunidad procesal para 
desarrollar la investigación sobre el para¬ 
dero de la víctima. 

El 30 de abril de 2004, el Tribunal in¬ 
tegrado con un cuarto ministro debido 
a las discordias existentes entre sus tres 
miembros naturales decidió sobre los re¬ 
cursos presentados por las partes 2 . 

“Confírmase parcialmente la provi¬ 
dencia interlocutoria de primer grado N° 
926/2003 3 , (...) y en su mérito dispónese 
que el enjuiciamiento (reformulado) de Juan 
Carlos Blanco Estradé lo será por: coautoría 
de un delito de Homicidio muy especialmen¬ 
te agravado, a título de dolo eventual ’, seña¬ 
la el fallo adoptado por mayoría. 

Consideró que la muerte de Elena 
Quinteros “ tuvo lugar entre los días 2y 3 de 
noviembre de 1976en dependencias del Ser¬ 
vicio de Material y Armamento del Ejército 
Nacional, y su o sus responsables resultaron 
elementos de dicha fuerza militar”. 

Para llegar a esta conclusión, se convo¬ 
có a “ una serie de pautas indiciarías” entre 
las que subraya la versión de la Comisión 
para la Paz. El Tribunal argüyó que a tal 
versión se llegó por una “minuciosa y di¬ 
ligente labor de investigación de sus inte¬ 
grantes” , quienes realizaron “entrevistas a 
múltiples testigos civiles, y militares y po¬ 
liciales” y suscribieron un Informe Final 
“acordado por el voto unánime de todos sus 
miembros”. 


Entre los elementos probatorios con¬ 
siderados por la mayoría del tribunal se 
destacan las declaraciones del Dr. Carlos 
Ramela quien compareció ante el juez Ca- 
valli en la audiencia en la que se dispuso la 
libertad provisional del procesado. 

La mayoría asegura que esas declara¬ 
ciones “no resultan ser las de un testigo de 
‘oídas’ ordinario, sino las de quien recolectó, 
sistematizó y confrontó información sobre el 
extremo que nos ocupay que, si bien no puede 
revelar las fuentes de su información, no por 
ello carecen de particular eficacia convictiva 
en el particular casus objeto de examen”. 

En sus respectivas comparecencias a 
la Justicia, el Dr. Carlos Ramela ni el Dr. 
Gonzalo Fernández optaron por informar 
sobre los nombres de sus “fuentes”. 

El Dr. José Bonavota discrepó sobre el 
hecho de la muerte de Elena Quinteros: 
“no está suficientemente acreditada” , sostuvo 
y propuso que el proceso continuara bajo la 
imputación inicial de privación de libertad 
y no de homicidio: “la prueba que emana 
del informe de la ‘Comisión para la Paz, su 
anexo referido a Elena Quinteros y declara¬ 
ción del Dr. Ramela, no acreditan la muerte 
de la mencionada persona . Sostiene que el 
Derecho uruguayo es exigente en cuanto a 
la prueba de la muerte de una persona. No 
surge que la prueba testimonial recogida 
por la Comisión para la Paz reúna la exigida 
calidad de testigo presencial de la muerte, 
aún dejando de lado la ausencia de control 
judicial de esa prueba. 

El Dr. Bonavota no dejó de advertir 
que “no se ha elaborado en la ‘Comisión ac¬ 
tas que permitan controlar, cuando menos, 


2 La mayoría estuvo integrada por los ministros, Ricardo Harriague y Milka Núñez. Hubo dos votos discordes: Dr. José Bonavota 
por un lado, y Dr. Eduardo N. Borges, por otro. 

3 Se trata de la resolución del Dr. Eduardo Cavalli del 20 de junio de 2003 que dispuso: 1°) no hacer lugar a la clausura del proceso 
que solicitó la defensa de Juan Carlos Blanco; 2°) continuar el juicio bajo la imputación de homicidio muy especialmente agra¬ 
vado; 3°) no hacer lugar a la solicitud de prisión preventiva formulada por la fiscal Dra. Mirtha Guianze, "declarando que le asiste 
el derecho al Sr. Juan Carlos Blanco de aguardar en libertad provisional el fallo que le declare inocente o culpable". 



la congruencia de la propia declaración de 
cada uno y su comparación con la de otros 
testigos (y) dicha prueba no es imposible pues 
ninguna norma prohíbe a los testigos presen¬ 
tarse a declarar en vía judicial”. 

Con este enfoque, a diferencia de la 
posición de la mayoría del Tribunal, el Dr. 
Bonavota se acerca a las consideraciones 
que sobre el punto se formulan en el dere¬ 
cho y la jurisprudencia internacionales 4 . 

Sobre la cárcel 

El Dr. Eduardo N. Borges discrepó con 
la mayoría por entender que correspondía 
confirmar el procesamiento de Blanco por 
el delito de homicidio muy especialmente 
agravado, en carácter de co-autor, y reen¬ 
viarlo a la cárcel. 

Borges adhiere a la teoría del “dominio 
del hecho”. 

“El autor mediato tiene el dominio del 
hecho porque consigue la instrumentaliza- 
ción de una persona , entiende el magistra¬ 
do. Esa teoría es especialmente adecuada 
para el abordaje del terrorismo de Estado 
por cuanto se trata de analizar la responsa¬ 
bilidad penal de integrantes de las cúpulas 
de estados criminales. El hecho que Blan¬ 
co integrara el COSENA (Consejo de Se¬ 
guridad Nacional, que era un órgano cívi¬ 
co-militar) y fuese ministro de Relaciones 
Exteriores, son datos esenciales a la hora 
de evaluar su responsabilidad. 

Dice Borges: “la pérdida de proximi¬ 
dad (entre victimario y víctima) resulta 
compensada por un dominio organizativo 
concentrado en personas que manejan un 
aparato de poder”. 


En relación a la libertad provisional 
señala: “fue un verdadero error judicial el 
haberle otorgado la libertad provisional al 
imputado cuando pesaba sobre él una impu¬ 
tación provisoria conminada con una pena 
obstativa al beneficio citado”. El error radi¬ 
ca en el desconocimiento de dos normas, 
una legal y otra de rango constitucional 5 
que prohíben la concesión de la libertad 
provisional cuando el delito atribuido es 
reprimido con un mínimo de penitencia¬ 
ría, como en el caso del homicidio muy 
especialmente agravado. 

Vuelto el expediente al Juzgado de 
Primera Instancia, los denunciantes vol¬ 
vieron a impulsarlo solicitando se reciba 
el testimonio del ex soldado Eíumberto 
Bueno Acuña quien declaró a la prensa el 
hallazgo accidental de ropa de mujer ente¬ 
rrada en los fondos del Batallón N° 13 y 
que estaba dispuesto a ampliar su declara¬ 
ción. Solicitaron también la adopción de 
una medida cautelar en el Regimiento N° 
14 de Toledo, basada en información del 
Anexo II del Informe de la Comisión para 
la Paz. 

El juez Juan Carlos Fernández Lecchi- 
ni, suplente de Cavalli, conforme a lo soli¬ 
citado por los denunciantes y por la fiscal, 
ordenó al Ministerio de Defensa Nacional 
que no iniciara ni continuara obras de 
cualquier tipo que alteraran el terreno del 
Regimiento N° 14. Ordenó además que 
el Equipo Multidisciplinario realizara, en 
relación a ese cuartel, un trabajo análogo 
al desarrollado en el caso del Batallón N° 
13. En su resolución menciona la posible 
participación de la Universidad de la Re¬ 
pública en el trabajo solicitado. 


4 "(...) La detención marca el comienzo de la conducta ilícita que permanece siendo tal, hasta que el detenido recobra su libertad; o en 
este caso, hasta que se descubre el cadáver (...)" URIOSTE FERNAN DO. Comentario sobre el "caso B/ake"y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. En: Revista de Derecho Público (20): p. 32,2001. 

5 Art. 138. Código del Proceso Penal. Art. 27. Constitución de la República Oriental del Uruguay. 



124 


Fuentes de información 

En octubre, la fiscal solicitó al juez que 
citara a declarar a miembros de la Comi¬ 
sión para la Paz a fin de conocer las fuentes 
de información que determinaron las con¬ 
clusiones a las que arribaron. El propósito 
de esa medida -solicitada en su momento 
por los denunciantes- es ampliar la infor¬ 
mación que permita dar con el paradero 
de Elena Quinteros. 

El juez Fernández Lecchini recibió la 
declaración del ex integrante de la Comi¬ 
sión para la Paz, Carlos Ramela, quien se 
negó a identificar las fuentes, militares y 
civiles. Previo a la comparecencia de Ra¬ 
mela, el presidente de la República, Jorge 
Batlle, volvió a difundir el contenido de 
un decreto de Gobierno que señala como 
secretas las fuentes de la Comisión para la 
Paz. 

Frente a una desaparición forzada, es 
deber de todos los órganos del Estado y 
por tanto de los jueces, agotar todos los 
esfuerzos inquisitivos que conduzcan a la 
localización de la detenida-desaparecida. 

Para que una prueba testimonial reci¬ 
bida en una investigación administrativa o 
jurisdiccional sea valorada debidamente es 
necesario identificar al testigo. Sin esa iden¬ 
tificación el investigador no puede evaluar 
la confiabilidad de la declaración ni puede 
transmitir objetivamente el grado de con¬ 
vicción que la declaración produce. 

El ex ministro de la SCJ, Dr. Nelson 
García Otero, señaló con precisión: “ Reci¬ 
bir información no es facultad del presidente 
de la República, sino del Poder Judicial (...) 
me gustaría saber qué norma constitucional 
le atribuye al presidente de la República la 


posibilidad de delegar (a la Comisión para 
la Paz) estas facultades de recibir prueba. 

La recepción de pruebas la puede hacer 
el Poder Ejecutivo para cumplir sus deberes 
administrativos y el Poder Judicial para las 
causas sometidas a su jurisdicción, pero no la 
puede hacer el presidente de la República ’. 6 7 8 

El informe final de la Comisión para 
la Paz describió cierta metodología de tra¬ 
bajo. Al percibir cierta reticencia de par¬ 
te de algunos testigos y “para alentar la 
tranquilidad de las personas entrevistadas y 
el aporte efectivo de la información, la Co¬ 
misión resolvió no tomar acta ni grabación 
magnetofónica de su relato, sino simplemen¬ 
te notas manuscritas de los datos o detalles 
más significativos” 1 . 

En otro pasaje dice: “La Comisión ape¬ 
ló únicamente a su poder de persuasión, ha¬ 
biendo de convencer a algunos policías y mi¬ 
litares para que aportaran en forma volun¬ 
taria la información a su alcance al amparo 
del régimen de estricta reserva imperante en 
materia de fuentes informativas”*. 

Por cierto ese régimen no tiene fuente 
legal ni puede invocarse ante un juez pe¬ 
nal en un expediente en que, por añadidu¬ 
ra, ya se ha relevado de todo secreto a los 
miembros de la Comisión. 

En mayo de 2003, el juez preguntó 
a Ramela si las “ fuentes” de la Comisión 
para la Paz tuvieron vinculación directa 
con la muerte de Elena Quinteros. Este 
respondió: “ Nosotros por una cuestión de 
metodología en las conversaciones y para evi¬ 
tar una eventual retracción del testigo nunca 
hicimos esa pregunta en concreto (...) eran 
personas que tuvieron que ver genéricamente 
en esos episodios en esas fechas y en esos luga¬ 
res específicos”. 


6 Conferencia organizada por la Asociación de Funcionarios Judiciales. Montevideo: 4 jun. 2003. 

7 Comisión para la Paz. Informe Final. Capítulo II, E) 31. Montevideo. 10 abr. 2003. 

8 Ibid. C.4) 26. 



La Comisión para la Paz admitió que 
“no estaba en sus potestades ” la realización 
de “ una indagatoria formal y documentada 
sobre los hechos, que hubiera exigido otra cla¬ 
se de atribuciones ’. Es el Poder Judicial el 
que tiene esa “otra clase de atribuciones \ 

El normal funcionamiento de la acti¬ 
vidad jurisdiccional está tutelado por la 
ley penal. Dice Manzini que “no podría 
haber administración de justicia, si quienes 
deben cooperar a este grande y santo institu¬ 
to social, como testigos, peritos o cualquier 
otra función, llamados en forma legal, no 
se presentaran ante la autoridad, o bien, 
habiéndose presentado, rehusaran prestar el 
concurso requerido. De allí, la necesidad que 
la ley imponga tales funciones y que declare 


punible a todo el que deniegue prestarlas ”. s 

La ley penal nacional castiga al testigo c 
que llamado por la autoridad judicial se - 
rehusare a prestar su concurso. Y quien > 
llevara esa renuencia al extremo de una _< 

ofensa o desobediencia abierta que me- ° 

noscabe la autoridad del juez, cometería ” 
el delito de desacato. 9 El amparo de algún £ 

órgano del Estado a esta renuencia impli- ° 

caria apartarse claramente de los deberes i 
jurídicos que impone el Pacto de San s 
José de Costa Rica y la Convención In- z 
teramericana sobre Desaparición Forzada ^ 
de Personas, ratificados por Uruguay. Y 
conspiraría contra las atribuciones que la 
Constitución de la República otorga al 
Poder Judicial. 


125 


9 Art. 178. Código Penal. 



126 


Caso Blanco 

Comentario de la sentencia 
del Tribunal de Apelaciones 

Se confirma el procesamiento del canciller de la dictadura, 
Juan Carlos Blanco, por el homicidio de la maestra Elena Quinteros 1 


Por mayoría formada por los minis¬ 
tros Ricardo Harriague Saccone y Amelia 
Milka Núñez, se confirma parcialmente el 
fallo de primera instancia -que había sido 
apelado- y se dispone el enjuiciamiento 
del Dr. Juan Carlos Blanco Estradé por 
coautoría de un delito de homicidio es¬ 
pecialmente agravado, a título de dolo 
eventual. 

La resolución N° 203 (30/04/04) con¬ 
tó, por diferentes motivos, con las dis¬ 
cordias de los doctores José Bonavota y 
Eduardo Borges. 

Al procesado se le imputó en un prin¬ 
cipio, el delito de “privación de libertad 
en grado de coautoría” -artículo 281 del 
Código Penal (CP)-, tipificación que se 
cambió en razón del Informe Final de la 
Comisión para la Paz y de declaraciones 
del asesor presidencial e integrante de esa 
comisión, Dr. Carlos Ramela. El Juez en 
lo Penal de primer turno, Dr. Eduardo 
Cavalli, dispuso entonces la continuación 
del juicio bajo la imputación de “homici¬ 
dio muy especialmente agravado” (artícu¬ 
lo 312 del CP). 

El 9 de abril de 2003 se dispuso la liber¬ 
tad provisional de Blanco con la conformi¬ 
dad de la Fiscalía, que entendió equitativo 
acceder a la excarcelación provisoria frente 
a la imputación que originariamente se le 
atribuyó al ex jerarca de la dictadura. 

Pero ante la nueva imputación, la fis¬ 


cal, Dra. Mirtha Guianze, solicitó nueva 
prisión preventiva para el procesado. El 
Dr. Cavalli no accedió al entender que a 
Blanco le asistía el derecho de aguardar en 
libertad provisional el fallo que lo declare 
inocente o culpable. 

Historia según la Comisión 
para la Paz 

Los ministros que firmaron en mayoría 
el fallo entienden que se acreditó la muer¬ 
te de Elena Quinteros entre los días 2 y 3 
de noviembre de 1976, en dependencias 
del Servicio de Material y Armamento del 
Ejército Nacional que se ubica en el predio 
del Batallón de Infantería N° 13, y que su 
o sus responsables fueron integrantes de 
dicha fuerza militar. 

Quinteros fue retirada con violencia, 
el 28 de junio de 1976, de los jardines de 
la Embajada de Venezuela, por parte de 
funcionarios policiales y militares. Luego 
de un grave incidente de estos últimos 
con funcionarios de la sede diplomática, 
la maestra y militante del Partido por la 
Victoria del Pueblo (PVP) fue llevada a la 
dependencia militar citada, de acuerdo a 
los testimonios recabados por la Comisión 
para la Paz. 

Allí -según la historia reconstruida por 
la Comisión- fue interrogada y torturada a 
lo largo de varios meses, ejecutada en los 


1 Comentario a cargo del Dr. Guillermo Payseé, responsable del equipo de Derechos Civiles y Políticos del Serpaj. 



primeros días de noviembre de 1976, su 
cuerpo enterrado en otra dependencia mi¬ 
litar en la zona de Toledo, y finalmente sus 
restos fueron exhumados, en el segundo 
semestre de 1984, incinerados y arrojados 
al Río de la Plata. 

“No está probada la muerte” 

El fallo del Tribunal comparte la reso¬ 
lución del juez en cuanto a la permanencia 
en libertad del procesado por homicidio 
muy especialmente agravado. 

Pero es importante destacar las discor¬ 
dias y fundamentos de los dos ministros 
que no estuvieron de acuerdo con la reso¬ 
lución dictada en mayoría: 

El ministro José Bonavota Cacciante, 
entendió que la muerte de la señora Elena 
Quinteros no está probada, por lo que 
los procedimientos deberían continuar 
bajo la imputación inicial de “Privación 
de libertad en calidad de coautor”. 

El Dr. Bonavota manifiesta: “Sin desco¬ 
nocer la autonomía del Derecho Penal por lo 
que la prueba no tiene por qué tener las mis¬ 
mas formalidades que la exigida en materia 
Civil, no puede desconocerse que nuestro le¬ 
gislador respecto a la prueba de la muerte ha 
sido sumamente exigente. 

El art. 40 del Código Civil, en referencia 
al Estado Civil de las personas establece que 
edad y muerte se acreditan con las partidas 
de nacimiento y defunción y a su vez el art. 
44 establece los medios supletorios, o sea que 
a falta de los referidos testimonios (los men¬ 
cionados en el art. 40y 42 del Código Civil) 
podrán suplirse en caso necesario por otros 
documentos auténticos y por declaraciones 
de testigos que hayan presenciado los hechos 
constitutivos del estado civil que se trata”. 

Según los integrantes de la Comisión 
para la Paz, no puede considerarse acre¬ 
ditada la muerte de Elena Quinteros por 
el contenido de dicho informe. En con¬ 


secuencia Elena Quinteros, a los efectos 
del proceso penal continúa siendo una 
persona plagiada, y desde el punto de vista 
legal, “ausente”. 

El informe de la Comisión para la Paz 
no ingresa en el caso de “documentos au¬ 
ténticos” del artículo 44, y de la prueba 
testimonial recogida no surge que reunie¬ 
ra las características que menciona dicho 
artículo (testigos presenciales), dejando de 
lado la ausencia de control judicial y de las 
partes del proceso. 

En efecto, el Dr. Ramela expresó que 
nunca se preguntó a los testigos, fuentes 
de la Comisión, qué vinculación tuvieron 
con la muerte de Elena Quinteros; dice 
que tuvieron que ver genéricamente en 
esos episodios (fs. 63) y no se tomaron ac¬ 
tas ni grabaciones, sólo notas manuscritas 
de los datos más significativos (Informe 
574). 

Ya sostuvo el tribunal que la posibili¬ 
dad de la muerte de Elena Quinteros no 
puede soslayarse, pero para atribuirle va¬ 
lor probatorio al informe de la “Comisión 
para la Paz” había que conocer y evaluar 
pormenorizadamente las fuentes. 

Evaluado el Informe, en realidad agre¬ 
ga poco al preliminar que había sido pu- 
blicitado y, a mi criterio, por lo dicho, no 
conforma para aceptar la muerte de Elena 
Quinteros. Y ello no sólo porque no se ha 
cumplido con los requisitos que señala la 
Sra. Fiscal a fs. 473-474 citando a Manzi- 
ni: “(...) la prueba que se toma en conside¬ 
ración como testimonio en el proceso pe¬ 
nal, tiene que ser ante todo judicial, o sea, 
hecha inmediatamente ante el magistrado 
que procede o ante el magistrado delegado 
o requerido...”. Aún preservando la identi¬ 
dad de los testigos, no se ha elaborado en 
la Comisión actas que permitan controlar, 
cuando menos la congruencia de la propia 
declaración de cada uno y su comparación 
con la de otros testigos. 


128 


Al no aceptar la conclusión de la Co¬ 
misión para la Paz, es claro que no pre¬ 
tendo desconocer o disminuir en lo más 
mínimo la consideración a la ímproba e 
importante tarea desempeñada por los 
ilustres miembros de la misma, sino poner 
de relieve que debe cumplirse con la prue¬ 
ba exigida en el Código para tener por 
acreditados hechos de tal gravedad. Y di¬ 
cha prueba no es imposible, pues ninguna 
norma prohibe a los testigos presentarse a 
declarar en vía judicial. 

La prueba de que Elena Quinteros 
continúa privada de libertad es que no se 
tenga conocimiento de su paradero desde 
aquella lejana fecha, y la única posibilidad 
es la declaración de “ausencia” en vía ci¬ 
vil. Es muy riguroso el Código Civil para 
aceptar la muerte: “El ausente no está 
muerto.” 

“Verdadero error judicial haberle 
otorgado la libertad provisional 
al imputado” 

El otro voto discorde fue el del Dr. 
Eduardo N. Borges. Entendió que corres¬ 
ponde confirmar el procesamiento por el 
delito de homicidio muy especialmente 
agravado en carácter de coautor y (orde¬ 
nar) su reintegro a la cárcel. 

En opinión fundada, el Dr. Borges 
comparte el cambio de tipificación a ho¬ 
micidio muy especialmente agravado, 
pero su objeción está vinculada al no rein¬ 
tegro a prisión del procesado, posición que 
comparte la solicitud de la Fiscalía. 

Manifiesta: “En cuanto al agravio de la 
Fiscalía referido a que la recurrida no hace 


lugar al reintegro carcelario del imputado, 
estimo que tiene o le asiste razón a la Sra. 
Fiscal: sin perjuicio de señalar desde ya que 
fue un verdadero error judicial el haberle 
otorgado la libertad provisional al imputado 
cuando pesaba sobre él una imputación pro¬ 
visoria conminada con una pena obstativa 
al beneficio citado, entiendo que el marco 
regulatorio de la situación está dado por los 
arts. 27 de la Constitución que establece que: 
‘En cualquier estado de una causa criminal 
de que no haya de resultar pena de peniten¬ 
ciaría, podrán (los juecesj poner al acusado 
en libertad...’ y el art. 138 del C. Penal que 
establece: ‘Puede concederse la excarcelación 
provisional del procesado que se encuentre en 
prisión preventiva, en cualquier estado de 
la causa, salvo que la ley reprima el delito 
atribuido con mínimo de penitenciaría 2 3 , o 
cuando se estime ‘prima facie’ que la pena a 
recaer en definitiva será de penitenciaría”. 

Concluyó: “Blanco defendió la posi¬ 
ción del gobierno de ipso a sabiendas que 
E. Quinteros estaba privada de su libertad, 
coadyuvando con ello a la consumación del 
delito permanente; ahora, según lo he ex¬ 
puesto con la mayor claridad posible la im¬ 
putación se deriva de otros hechos: Blanco 
como integrante del COSEN A 2 dio y con¬ 
sintió la orden (haciéndola suya) de matar a 
la maestra citada, lo que constituyó a través 
de la teoría que se expuso, la co-autoría de 
un delito de homicidio muy especialmente 
agravado, con lo cual los hechos que se impu¬ 
tan ahora no son los mismos y en mi opinión 
sería contrario a derecho que por estos nuevos 
hechos, se mantuviera la prevención sin pri¬ 
sión, dado que colide con una norma legal y 
otra de rango constitucional”. 


2 Pena de 24 meses o más. (El artículo 312 del Código Penal establece una pena de 15 a 30 años para el delito de homicidio muy 
especialmente agravado). 

3 Consejo de Seguridad Nacional, máximo órgano ejecutivo del Gobierno dictatorial. 



© Annabella Balduvino 


El Poder Judicial y la obligación 
del Estado de investigar 
dónde están los desaparecidos 


La nulidad de lo actuado por el juez 
Alejandro Recarey 

El Dr. Alejandro Recarey subrogó en¬ 
tre octubre y diciembre de 2003 al titu¬ 
lar del Juzgado Penal de le turno, el Dr. 
Eduardo Cavalli, por encontrarse éste con 
graves problemas de salud. 

Mientras estuvo al frente de la sede pe¬ 
nal, el Dr. Recarey citó en calidad de testi¬ 
gos al sargento Ernesto Soca, al cabo reti¬ 
rado Julio Casco, ambos ex integrantes del 
servicio de Información de Defensa (SID) 
y a varios oficiales del Ejército. Pretendía 
interrogarlos acerca del lugar dónde even¬ 


tualmente se encuentra enterrado el cuer¬ 
po de la maestra Elena Quinteros, desapa¬ 
recida desde 1976, víctima del terrorismo 
de Estado durante la dictadura. 

Las citaciones fueron resistidas por los 
mandos del Ejército que cerraron filas res¬ 
paldando al personal llamado a declarar. 
Al no presentarse en la sede, el juez Reca¬ 
rey anunció que ordenaría la detención de 
los militares y la conducción al despacho. 

La situación planteada generó “honda 
preocupación” en el Poder Ejecutivo lo que 
ameritó una reunión entre el presidente de 
la República en ejercicio Luis Hierro Ló- 


129 




pez, el ministro de Defensa Yamandú Fau, 
el asesor presidencial Carlos Ramela (ex 
integrante de la Comisión para la Paz), el 
ministro de Educación Leonardo Guzmán, 
el subsecretario de Defensa Elias Bluth, el 
subsecretario del Interior Daniel Borrelli, 
el prosecretario de la Presidencia Leonardo 
Costa, y el especialista en Derecho Consti¬ 
tucional, Miguel Angel Semino. 

Luego de analizar jurídicamente cómo 
detener la actuación del juez Recarey, el 
Poder Ejecutivo consideró que el letrado 
se apartaba de lo establecido por la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del 
Estado respecto de las violaciones a los de¬ 
rechos humanos cometidas durante la dic¬ 
tadura. Argumentó que el magistrado no 
consultó como señala la ley, si el caso está 
comprendido o no en la citada norma. Por 
esta razón el Gobierno interpuso un recur¬ 
so de reposición, apelación y nulidad en 
subsidio para poner fin a la investigación 
impulsada por la sede penal. 


Dichos recursos fueron rechazados por 
el juez subrogante, por lo que el Poder Eje¬ 
cutivo presentó un recurso de queja que 
pasó al Tribunal de Apelaciones en lo Pe¬ 
nal de tercer turno. En marzo de 2004, el 
órgano de alzada dispuso la nulidad de lo 
actuado por el juez Recarey, salvo lo relati¬ 
vo a las acciones de no innovar -no realizar 
excavaciones o movimientos de tierras- en 
el Batallón de Infantería N° 13. 

Por su parte, el Dr. Alejandro Recarey, 
señaló a la prensa que un equipo de cientí¬ 
ficos detectó modificaciones terrenales en 
el predio del Batallón de Infantería No. 
13, donde presuntamente fue enterrada 
Elena Quinteros, y opinó que el Poder 
Ejecutivo no quería que en este caso ac¬ 
tuara “el juez que no le conviene Añadió 
que además, la Ley de Caducidad no dice 
“que esté prohibido investigar, por eso (esta¬ 
ba) dispuesto a llegar a la puerta del cuartel, 
porque un magistrado que se autolimita deja 
de ser un juez”. 1 


1 Fuentes consultadas: semanarios Búsqueda y Brecha; diario La República. 




© Annabella Balduvino 


"Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más. PorMichelini, Gutiérrez 
Ruiz, BarredoyWhitelaw" 

Nuevamente miles de personas convocadas por la Asociación 
de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el PIT-CNT 
y demás organizaciones de la sociedad civil, marcharon por 18 
de Julio reclamando verdad y justicia. 

La novena marcha del silencio recordó los rostros de los 187 
desaparecidos políticos en Uruguay con un río de hojas blancas 
y con un firme "presente" como respuesta a la lectura de cada 
uno de sus nombres. 

También, por primera vez se sumaron otras movilizaciones en 
las ciudades de Maldonado, Florida y Paysandú. 



132 


A 31 años del 
golpe de Estado 


Comunicado de Hijos. Junio 2004 

El próximo domingo 27 de junio habrá un hecho que acaparará 
toda la atención de los partidos políticos, de los medios masivos de 
prensa, de la gente en general 1 . Sin embargo, ese día, coincidentemente 
o no tanto, se cumplirán 31 años del golpe de Estado. Día que marcó 
nuestra historia como país. 

La impunidad se institucionaliza, echa raíces y para protegerla hasta 
hoy, se la cerca de impúdica “legalidad”. 

Podría pensarse que el hecho de que exista un acto eleccionario 
-como (...) las internas de los partidos políticos- en la fecha en que 
otrora se impuso una dictadura cívico militar que institucionalizó la 
práctica sistemática del terrorismo de Estado, es una clara demostra¬ 
ción de haber superado aquel período oscuro. Sin embargo, nada más 
lejos de la realidad; hoy vivimos en un estado democrático que intenta 
consolidarse sobre las bases de la impunidad. 

Impunidad que implica, además de renunciar a los valores de la 
verdad y la justicia y asegurar la libertad de quienes torturaron y asesi¬ 
naron desde el Estado, (...) aceptar de hecho y a futuro, el terrorismo 
de Estado como amenaza siempre latente. 

Por esto, el 27 de junio es mucho más que una conmemoración, es 
una fecha viva que no envejecerá mientras no nazca la justicia. 

Un año más sin VERDAD, un año más sin JUSTICIA, un año 
más de IMPUNIDAD. 


Refiere a las elecciones internas de los partidos políticos. 



Solicitud de desclasificación de los archivos 
de Inteligencia militar sobre Serpaj, 
Asociación de Madres y Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Luis Pérez Aguirre 


En abril del 2004 el Servicio Paz y 
Justicia/Uruguay solicitó entrevistas a los 
ministros del Interior, Dr. Daniel Borre- 
lli, y de Defensa Nacional, Prof. Yaman- 
dú Fau, con el fin de entregarles una carta 
que fundamenta el pedido de desclasifica¬ 
ción de toda la documentación (escritos, 
filmaciones, etc.) existente en la órbita de 
Inteligencia policial y militar del Estado, 
relativa a nuestra institución, a nuestro 
fundador el sacerdote jesuíta Luis Pérez 
Aguirre, y a la Asociación de Madres y 
Familiares de Detenidos Desparecidos. 

Recordamos como antecedente de este 
petitorio el que se efectuara ante los mis¬ 
mos Ministerios por parte de los diputados 
Felipe Michelini, José Bayardi y otros ciu¬ 
dadanos, sobre las actividades estudiantiles 
desarrolladas durante la dictadura, en par¬ 
ticular las referidas a la “Semana del Estu¬ 
diante”, organizada por ASCEEP en 1983. 

También respaldamos nuestra solicitud 
en que todo habitante de la República tie¬ 
ne derecho a conocer la información que 
posee el Estado, tal como quedara plasma¬ 
do en el proyecto de Habeas Data aproba¬ 
do por la Cámara de Representantes. 

Desde la órbita del Ministerio de De¬ 
fensa se nos concedió la entrevista con el 
subsecretario, Dr. Elias Bluth, a condición 
de no ir acompañados con representantes 
de la Asociación de Madres y Familiares de 


Detenidos Desaparecidos. Bluth se com¬ 
prometió a brindarnos una respuesta, pero 
aclarando previamente que ésta depende a 
su vez de la información que le sea sumi¬ 
nistrada. 

Por su parte, el Dr. Borrelli nos con¬ 
cedió una entrevista sin mediar ninguna 
condición, por lo que participaron inte¬ 
grantes de Serpaj y Familiares. 

Con fecha 7 de mayo se nos informó 
por parte del Ministerio del Interior “que 
en el Departamento no existe constancia 
respecto al material en cuestión” revelando 
que parece existir una confusión respecto 
a los materiales que en 1982 fueron in¬ 
cautados por el Gobierno de la dictadura 
a nuestra institución y que luego fueron 
devueltos. 

Ello motivó que se realizara otra nota 
aclaratoria dirigida al ministro, para pre¬ 
cisar el material solicitado: “documentos 
reservados, secretos o de inteligencia”, escri¬ 
tos, filmados, o de cualquier otra índole, 
que se hayan obtenido durante el período 
en que se violentó la institucionalidad del 
país. 

Luego de realizada la aclaración por es¬ 
crito, y reiterada telefónicamente ante am¬ 
bos ministerios nuestra inquietud sobre la 
suerte del petitorio, no hemos obtenido 
respuesta alguna sobre la existencia o no 
de los materiales solicitados. 



Cordero 

Serpaj a la Opinión Pública 


Circuló la noticia de que el coronel re¬ 
tirado Manuel Cordero, acusado de haber 
violado los Derechos Humanos de muchas 
personas detenidas durante la dictadura 
cívico militar -muchos de ellos aún des¬ 
aparecidos- ha logrado cruzar las fronteras 
de nuestro país sin que el Ministerio del 
Interior tenga registro de su salida. 

Una vez más uno de los militares identi¬ 
ficado como violador de derechos humanos 
y uno de los más buscados también por la 
justicia argentina, logra con una simple 
maniobra burlar a la justicia de este país. 

Es bueno recordar entonces, que entre 
las acusaciones que pesan sobre Cordero 
cuentan: la participación en los asesinatos 
de los legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz 
y Zelmar Michelini; torturas y apremios 
físicos y sicológicos a ciudadanos urugua¬ 
yos y argentinos en centros clandestinos 
de detención en Argentina y una partici¬ 
pación activa en el Plan Cóndor. 

Reestablecido el régimen democrático 
en nuestro país y habiendo comenzado las 
investigaciones parlamentarias y judiciales 
sobre las violaciones cometidas en la dicta¬ 
dura, Cordero nunca concurrió a ninguna 
de las citaciones a las que fue convocado*. 
Desde 1986, Argentina viene solicitando 
la extradición de militares y policías uru¬ 
guayos como Cordero, Gavazzo, Silveira 
y Campos Hermida. El gobierno dilató la 


respuesta hasta que se aprobaron las leyes 
de “Punto Final” en Argentina y “De Ca¬ 
ducidad” en Uruguay, que consolidaron 
en los hechos la impunidad en la región. 
Actualmente Cordero está siendo requeri¬ 
do desde Argentina por el Juez Canicoba 
Corral. 

Pero como si esto fuera poco, además de 
ser acusado de cometer aberrantes crímenes 
de lesa de humanidad y de seguir ampara¬ 
do en la impunidad, el coronel retirado 
Manuel Cordero reivindicó públicamente 
los “métodos” que se emplearon durante 
la dictadura, que incluían matar, torturar, 
secuestrar y desaparecer personas. 

Sus manifestaciones a la prensa pro¬ 
vocaron que el 22 de noviembre de 2001, 
Serpaj junto a otras organizaciones de 
DD.HH presentara en su contra una de¬ 
nuncia penal por apología de delito ante 
el Juzgado Penal de 4 o turno a cargo del 
Dr.José Balcaldi. 

Fueron numerosas las excusas y las ar¬ 
timañas jurídicas utilizadas por el coronel 
retirado, para evitar concurrir a la sede pe¬ 
nal. Ello llevó al Dr. Balcaldi a denunciar 
a Cordero y su abogado por el delito de 
desacato (Artículo 137 del Código Penal). 
A raíz de dicha denuncia, el fiscal Rafael 
Ubiría solicitó el procesamiento de am¬ 
bos, no habiendo a la fecha y a pesar del 
tiempo que ha transcurrido desde el pedi- 


* Hasta 2003 Cordero no compareció ante el Juzgado Penal. Ese año asistió a la audiencia inicial del judo entablado por Serpaj 
y otras organizaciones, en el que fue sobreseído. 




136 


do de la Fiscalía, una resolución del titular 
del Juzgado Penal de 7 o turno, Dr. Pedro 
Hackenbruch. 

Ante la nueva maniobra que forma 
parte de un largo historial de evasivas de 
Cordero y de otros militares denunciados 
como violadores de DD.HH, que no ha¬ 
cen más que confirmar las consecuencias 
negativas de la impunidad sobre las ins¬ 
tituciones y el estado de derecho, Serpaj 
expresa su profunda preocupación no sólo 
por la responsabilidad que le cabe al Esta¬ 
do y que le podría caber en el caso concre¬ 
to al Ministerio del Interior, sino porque 
una vez más se pone en tela de juicio el 
principio constitucional de que todos so¬ 
mos iguales ante la ley. 


Ante estos hechos debemos reafirmar 
el compromiso de seguir trabajando con¬ 
tra la impunidad y por ende consolidando 
nuestra democracia para todos sin excep¬ 
ciones de ninguna índole. 

Como sostuvo el fundador de Serpaj, 
Luis Pérez Aguirre, “si no podemos demos¬ 
trar que la impunidad no tiene más cabida 
en la realidad nacional (...) nuestro Uru¬ 
guay se estará haciendo el ‘harakin políti¬ 
co (...) porque dejar en pie la teoría de la 
impunidad, es decir a nuestros ‘méngüeles y 
barbies que andan sueltos por nuestras calles 
que nadie podrá descubrirlos ni hacer justi¬ 
cia con ellos, es confirmarlos en su convicción 
de que la acción terrorista, en el marco del 
estado, es impune”. 


Panteón para NN en Colonia 

Por iniciativa del edil frenteamplista, Julio Picea, con apoyo de todos los parti¬ 
dos políticos se impulsa la creación de un panteón en el cementerio de Colo¬ 
nia para los restos de ocho personas, cuyos cuerpos aparecieron en los años 
70 en las costas de ese departamento, y que aún no fueron identificados. 

En setiembre de 2001, un equipo de antropólogos forenses de La Plata efec¬ 
tuó el primer relevamiento de los restos que continuó durante 2002. 

Algunas muestra se llevaron a Buenos Aires para proseguir los estudios. Hasta 
el momento el trabajo no dio resultados positivos. 




t*.vl 


Gentileza Diario La República 


1) Denuncia contra el ex 
dictador Juan María Bordaberry 

Antecedentes 

El 19 de noviembre de 2002, con la 
firma de más de 1700 ciudadanos, se pre¬ 
sentó denuncia contra Juan María Borda¬ 
berry ante la Suprema Corte de Justicia 
(SCJ), por la comisión del delito de “aten¬ 
tado a la Constitución”. 

En la denuncia presentada se relatan 


los hechos acontecidos desde el 27 de ju¬ 
nio de 1973, fecha del golpe de estado, 
agregándose la lista de todas las personas 
asesinadas y detenidas desaparecidas desde 
esa fecha hasta la restauración democrática 
en 1985. 

Según los denunciantes, los decretos 
promulgados por Bordaberry, “su aplica¬ 
ción y sus consecuencias, atentaron contra 
la Constitución (Artículo 330 de la Carta) 
cambiaron la forma de gobierno, de vida, de 


* Autor: Dr. Walter De León (Comisión de Familiares de Asesinados Políticos). 











138 


sentimientos y crearon tragedias y sufrimien¬ 
tos a toda la población de la República, y 
aunque en junio de 1976 Bordaberry fue 
destituido, continuaron las dolorosas conse¬ 
cuencias basta la reconstrucción institucio¬ 
nal, en 1985”. 

El 15 de agosto de 2003 la SCJ resol¬ 
vió que Bordaberry podía ser sometido a 
juicio como cualquier ciudadano (Artícu¬ 
lo 8 o de la Constitución) y dispuso que el 
caso pasara a una sede penal. 

El 20 de agosto del 2003 la defensa de 
Bordaberry presentó cinco recursos contra 
la sentencia de la SCJ. Seis días después, el 
26 de agosto de 2003, el máximo órgano 
judicial resolvió desestimar todos los recur¬ 
sos. El expediente pasó entonces al Juzgado 
Letrado en lo Penal de 7 o turno, a cargo del 
magistrado Pedro Hackenbruch. 

El Juez Hackenbruch, coincidió con 
la posición de la fiscal del caso, Dra. Ana 
Tellechea, y promovió contienda negativa 
de competencia ante la Suprema Corte. El 
magistrado argumentó que era la propia 
corporación la que debía asumir compe¬ 
tencia en el caso. 

El 22 de marzo de 2004, la SCJ firmó 
la sentencia 280 que declaró inadmisible 
la contienda promovida y observó al Juez. 
Señaló que la “ promoción de este incidente 
generó una dilación indebida en la resolu¬ 
ción subexámine que conspira contra el pres¬ 
tigio de la pronta y eficiente Administración 
de Justicia”. 

Devuelto el expediente al Juzgado, la 
fiscal solicitó a Hackenbruch que citara a 
declarar a Bordaberry. Los abogados del ex 
dictador promovieron nuevos recursos que 
esencialmente repitieron los argumentos 
que habían sido desestimados por la SCJ. 

Ai hacerse público que uno de los 


defensores de Bordaberry, el Dr. Gas¬ 
tón Chávez, había sido abogado del juez 
Hackenbruch en una investigación ad¬ 
ministrativa iniciada por la SCJ contra el 
magistrado, los denunciantes solicitaron 
la abstención del juez en el caso. De lo 
contrario promoverían -para transparen¬ 
cia del procedimiento- la recusación del 
magistrado. 

El Dr. Hackenbruch solicitó al Tri¬ 
bunal de Apelaciones que lo autorizara a 
abstenerse y presentó su argumentación 
en sobre cerrado. El Tribunal accedió a su 
requisitoria y pasó el expediente a la Dra. 
Fanny Canesa, jueza letrada en lo Penal de 
6 o turno. A su vez, la Dra. Canesa, in¬ 
mediatamente después de recibir el expe¬ 
diente solicitó también la abstención. Sus 
razones también fueron entregadas al Tri¬ 
bunal en sobre cerrado, pero trascendió en 
la prensa que la jueza tendría un familiar 
directo trabajando para la familia Borda¬ 
berry, en relación laboral de dependencia. 

El órgano de alzada rechazó la solici¬ 
tud de abstención. El caso permanece en 
la sede penal de 6 o turno. 

Estado actual del caso 

La defensa de Bordaberry continuó 
presentando recursos que, según los de¬ 
nunciantes, tendrían el objetivo de dilatar 
las actuaciones y alejar la comparecencia 
del ex dictador en el Juzgado y su posible 
procesamiento. La jueza trasladó los recur¬ 
sos a la Fiscalía. 

Los abogados de los denunciantes so¬ 
licitaron audiencia con el presidente de la 
SCJ, Dr. Leslie Van Rompaey. La audien¬ 
cia se llevó a cabo el 21 de setiembre de 
2004 en el Palacio Piria. Los juristas ante 
el magistrado expusieron sus preocupacio¬ 
nes fundamentales: 


1) La demora en el presumario, tra¬ 
tándose de hechos delictivos “notorios” y 
“evidentes” que en nuestro derecho están 
exentos de prueba. 

2) Un procedimiento judicial en que 
se da trámite a recursos promovidos por 
el indagado, quién aún no era imputado 
(persona sujeta a proceso y por lo tanto 
parte en el mismo). 

3) A efectos de la caducidad del delito: 
de continuar la lentitud del procedimien¬ 
to, y aún descontándose los años de la dic¬ 
tadura -período en que no existió Poder 
Judicial independiente- los abogados de 
Bordaberry podrían igualmente plantear 
la prescripción de los ilícitos, el 1 de mar¬ 
zo de 2005, a veinte años de la reapertura 
democrática. 

Si llegado ese día aún no existe decisión 
de primera instancia, el objeto del proce¬ 
dimiento cambiaría. El centro del debate 
jurídico dejaría de ser el juzgamiento de 
Bordaberry como responsable de graves 
delitos; se pasaría a discutir si existe pres¬ 
cripción o no de acuerdo a leyes internas y 
convenios internacionales, suscriptos por 
el Estado uruguayo. 

El 22 de setiembre de 2004 se presentó 
ante la jueza Canesa una “ampliación de 
los fundamentos de la denuncia”; se agre¬ 
garon sentencias de Tribunales de Apela¬ 
ciones y de la SCJ e informes de la Fiscalía, 
a fin de respaldar argumentos jurídicos en 
cuatro temas: 

1) Existencia total y absoluta de los re¬ 
quisitos legales necesarios para proceder al 
interrogatorio y, en su caso, procesamien¬ 
to del ex dictador. 

2) Inviabilidad de la vía recursiva por 
parte del indagado en la etapa de presu¬ 
mario. 

3) Profundización del análisis de los 
principios y normas constitucionales, esen¬ 


cialmente se insiste en que “todas las perso¬ 
nas son iguales ante la ley”, como señala el 
artículo 8 de la Constitución. 

4) Preocupación y consecuencias de 
la demora en el trámite, ante la eventual 
utilización del instituto de la prescripción 
por parte de la defensa de Bordaberry. 

La jueza dictó “autos para resolución”, 
medida que le otorga un plazo de 45 días 
para decidir si cita a declarar a Bordaberry. 
Si deja correr todo el período, no habrá 
resolución antes de que se inicie a feria ju¬ 
dicial mayor. El caso se retomaría 30 días 
antes del 1 de marzo. 

Los denunciantes creen que la sede pe¬ 
nal debe citar sin más trámite al ex dicta¬ 
dor para ser interrogado y eventualmente 
procesado por “atentado a la Constitución” 
(delito de lesa nación), “revelación de se¬ 
cretos políticos y militares” en el marco 
del Plan Cóndor, y otros delitos graves. 

2) Investigación de los asesinatos 
de Michelini, Gutiérrez Ruiz y 
otros ciudadanos 

El Juzgado Letrado en lo Penal de 1 I o 
turno lleva adelante la indagatoria de los 
asesinatos de los legisladores Zelmar Mi¬ 
chelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como 
de los militantes William Withelaw y Ro¬ 
sario Barredo, ocurridos el 20 de mayo 
de 1976, en Buenos Aires. El magistrado 
Roberto Timbal es el encargado de dirigir 
el proceso. La Dra. Mirtha Guianze es la 
titular de la Fiscalía. 

Los denunciantes incorporaron al expe¬ 
diente voluminosa documentación proba¬ 
toria. Se agregaron, entre otros documen¬ 
tos, todas las actuaciones de la Comisión 
Investigadora de los secuestros y asesinatos 
de Michelini y Gutiérrez Ruiz realizadas 
por el Poder Legislativo. Se incorporó una 


140 


copia autenticada del expediente iniciado 
en el Poder Judicial argentino, se solicitó 
desclasificación de documentos de la In¬ 
teligencia de Estados Unidos, y de docu¬ 
mentos de los organismos de Inteligencia 
de Argentina. El Juzgado solicitó también 
información al Ministerio de Defensa 
Nacional y al Ministerio del Interior, de 
Uruguay. 

En abril de 2004, el Dr. Timbal citó 
a declarar como testigos al ex senador Al¬ 
berto Zumarán, y al ex embajador de Uru¬ 
guay en Argentina, Juan Raúl Ferreira. 1 

Zumarán -según declaraciones a la 
prensa al salir de la sede penal-, confirmó 
ante el juez que durante los años de in¬ 
vestigación parlamentaria, le había llegado 
una versión que describía una reunión en 
el COSENA 2 , en 1976, donde se habría 
decidido -por cuatro votos contra dos- 
matar a los legisladores. 

Posteriormente, el juez Timbal citó a 
declarar como indagados al ex dictador 
Juan María Bordaberry y al ex canciller de 
la dictadura Juan Carlos Blanco. 3 

Bordaberry y Blanco declararon el 2 de 
setiembre de 2004, en el Juzgado Penal de 
11° turno, ante el juez Timbal y la fiscal 
Guianze. La audiencia duró más de 8 horas. 

Al salir del Juzgado ninguno de los 
gobernantes de la dictadura cívico-militar 
formuló declaraciones. 

Como en otra oportunidad, donde 
debió declarar por los asesinatos de ocho 
militantes comunistas, el ex dictador con¬ 
currió al Juzgado acompañado de varios 
de sus hijos. 


Y fue uno de ellos, el actual ministro 
de Turismo, Dr. Pedro Bordaberry, quien 
sí habló ante los micrófonos de prensa. 
Dijo que la denuncia e investigación con¬ 
tra su padre por “atentado a la Constitu¬ 
ción” y por “coautoría en los homicidios 
de Michelini y Gutiérrez Ruiz” se llevaban 
adelante con el sólo propósito de perjudi¬ 
car su propia carrera política. 

El expediente judicial espera la incorpo¬ 
ración de documentación del exterior y de 
organismos nacionales así como la concu¬ 
rrencia a declarar de otros integrantes del 
gobierno de la dictadura como el ex minis¬ 
tro de Economía, Alejandro Vegh Villegas. 

En mayo de 2004, se solicitó la reactiva¬ 
ción del expediente en la República Argen¬ 
tina, donde comparecieron los familiares 
de Michelini y Gutiérrez Ruiz; ratificaron 
la querella contra miembros de las Fuerzas 
Armadas de Argentina y de Uruguay que 
actuaron en el marco del Plan Cóndor. 

El juez del caso es el magistrado Ro¬ 
dolfo Canicoba Corral, quien ya procesó a 
los militares argentinos Guillermo Suárez 
Masón y Jorge Olivera, por los asesinatos 
de los legisladores uruguayos. 

En el expediente argentino también 
están acusados e investigados Juan María 
Bordaberry, Juan Carlos Blanco y 16 mi¬ 
litares uruguayos. El juez argentino citará 
a declarar a todos esos indagados. Cuando 
solicitó la extradición de -entre otros- los 
torturadores uruguayos Manuel Corde¬ 
ro, José “Niño” Gavazzo, el ex comisario 
Plugo Campos Hermida (fallecido), el go¬ 
bierno uruguayo denegó la petición. 


1 Hijo de Wilson Ferreira Aldunate. Era un joven en 1976 cuando su padre, senador nacionalista, evadió ser asesinado en la misma 
operación represiva que terminó en los homicidios de Michelini y Gutiérrez Ruiz. 

2 Consejo de Seguridad Nacional, organismo máximo de dirección de la dictadura cívico-militar. 

3 Blanco se encuentra procesado por coautoría de homicidio muy especialmente agravado de ia maestra y militante de izquier¬ 
da, Elena Quinteros, desaparecida en 1976. (Ver artículo en el presente Informe). 



3) Investigación de los asesinatos 
de Luis Martirena y su esposa 
Ivette Jiménez 

Antecedentes. 

Martirena y Jiménez fueron asesinados 
en su casa de la calle Amazonas 1440 en 
un operativo de las Fuerzas Conjuntas 4 , el 
14 de abril de 1972. Los efectivos arma¬ 
dos ametrallaron las paredes, sin recibir 
un solo tiro en contra. Luego entraron y 
asesinaron a la señora Jiménez que se en¬ 
contraba en la cocina y, en otra habita¬ 
ción, acribillaron a su esposo el escribano 
y periodista Luis Martirena, quien ya se 
encontraba herido y sin armas. 

En la casa estaban escondidos los diri¬ 
gentes del Movimiento de Liberación Na¬ 
cional, Tupamaros, Eleuterio Fernández 
Fíuidobro (actual senador de la Repúbli¬ 
ca) y Héctor Cámpora. 

Denuncia ante la Suprema Corte 

El 8 de octubre de 2003 se presentó 
denuncia por parte de la Comisión de 
Familiares de Asesinados Políticos ante la 
SCJ, a fin de que se investigaran los ase¬ 
sinatos. 

El máximo órgano judicial determinó 
que correspondía la instrucción al Juzgado 
Letrado en lo Penal de 1 I o turno, a cargo 
del magistrado Roberto Timbal. Este se 
declaró incompetente para actuar y envió 
el expediente al juez penal de 5 o turno, 
Daniel Tapié, quien también declinó ac¬ 
tuar por razones de competencia. El expe¬ 
diente pasó al Juzgado Penal de 10° turno, 
presidido por el Dr. Rolando Vomero. Este 
magistrado asumió la competencia. 


Las actuaciones se encuentran en esta 
de presumario. 5 El juez requirió informa¬ 
ción a organismos del Estado y citó a tes¬ 
tigos: detenidos en el hecho y miembros 
de las Fuerzas Conjuntas que participaron 
en el operativo, incluso algunos que efec¬ 
tuaron declaraciones públicas en las que 
revelaron datos precisos de los asesinatos. 

4) Investigación de los homicidios 
ocurridos en la Seccional 20 del 
Partido Comunista 

La denuncia fue promovida en 2001 
por la Comisión de Familiares de Asesina¬ 
dos Políticos ante el Juzgado Letrado en lo 
Penal de 10° turno, a cargo del Dr. Rolan¬ 
do Vomero. Hubo una intensa actuación 
judicial. Declararon decenas de testigos 
presenciales: sobrevivientes del hecho re¬ 
gistrado el 14 de abril de 1972, que deter¬ 
minó la muerte a balazos de ocho militan¬ 
tes comunistas y un oficial del Ejército; ve¬ 
cinos que vieron los asesinatos; miembros 
de las Fuerzas Conjuntas que participaron 
en el operativo. Comparecieron también 
los jueces civiles y militares que actuaron 
en su momento, y el médico que efectuó 
las autopsias. Se realizó una inspección 
ocular en el local político de la calle Agra¬ 
ciada y se incorporó el expediente de la 
“Justicia Militar”. Se realizó una autopsia 
histórica, profundo estudio del médico fo¬ 
rense Hugo Rodríguez y otras actuaciones 
que ayudaron a esclarecer los hechos. 

Los denunciantes afirman que en el 
expediente quedó absolutamente probado 
que los ocho comunistas y el capitán Wil- 
firedo Busconi fueron asesinados por las 
Fuerzas Conjuntas. 


4 Denominación oficial de la dictadura para el aparato represivo integrado por militares y policías. 

5 Etapa procesal previa al dictado de un procesamiento. 



El expediente había sido archivado en 
2001. Pero se reabrió tras la denuncia pre¬ 
sentada en 2002, que señalaba como res¬ 
ponsable de los crímenes al ex presidente 
elegido democráticamente en 1971, Juan 
María Bordaberry, quien después dio el 
golpe de Estado cívico-militar en 1973. 

Este fue a declarar a la sede j udicial como 
indagado, el 28 de julio de 2003, y dijo que 
sólo conocía la versión de los hechos que le 
narró el jefe de Inteligencia de la época, co¬ 
ronel Ramón Trabal, asesinado en Francia 
durante el período de la dictadura en un 
operativo confuso y jamás aclarado. 

Al quedar probada la responsabilidad 
de las Fuerzas Conjuntas, el juez indagó 
para identificar los nombres de los culpa¬ 
bles. Solicitó al Ministerio de Defensa y al 
del Interior, los antecedentes con los nom¬ 
bres de los militares y policías que parti¬ 
ciparon en el operativo, a fin de citarlos 


a declarar a la sede judicial. Se le contestó 
que no existían documentos ni anteceden¬ 
tes de la época. 

Como en otros casos similares de los 
años ‘70, las pruebas decisivas estarían en 
manos de los Ministerios de Defensa e 
Interior, esencialmente en los organismos 
de Inteligencia. Pero, es recurrente que las 
investigaciones lleguen hasta la solicitud 
de información al Poder Ejecutivo, donde 
se frustran las actuaciones. Con ese pano¬ 
rama, el fiscal Enrique Moller, informó 
al Juez que no encontró elementos pro¬ 
batorios que identifiquen responsables 6 y 
solicitó el archivo del expediente. El juez 
accedió y decretó nuevamente el archivo, 
sin perjuicio de ser reabierto en caso de 
presentarse nuevas pruebas. Por ello, los 
denunciantes continúan trabajando para 
lograr la reapertura del caso y la identifi¬ 
cación de los responsables. 


142 


En el proceso penal sólo las personas físicas son pasibles de ser juzgadas. 


Uruguay sigue incumpliendo 
normas internacionales* 


Ante el pronunciamiento de la Supre¬ 
ma Corte de Justicia (SCJ), sobre el pedi¬ 
do realizado por IELSUR para que dicho 
Poder asumiera competencia en la solici¬ 
tud realizada por el par argentino sobre las 
medidas cautelares de: Prisión Preventiva 
con fines de extradición y Captura In¬ 
ternacional de los Sres. Gavazzo, Silveira, 
Cordero y Campos Hermida, IELSUR 
realizó las siguientes consideraciones: 

1. IELSUR valora como sumamente 
positivo la discusión dada por la Corpora¬ 
ción en relación con dicha petición. 

2. La solicitud formulada el 24 de ju¬ 
nio de 2002, es consecuencia de la Acción 
de Amparo interpuesta en el asunto “Al- 
sina c/ Ministerio de Educación y Cul¬ 

tura ”, para acceder a los informes elabora¬ 
dos por el fiscal de Corte a raíz del pedido 
formulado por el Poder Ejecutivo acerca 
de la procedencia de las solicitudes de las 
medidas cautelares solicitadas por el juez 
argentino Rodolfo Canicoba Corral. 

A IELSUR le preocupa el tiempo 
transcurrido desde la presentación hasta la 
resolución definitiva y si bien la dilatoria 
no es imputable a la SCJ, como bien se 
expresa en su resolución, si lo es con res¬ 
pecto al Estado uruguayo que ha demo¬ 
rado más de dos años en responder a una 
petición, violentando así el artículo 25 de 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos que otorga el derecho a un re¬ 


curso sencillo y rápido ante los jueces o 
tribunales competentes. 

3. La Resolución de la SCJ de fecha 
20/09/04 desestima el petitorio de IEL- 
SUR basando la argumentación de la im¬ 
procedencia de la solicitud en dos consi¬ 
deraciones centrales: 

A) Incompetencia del Poder Judicial 
para decidir en la solicitud, basada en los 
artículos 13.1 y 17.1 de la Ley 17.225 del 
tratado uruguayo-argentino sobre extradi¬ 
ción. 

B) A su vez alega en la resolución, ra¬ 
zones de Orden Público para la no-proce- 
dencia de la misma. 

4. Ante tales argumentos IELSUR ex¬ 
presa: 

A) La extradición es un instituto que se 
basa en el principio de estricta jurisdiccio- 
nalidad. No se puede pensar y establecer 
al mismo desde una perspectiva de que es 
competencia exclusiva de la administración 
-en este caso el Poder Ejecutivo-. Si la lec¬ 
tura del Tratado de Extradición con la Re¬ 
pública Argentina y en especial de sus artí¬ 
culos 13.1 y 17.1 se realizara en el sentido 
al que adscribe la resolución en cuestión, 
estamos ante la inversión de unos de los 
principios básicos sobre los que se asienta 
la democracia, y es aquel por el cual la li¬ 
bertad de las personas es resorte exclusivo 
de la órbita judicial y no de la administra- 


* Autor: Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. 






144 


tiva. Debemos recordar que aquí no se está 
todavía ante un pedido de extradición y sí, 
en cambio, de un pedido de detención pre¬ 
ventiva y captura internacional con fines de 
extradición. De seguirse el razonamiento 
de nuestro máximo órgano jurisdiccional 
se pondrían en riesgo las garantías constitu¬ 
cionales establecidas en el Artículo 15 de la 
Constitución de la República. 

Si bien el Tratado de Extradición con la 
República Argentina deroga el Tratado de 
Derecho Penal de Montevideo de 1889, 
en ninguna cláusula expresa establece la 
competencia de la Administración para 
entender en los procedimientos, por tanto 
se aplicaría en la especie los Códigos Penal 
y de Procedimiento Penal que otorgan la 
competencia a la autoridad jurisdiccional 
para las detenciones preventivas y proce¬ 
sos de extradición. 

Incluso en el mismo Tratado en sus 
artículos 22 y 24 cuando se refiere a los 
institutos de la extradición simplificada y 
la detención preventiva mantienen el cri¬ 
terio de control jurisdiccional del proce¬ 
dimiento. 

El Tratado permanentemente hace re¬ 
ferencia a Estado requirente y requerido y 
le da a la Autoridad Central de cada uno la 
competencia para recibir y diligenciar las 
solicitudes de extradición, no para decidir 
sobre la pertinencia de la misma. Por tan¬ 
to, IELSUR considera que la decisión 
sobre la pertinencia o no de la extradi¬ 

ción sigue siendo una cuestión estricta¬ 
mente jurisdiccional. 

La Suprema Corte cita el Artículo 168 
numeral 20 de la Constitución cuando el 
Artículo aplicable es el número 239 nu¬ 


meral lque establece la competencia de 
dicha corporación “ en las cuestiones rela¬ 
tivas a Tratados Pactos y Convenciones con 
otros Estados ” 

5. Por su parte, el Estado uruguayo se 
obligó a perseguir y sancionar a los auto¬ 
res de crímenes contra la humanidad y de 
graves violaciones a los derechos humanos 
en virtud de los compromisos asumidos 
mediante la ratificación de instrumentos 
internacionales de protección de los dere¬ 
chos humanos. Así podemos destacar en¬ 
tre este marco de normas aplicables en la 
jurisdicción domestica: 

“La Convención contra la Tortura y 
otros tratos o penas crueles inhumanos o 
degradantes”, “El pacto de Derechos Civi¬ 
les y Políticos”, “La Convención Americana 
de Derechos Humanos”, “La Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura” y “La Convención Interamerica- 
na sobre Desaparición Forzada”. 

El concepto de crimen internacional 
habilita también el de jurisdicción inter¬ 
nacional, entendiendo a esta como la fa¬ 
cultad de perseguir procesar, y sancionar 
estos crímenes, aún cuando ellos se hu¬ 
bieran cometido fuera de la jurisdicción, 
entendiendo que la magnitud del hecho 
afecta a toda la humanidad. 

En el caso planteado por IELSUR ante 
la SCJ, es de aplicación un principio de 
derecho internacional fundamental, el de 
AUTDEDEREAUTJUDICARE, que se 
explica como la obligación de “ juzgar o 
extraditar \ Este principio es una norma 
imperativa y reconocida por la comunidad 
internacional que no admite acuerdo en 
contrario y que sólo puede ser modificada 
por otra que tenga el mismo carácter. 

Esta llamada jurisdicción universal no 







es un principio nuevo, está prevista en el 
derecho internacional escrito desde el año 
1949, cuando la comunidad internacional 
aprobó los cuatro convenios de Ginebra 
sobre derecho internacional humanitario. 

Conforme a este principio el Estado 
debe elegir entre JUZGAR o EXTRADI¬ 
TAR, constituyendo una obligación de 
comportamiento dirigida a los Estados. 

Basados en el mismo y para el caso 
uruguayo, y si se entendiera que es de 
aplicación la Ley de Caducidad de la Pre¬ 
tensión Punitiva del Estado, la cuestión se 
debe resolver en aplicación del principio 
mencionado, devolviendo al Estado recla¬ 
mante aquellos sujetos requeridos por el 
Estado peticionante. 

6. Con respecto al argumento de or¬ 
den público esgrimido, IELSUR conside¬ 
ra que al ser el mismo tal como lo señala el 
Artículo 25 del Tratado referido una nor¬ 
ma que sólo puede ser aplicada “excepcio- 
nalmente” y en “forma fundada”, tales 
requisitos no se cumplen en este caso. 

En efecto, la Suprema Corte acepta la 
excepción esgrimida por el Poder Ejecuti¬ 
vo pero no hace reparos a que el mismo en 
sus resoluciones se fundamenta sólo en las 
razones que promovieron la Ley de Cadu¬ 
cidad de la Pretensión Punitiva del Estado 
sin alertarse que la misma no es aplicable 
al caso, pues el pedido realizado por la 
justicia del vecino país se refiere a ilícitos 
ocurridos en el marco del “Plan Cóndor” 
fuera del territorio nacional. 

En consecuencia la SCJ está renun¬ 
ciando al ejercicio de una competencia 
que le es propia e intransferible y a la cual 


está sujeta por normas constitucionales y 
legales y claros principios de derecho in¬ 
ternacional en materia tan delicada como 
la extradición. 

Además, la resolución de la Suprema 
Corte es contraria a los compromisos in¬ 
ternacionales asumidos por el Estado uru¬ 
guayo en materia de derechos humanos y 
desconoce una vez más la conclusión del 
Informe N° 29/1992 de la Comisión In- 
teramericana de Derechos Humanos que 
concluye que la Ley de Caducidad es in¬ 
compatible con el Artículo XVIII (Derecho 
de Justicia) de la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, y los Ar¬ 
tículos 1, 8 y 25 de la Convención Ame¬ 
ricana de Derechos Humanos, y que reco¬ 
mienda al Gobierno de Uruguay, adoptar 
las medidas necesarias para esclarecer los 
hechos e individualizar a los responsables 
de las violaciones de derechos humanos 
ocurridas durante el período de facto. 

En conclusión entonces, cualquier ex¬ 
cepción de orden público no puede con¬ 
trariar el orden jurídico internacional al 
cual Uruguay se debe, ni los principios 
generales de cooperación internacional y 
derechos humanos que lo inspiran. 

Por tanto, con la resolución de la Su¬ 
prema Corte de Justicia se cierra un pro¬ 
ceso en el cual el Estado uruguayo ha in¬ 
cumplido los compromisos asumidos al 
ratificar los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, y visto que luego de 
esta Resolución ya no existen vías recursi¬ 
vas en el ámbito de la jurisdicción interna, 
IELSUR considera que se habría incurrido 
en responsabilidad internacional y se abo¬ 
cará al estudio de la pertinencia de realizar 
las denuncias que correspondan. 




Situación militar 

Algunos aspectos a resaltar 


146 


A 20 años del retorno a la vida de¬ 
mocrática en Uruguay, el tratamiento de 
diversos temas que involucran a las Fuer¬ 
zas Armadas, vinculados al accionar de 
sus miembros durante el período en que 
ilegítimamente ocuparon el poder, sigue 
siendo traumático para los mandos y los 
centros sociales militares. 

La postura de algunos gobernantes del 
período posdictadura influyó sin dudas en 
la obstaculización de un diálogo franco 
entre integrantes de las Fuerzas Armadas 
y la sociedad: partidos políticos, organi¬ 
zaciones sociales, familiares de desapare¬ 
cidos, entre otros. Ese contacto hubiera 
generado, como ocurrió en otros países, 
un primer paso de acercamiento. 

Por el contrario, se ha tratado de tener¬ 
los en un “ghetto”, generando fantasmas 
y enemigos artificiales hacia el interior de 
las Fuerzas Armadas y hacia la población. 
Se pretende así ostentar un poder y una 
influencia que esos sectores políticos hoy 
no poseen, por total falta de apoyo ciu¬ 
dadano. 

En un repaso de algunos aconteci¬ 
mientos que recogió la prensa durante 
el año destacamos: 

* Uruguay planteó la designación del 
capitán de navio, Juan Craigdallie, como 
agregado naval en Argentina. En el libro 
de Rey Piuma Un marino acusa el militar 
es acusado de la muerte de dos ciudadanos 


argentinos durante la dictadura. 

La situación generó malestar en las au¬ 
toridades de ese país. El embajador uru¬ 
guayo en Argentina, Alberto Volonté, fue 
convocado al Palacio San Martín; se le in¬ 
formó del profundo disgusto del gobierno 
argentino ante el nombramiento. En un 
programa de televisión el presidente de ese 
país, Néstor Kirchner manifestó: “ Espero 
que la cancillería uruguaya reaccione como 
corresponde y no nos mande al torturador 
que quiere mandar 

El secretario de Derechos Humanos de 
Argentina, Eduardo L. Duhalde, dijo que 
la designación de Craigdallie “ es algo más 
que una provocación, es una definición filo¬ 
sófica a favor del terrorismo de Estado”. 

Un comunicado oficial de la Presiden¬ 
cia de la República Argentina calificó el 
episodio como “conflicto diplomático”, y 
manifestó haber recibido “el respaldo de or¬ 
ganismos de Derechos Humanos" de ambos 
países. 

Serpaj manifestó públicamente su apo¬ 
yo a la actitud asumida una vez más por el 
gobierno argentino, que intenta poner fin 
a la impunidad. 

Finalmente Uruguay desistió de la de¬ 
signación del marino acusado. Manifestó 
que le buscará otro destino. 

* El senador del Partido Nacional, 
Francisco Gallinal, presentó una moción 
en la Cámara Alta en procura de provocar 
la caída del ministro de Defensa Nacional, 


Yamandú Fau, a raíz de la negativa de al¬ 
gunos militares retirados de prestar decla¬ 
raciones ante un juez que investiga el caso 
de la maestra detenida-desaparecida Elena 
Quinteros, tema que generó un conflicto 
entre los poderes Ejecutivo y Judicial. 

Al presentar la moción en el Senado, 
Gallinal dijo: “el ministro desconoce el lu¬ 
gar donde se encuentran sus subordinados ” 
y discrepó con la posición del Poder Eje¬ 
cutivo en cuanto entiende que los milita¬ 
res no deben ir a declarar a los juzgados 
como testigos, en función de la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del 
Estado. Agregó que el ministro Fau “tiene 
una solidaridad mal entendida con quienes 
usurparon el poder en 1973, que no son be¬ 
neficiarios sino acusados por la caducidad 
que otorga la ley”. 

* El ex oficial naval Jorge Tróccoli de¬ 
claró ante el juez, Alejandro Recarey, en 
calidad de testigo en el caso Elena Quinte¬ 
ros. Tróccoli ha afirmado que haber confe¬ 
sado sus culpas del pasado le permite mi¬ 
rarse al espejo, pero se queja del rechazo 
de la sociedad. 

En 1996 este militar admitió haber tra¬ 
tado inhumanamente a detenidos y parti¬ 
cipando en torturas. Sin embargo aseguró 
que no mató a nadie y dijo que no sabe 
nada de los desaparecidos. Afirmó que sí 
lo saben las Fuerzas Armadas ya que son 
las responsables de esos hechos. 

* El nuevo jefe del Ejército teniente ge¬ 
neral Santiago Pomoli, pidió terminar con 
los “ revisionismos inconducentes, para evitar 
más angustias, rencor y hasta quizás nuevos 
conflictos Manifestó que los gobernantes, 
los políticos y los líderes civiles son los 
verdaderos intérpretes del sentir nacional 


y que los militares, apolíticos, deben dedi¬ 
carse a sus cometidos específicos. 

El PIT-CNT acusó a Pomoli de rea¬ 
lizar “apología del terrorismo de Estado” 
con su discurso. Expresó que el nuevo 
comandante en jefe “se arrogó la potestad 
de establecer qué debe hacer la justicia o no 
y reivindicó lo actuado por la dictadura y 
amenazó con nuevos enfrentamientos si con¬ 
tinúan los reclamos de verdad y justicia”. 

* La Cámara de Representantes autori¬ 
zó con los votos de los legisladores de los 
partidos tradicionales 1 y luego de dos días 
de arduo debate, el envío de 538 militares 
uruguayos y cuatro civiles a una misión de 
imposición de paz en Haití. 

El coronel Juan José Pioli, director del 
Centro de Estudios Estratégicos y de la 
Cátedra de Estrategia del Instituto Militar 
de Estudios Superiores (IMES) consideró 
que la sociedad civil tiene una imagen “ne¬ 
gativa” de las Fuerzas Armadas. Advirtió 
que la profesión militar ha caído a los lu¬ 
gares de menor prestigio social, y planteó 
propuestas para revertir la mala imagen. 

Ejecutar una adecuada política de rela¬ 
ciones públicas con énfasis en la televisión 
y en la divulgación de las actividades se¬ 
cundarias que tienen una incidencia direc¬ 
ta, inmediata y visible en el campo social, 
es una de sus principales iniciativas. 

Otros planteos fueron: 

a) Participación activa de los militares, 
principalmente de sus superiores, en orga¬ 
nizaciones sociales -por ejemplo, barriales- 
a fin de interrelacionarse con la sociedad 
civil. 

b) El Ejército debe hacer más traspa¬ 
rente sus decisiones y sanciones internas. 


Partido Nacional y Partido Colorado. 



c) Mayor apertura de los militares a la 
población civil. 

* El comandante de la División de 
Ejército II, general Francisco Wins, or¬ 
denó -sin consultar al jefe del Ejército te¬ 
niente general, Santiago Pomoli- reponer 
en la unidad militar el cuadro del general 
Líber Seregni, quien fuera comandante de 
tal repartición en los años sesenta. 

El problema es que Seregni -que se en¬ 
contraba en los últimos días de su vida- es 
el líder histórico del Frente Amplio. 

Pomoli ordenó arresto a rigor por cin¬ 
co días para el general Wins. 

Las autoridades del Centro Militar y 
del Círculo Militar General Artigas cues¬ 
tionaron la decisión de reponer el retra¬ 
to. El Centro Militar deploró “la actitud 
personal e inconsulta” de Wins, a quien 
responsabilizó de causar un “grave daño a 
la unidad de la familia militar”. El Centro 
Militar consideró la iniciativa como “in¬ 
feliz, inoportuna e inconveniente”. Wins se 
desafilió de ambas instituciones. 

Los hechos se produjeron luego que el 
presidente argentino, Néstor Kirchner, or¬ 
denó descolgar los cuadros de los respon¬ 
sables del gobierno de facto que lucían en 


la sala de honor de una unidad militar de 
ese país. 

En Uruguay, entre la polémica militar y 
política, trascendió que la sanción a Wins 
habría sido por actuar en forma inconsulta 
pero que Pomoli estudiaba la posibilidad 
de restituir los cuadros de cinco oficiales. 
Sus retratos habían sido descolgados de los 
salones de honor de sus unidades, durante 
la dictadura. Se trata de los generales Se¬ 
regni, Víctor Licandro y Oscar Baliñas, y 
los coroneles Pedro Aguerre y José Severo. 

Seregni murió unos días después de 
esos hechos. 

Finalmente, Pomoli ordenó restituir 
los cuadros de Seregni y Severo. 

* El general retirado Oscar Pereira 2 pu¬ 
blicó el libro Recuerdos de un soldado orien¬ 
tal del Uruguay , que cuestiona a militares 
por haber violado derechos humanos du¬ 
rante la dictadura. Adjudicó a “ (...) unos 
pocos delincuentes y sádicos desenfrenados el 
deshonesto saqueo de viviendas, el ultraje de 
mujeres indefensas y la perversa desnaturali¬ 
zación materna de recién nacidos”. Y asegu¬ 
ró que hubo una “omisión irresponsable de 
todo el escalafón de mando”. 


148 


2 Fue general entre 1993 y 2000. 



Lucha contra la impunidad 
en Argentina 


Desde que el presidente de Argentina, 
Néstor Kirchner, asumió el gobierno en 
mayo de 2003, impulsa el esclarecimien¬ 
to de los crímenes cometidos en la última 
dictadura militar en ese país (1976-1983). 
Es de sostenerse que la función que ha 
cumplido el Poder Judicial en la búsque¬ 
da de verdad y justicia en Argentina se 
ha profundizado durante todo el 2004. 
La sanción de la Ley 25.779 que declara 
nulas las leyes de punto final y obediencia 
debida fue un gran paso dado por el Poder 
Legislativo en el proceso iniciado por la 
justicia en 2001 para poner fin a la impu¬ 
nidad en Argentina. 

El 23 de marzo, en ocasión de conme¬ 
morarse el 28 aniversario del golpe militar 
en ese país, el presidente pidió perdón en 
nombre del Estado por el silencio ante las 
“atrocidades” cometidas durante la última 
dictadura. 

La Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA), donde funcionó el mayor centro 
clandestino de detención y torturas, fue el 
escenario para recordar el nefasto 24 de 
marzo de 1976 

Kirchner anunció la cesión del predio 
de 19 hectáreas que ocupa la ESMA a or¬ 
ganizaciones de derechos humanos para 
erigir un “Museo de la Memoria”. Allí se 
exhibirán testimonios, documentos y ob¬ 
jetos que permitan comprender la reciente 
y traumática historia argentina y apreciar 
la lucha de las organizaciones de derechos 
humanos por hacer conocer la verdad y lo¬ 


grar la justicia. 

Asimismo, por un decreto se creó el 
Archivo Nacional de la Memoria, un or¬ 
ganismo desconcentrado en el ámbito de 
la Secretaría de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Dere¬ 
chos Humanos, cuyas actividades funda¬ 
mentales son obtener, analizar, clasificar, 
duplicar, digitalizar y archivar informa¬ 
ciones, testimonios y documentos sobre 
el quebramiento de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en que esté 
comprometida la responsabilidad del Es¬ 
tado Argentino. 

Kirchner también relevó a los altos 
mandos de las Fuerzas Armadas. Y reali¬ 
zó reemplazos en el caso de la Marina; la 
Armada Argentina -a través de el jefe del 
Estado Mayor, almirante Jorge Godoy- ha 
criticado el accionar del terrorismo de Es¬ 
tado. Se trata del primer reconocimiento 
institucional. 

El 5 de agosto, fue sancionada una ley 
de reparación a las víctimas menores de edad 
durante la última dictadura militar argenti¬ 
na. La norma establece el pago de indem¬ 
nizaciones a los hijos de detenidos y/o des¬ 
aparecidos que hayan sufrido sustitución de 
identidad, nacidos en cautiverio o que sien¬ 
do menores permanecieron detenidos. 

En cuanto a los avances en la justicia 
(procesamientos y detenciones), se cons¬ 
tató que al mes de setiembre de 2004, se 
encuentran detenidas en Argentina más de 
100 personas acusadas de cometer graves 


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149 


violaciones a los derechos humanos du¬ 
rante la dictadura militar en alrededor de 
30 causas abiertas en toda la Nación. 

En cuanto a causas de uruguayos vícti¬ 
mas de violaciones de derechos humanos 
en Argentina es de destacar los avances 
en el caso de Carmen Gallo Sanz, hija de 
desaparecidos uruguayos, que recuperó su 
identidad y los represores Miguel Osvaldo 
Etchecolatz y Jorge Antonio Bergés fueron 
condenados en marzo pasado a siete años 
de prisión. 

Ese mes, los familiares de los legislado¬ 
res Michelini y Gutiérrez Ruiz, con el pa¬ 
trocinio del CELS (Centro de Estudio Le¬ 
gales y Sociales), presentaron una denuncia 
ante el juez Rodolfo Canicoba. Solicitaron 
se continué la investigación y se sancione a 
los autores, instigadores, cómplices y/o en¬ 
cubridores de la desaparición forzada, tor¬ 


turas y homicidio agravado de Michelini y 
Gutiérrez Ruiz en mayo de 1976. 

El CELS denunció a integrantes 
de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas 
de seguridad y de los servicios de In¬ 
teligencia, de Argentina y de Uruguay, 
como responsables de los asesinatos 
y solicitó que se cite a prestar declara¬ 
ción indagatoria tanto a mandos argen¬ 
tinos como uruguayos entre los que se 
encuentran Juan María Bordaberry, 
Juan Carlos Blanco, José D. Cardozo, 
José Niño Gavazzo Pereira, Manuel 
Juan Cordero Piacentini, entre otros. 
Carlos Guillermo Suárez Masón -jefe del 
I Cuerpo de Ejército- ya se encuentra 
procesado con prisión preventiva por es¬ 
tos asesinatos. Y Jorge Olivera Rovere, se¬ 
gundo comandante del I Cuerpo de Ejér¬ 
cito, ha sido indagado por esos hechos. 


150 


"O 

C 


¡Nunca más! 

"A 20 años del primer 
gobierno constitucional: 
Las materias pendientes" 


1. La verdad sobre los hechos de los 
períodos clave de la historia nacional es 
necesaria e indispensable. Es la base para 
la adopción de las medidas que deben 
adoptar las autoridades de las institucio¬ 
nes del Estado, de acuerdo al derecho de 
protección a los Derechos Humanos, para 
rectificar y prevenir la realización de accio¬ 
nes similares en el futuro. 

En ese camino, deberá investigarse y 
esclarecerse las circunstancias en que mu¬ 
rieron los asesinados políticos, incluidos 
los “presuntos suicidios”, aún llegándose a 
la exhumación de los restos, si fuese ne¬ 
cesario. 

En ese marco, es imprescindible conti¬ 
nuar con las investigaciones para estable¬ 
cer, por todos los medios y con la mayor 
exactitud, qué sucedió con el detenido - 
desaparecido, desde el momento de su pri¬ 
vación de libertad y hasta el presente (por 
qué, dónde, cuándo, cómo y por quién). 
Teniendo en cuenta la manifiesta y grave 
omisión del Estado frente a informaciones 
concretas, la búsqueda de restos, cemen¬ 
terios clandestinos y de tumbas clandesti¬ 
nas en cementerios oficiales, debe ser una 
prioridad. 


Cuando, como resultado de esas inves¬ 
tigaciones, se encuentren e identifiquen 
debidamente restos, el Estado dará a co¬ 
nocer públicamente las causas de muerte 
que surjan del análisis de los mismos, así 
como las circunstancias en que ésta se pro¬ 
dujo. Los restos serán entregados a la fa¬ 
milia para su sepultura definitiva. 

Debe habilitarse sin restricciones el ac¬ 
ceso a los archivos y otras informaciones 
en poder de instituciones y funcionarios o 
ex funcionarios del Estado a los efectos de 
la continuación de las investigaciones, no 
solamente de las denuncias por desapari¬ 
ción forzada de personas, sino de todos los 
hechos constitutivos de violaciones a los 
derechos humanos. 

2. Actuando como lo establece la 
normativa internacional que es derecho 
vigente, la acción de la Justicia es necesa¬ 
ria para responsabilizar y sancionar a los 
autores, coautores y autores ideológicos 
de estos horrendos crímenes. Es un ele¬ 
mento esencial de profundización de la 
democracia en su función de investiga¬ 
ción, contralor y garante independiente 
de los derechos fundamentales además de 


152 


ser un imprescindible acto de educación 
y normatización hacia el conjunto de la 
ciudadanía. 

Como lo ha aceptado el Estado uru¬ 
guayo al adquirir compromisos interna¬ 
cionales, la desaparición forzada de perso¬ 
nas es un delito de lesa humanidad que 
como tal no prescribe. Por su naturaleza es 
permanente, por lo que se sigue cometien¬ 
do continuadamente hasta que aparezca la 
persona con vida, o, en su caso, hasta que 
aparezcan sus restos y pueda certificarse le¬ 
galmente la fecha y causa de su muerte. 

En consecuencia, el Poder Ejecutivo 
deberá no entorpecer en ningún caso la 
labor de la Justicia y prestará la mayor co¬ 
operación a las instituciones nacionales y 
promoverá la más amplia cooperación ju¬ 
dicial internacional en todos aquellos ca¬ 
sos donde se tramiten causas originadas en 
violaciones a los derechos humanos. 

En este marco, nuestro país deberá ti¬ 
pificar en su legislación penal los delitos 
establecidos en el Estatuto de Roma, rati¬ 
ficado por nuestro país el 28 de junio de 
2002; aprobar el acuerdo sobre privilegios 
e inmunidades para el funcionamiento de 
la Corte Penal Internacional; y rechazará 
absolutamente los “acuerdos de inmuni¬ 
dad” planteados por algunos Estados por 
basarse en una errónea interpretación de 
las normas del mencionado Estatuto. 

3. Consideramos víctima del terro¬ 
rismo de Estado a toda la sociedad y par¬ 
ticularmente a quienes sufrieron directa¬ 
mente los arrestos indebidos, las torturas, 
los juicios ilegales y/o sin garantías, la cár¬ 
cel, el asesinato, la desaparición forzada y 
a los menores apropiados y sus familias. 

Tal como lo establece la normativa hu¬ 
manitaria nacional e internacional, la re¬ 
paración debe abarcar a la sociedad toda y 


a las víctimas individualmente. 

La reparación en el ámbito de la so¬ 
ciedad implica el enjuiciamiento de los 
hechos del terrorismo de Estado, de sus 
ideólogos, instrumentadores y colabora¬ 
dores. Asimismo implica la no permanen¬ 
cia en cargos estatales de personas civiles y 
militares que hayan actuado con respon¬ 
sabilidad directa tanto en la instrumenta¬ 
ción del golpe de Estado como en delitos 
de lesa humanidad (tortura, asesinatos, 
desaparición de personas, apropiación de 
menores). 

La reparación a las víctimas debe ser 
integral de acuerdo a la normativa legal. 
No se limita exclusivamente a los daños 
materiales y morales sino que consiste en 
un conjunto de medidas de restitución, 
rehabilitación e indemnización. El Estado 
deberá asumir la responsabilidad por los 
daños y perjuicios cometidos por quienes 
actuaron en su nombre. Deberá brindar 
satisfacción moral a las víctimas, recono¬ 
ciendo expresamente su condición y su 
dignidad humana y ciudadana. Garantiza¬ 
rá la rehabilitación de su salud mental y 
física a todos los afectados, así como a sus 
familiares en las situaciones en que corres¬ 
ponda y proporcionará los medios para su 
educación y actividad laboral. 

El procedimiento administrativo que 
se aplique para otorgar la reparación, en¬ 
tre ellas la indemnización correspondien¬ 
te, deberá ser breve, informal, no consti¬ 
tuir una nueva forma de victimización. Se 
acordará prioridad a todas las víctimas que 
hayan cumplido 60 años de edad. 

Cuando se trate de niños que fueron 
objeto de desaparición forzada, el Estado 
procederá a restituirles su identidad bio¬ 
lógica, independientemente de que los 
mismos decidan adoptarla públicamente 
o no. 


4. En la misma línea del Memorial de 
los Desaparecidos, ubicado en el Cerro de 
Montevideo, deberá adoptarse medidas de 
alto contenido simbólico, encaminadas a 
devolver a las víctimas directas su dignidad 
y promover su memoria. En el mismo sen¬ 
tido también deberá reconocerse el papel 
jugado por los familiares de los presos po¬ 
líticos y de los exiliados y particularmente, 
por los familiares de los detenidos desapa¬ 
recidos que representan con su lucha de 
tantos años un legado de dignidad. Entre 
las acciones posibles destacan: la asigna¬ 
ción de los nombres de las víctimas a edi¬ 
ficios, calles y espacios públicos en todo el 
país; la realización de homenajes públicos, 
de carácter oficial en una fecha determina¬ 
da; y la instalación de un Museo de la Me¬ 
moria en uno de los lugares donde funcio¬ 
naron centros clandestinos de detención y 
torturas y/o lugares de reclusión. 

Resulta esencial que la sociedad y el 
Estado promuevan acciones para la cons¬ 
trucción y conservación de la memoria 
histórica en nuestro país. 

5. Deberá reformarse el ordenamiento 
jurídico vigente a los efectos de que el mis¬ 
mo sea una herramienta eficiente para la de¬ 
fensa y promoción de todos los derechos hu¬ 
manos. Dicha reforma incorporará las nor¬ 
mas internacionales de Derechos Humanos 
aceptadas por la comunidad de Naciones. 

Es un requisito fundamental para el 
desarrollo de la institucionalidad al servi¬ 
cio de la persona humana que, por los pro¬ 
cedimientos correspondientes, se respeten 
y se reconozca la jerarquía que tienen los 
pactos, tratados y convenciones interna¬ 
cionales sobre derechos humanos de que 
es parte el Estado uruguayo, o de los que 
en el futuro ratifique o a ellos adhiera. 

Entre otras normas de jerarquía legal, 


deberán tipificarse y sancionarse expresa¬ 
mente: aquellos delitos que se cometen con 
el apoyo directo o indirecto del aparato es¬ 
tatal; los delitos de tortura y desaparición 
forzada de personas. Para hacerlo, podrá 
tomarse como antecedente de trabajo el 
proyecto oportunamente elaborado por el 
Colegio de Abogados del Uruguay y pre¬ 
sentado al Parlamento Nacional. 

6. La educación es un instrumento pri¬ 
vilegiado para la construcción de la me¬ 
moria colectiva. Desde los primeros años 
escolares, y pasando por todos los niveles 
del sistema educativo, los programas de¬ 
ben incorporar la formación en derechos 
y en valores, donde el respeto al semejan¬ 
te sea trasmitido de manera vivencial. La 
formación docente debe prestar especial 
atención a estos contenidos. Pero ello sería 
ineficaz si no se promoviera desde el Esta¬ 
do, la Verdad y la Justicia. 

El sistema de formación en derechos 
humanos del personal de las Fuerzas Ar¬ 
madas y la Policía Nacional debe actua¬ 
lizarse junto a una profunda revisión del 
marco doctrinario de ambas instituciones. 
Debe romper con la Doctrina de la Segu¬ 
ridad Nacional, que inspiró y dio sustento 
ideológico a estas instituciones del Estado, 
desviándolas perversamente de sus cometi¬ 
dos naturales, a los efectos de inculcar una 
ética profesional que se corresponda con 
fuerzas militares y policiales democráticas, 
sometidas a gobiernos civiles emanados de 
la voluntad popular soberana, operando 
en el marco del Estado de Derecho y res¬ 
petuosas de los derechos humanos. 

En cuanto a las profesiones universita¬ 
rias que tienen mayor relación con el sis¬ 
tema judicial, es necesaria la implementa- 
ción de cursos de actualización permanen¬ 
te en materia de derechos humanos para 


jueces, fiscales, abogados, médicos y otras 
profesiones vinculadas a esta área. 

7. La sociedad uruguaya debe contar, 
en el menor plazo posible, con el instituto 
del Defensor del Pueblo (Ombusdsman), 
uno de los instrumentos que se ha mos¬ 
trado eficaz a nivel internacional, para la 
protección, promoción y defensa de los 
derechos humanos. 

Bajo la presidencia del Defensor del 
Pueblo deberá funcionar una Comisión 
Nacional de Derechos Humanos indepen¬ 
diente de los Poderes del Estado y de los 
partidos políticos, integrada por personas 
expertas en derechos humanos, participan¬ 
do también de los debates representantes 
de organismos del Estado pertinentes y 
por Organizaciones No Gubernamentales 
que se ocupen de aspectos de los derechos 
humanos. 

“El Poder Ejecutivo deberá de inmedia¬ 
to a su asunción, instalar una Secretaria de 
Derechos Humanos con el más alto rango 
institucional, la que tendrá como tareas 
inmediatas la custodia y conservación de 
la información recogida, la recepción de 
eventuales nuevas denuncias y la instala¬ 


ción de los organismos anteriormente ci¬ 
tados (Defensor del Pueblo y Comisión 
Nacional de Derechos Humanos)”. 

El Estado deberá reconocer su responsa¬ 
bilidad y comprometerse, en forma clara y 
enfática a tomar todas las medidas necesa¬ 
rias para que nunca más se reiteren hechos 
atentatorios contra la dignidad humana, 
como los ocurridos durante la dictadura 
militar. A esos efectos implementará junto 
a la sociedad civil, campañas periódicas de 
sensibilización, información, promoción y 
educación no formal, dirigidas a fortalecer 
una cultura de respeto a los derechos hu¬ 
manos en el país. 

Este es el camino para el “NUNCA MAS” 

Servicio Paz y Justicia-Uruguay, Comi¬ 
sión de Familiares de Asesinados por razo¬ 
nes políticas, Comisión de Derechos Hu¬ 
manos del PIT-CNT, CRYSOL*, Memo¬ 
ria para Armar, Taller Vivencias, Amnistía 
Internacional-Sección Uruguay, Madres y 
Familiares de Uruguayos Detenidos-Des¬ 
aparecidos, SERSOC**. 

Martes, 28 de setiembre 2004. 


154 


* Colectivo de ex presos/as políticos de Uruguay. 


** Servicio de Rehabilitación S ocial 



Refugiados en Uruguay 


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Uruguay concede la condición jurídica 
de refugiado a extranjeros de distinta pro¬ 
cedencia que huyen de su país de origen 
aduciendo la existencia de un temor funda¬ 
do de ser perseguidos por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a deter¬ 
minado grupo social u opiniones políticas. 
Este procedimiento se realiza conforme a la 
Ley 13.777 de 14 de octubre de 1969, que 
ratificó la Convención de Naciones Unidas 
sobre el Estatuto de los Refugiados apro¬ 
bada el 28 de julio de 1951 y su proto¬ 
colo modificativo que fue adoptado por la 
Asamblea General en 1967. 

El 27 de octubre de 2003 el Decreto 
414/003 creó una Comisión Interministe¬ 
rial de Refugiados integrada por los minis¬ 
tros de Relaciones Exteriores y del Interior 
con el cometido de conceder, denegar o 
hacer cesar la condición jurídica de refu¬ 
giado. 

La comisión actúa asistida por una se¬ 
cretaría técnica integrada por representan¬ 
tes de la Dirección Nacional de Migración 
del Ministerio del Interior, la Dirección de 
Derechos Humanos y Derecho Comuni¬ 
tario del Ministerio de Relaciones Exterio¬ 
res, y un delegado del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) en Montevideo. 

Actualmente 97 1 extranjeros viven en 
Uruguay con la calidad jurídica de refu¬ 
giados. El 70% son varones y el 30% 
mujeres. 


n 

o 

en 

Desde que las personas llegan a Uru¬ 
guay y solicitan refugio hasta que se les 
concede deben cumplir una serie de etapas 
formales. 

Ai inicio del proceso se encuentran en 
una situación de gran vulnerabilidad; en 
ocasiones desconocen las características 
del país que los recibe, su situación social 
o económica, y tampoco cuentan, en su 
mayoría, con las herramientas necesarias 
para lograr una adecuada inserción. 

El Servicio Ecuménico de Dignidad 
Humana (Sedhu) es la institución que 
trabaja en Uruguay en coordinación con 
otras organizaciones sociales nacionales e 
internacionales, apoyando el proceso de 
solicitud de refugio ante ACNUR. 

Los solicitantes arriban al país por sus 
medios, muchas veces en barcos como pa¬ 
sajeros clandestinos, o bien por aquellos 
medios a los que han podido acceder. 

Los lugares de procedencia son diver¬ 
sos. Conforman los grupos mayoritarios 
África, Europa del Este, y Colombia. 

Las razones que provocan la huida se -| 5 
corresponden con la situación particular 
de cada país. En su mayoría los solicitantes 
huyen de conflictos armados, de guerras, y 
en menor número por razones políticas. 

Las primeras etapas de la permanencia 
en Uruguay están marcadas por un trabajo 
de conocimiento real del país al que lle¬ 
gan, de información con respecto a su si¬ 
tuación económica y social, y simultánea- 


Los datos manejados en el presente Informe fueron brindados por el Sedhu. 



mente un trabajo de investigación sobre 
su procedencia a los efectos de reunir los 
requisitos para la solicitud de refugio. 

Se les intenta apoyar en la adquisición 
de herramientas que permitan su inserción 
social. Entre otras cosas, ACNUR brinda 
a los refugiados cursos de capacitación 
para ampliar las posibilidades de ingreso 
al mercado laboral. 

En ocasiones, las personas a las que 
se les concede el refugio acceden a micro 
créditos. Así pueden llevar adelante algún 
emprendimiento. 

En el proceso de su inserción social, 


económica y laboral en el país, los refu¬ 
giados encuentran como barrera principal 
las diferencias culturales que dificultan en 
muchas ocasiones su conocimiento, adap¬ 
tación y circulación en la sociedad uru¬ 
guaya. Estas dificultades se intentan salvar 
con apoyo y seguimiento del proceso de 
las distintas situaciones. Algunos logran 
insertarse, trabajar y percibir ingresos que 
les permitan vivir y desarrollarse. 

Luego de establecidos en el país, en 
algunas oportunidades se trabaja para la 
reunificación familiar, y se posibilita el 
reencuentro del refugiado con sus familia 
en Uruguay. 













































Libertad de Prensa 


Incremento de juicios penales contra periodistas 
evidencia necesidad de revisar legislación en la materia* 


La cantidad de juicios penales sustan¬ 
ciados contra periodistas se incrementó 
durante 2004, lo que demuestra una vez 
más que la legislación que penaliza a la 
libertad de expresión constituye la más 
sería amenaza para la propia libertad de 
expresión y para la libertad de prensa en 
Uruguay. 

Cerca de 20 periodistas fueron denun¬ 
ciados por delitos de difamación e injurias 
a causa de artículos o investigaciones pe¬ 
riodísticas sobre temas de interés público. 
En todos los casos las denuncias penales 
sobrevinieron luego de que los periodis¬ 
tas publicaron o emitieron en medios de 
comunicación denuncias de corrupción 
o críticas al poder público. Esta situación 
ilustra con claridad sobre cómo la legis¬ 


lación uruguaya en materia de prensa es 
utilizada con la finalidad de hostigar a los 
periodistas. 

Como sucedió en años anteriores la 
mayor parte de las denuncias fueron archi¬ 
vadas en primera o segunda instancia, lo 
que obviamente no impidió que los perio¬ 
distas denunciados debieran comprobar 
la veracidad de sus investigaciones ante la 
justicia. El hecho de estar sometidos a un 
proceso sumario y público, somete a los 
periodistas a la llamada “pena de proceso”, 
con la aflicción que ello supone. 

En materia de jurisprudencia los tribu¬ 
nales uruguayos mantienen en general una 
concepción favorable a una amplia liber¬ 
tad de expresión, sin embargo los juzgados 
de primera instancia del interior, en algu- 


157 


* Autor: Dr. Edison Lanza (Asesor Legal de la Asociación de la Prensa Uruguaya) 








158 


nos lugares, aplicaron una tesis restrictiva 
que considera al honor por encima de la 
libertad de expresión. 

En esta materia hay que señalar como 
hecho negativo la confirmación parcial de 
un fallo de difamación e injurias dictado 
por el Juzgado Letrado de la ciudad de Río 
Branco. 

El Tribunal de Apelaciones de 2 o Tur¬ 
no revocó parcialmente, el 7 de junio de 
2004, la sentencia de condena de primera 
instancia a la periodista Marlene Vaz, ab¬ 
solviéndola por el delito de difamación: el 
más grave. 

El órgano de alzada entendió que los 
periodistas tienen derecho a reflejar el es¬ 
tado de opinión, basado en hechos reales, 
sin perjuicio de que esos comentarios se 
realicen en tono de sátira. Sin embargo, 
mantuvo el delito de injurias imputado 
en primera instancia, por entender que la 
periodista en algunos casos difundió as¬ 
pectos de la vida íntima de un funcionario 
público en forma injustificada y gratuita. 

Durante 2004 también se produjeron 
una decena de acciones de derecho de res¬ 
puesta contra medios de comunicación. 
Aunque este derecho está incluido como 
una garantía al derecho del honor de los 
ciudadanos, es utilizado mayormente 
por funcionarios públicos o de gobierno 
denunciados en la prensa por hechos de 
corrupción. Prueba de que este instituto 
también se utiliza como hostigamiento es 
que de los tres casos que se plantearon ju¬ 
dicialmente, los tribunales rechazaron dos 
solicitudes, sin perjuicio de aquéllas que 
fueron planteadas directamente ante los 
medios a las que éstos accedieron volun¬ 
tariamente. 


Claroscuros para la libertad 

La Suprema Corte de Justicia se pro¬ 
nunció sobre la constitucionalidad del de¬ 
recho a respuesta al dictar sentencia en un 
expediente de excepción de inconstitucio- 
nalidad sobre ese derecho. 

Se resalta como un hecho positivo 
el pronunciamiento de un Tribunal de 
Apelaciones en lo Penal que estableció la 
improcedencia del derecho de respuesta 
contra columnas de opinión sobre temas 
políticos. 

Sin duda la mejor noticia de 2004 en 
materia de libertad de prensa fue el enjui¬ 
ciamiento y posterior envío a prisión de 
los responsables intelectuales y materiales 
del atentado a balazos perpetrado, el 21 de 
diciembre de 2003, contra el periodista 
Ricardo Gabito Acevedo. Los responsa¬ 
bles intelectuales del atentado fueron los 
hermanos Nelson y Daniel Spillman que 
habían sido denunciados por Gabito en 
sus investigaciones sobre los negocios del 
fútbol. 

La mala noticia de 2004 para la liber¬ 
tad de expresión y el derecho a la infor¬ 
mación lo constituyó la confirmación de 
que, por segunda vez en 10 años, fracasó 
en el Parlamento el intento por aprobar 
el proyecto de acceso a la información 
y babeas data. En efecto, pese a que el 
proyecto destinado a mejorar el derecho 
a la información frente al Estado había 
recibido en 2003 media sanción de la 
Cámara de Representantes, la Cámara de 
Senadores no trató el asunto antes de que 
finalizara la legislatura. El proyecto debe¬ 
rá presentarse nuevamente en el próximo 
período legislativo. 


Legislación sobre derechos humanos 

Octubre de 2003 a octubre de 2004 

Leyes destacadas 


DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO 
Constitución de la República - Reforma 
aprobada el 31/11/04 por plebiscito. Se 

agregan al artículo 47 determinadas disposi¬ 
ciones. El agua es un recurso natural esencial 
para la vida. El acceso al agua potable y el 
acceso al saneamiento, constituyen DERE¬ 
CHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. 
Se determina una política nacional de Aguas y 
Saneamiento. Medio ambiente. Gestión sus- 
tentable de recursos hídricos. Participación 
de usuarios y sociedad civil en las instancias 
de planificación, gestión y control. Anteposi¬ 
ción de razones de orden social a las de orden 
económico en el servicio de agua potable y 
saneamiento. Las aguas superficiales y subte¬ 
rráneas constituyen un recurso unitario su¬ 
bordinado al interés general, que forma parte 
del dominio público estatal. Suministro de 
agua a otro país por motivos de solidaridad. 
Se agrega al artículo 188 que las disposicio¬ 
nes sobre asociaciones de economía mixta no 
son aplicables a los servicios de agua potable y 
saneamiento. Se agrega una disposición tran¬ 
sitoria: la indemnización que correspondiere 
no generará lucro cesante, reembolsándose 
sólo las inversiones no amortizadas. 

DERECHO A LA SALUD 

Ley N° 17.714 del 28 de noviembre de 2003 

Se modifica la leyenda de advertencia en ta¬ 
bacos, cigarros y cigarrillos. Rótulo visible: 
“Fumar puede generar cáncer, enfermedades 
pulmonares y cardíacas”; “Fumar durante el 
embarazo perjudica a su hijo”. 

Ley N° 17.774 del 20 de mayo de 2004 
Se incluye obligatoriamente en el carné de sa¬ 
lud el análisis de dosificación de plombemia, a 
los trabajadores expuestos que se determinan. 


Ley N° 17.775 del 20 de mayo de 2004 

Se declara de interés general la regulación que 
permita controlar la contaminación por plomo. 

DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
Ley N° 17.732 del 31 de diciembre de 2003 

Se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

DERECHO A UN PROCESO JUSTO 
Ley N° 17.773 del 20 de mayo de 2004 

Se sustituye el artículo 113 del Código del 
Proceso Penal. Garantías de los indagados, re¬ 
serva de la instrucción e igualdad. 

DERECHOS DEL ADULTO MAYOR 
Ley N° 17.796 del 9 de agosto de 2004 

Resumen: Promoción integral de los adultos 
mayores. Derechos del adulto mayor. Plan na¬ 
cional para el adulto mayor. 

DERECHOS DEL NIÑO 

Ley N° 17.823 del 17 de setiembre de 2004 

Se aprueba el Código de la Niñez y la Adoles¬ 
cencia. 

DERECHO DE ACCESO A LA INFOR¬ 
MACIÓN / PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

Ley N° 17.838 del 24 de setiembre de 2004 

Se aprueba la protección de datos personales 
para ser utilizados en informes comerciales y 
acción de habeas data. Regulación del regis¬ 
tro, almacenamiento, distribución, transmi¬ 
sión, modificación, eliminación, duración y 
tratamiento de datos personales asentados en 
archivos, registros, bases de datos públicos o 
privados, destinados a brindar informes de ca¬ 
rácter comercial. 


Resumen cronológico 


160 


Ley N° 17.712 del 27 de noviembre de 2003 

Resumen: Se aprueba el Acuerdo Marco sobre 
Medio Ambiente del Mercosur. 

Publicada D.O. 3 dic/003 - N° 26396 

Ley N° 17.714 del 28 de noviembre de 2003 

Resumen: Se modifica la leyenda de adverten¬ 
cia en tabacos, cigarros y cigarrillos. Rótulo 
visible: “Fumar puede generar cáncer, enfer¬ 
medades pulmonares y cardíacas”; “Fumar du¬ 
rante el embarazo perjudica a su hijo”. 
Publicada D.O. 10 dic/003 - N° 26401 

Ley N° 17.716 del 10 de diciembre de 2003 

Resumen: Se declara el 10 de diciembre de 
cada año “Día de la Declaración Universal de 
los Derechos Flumanos”, en conmemoración 
de su aprobación por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Se considera de interés 
general que ese día, el sistema educativo pro¬ 
ceda a exaltar el contenido de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
Publicada D.O. 18 dic/003 - N° 26407 

Ley N° 17.722 del 24 de diciembre de 2003 

Resumen: Se aprueba la adhesión a la Conven¬ 
ción sobre el Estatuto de los Apátridas, suscrita 
en Nueva York, el 28 de setiembre de 1954. 

Publicada D.O. 7 ene/004 - N° 26418 

Ley N° 17.724 del 24 de diciembre de 2003 

Resumen: Se aprueba la Convención relativa a 
la Lucha contra las Discriminaciones en la Es¬ 
fera de la Enseñanza, adoptada en el marco de 
la Unesco, suscrita en París, el 14 de diciembre 
de 1960. 

Publicada D.O. 7 ene/004 - N° 26418 

Ley N° 17.726 del 26 de diciembre de 2003 

Resumen: Se establecen medidas alternativas. 
Sustitución de prisión preventiva. Presenta¬ 


ción periódica ante Juzgado o Seccional. Pro¬ 
hibición de conducir vehículo por dos años. 
Interdicción. Atención médica o psicológica. 
Prestación de servicios comunitarios. Arresto 
domiciliario. Arresto en horas de descanso. 
Arresto de fin de semana. Pago de multas. 
Publicada D.O. 7 ene/004 - N° 26418 

Ley N° 17.732 del 31 de diciembre de 2003 

Resumen: Se aprueba el Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 
suscrito en Estocolmo, el 22 de mayo de 2001, y 
la corrección del artículo 1 del texto original de la 
Convención del 21 de febrero de 2003. 
Publicada D.O. 16 ene/004 - N° 26425 

Ley N° 17.758 del 4 de mayo de 2004 

Resumen: Se extiende la prestación de la asig¬ 
nación familiar a todos lo hogares con ingresos 
inferiores a tres salarios mínimos. Dieciséis por 
ciento del salario mínimo por cada hijo. Plazo 
de prestación: hasta 14 años o finalización de 
ciclo de educación primaria. Incapacidad física 
o psíquica. Inspecciones del BPS. 

Publicada D.O. 10 may/004 - N° 26498 

Ley N° 17.773 del 20 de mayo de 2004 

Resumen: Se sustituye el artículo 113 del Có¬ 
digo del Proceso Penal. Garantías de los in¬ 
dagados, reserva de la instrucción e igualdad. 
Designación de defensor. Acceso a expediente 
durante el presumario. Reserva de presumario. 
Causas de cese de reserva. 

Publicada D.O. 25 may/004 - N° 26508 

Ley N° 17.774 del 20 de mayo de 2004 

Resumen: Se incluye obligatoriamente en el 
carné de salud el análisis de dosificación de 
plombemia, a los trabajadores expuestos que 
se determinan. Periodicidad. Precauciones en 
manejo de residuos. Higiene en el trabajo. 


Listado de ocupaciones y actividades con ex¬ 
posición potencial al plomo. 

Publicada D.O. 27 may/004 - N° 26510 
Ley N° 17.775 del 20 de mayo de 2004 
Resumen: Se declara de interés general la regu¬ 
lación que permita controlar la contaminación 
por plomo. Se prohíben las naftas con conte¬ 
nido de plomo superior a los 13 miligramos 
por litro. Se prohíbe el uso de plomo en tube¬ 
rías y soldaduras en instalación o reparación 
de sistemas de distribución de agua para uso 
humano, animal o de riego. Porcentajes admi¬ 
tidos. Pinturas. Juguetes. Alimentos. Procesos 
industriales. Suelos. Baterías. 

Publicada D.O. 31 may/004 - N° 26512 

Ley N° 17.778 del 24 de mayo de 2004 

Resumen: Se declara el 20 de setiembre de 
cada año “Día de la Libertad de Expresión del 
Pensamiento”. 

Publicada D.O. 31 may/004 - N° 26512 

Ley N° 17.793 del 16 de julio de 2004 

Resumen: Se aprueba el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco del 21 de 
mayo de 2003. 

Publicada D.O. 23 jul/004 - N° 26551 

Ley N° 17.796 del 9 de agosto de 2004 

Resumen: Promoción integral de los adultos 
mayores. Derechos del adulto mayor. Plan 
nacional para el adulto mayor. Coordina¬ 
ción a cargo de la Dirección General de la 
Salud. Grupo de trabajo de apoyo. Salud. 
Residencia. Alimentación. Integración so¬ 
cial. Recreación. Educación. Vivienda. Se¬ 
guridad Social. 

Publicada D.O. 19 ago/004 - N° 26570 

Ley N° 17.799 del 12 de agosto de 2004 

Resumen: Se obliga a los partidos políticos a 
rendir una declaración jurada y pública ante la 
Corte Electoral. Monto gastado y a gastar en 
la campaña electoral. Nómina de contribuyen¬ 
tes. Montos. Detalle de lo gastado en distintos 


tipos de publicidad, impresión de listas e in¬ 
fraestructura. No cumplimiento aparejará que 
no se abonen las sumas de contribuciones del 
Estado al partido infractor. 

Publicada D.O. 19 ago/004 - N° 26570 

Ley N° 17.805 del 26 de agosto de 2004 

Resumen: Se sustituyen los artículos 22, 23 y 
24 de la Ley 9.739. Se regula el derecho de 
autor en la actividad periodística. Autoriza¬ 
ción del autor para el uso de un artículo. Cita 
del autor. Derechos de autor. Aplicación a ar¬ 
tículos, dibujos, chistes, gráficos, caricaturas, 
fotografías. 

Publicada D.O. 3 set./004 - N° 26580 

Ley N° 17.815 del 6 de setiembre de 2004 

Resumen: Se establece pena de prisión y pe¬ 
nitenciaría para los que fabriquen y comer¬ 
cialicen material pornográfico utilizando a 
menores de edad o incapaces. Colaboración 
en difusión, exhibición, importación, expor¬ 
tación, oferta, almacenamiento o adquisición 
de material pornográfico que contenga imáge¬ 
nes con una o más personas menores de edad. 
Contribución en prostitución y explotación 
sexual de menores de edad. Tráfico de menores 
o incapaces. 

Publicada D.O. 14 set./004 - N° 26586 

Ley N° 17.817 del 6 de setiembre de 2004 

Resumen: Se declara de interés nacional la 
lucha contra el racismo, la xenofobia y la 
discriminación. Discriminación basada en 
motivos de raza, color de piel, religión, ori¬ 
gen nacional o étnico, discapacidad, aspec¬ 
to estético, género, orientación e identidad 
sexual. Se crea la Comisión Honoraria contra 
el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma 
de Discriminación. Proposición de políticas 
nacionales. Análisis y monitoreo de cumpli¬ 
miento de legislación. Campañas educativas. 
Recopilación de información. Asesoramiento 
integral y gratuito. 

Publicada D.O. 14 set./004 - N° 26586 


162 


Ley N° 17.823 del 17 de setiembre de 2004 

Resumen: Se aprueba el Código de la Niñez y 
la Adolescencia. Derechos y deberes de niños y 
adolescentes. Deberes del Estado. Deberes de 
los padres o responsables. Políticas sociales de 
protección a la niñez y adolescencia. Derecho 
a la identidad. Derecho al nombre. Tenencia. 
Visitas. Alimentos. Infracciones a la ley penal. 
Régimen procesal. Medidas socioeducativas. 
Privación de libertad. Maltrato y abuso del 
niño o adolescente. Adopción. Legitimación 
adoptiva. Trabajo. Medios de comunicación, 
publicidad y espectáculos. Autorización para 
viajar. Investigación de paternidad o materni¬ 
dad. Pérdida y suspensión de patria potestad. 
Consejo Nacional Consultivo Honorario de 
los Derechos del Niño y Adolescente. Iname 
pasa a ser INAU (Instituto del Niño y Adoles¬ 
cente del Uruguay) 

Publicada D.O. 14 set./004 - N° 26586 

Ley N° 17.828 del 15 de setiembre de 2004 

Resumen: Se aprueba el Convenio Internacio¬ 
nal del Trabajo N° 184, sobre Seguridad y Sa¬ 
lud en la Agricultura, de junio de 2001. 

Publicada D.O. 21 set./004 - N° 26591 

Suprema Corte de Justicia. Acordada 7.526 
del 20 de setiembre de 2004 

Resumen: Se reglamentan las disposiciones de 
la ley 17.823, “Código de la Niñez y la Ado¬ 
lescencia”. Competencia y régimen de turnos 
de Juzgados Letrados de familia de Urgencia. 
Defensores de oficio. Expedientes. Sistema de 
Información. 

Publicada D.O. 24 set./004 - N° 26594 


Decreto 345 del 23 de setiembre de 2004 

Resumen: Se instrumenta jurídicamente el 
Programa Nacional para la reducción gradual 
del consumo de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono. 

Publicada D.O. 29 set./004 - N° 26597 

Ley N° 17.838 del 24 de setiembre de 2004 

Resumen: Se aprueba la protección de datos 
personales para ser utilizados en informes co¬ 
merciales y acción de habeas data. Regulación 
del registro, almacenamiento, distribución, 
transmisión, modificación, eliminación, dura¬ 
ción y tratamiento de datos personales asenta¬ 
dos en archivos, registros, bases de datos pú¬ 
blicos o privados, destinados a brindar infor¬ 
mes de carácter comercial. Para la obtención y 
tratamiento de datos que no sean de carácter 
comercial se requerirá expresa y previa confor¬ 
midad de los titulares, luego de informados del 
fin y alcance del registro en cuestión. Utiliza¬ 
ción de los datos. Plazo del registro. Habeas 
Data. Derecho de toda persona para tomar co¬ 
nocimiento sobre datos referidos a su persona, 
y en caso de error, falsedad o discriminación, 
tendrá derecho a exigir su rectificación o su¬ 
presión. Derecho de acceso cada seis meses. El 
órgano de control será el Ministerio de Econo¬ 
mía y Finanzas asistido de una comisión con¬ 
sultiva. Esta última está integrada por repre¬ 
sentantes de dicho Ministerio, representantes 
del Ministerio de Educación y Cultura, de la 
Cámara Nacional de Comercio y de la Liga de 
Defensa Comercial. Medidas sancionatorias a 
empresas que violen la presente ley. 

Publicada D.O. 1 oct./004 - N° 26599 



Indice 


Introducción.9 

DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES.15 

¿Por qué hablar de Derechos Económicos Sociales y Culturales.17 

Trabajo. Condición de actividad de la población uruguaya para el año 2004.23 

Seguridad Social. Funcionamiento del sistema y desafíos en la materia.29 

Alimentación. De la necesidad al derecho.37 

Salud. Marco jurídico y constitucional.42 

Caso Maykol Cardozo. ¿Sólo falta de recursos?.53 

Plomo. Niños contaminados.57 

Transgénicos. Nuestra soberanía alimentaria en riesgo.62 

Agua. Derecho Humano. 

Nuevo marco jurídico a partir del plebiscito constitucional.65 

Vivienda digna. Peripecias de un derecho humano. 

Situación actual y perspectivas.72 

La equidad educativa en Uruguay.81 

Decenio.87 

Educación y Memoria. La importancia de integrar en las aulas, la enseñanza 
acerca de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.88 

















DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.93 

Sistema Carcelario. Violación de los derechos humanos de los detenidos.95 

Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario Juvenil Uruguayo.102 

Maltrato y tortura. Informe sobre hechos registrados en la Colonia Berro.103 

Casos de violencia policial.107 

Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.110 

Resolución del caso del ciudadano vasco Jesús María Lariz Iriondo.113 

Niñez y Adolescencia. El nuevo Código.114 

Caso Elena Quinteros. El ex canciller de la dictadura y el Batallón 13 

en el centro de las investigaciones.119 

Caso Blanco. Comentario de la sentencia del Tribunal de Apelaciones.126 

El Poder Judicial y la obligación de investigar dónde están los desaparecidos .129 

A 31 años del golpe de Estado.132 

Solicitud de desclasificación de los archivos de Inteligencia militar sobre Serpaj, 
Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos 
y Luis Pérez Aguirre.133 

Cordero. Serpaj a la Opinión Pública.135 

Dictadura. Estado actual de los procesos penales relativos a violaciones de 
derechos humanos .137 

Uruguay sigue incumpliendo normas internacionales.143 

Situación militar. Algunos aspectos a resaltar .146 

Lucha contra la impunidad en Argentina.149 

¡Nunca más! 

“A 20 años del primer gobierno constitucional: Las materias pendientes”.151 





















Refugiados en Uruguay .155 

Libertad de Prensa. Incremento de juicios penales contra periodistas evidencia 
necesidad de revisar legislación en la materia.157 

Legislación sobre derechos humanos. Octubre de 2003 a octubre de 2004.159